Es evidente que la mandataria nacional sabía cuál sería la respuesta del Legislativo controlado por ella misma, el ex presidente y su partido. Por lo menos el Senado de la República estuvo a su favor, y aprobaron, con su mayoría, que la mandataria desacate la orden judicial, y contra la Ley y el Estado de Derecho, mantenga vigente la modificación constitucional controvertida.
Unas horas antes de que los solícitos legisladores morenistas y aliados dieran, contra cualquier ley, norma o regulación, su aval para el desacato presidencial, narcotraficantes hicieron explotar en Guanajuato dos carros bomba, como los utilizados por los terroristas internacionales que defienden una ideología o religión, y asesinan a ciudadanos indefensos en su sangrienta guerra.
El terrorismo del narcotráfico en México ha escalado niveles indescriptibles, como esa escena dejada por la explosión del coche bomba en Guanajuato; o lo más de 300 desparecidos en Sinaloa; o los muertos en Guerrero, en Tabasco, en Tamaulipas, en Baja California, y en la mayoría de los Estados.
Al tiempo que la política de abrazos, no balazos, no termina por erradicarse, ni la Subsecretaría de Inteligencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, inicia acciones, los cárteles de la droga, el de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el de la Familia Michoacana, intensifican la violencia con la que se pelean por territorios para plantíos, trasiego de droga, ejecutando rivales, ciudadanos, atentando contra policías y civiles a la vista inútil de la Guardia Nacional.
Las escenas tomadas por una madre en Acámbaro, Guanajuato, poco después que explotara el coche bomba, son desgarradoras: parecen ser tomadas en una ciudad en guerra, ahora mismo en la franja de Gaza; pero no, son en México, en un pueblo a unos 150 kilómetros de la capital guanajuatense. La devastación es terrible: tres policías heridos, daños e incendio en el edificio de la seguridad pública de Acámbaro, daños e incendios en cuatro casas alrededor, y afectaciones graves a siete vehículos de civiles. Humo por todas partes, olor a muerte y terror. Un policía advierte a la madre que está tomando el video para que se resguarde, pues teme el oficial que otro carro bomba sea enviado a la localidad para causar más daño.
Pero el otro carro bomba no explotó ahí, sino en Jerécuaro, un municipio a 33 kilómetros de Acámbaro, donde el incendio por la explosión dejó estragos en nueve locales comerciales y siete carros, según los reportes iniciales.
Guanajuato fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y se atisba de serlo en la administración de Claudia Sheinbaum, el estado con más ejecutados: cerca de 25 mil en seis años. Una región golpeada por el narcotráfico, por el huachicoleo, por el cobro de piso y la extorsión. Una zona abandonada por la inteligencia y las operaciones para combatir a los criminales y poner a salvo a los ciudadanos.
En Baja California, el Cártel Jalisco Nueva Generación asesina a un subcomandante en Tecate y amenaza a policías, al tiempo que el Cártel de Sinaloa hace lo propio en Tijuana. Y en Sinaloa, la guerra interna del cártel que lleva el nombre del Estado, no cesa desde la captura por Estados Unidos de Ismael Zambada García “El Mayo”, quien según su testimonio público, avalado por la Fiscalía General de la República, fue secuestrado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, y entregado a los norteamericanos.
En aquel Estado, en el cual resulta implicado en los hechos, aunque no investigado en fiscalías, el gobernador Rubén Rocha Moya, han asesinado desde el inicio del enfrentamiento entre los hijos del Mayo y los hijos del Chapo, a 263 personas, desaparecido a 315, robado 393 vehículos.
El mismo día que el Poder Legislativo avaló el desacato presidencial sobre una suspensión judicial para eliminar la reforma judicial propuesto por el ex presidente, y avalada a fuerza de comprar opositores legislativos, en Guerrero, otro estado golpeado por el abandono gubernamental no sólo en las catástrofes climáticos, sino en el combate a la inseguridad y los cárteles, dos células criminales se enfrentan en la Costa Grande, en Tecpan de Galeana, dejando ríos de sangre, cuerpos y casquillos por todo el poblado. Los ciudadanos, temerosos del crujir de los disparos y el incesante ataque criminal, se han impuesto su propio toque de queda: no salen de sus casas, las clases se suspenden, los comercios cierran; detienen la vida cotidiana para salvaguardar la integridad física ante la guerra impune que sostienen los cárteles en sus calles.
Al tiempo que los cárteles toman las calles del país con sus balas, con sangre, amenazas, secuestros y extorsiones, Morena toma el país. Une a dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, contra el tercer Poder, el Judicial, no sólo contraviniendo la Constitución que sustenta la división de poderes, sino promoviendo una ley de supremacía constitucional, para ser esos dos integrantes del Estado Mexicano, el Legislativo y el Ejecutivo, quienes dicten las normas, la forma de gobierno, sin la intervención constitucional del poder judicial.
Morena podrá hacer de las leyes, de la administración pública, el presupuesto, los programas, lo que le dé su real gana, al construirse un gobierno con supremacía e intocable para el ciudadano común, la organización civil y el Poder Judicial. Al tiempo que retiene el Gobierno de la República todo su poder, atención y concentración en inhabilitar al tercer Poder de la Unión, el narcotráfico, los cárteles de la droga, toman el resto del país, el que no está escrito, el que se vive en las calles, en los municipios y los estados, el que está vulnerado a sangre y plomo, y ahora con explosiones de coches bombas en un sexenio que así mal empieza.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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