Los acontecimientos de violencia en Chilpancingo han puesto en evidencia la crisis que atraviesa la entidad ante la incursión del crimen organizado y su control sobre las estructuras municipales y estatales, según coincidieron expertos.
Con tan solo unos días de diferencia, Chilpancingo se convirtió en el epicentro de la violencia en Guerrero, con dos jornadas en las que las víctimas han sido el Alcalde Alejandro Arcos Catalán, que recién había asumido el poder, y quien, a raíz del asesinato de su secretario general del Ayuntamiento, Francisco Tapia, había negado tener amenazas en su contra, a la par que había sostenido que él jamás pactaría con el crimen organizado.
Los acontecimientos en Chilpancingo han puesto en evidencia la crisis que atraviesa la entidad ante la incursión del crimen organizado y su control sobre las estructuras municipales y estatales, según coincidieron expertos consultados por SinEmbargo.
“Me parece que se ha llegado a una situación límite en donde se está afectando la gobernabilidad del estado de Guerrero y que, en esa proporción, deberá intervenir la federación”, indicó Javier Oliva Posada, doctor en Ciencia Política y especialista en temas de seguridad nacional.
Este lunes, a pregunta de SinEmbargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que este municipio no es uno de los que registran más homicidios, aunque reconoció que, ante el asesinato del Alcalde y el Secretario del municipio, ya están indagando las autoridades, entre ellas los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, y de la Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.
“Uno de los planteamientos que vamos a hacer mañana (hoy martes), que lo hice en la campaña, es que queremos fortalecer el sistema de inteligencia e investigación del Estado mexicano, y para ello se van a presentar modificaciones a la ley que permitan que, para la seguridad pública, los sistemas de inteligencia e investigación se coordinen, incluso con la fiscalía, para poder avanzar más rápido en las judicializaciones de las carpetas de investigación y, por supuesto, en las detenciones de los delincuentes”, expuso.
Chilpancingo es uno de los municipios que están en medio de la disputa de los grupos de la delincuencia organizada. De hecho, fue el escenario donde, en febrero pasado, “Los Tlacos” y “Los Ardillos” pactaron un acuerdo de no agresión. En esta zona también opera la agrupación Cárteles Unidos, mientras que en todo el estado se tienen contabilizados al menos 16 organizaciones criminales que tienen presencia en la entidad, aunque la cifra exacta es imprecisa, dado que en cada municipio también operan diversas células y ramificaciones de la delincuencia organizada.
En Guerrero, predominan, por ejemplo, organizaciones como La Familia Michoacana, “Los Ardillos”, “Los Tequileros” y una facción del Cártel de Sinaloa, quienes se disputan el control del estado, entre otros grupos, explicó el periodista especializado en seguridad, Ricardo Ravelo.
Los especialistas consultados destacaron que el escenario que se vive hoy en Chilpancingo y otros municipios de Guerrero, en donde se han generado eventos de alta violencia, refleja la descomposición de las instituciones y la creciente influencia del crimen organizado, que ha penetrado las estructuras de poder, lo que ha dejado al estado en una situación de extrema vulnerabilidad.
Ricardo Ravelo destacó que la violencia es respuesta al vacío de poder que genera impunidad y favorece al crimen organizado; vacío que, según destacó Ravelo, está acompañado de una corrupción en las estructuras de la policía y la fiscalía, lo que permite que los grupos criminales operen sin mayores restricciones.
“Otro aspecto de este escenario es la disputa entre criminales. […] Además de la corrupción, los grupos criminales, precisamente por esta impunidad que reina en el estado, se mueven a sus anchas: decapitan a funcionarios, los secuestran, asesinan, trafican con drogas, y, obviamente, no hay autoridad que pueda detenerlos”, expresó Ravelo.
Por su parte, Erubiel Tirado, experto en Seguridad Nacional y Pública en la Universidad Iberoamericana, destacó que la violencia en Guerrero no es un fenómeno nuevo, sino que la entidad ha sido históricamente escenario de violencia política, donde varios candidatos y funcionarios han sido asesinados. En el caso de Chilpancingo, el catedrático de la Ibero también aludió a la existencia de una lucha por el dominio político-criminal.
“En el caso particular de Chilpancingo, evidentemente hay alguna connotación que pone en juego el dominio político-criminal, si se le quiere llamar así, pues el recién presidente municipal, que no era del partido que gobierna la entidad, fue asesinado. Y no solamente él, sino al menos 22 funcionarios cercanos que tienen que ver con la seguridad en Chilpancingo, con la política. Entonces, en ese sentido, aún no podemos vincular [su asesinato], y se puede plantear solo como hipótesis, con los elementos de que la exalcaldesa que fue expulsada de Morena fue vinculada con uno de los grupos que dominan localmente esa zona. Entonces, digamos que es algo crítico”, expresó.
Otro aspecto que también destacaron los analistas es el de la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quien fue expulsada de Morena y ha sido señalada por sus posibles vínculos con estos grupos, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen organizado ha infiltrado profundamente las estructuras políticas locales.
Empresarios y pobladores han denunciado constantemente las amenazas y extorsiones de las que son objeto por parte de esas agrupaciones criminales, que además han sido ligadas con las autoridades. Ese fue el caso de Norma Otilia Hernández Martínez, la alcaldesa que entregó el poder a Alejandro Arcos Catalán, y de quien se filtraron en julio de 2023 videos de ella en una reunión con líderes de ‘Los Ardillos’.
El municipio también es uno de los que reporta la mayor percepción de inseguridad. La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arrojó que, en julio, el 83.0 por ciento de la ciudadanía se sentía insegura, dos puntos por encima de lo que se contabilizó en el mismo periodo de 2023. Los mismos datos arrojaron que el 38.4 por ciento de los habitantes de Chilpancingo atestiguaron conflictos y enfrentamientos, 25 puntos más que un año antes.
Pero no es solo un tema de percepción de la ciudadanía; las cifras oficiales dan muestra de que la entidad ha tenido el reporte en algunos indicadores. Por ejemplo, los números del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, aunque hay una mejora en las cifras registradas en 2015, uno de los años más violentos de la historia contemporánea, hace una década, la capital guerrerense registraba 212 homicidios dolosos, una cifra que en 2016 ascendió a 234, y en 2017 a 259.
En 2018, el último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en lo federal, y cuando la entidad aún era gobernada por el priista Héctor Astudillo Flores, los asesinatos comenzaron a disminuir. Ese año se contabilizaron 250; al siguiente, en 2019, ya en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 143 homicidios dolosos.
En 2020 y 2021, años de la pandemia, los casos reportados ascendieron a 90 y 66, respectivamente. No obstante, en 2022, con la actual Gobernadora Evelyn Salgado, la cifra comenzó a ascender. En esos 12 meses, hubo 92 homicidios dolosos en Chilpancingo, y en 2023 aumentaron aún más a 137; en lo que va de este 2024, las cifras son casi iguales a los mismos ocho meses del año pasado: unos 77 homicidios dolosos de enero a agosto, mientras que en 2023, en ese periodo, fueron 72.
Eruviel Tirado contextualizó que la violencia en Guerrero no es nueva, pero ha adquirido dimensiones críticas en los últimos años. “Guerrero es un estado con un historial de violencia política, donde varios candidatos y funcionarios han sido asesinados. El asesinato del Slcalde de Chilpancingo, quien pertenecía a un partido opositor al que gobierna la entidad, tiene claras connotaciones de control político-criminal”, comentó Tirado.
Además, mencionó la hipótesis de posibles vínculos entre la exalcaldesa de la zona, Norma, y uno de los grupos criminales que operan localmente, lo que agrava el escenario. Tirado enfatizó que la mención explícita de la seguridad pública por parte del Alcalde asesinado pudo haber sido un detonante.
Para Ravelo, la brutalidad con la que fue asesinado el alcalde de Chilpancingo es un reflejo del poderío de estos grupos en un territorio donde el periodista aseguró que la Gobernadora Evelyn Salgado no tiene ningún control.
“Creo que esta muerte lamentable, y sobre todo tan llena de saña, que sufrió el Alcalde de Chilpancingo es una muestra del poderío que tienen los criminales en un estado donde no hay gobierno. Es decir, donde la Gobernadora Evelyn Salgado prácticamente, y lo voy a decir como es, es un cero a la izquierda: no tiene ningún control de la entidad”, destacó.
Por su parte, Javier Oliva Posada destacó que es importante ver la situación de Chilpancingo desde el ámbito no solo municipal, sino lo que pasa en el estado, donde recalcó cómo Acapulco ha dejado de ser un destino turístico internacional tras los huracanes “Otis” y “John”, provocando pérdidas materiales y humanas, así como la destrucción de fuentes de ingresos; deterioro económico que aumenta la vulnerabilidad de la población ante la pobreza y la inseguridad.
A su vez, el experto coincidió en que la descontrolada seguridad pública, agravada en años recientes, también implica un colapso en la gobernabilidad estatal, destacando que las autoridades locales están rebasadas.
“Se juntan unas variables que, desde luego, generan un ambiente bastante tenso y que las autoridades estatales, evidentemente, se encuentran rebasadas y la autoridad federal tendrá que tomar las tareas de investigación y resolver esta situación que gravemente afecta al estado desde hace varios años”, destacó Oliva Posada.
Cuestionados respecto a la respuesta del Gobierno federal, particularmente ante la declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que Chilpancingo no es uno de los municipios con mayor índice de violencia, los analistas opinaron que la respuesta de la mandataria probablemente buscaba contextualizar la situación y estabilizar.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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