Las autoridades y familias desplazadas por el ataque armado, perpetrado luego de que las comunidades reclamaron las 2 mil 640 hectáreas de bosque que defienden de la tala ilegal y les pertenecen, acusaron que “siguen las mismas mentiras de los tres niveles de gobierno” a tres años de la violencia, que dejó dos personas muertas, cinco desaparecidas, más de 150 casas quemadas y familias desplazadas.
“Se defienden entre ellos para seguir cometiendo más crímenes contra nuestras comunidades, a pesar de que contamos con una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, destacaron las víctimas, que reprocharon que durante las reuniones del gobierno con la CIDH, de las cuales la última se realizó el pasado 26 de agosto, el Estado “no ha hecho más que informar mentiras” y “culpar” a las comunidades.
“El ‘único delito’ que cometimos fue defender los bosques y nuestro territorio y por eso tuvimos que pagar con nuestros muertos, desaparecidos, quema de casas y nuestros desplazados, a los defensores de los recursos naturales siempre nos criminalizan”, denunciaron en el tercer aniversario del ataque.
Añadieron que desde 2021 no hay ningún avance en las investigaciones, que las carpetas de investigación están archivadas y que no hay detenidos por el ataque, además de que “no hay ninguna casa reparada” y las intimidaciones continúan, pues el pasado 23 de septiembre autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca “quisieron entrar de manera violenta en la comunidad de Guerrero Grande llevando a más de 15 camionetas llenas de gentes”.
“Muchos iban armados para poner la primera piedra para construir unos cuartos de dormitorio que serían para las personas que nos atacaron el día 21, 22 y 23 de octubre del 2021 y que se refugiaron en Atatlahuca como ‘desplazados’, amenazando a nuestros hermanos indígenas en esta comunidad ”, explicaron.
Agregaron que el presidente municipal José Ángel García Sandoval, la síndica municipal Valentina Sandoval y el comisariado de bienes comunales Noé Bautista Barrios “entraron de manera prepotente insultando y amenazando a las autoridades locales” y “enviando drones” a Guerrero Grande, donde se registró también la presencia de “gentes armadas” en diferentes puntos cercanos a la comunidad.
“Después de eso sacan un boletín de prensa diciendo que entraron de manera pacífica para entablar un dialogo respetuoso con la comunidad, mintiendo una vez más a la opinión pública […]. No sólo son mentirosos, también hicieron caso omiso a los acuerdos entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 26 de agosto, en donde tenían que proponer primero una propuesta de diálogo y acordar una ruta que lleve a solucionar el conflicto”, acusaron en el comunicado.
Las autoridades y las familias desplazadas de las comunidades exigieron no más impunidad para su caso, que todos los culpables sean sancionados y la reparación de los daños, así como llamaron a la opinión pública a solidarizarse con su lucha pues, concluyeron, “estos gobiernos que dicen preocuparse por los pueblos indígenas son los mismos que nos matan, nos encarcelan, y nos desaparecen”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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