El primer proyecto de decreto, presentado el 3 de octubre de 2024 por la Senadora Corona Nakamura, busca adicionar una fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.
Según R3D, estas propuestas, que se centran en delitos relacionados con el uso de medios electrónicos y tecnológicos, podrían tener graves implicaciones para los derechos humanos y permitirían la vigilancia masiva sin suficientes controles democráticos.
El primer proyecto de decreto, presentado el 3 de octubre de 2024 por la senadora Corona Nakamura, busca adicionar una fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Esta fracción clasificaría como amenaza a la seguridad nacional “toda actividad ilícita cometida mediante el uso de medios electrónicos, digitales, tecnológicos, redes de comunicación o informáticos que pongan en riesgo el orden público y la paz social”.
La segunda iniciativa, introducida el 8 de octubre por el diputado Coss, añade como amenaza actos relacionados con la manipulación o destrucción de información contenida en sistemas informáticos del Estado.
R3D subrayó que “la amplitud y vaguedad de las disposiciones propuestas podrían ser utilizadas para justificar acciones de vigilancia de igual amplitud sobre personas y organizaciones periodísticas, de defensa de derechos humanos o que utilizan tecnologías digitales para el ejercicio de sus derechos políticos”.
La organización hizo hincapié en que estas definiciones demasiado amplias y poco precisas facilitarían que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realice intervenciones de comunicaciones privadas sin cumplir con los principios de legalidad y certeza jurídica.
Además, R3D recordó que durante el gobierno de Peña Nieto, el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ahora CNI, utilizó el software espía Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.
“A pesar de la evidencia que lo confirma como uno de los operadores de Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto, a la fecha no se han llevado a cabo acciones de investigación serias respecto al CISEN”, señaló la organización.
Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó transparentar los contratos relacionados con el software espía, “el CNI ha incumplido su orden directa y mantiene dicha información reservada”, afirmó R3D.
R3D destacó que los estándares internacionales de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de conceptos amplios de “amenazas a la seguridad nacional”, especialmente cuando se trata de actividades de vigilancia que se realizan en secreto.
La organización enfatizó que la Ley de Seguridad Nacional vigente ya prevé salvaguardas para proteger la infraestructura crítica y los bienes públicos, por lo que consideró innecesaria la reforma propuesta.
La organización solicitó al Congreso de la Unión que establezca un diálogo plural con participación de la sociedad civil.
R3D concluyó que es esencial “diseñar mecanismos que permitan al Estado enfrentar adecuadamente las amenazas que suponen los ataques informáticos a infraestructuras críticas, garantizando igualmente controles democráticos a las labores de inteligencia que históricamente han sido abusadas con impunidad”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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