“La sentencia contra Keren es una muestra de la falta de compromiso del juzgado con los derechos humanos de las mujeres, por una parte, al no tomar en cuenta los impactos diferenciados y las graves afectaciones que la tortura y la prisión ha dejado para Keren y su familia, y por otra, por la incapacidad de hacer investigaciones serias con base en evidencia que realmente garanticen verdad y justicia para las víctimas del delito”, señaló el Centro Prodh, que acompaña el caso desde hace nueve años.
Añadió que todo el proceso contra Ordoñez estuvo “plagado de irregularidades y dilaciones injustificadas” y que el juez Morales, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco, Tlaxcala, decidió sentenciar a la joven “a pesar de tener por acreditada la tortura y retención prolongada por parte de los elementos aprehensores”.
“La sentencia se basa en el parte informativo firmado por los policías aprehensores –creado durante la retención inconstitucional de Keren– y en la declaración de la víctima del secuestro, misma que no cuenta con firma, ni huella dactilar, y que durante los nueve años del proceso nunca fue ratificada ante el juez”, explicó el Centro Prodh.
La organización de derechos humanos refirió que Morales “incumplió su deber” de juzgar con perspectiva de género “al utilizar pruebas ilícitas y estereotipos para reprochar a Keren el actuar indebido de su pareja”, a pesar de que la evidencia demostró que Ordoñez no participó en el delito y que se encontraba en una situación de vulnerabilidad al momento de su detención, pues había pasado por una cesárea y estaba en etapa de puerperio y lactancia de su bebé de 30 días de nacida, “que durante más de 9 horas estuvo en calidad de detenida siendo utilizada para obtener de Keren una declaración incriminatoria”.
Frente a la decisión del juez, la defensa particular de Keren presentará en los próximos seis días el recurso de apelación para impugnar la sentencia, “esperando que en segunda instancia se revierta esta gravosa condena que hasta ahora la mantiene privada de su libertad”, explicó el Centro Prodh, que llamó a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala a continuar el seguimiento al caso y garantizar que la institución a la que representa “se aparte del uso de prácticas violatorias a los derechos de las mujeres como las que hasta ahora han sido utilizadas en el caso de Keren”.
Keren Ordoñez fue detenida cuando tenía 19 años el 11 de diciembre de 2015. Los agentes de la policía federal y ministerial de Tlaxcala le quitaron a la bebé de sus brazos y subieron a ambas a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de la detención. En la patrulla, recordó el Centro, Keren fue sometida a golpes, asfixia y amenazas de lastimar a su hija. “Incluso los agentes hicieron referencia a que, como la bebé aún no contaba con un acta de nacimiento, nadie se percataría de su ausencia; es decir, amagaron con desaparecerla”, denunció la organización.
COMUNICADO:
Nuevamente, y tras una decisión lamentable, Keren recibió la injusta condena de 50 años de prisión por un delito que no cometió. Después de nueve años de un proceso plagado de irregularidades y dilaciones injustificadas, el Juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco , Tlaxcala –quien recientemente estuvo en la terna para ser fiscal general del estado de Tlaxcala– optó por validar las pruebas ilícitas obtenidas mediante tortura y condenar a Keren como responsable de un secuestro cometido por su ex pareja y otro cinco hombres que se encuentran en libertad sin ser investigados.
La sentencia contra Keren es una muestra de la falta de compromiso del juzgado con los derechos humanos de las mujeres, por una parte, al no tomar en cuenta los impactos diferenciados y las graves afectaciones que la tortura y la prisión ha dejado para Keren y su familia, y por otra, por la incapacidad de hacer investigaciones serias con base en evidencia que realmente garanticen verdad y justicia para las víctimas del delito.
El Juez tomó la decisión de sentenciar a Keren, a pesar de tener por acreditada la tortura y retención prolonga por parte de los elementos aprehensores. La sentencia se basa en el parte informativo firmado por los policías aprehensores –creado durante la retención inconstitucional de Keren– y en la declaración de la víctima del secuestro, misma que no cuenta con firma, ni huella dactilar, y que durante los nueve años del proceso nunca fue ratificada ante el juez.
Aunado a ello, el juez incumplió su deber de juzgar con perspectiva de género al utilizar pruebas ilícitas y estereotipos para reprochar a Keren el actuar indebido de su pareja, a pesar de contar con evidencia suficiente para probar que Keren no participó en el delito y que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad al momento de su detención por la reciente cesárea y etapa de puerperio y lactancia en la que se encontraba, así como la presencia de su bebé de 30 días de nacida que durante más de 9 horas estuvo en calidad de detenida siendo utilizada para obtener de Keren una declaración incriminatoria.
Finalmente, señalamos que la sentencia condenatoria no respondió a la exigencia de justicia de la víctima, pues durante todos los años que duró el proceso, nunca ratificó su denuncia contra Keren ni participó en diligencia alguna de reconocimiento hacia ella, de lo contrario, en múltiples ocasiones manifestó que no era su voluntad participar en el proceso.
En los próximos 6 días, la defensa particular de Keren presentará el recurso de apelación para impugnar esta sentencia, esperando que en segunda instancia se revierta esta gravosa condena que hasta ahora la mantiene privada de su libertad. En ese sentido, hacemos un llamado a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala, a continuar el seguimiento al caso y garantizar que la institución a la que representa se aparte del uso de prácticas violatorias a los derechos de las mujeres como las que hasta ahora han sido utilizadas en el caso de Keren.
En un estado donde hay Gobernadora, Procuradora (Fiscal General) y Presidenta del Poder Judicial, hacemos un llamado a que se observe el caso de Keren con perspectiva de género y derechos humanos y que se tome una decisión adecuada para que Keren vuelva pronto a casa, para que el mensaje de que es “Tiempo de mujeres” incluya también a quienes están injustamente presa.
AUTOR: REDACCIÓN.
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