Con el gobernador Rubén Rocha Moya señalado de estar relacionado en el caso Mayo Zambada, Sinaloa suma más de 40 días bajo sitio de la narcoviolencia desatada tras la detención del capo en Estados Unidos.
Actualmente la confrontación tiene implicaciones políticas que llegan hasta el Palacio de Gobierno y apuntan al morenista Rubén Rocha Moya, quien ha buscado cobijarse en el gobierno federal y en los legisladores federales de Morena mientras su estado está a la deriva, la capital ha estado sin policía municipal, el centro turístico de Mazatlán en caída y la población sigue sometida a los enfrentamientos entre ambos bandos del histórico cártel.
Al igual que hace 16 años, la batalla se debió por una traición que resultó en la entrega de uno de los líderes, Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, tras un operativo realizado el 21 de enero de 2008 a cargo de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Culiacán.
En represealia, los Beltrán Leyva asesinaron a Édgar Guzmán López, hijo del Chapo, en las inmediaciones de un centro comercial el 8 de mayo de ese mismo año. En el sitio se detonaron más de 500 disparos, incluidos proyectiles lanzados por bazucas.
En este 2024 el choque comenzó con el denunciado secuestro del Mayo a manos de Joaquín Guzmán López, en una reunión donde el capo y el hijo del Chapo serían mediadores del conflicto entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado durante ese encuentro del 25 de julio último, según hizo público el propio Zambada García.
Los hechos desataron una guerra que se vive diferente en Culiacán, sitiada por grupos armados y convoyes militares, respecto de la experiencia de dos momentos bautizados como jueves negros o “culiacanazos” en octubre de 2019 y enero de 2023, donde el gobierno federal realizó operativos para capturar a Ovidio Guzmán López, otro de los hijos del Chapo actualmente en proceso en Estados Unidos.
Ahora la guerra intestina ha encerrado a la gente en sus casas.
El sitio sobre Culiacán se ha extendido ya casi durante dos meses. Todos los índices delictivos van en aumento, sobre todo las desapariciones forzadas que entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre han dejado en Sinaloa cifras que siguen calculándose.
Colectivos de búsqueda tienen fichas por casi 300 personas víctimas de desaparición forzada, mientras que cifras oficiales de la Fiscalía de Sinaloa tienen arriba de 209; el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) tiene 236 casos.
El sitio se extiende a joya turística
En Mazatlán, uno de los principales destinos del país y fuente de ingresos para el estado, el terror también ha sido una constante entre la población. Tanto, que la noche del domingo 27 de octubre último el propio ayuntamiento llamó a la población a resguardarse ante las balaceras que se desataron en la ciudad.
Ese día el saldo de fallecidos en el estado sumó al menos 30 personas, con lo que la cifra oficial de asesinatos en esta guerra interna se elevó a 200.
El consultor en seguridad Abel Jacobo Miller plantea la actuación del gobierno frente a este control criminal de la ciudad. “Ingobernabilidad es igual a falta de gobierno” explica.
¿Por qué hay ingobernabilidad? Es muy claro, ninguna fuerza de la delincuencia organizada tiene el poder bélico que tiene el Estado, entonces, ¿por qué en Sinaloa se han tardado más de 30 días sin poder controlar la violencia en Culiacán y otros municipios del estado? Veo a una autoridad más reactiva que proactiva, no sé si esa sea la orden desde los cuarteles centrales de la Ciudad de México, pero de que sólo los estamos viendo reaccionar, es un hecho.
Jacobo Miller considera que esta guerra podría llegar a su fin con la detención clave de alguno de los dos bandos. Eso fue lo que sucedió durante la confrontación de 2008. Con el asesinato de Arturo Beltrán Leyva en 2009...
Fragmento del texto publicado en la edición 0017 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2024
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario