Desde su primer día de gobierno García se comprometió a frenar la violencia, los casos de desaparición forzada y llevar justicia a familiares de periodistas asesinados. Pero las promesas se trocaron en una mayor persecución política a quienes criticaban su gobierno.
Al asumir el cargo, el primer gobernador morenista hizo múltiples promesas, especialmente dirigidas a las familias de colectivos de personas desaparecidas, a las víctimas de agresiones contra periodistas y a los ciudadanos veracruzanos en general. Reiteró constantemente su lema: “No somos iguales”.
Pero además de que las desapariciones no cesaron, su sexenio estuvo marcado por desapariciones masivas, como la de 12 personas en Tres Valles; cuatro campesinos en Actopan; cuatro jóvenes en Emiliano Zapata; siete comerciantes en Ixtaczoquitlán y cinco en Camerino Z. Mendoza, quienes, según admitió el propio gobernador, fueron entregados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En los primeros minutos del 1 de diciembre de 2018, García inició su mandato firmando una declaratoria de programa emergente para atender la crisis de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición de personas en Veracruz. Este acto simbólico, realizado junto a colectivos de familiares de desaparecidos, buscaba legitimar su gobierno como una administración comprometida con la verdad y la justicia ante una problemática que, para ese momento, acumulaba más de 5 mil casos de desaparición.
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| Desaparecidos en Tres Valles. |
Con esta firma, Cuitláhuac García buscaba saldar una deuda histórica heredada de uno de los gobiernos más violentos y cuestionados en Veracruz, el del priista Javier Duarte.
La declaratoria tenía como propósito abordar las graves violaciones de derechos humanos en el tema de desaparición de personas, estableciendo de manera clara acciones inmediatas y emergentes en áreas clave como la búsqueda, identificación, investigación y atención integral a las víctimas y sus familias.
Al asumir el cargo, también prometió justicia a las familias de periodistas asesinados y aseguró que nunca más se atropellarían los derechos humanos desde el gobierno.
Con el tiempo, las promesas iniciales se desvanecieron. Llegó a romper con los colectivos de familiares de desaparecidos, quienes incluso pasaron una noche en los bajos del Palacio de Gobierno clamando por una reunión. Rechazó más de 50 recomendaciones en materia de derechos humanos y se enfrentó a quienes lo cuestionaron: senadores, la ONU, la CNDH y la prensa.
La frustración por sus promesas incumplidas terminó por ganarle el calificativo de “traidor”.
Durante su gobierno impulsó una reforma en el Congreso por la que se aprobó la tipificación del delito de ultrajes a la autoridad, el cual en la práctica sirvió para una persecución a opositores y enemigos políticos de García, que resultó en el encarcelamiento de 30 personas, incluidos exfuncionarios, líderes partidistas y jueces.
Esta medida desató un enfrentamiento con el Senado, que creó una comisión especial para documentar las violaciones cometidas bajo su administración.
Este tipo penal fue posteriormente declarado inconstitucional por la CNDH por violar derechos humanos y debió ser derogado de la legislación local.
Al final, Cuitláhuac García mostró intolerancia hacia la crítica, enfrentándose en repetidas ocasiones con la prensa. Imitando al presidente Andrés Manuel López Obrador, instauró la “nota Pinocho”, una versión local del “quién es quién en las mentiras” presentado en Palacio Nacional durante las mañaneras del expresidente.
La organización Artículo 19 lo señaló por hostigar e intimidar a seis mujeres periodistas y de implementar prácticas destinadas a bloquear y desacreditar su labor.
Los claroscuros del sexenio
Antes de llegar al gobierno, Cuitláhuac tuvo seis reuniones con colectivos donde abrió el diálogo y en una declaratoria ante los mismos, prometió que las mesas serían permanentes, pero esto tampoco lo cumplió.
La esperanza que abrió con dicha declaratoria se diluyó con el paso del tiempo. En 2022, Mayra Ledesma, la exdirectora de derechos humanos y quien fue parte fundamental de la misma, reconoció en una entrevista que “Cuitláhuac traicionó a las familias”.
El gobernador aprovechó la pandemia de covid en 2020 para cancelar las reuniones y no las reactivó hasta 2023, cuando 30 colectivos de madres hicieron una protesta histórica.
Lucía Díaz Genao, integrante del colectivo Solecito, quien busca a su hijo Guillermo Lagunes desaparecido en 2003 y encabezó la búsqueda en fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe, dice que el compromiso del gobernador asentado en la declaratoria fue una farsa y no se cumplieron los puntos prometidos.
Aunque en su opinión, la gestión de Cuitláhuac está llena de claroscuros. “Destaca el aumento de presupuesto a la comisión de búsqueda y de víctimas y la instalación del Centro de identificación forense, que no dio abasto. De 400 cuerpos hallados en fosas, sólo 40 se identificaron. La impunidad es lo único que avanza y domina”.
La buscadora señala que la prioridad para los familiares de personas desaparecidas es encontrarlas y que se haga justicia. “No estamos viendo ni una ni la otra. Eso es terrible en caso Solecito, la estadística es brutal, de casi 300 casos de desaparición hay cero con un proceso judicial. ¿Dónde están las personas desaparecidas?”, pregunta.
Además, las desapariciones no han cesado.
Aunque reconoció que las desapariciones habían disminuido respecto a años anteriores, durante el gobierno de Cuitláhuac García se registraron 2 mil 196 casos.
Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, destacó como un acierto el presupuesto asignado a la búsqueda de desaparecidos, aunque señaló la falta de personal capacitado en la Comisión de Búsqueda y la deficiente coordinación entre dependencias.
Palacios subrayó que durante este sexenio los colectivos de búsqueda aumentaron de 23 a 43, al igual que las solicitudes para búsquedas en campo, tareas a las que se dedicó principalmente la comisión. Sin embargo, afirmó: “Esto no se traduce en la localización de personas desaparecidas, por eso estamos exigiendo un informe”.
Aclaró que no se puede hablar de justicia: “Es un pendiente que queda. Los gobiernos siguen escondiendo las desapariciones y no mejoran las investigaciones. No son capaces de ofrecer verdad y justicia a las familias, mientras protegen a personajes como Duarte, recién exonerado por desaparición forzada”.
También cuestionó la efectividad de las acciones de búsqueda: “Hubo gestos simbólicos, como cuando el gobernador prestó su camioneta para una búsqueda, pero después le correspondía asignar un presupuesto robusto y digno. La pregunta es cómo se manejaron estos recursos”.
Cuitláhuac también dejará pendiente una solicitud de 2019 para una Alerta por desapariciones de mujeres. Y es que otra de las promesas de la declaratoria fue atender los casos de desaparición con perspectiva de género.
Pero la Comisión de Búsqueda alertó que a partir de 2019 aumentó el número de mujeres desaparecidas. Más de 600 mujeres desaparecieron desde entonces.
Anaís dice que el retraso en hacer esta declaratoria (casi 4 años) es un ejemplo de la “sordera hacia la sociedad”. A eso se suma que nunca se atendió el Instituto Veracruzano de la Mujer, instancia que nunca tuvo un titular, sólo una encargada de despacho.
Un gobierno autoritario
Dentro de la declaratoria de emergencia, Cuitláhuac García se comprometió a reconocer las recomendaciones por violación de derechos humanos en las épocas de Javier Duarte. Pero fue omiso también en este rubro.
Su gobierno rechazó en total 51 recomendaciones, tanto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como de la Comisión Nacional (CNDH), por actos como detenciones arbitrarias, actos de tortura, exceso de la fuerza pública, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
También rechazó las realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que llevó a que la presidenta del organismo, Rosario Piedra, pidiera al Senado su comparecencia, pero el gobernador no afrontó esta solicitud.
Entre 2019 y 2023 García rechazó 30 recomendaciones. Sólo en este año, se negó a aceptar 24.
Alberto Olvera, académico de la Universidad Veracruzana, alertó que durante el gobierno de Cuitláhuac García, junto con el exsecretario de gobierno, Eric Cisneros, se instauró un gobierno autoritario donde “el uso de la justicia llegó a niveles de escándalo”.
La razón es que durante su sexenio se registraron 30 encarcelamientos y detenciones de personajes políticos, entre ellos un exfiscal, otro juez, dirigentes políticos, exfuncionarios y aspirantes a puestos de elección durante el gobierno de Cuitláhuac García. Todos ocurrieron entre 2019 a 2023, con fallas graves en las investigaciones, por lo que más de la mitad salió libre, según la investigación: “Persecución judicial, tretas legales para eliminar rivales en Veracruz”, publicada en Proceso y Connectas.
Periodistas, gremio atacado
El gobierno estatal se comprometió a no entorpecer la labor periodística y enaltecer y fomentar la libertad de expresión.
Pero durante el sexenio, cinco periodistas fueron asesinados.
Los familiares de periodistas asesinados y desaparecidos conforman la Red de Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos, quienes reclamaron al gobernador que no los recibe y tampoco cumplió con la promesa de ofrecer una disculpa pública.
Las constantes confrontaciones de Cuitláhuac García con la prensa y sus desplantes trascendieron a nivel nacional. Estos episodios fueron señalados por la organización Artículo 19, que en un informe dijo que su gestión se caracterizó por atacar al gremio periodístico independiente y crítico, acusándolos de encubrir la corrupción de gobiernos anteriores.
Artículo 19 destacó que la forma en que García se dirige y confronta a las mujeres periodistas refleja la perpetuación de un sistema de relaciones de poder que vulnera sus derechos humanos y las coloca en una situación de desventaja.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.
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