“Negar que existen personas víctimas de desplazamiento forzado en Chihuahua es una clara evasión a su responsabilidad por parte de las y los representantes del Estado en todos sus niveles”, aseguraron las organizaciones, luego del recrudecimiento de la violencia en las comunidades de la Sierra Tarahumara por los enfrentamientos entre grupos armados.
A principios de esta semana, varias familias de la comunidad de Dolores, en su mayoría rarámuri, abandonaron sus casas por los ataques armados. Sin embargo, alrededor de 30 familias se quedaron varadas e imposibilitadas de salir, sin que las autoridades brindaran algún tipo de auxilio.
“Representantes del gobierno del estado aseguraron que ya se trabaja en un Protocolo de atención a personas víctimas de desplazamiento forzado interno y que sería motivo de consulta con las organizaciones civiles. Sin embargo, las organizaciones no hemos tenido noticias de este documento”, precisaron por su parte la Consultoría y el Colectivo.
Los desplazamientos forzados en la Sierra Tarahumara han sido continuos por los menos desde 2021 en comunidades como Dolores, El Muertecito, Coloradas de la Virgen, San Fernando, Santa Rosa e Ignacio de Los Sotelo. Los últimos ataques armados en el municipio de Guadalupe y Calvo iniciaron desde el pasado 4 de diciembre y han continuado hasta esta semana.
La violencia ha dejado víctimas mortales, así como cientos de desplazamientos en la región. “Nos preocupa que los gobiernos nieguen que existe y se comete este delito en el territorio estatal”, señalaron las asociaciones civiles que acompañan a las comunidades y que condenaron la falta de acciones por parte de las autoridades.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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