Héctor Saúl Téllez señaló que algunos riegos identificados son la posible desviación de recursos por parte del gobierno y la reducción de fondos para trabajadores por deficiencias en el manejo de recursos.
Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del PAN en San Lázaro, detalló que, en dicha reforma, el Artículo 5º de la iniciativa establece que la vivienda se realizará con recursos obtenidos de comisiones por servicios prestados; rendimientos de inversiones; patrimonio del Fondo Nacional de Vivienda y aportaciones de empleadores a subcuentas de vivienda.
“Un aspecto grave es la derogación de las aportaciones en numerario del Gobierno Federal. Esta modificación implica una desvinculación financiera del Estado, trasladando una carga mayor a los trabajadores y empleadores que asumirán el desarrollo de la vivienda con sus ahorros. La eliminación de este mecanismo de financiamiento puede interpretarse como un debilitamiento del compromiso gubernamental con la política habitacional”, explicó.
El diputado panista explicó que el Artículo 42 del dictamen señala que los recursos del Fondo se destinarán a construcción de viviendas; inversión inmobiliaria; adquisición de suelo; y programas de arrendamiento social.
El legislador abundó en el tema detallando que la institución, originalmente concebida como un mecanismo de financiamiento, carece potencialmente de la estructura operativa y la experiencia técnica para gestionar proyectos de construcción a gran escala. Esta expansión de funciones podría desviar recursos fundamentales de su misión original poniendo en riesgo los recursos de los ahorros de los trabajadores.
“Esto nos lleva a las siguientes interrogantes: ¿se está protegiendo realmente el patrimonio de los trabajadores ante posibles pérdidas?, ¿cómo garantizarles a los trabajadores que sus recursos invertidos tendrán rendimientos mayores a la rentabilidad que ofrecen los fondos de inversión, cuando sus recursos serán invertidos en construcción de vivienda que implica un alto riesgo?”, cuestionó
También, alertó que en el Artículo 66 del dictamen se le quitan atribuciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encargada de supervisar y vigilar que las operaciones del Infonavit se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas. Con el dictamen se le restan las facultades a la CNBV y se le otorgan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las facultades de supervisión y vigilar las operaciones.
“Históricamente, la CNBV había fungido como un órgano técnico especializado con capacidad de evaluación detallada de las instituciones financieras, mientras que la SHCP representa un órgano más político, de gestión macroeconómica, de manejo administrativo. Esta transformación no es un mero cambio administrativo, sino una decisión con profundas implicaciones para la gobernanza institucional”, detalló.
Explicó que la CNBV actuaba como un órgano con relativa autonomía técnica, mientras que la SHCP responde más directamente a las directrices del Ejecutivo Federal; por lo que Hacienda ganará facultades de supervisión, pero probablemente carecerá de la profundidad analítica que caracterizaba a la CNBV en su labor de fiscalización.
A lo que expuso que algunos riegos identificados son la posible desviación de recursos por parte del gobierno; reducción de fondos para trabajadores por deficiencias en el manejo de recursos; especulación y distorsión del mercado inmobiliario y falta de transparencia en el manejo de fondos.
Por lo que enfatizó que el dictamen presenta una transformación radical del modelo tradicional de vivienda, donde el Infonavit pasará de ser un intermediario financiero a un constructor directo mediante una empresa filial, lo que genera múltiples cuestionamientos sobre la legitimidad y eficiencia del nuevo modelo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.
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