La iniciativa pasará a los congresos locales y, de aprobarse en 17 de ellos, la reforma será constitucional.
La iniciativa establece que se sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos; también sancionará la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.
La iniciativa fue aprobada por 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Modifica los artículos 4 y 5 de la Carta Magna en materia de protección a la salud por el uso de sustancias tóxicas.
El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, aseguró en la presentación del dictamen que la reforma busca proteger la salud pública, especialmente de los sectores más vulnerables como las niñas, niños y adolescentes, en consonancia con el principio superior de protección de la niñez.
Durante el debate, los senadores de oposición se manifestaron en contra alegando que la prohibición de vapeadores no resolverá el problema del consumo, sino que abrirá las puertas al mercado negro.
La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, consideró que la medida prohibicionista da pie a que se fortalezca el mercado negro.
“Es posible que, ante la prohibición del comercio de cigarrillos electrónicos, la oferta se desplace al mercado negro, es una medida natural, fortaleciendo al crimen organizado y exponiendo a los consumidores a productos de baja calidad y con sus consecuentes riesgos sanitarios”, resaltó.
Por su parte, la senadora del PAN, Susana del Carmen Zatarain, enfatizó que llevar la prohibición de los vapeadores a la Constitución será un nefasto precedente que abrirá la puerta del paternalismo y del autoritarismo.
“Del paternalismo porque se asume que el Estado debe decidir sobre la vida de la gente, las decisiones que tomemos sobre nuestro cuerpo y sobre qué consumimos como mexicanos, como ciudadanos, y de autoritarismo porque al establecer la prohibición en la Constitución se habilita el uso de la fuerza pública y la capacidad coercitiva del Estado si alguien consume un vapeador”, detalló.
La iniciativa pasará a los congresos locales y, de aprobarse en 17 de ellos, la reforma será constitucional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.
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