Una jueza negó la suspensión definitiva que buscaba frenar al megadesarrollo tildado de 'ecocida' por organizaciones ambientalistas.
Poco después de esta decisión, Terralago emitió un comunicado anunciando la reanudación de las construcciones del proyecto que se encontraban en pausa desde agosto de este año por una suspensión provisional.
Este desarrollo urbano tiene como objetivo construir mil 533 viviendas, dos torres residenciales de 12 niveles con 108 cajones de estacionamiento, un jardín de niños, una secundaria, diversos espacios comerciales y tres parques urbanos.
Según expresó Terralago en un boletín “no se pudo demostrar el supuesto daño ambiental provocado por el desarrollo, por lo cual pueden reanudarse los trabajos de construcción”.
Sin embargo, Miguel Miramontes, el abogado que interpuso el amparo contra el megadesarrollo, afirmó que la resolución de la jueza fue “a modo” e inconstitucional, además de señalar que la juzgadora habría ignorado tratados internacionales y elementos de prueba presentados.
La resolución todavía puede ser impugnada ante un tribunal federal.
Terralago celebra
El comunicado de la empresa añade: “Desde su planeación, el desarrollo ha mostrado de manera transparente, todas las características del complejo, mismo que, más allá de la urbanización, contempla la creación de más de 75 mil metros cuadrados de espacios públicos para la construcción de parques, jardines, bosques, plazas, ciclopistas, áreas de juegos infantiles, deportivas y para mascotas, alineados todos a los más altos estándares de calidad, sustentabilidad y respeto por el medioambiente”.
Como documentó Aristegui Noticias en el reportaje Terralago en Lomas Verdes: El Cerrito da su último respiro, el acuerdo de autorización de conjunto urbano fue publicado el viernes 28 de abril de 2023 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, durante el gobierno de Alfredo del Mazo.
Según este documento, Terralago abarca una superficie de 358 mil 402.760 metros cuadrados, de los cuales 75 mil 835.19 están designados para la construcción de un parque público urbano, solamente el 21.54% del total. Esta extensión es menor a la reportada en los estudios realizados en 2022 para obtener la Evaluación Técnica en Materia de Protección Civil.
Según dicho documento, “sólo se retirarán 221 individuos de arbolado urbano que interfieren con el desplante de las vialidades y la lotificación del proyecto”. Esta manifestación ambiental fue tramitada para conseguir una autorización condicionada “sin construcción de viviendas”. Dicho de otra forma, quitarán casi una cuarta parte de árboles, exactamente el 24.25%, antes de construir cualquier obra.
En lo que se refiere al agua, Terralago expresa que su sistema de gestión hídrica “contará con dos plantas de tratamiento de agua que reciclarán el 100% del líquido utilizado para riego de áreas verdes y alimentación de WC en el desarrollo, bajo la consideración de ‘Descarga Cero'”.
“Sentencia a modo”: Miramontes
Miramontes afirmó que la jueza ignoró lo estipulado en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales, Escazú, el cual fue adoptado por 24 países, incluyendo México, el 4 de marzo de 2018.
Este acuerdo tiene como objetivo la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. “El acuerdo de Escazú dice que tiene que informarse a la comunidad antes de empezar un desarrollo y esa información debe ser previa informada y con participación para el acceso a la justicia”, comenta Miguel Miramontes.
En la Factibilidad Única de Servicios emitida por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan, esta institución exigió a Terralago perforar un pozo profundo dentro de los límites de su predio para garantizar el abasto de agua. Asimismo, demandó la perforación y equipamiento de otro pozo más para ser donado.
El amparo interpuesto por Miramontes señala que esto viola la Ley de Aguas Nacionales, pues El Cerrito se encuentra dentro de una zona de veda del acuífero desde 1954.
“Contraviene el artículo 35, que señala que la transmisión de los derechos para explotar usar o aprovechar aguas del subsuelo en zonas de veda o reglamentadas, se convendrá conjuntamente con la transmisión de la propiedad de terrenos respectivos y en todo caso será en forma definitiva, total o parcial. Además, señala que en ningún caso se celebrarán actos de transmisión de títulos de asignación de aguas nacionales y en su artículo 37 señala que no producirá ningún efecto las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto en esa ley”.
Estos argumentos, según Miramontes, fueron ignorados por la jueza en su sentencia.
“Las violaciones en la sentencia son flagrantes, la parcialidad es tremenda hacia el desarrollo“, acusa el ambientalista.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario