«Es un día histórico para el movimiento zapatista, para la familia de Antonio y también para las víctimas del terrorismo de Estado ejercido por el gobierno mexicano en la época de los 90. La Corte deja en claro que el Estado emprendió una estrategia de contrainsurgencia y que esas prácticas generaron los grupos paramilitares que eventualmente desaparecieron a Antonio», dijo a Desinformémonos Emiliano, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
En la resolución, la Corte también responsabiliza al Estado mexicano de las «otras violaciones a derechos humanos» de González y de sus familiares, y aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado por «la falta de una investigación adecuada de los hechos y a la afectación a la integridad personal de los familiares del señor González Méndez».
«Las autoridades internas no han cumplido sus obligaciones de investigar de manera diligente y en un plazo razonable los hechos ocurridos, ni han llevado a cabo una búsqueda adecuada del paradero de Antonio González Méndez», concluyó el Tribunal de la Corte en la sentencia del Caso González Méndez y otros Vs. México, notificada este jueves.
El Frayba, que durante casi 26 años ha acompañado a las cuatro familiares de González durante el proceso de denuncia y exigencia de justicia, indicó que si bien se trata de una «sentencia histórica» que representa un «avance significativo» para el caso, «no constituye el punto final del proceso de justicia iniciado por la familia de Antonio».
Tras la sentencia, la Corte ordenó al Estado continuar las investigaciones en curso sobre la desaparición forzada de González, así como las acciones en su búsqueda, y señaló que el Estado deberá implementar un programa permanente de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de presuntos hechos de desaparición forzada de personas dirigido a agentes del estado de Chiapas.
«Es imprescindible que el Estado mexicano, y en particular sus fuerzas armadas, cumplan a cabalidad la sentencia de la Corte IDH, comenzando por esclarecer la suerte y el paradero de Antonio, para que realmente se empiece con una acción de justicia completa y abra puertas a una justicia transicional en el contexto de contrainsurgencia en Chiapas», señaló el Frayba en un comunicado.
El Centro de Derechos Humanos reconoció que la decisión de la Corte «abre una grieta en el muro de complicidad e impunidad construido por perpetradores, actores políticos, militares y paramilitares, quienes, gobierno tras gobierno, han sostenido pactos para encubrir sus crímenes de Estado», y recordó que detrás del caso de Antonio González «están miles de víctimas del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, quienes aún esperan justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos».
COMUNICADO:
En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez (en adelante Antonio González), y por la política de contrainsurgencia que derivó en violaciones graves a los derechos humanos, así como la acción deliberada de no investigar la desaparición ocurrida el 18 de enero de 1999. Esta grave violación a los derechos humanos se enmarca en el contexto del Conflicto Armado Interno aún irresuelto, en el que el Estado mexicano implementó el Plan de Campaña Chiapas 94, una política de contrainsurgencia dirigida a desarticular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a la población civil simpatizante.
El Gobierno mexicano organizó, entrenó, financió, armó y asistió a grupos paramilitares como parte de este plan sistemático en contra de personas militantes, adherentes o simpatizantes al EZLN, en su mayoría hombres y mujeres campesinas de pueblos mayas. En el marco de esta estrategia, el Ejército mexicano y sus grupos paramilitares cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura, muchas de carácter sexual contra mujeres.
Uno de los grupos paramilitares más notorios de la época que operó en el Norte del estado de Chiapas fue el grupo “Desarrollo Paz y Justicia”, cuyos integrantes participaron en la desaparición forzada de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999 en la comunidad El Calvario, del municipio de Sabanilla.
Antonio González Méndez, militante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, se convirtió en un objetivo del Ejército mexicano y sus grupos paramilitares debido a su activismo y liderazgo en la comunidad.
La sentencia marca un momento crucial en el largo camino de casi 26 años recorrido por la familia de Antonio en la búsqueda por la justicia, verdad y reparación integral. En ella, la Corte IDH ordena al Estado mexicano emprender una búsqueda efectiva y localizar inmediatamente a Antonio González. Además, obliga a que adopte medidas de reparación integral para su familia. Asimismo, deberá emprender investigaciones para identificar a los perpetradores de la desaparición forzada.
Es un día histórico, sin precedentes en México, resultado de la determinación y valentía de la familia de Antonio, en particular de su pareja e hijas: Zonia, Elma y Magdalena. Frente a este crimen de Estado, ellas emprendieron una incansable lucha por la verdad y la justicia, al igual que muchas otras mujeres que hoy en día enfrentan el pesar de la desaparición forzada. Su persistencia, junto con el acompañamiento de este Centro de Derechos Humanos, logró llevar su exigencia de justicia hasta las altas instancias internacionales.
Si bien la sentencia de hoy es un avance significativo, no constituye el punto final del proceso de justicia iniciado por la familia de Antonio. Es imprescindible que el Estado mexicano, y en particular sus fuerzas armadas, cumplan a cabalidad la sentencia de la Corte IDH, comenzando por esclarecer la suerte y el paradero de Antonio, para que realmente se empiece con una acción de justicia completa y abra puertas a una justicia transicional en el contexto de contrainsurgencia en Chiapas.
Detrás del caso de Antonio González Méndez, están miles de víctimas del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, quienes aún esperan justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. No podemos olvidar a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, ni a las demás víctimas del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia en la Zona Norte de Chiapas, quienes sufrieron y sobrevivieron a la brutalidad de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano.
Aunque el Estado mexicano ha reconocido su responsabilidad en otros hechos, esto no ha contado con el respaldo pleno y público de los titulares de los poderes del Estado mexicano. Esta sentencia obliga al Estado mexicano a reconocer públicamente su responsabilidad y emprender investigaciones exhaustivas para esclarecer estas violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que se presentaron desde los años 90 en Chiapas.
La decisión de hoy abre una grieta en el muro de complicidad e impunidad construido por perpetradores, actores políticos, militares y paramilitares, quienes, gobierno tras gobierno, han sostenido pactos para encubrir sus crímenes de Estado. La lucha de Antonio, junto con la valentía de Zonia, Elma y Magdalena es una luz y una esperanza para todas las víctimas y sobrevivientes de esa barbarie, inspirando la búsqueda por la verdad y memoria, haciendo énfasis en acciones de justicia que lleven a una reparación integral y en consecuencia a una justicia completa, cabal, al Lekil Chapanel.
AUTOR: REDACCIÓN.
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