Se prevé que la próxima semana, Claudia Sheinbaum envié una propuesta de reforma a la Ley de Amparo y al Código Penal, para regular la figura de los jueces sin rostro.
En entrevista con medios, dijo que esto será adicional al paquete de leyes que están a discusión en el Senado, tales como la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, la nueva Ley de Carrera Judicial y adiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
“Es probable que vaya a haber reformas a la Ley de Amparo y reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales en materia de jueces sin rostro, para ir adecuando a la reforma constitucional”.
Dijo que el objetivo es avalar todo durante el periodo ordinario, pues hasta el momento no se ha previsto un extraordinario, “pero tenemos más de 40 leyes reglamentarias que aprobar en los próximos días”.
Aunado a esto, falta aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025.
¿Qué son los jueces sin rostro y qué implica esta figura?
La figura de los jueces sin rostro se refiere a la práctica de ocultar la identidad de los jueces en ciertos procedimientos legales, para que así puedan juzgar un caso de delitos como el crimen organizado sin “ponerse en riesgo”.
Sin embargo, especialistas y organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional– como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas– señalan que los jueces sin rostro violan el derecho a un juicio justo y se han utilizado como arma para perjudicar a quienes están siendo juzgados.
Incluir a los jueces sin rostro en la legislación mexicana no es una idea nueva, aunque el Presidente López Obrador y el Senador Ricardo Monreal la hayan apoyado, en realidad, la propuesta se hizo desde el 2010 durante el sexenio de Felipe Calderón, quien propuso utilizarla para juzgar a narcotraficantes.
El uso de jueces anónimos comenzó en Italia en 1960, con la intención de utilizarlos para juzgar a las mafias locales y proteger a los juzgadores de posibles represalias en su contra. Posteriormente este sistema se adoptó en países de América Latina como Perú, Colombia y El Salvador para supuestamente juzgar a narcotraficantes y miembros de pandillas una vez más “de manera segura”. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional comenzaron a documentar el abuso de estas figuras para violar el principio de la imparcialidad de los juicios y condenar injustamente a lo que llamaron “presos de conciencia”.
De acuerdo con la ONU, esta práctica viola el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.
Ya que ocultar la identidad de los jueces sólo para cierto tipo de casos viola el principio de la igualdad, y también el principio de la imparcialidad porque podrían poner un juez con conflictos de interés y se desconocería si el o la juez cumple con todos los requisitos –como por ejemplo una capacitación adecuada– para llevar a cabo un juicio independiente con un debido proceso.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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