Desde el 2021, Chiapas atraviesa una escenario de violencia generalizada en los municipios de Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Altamirano, Bejucal, Bellavista, Chicomuselo, Chenalhó, El Porvenir, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Mazapa, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Pantelhó, Siltepec y Tila, según reportó REDIAS.
La situación ya provocó que grupos de mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad y precarizada estén en riesgo. En consecuencia, familias abandonaron Chiapas en los primeros 5 episodios de desplazamiento forzado masivo en regiones como Altos, Norte, Frailesca y Sierra Mariscal.
De acuerdo con REDIAS, esta situación afectó a un estimado de 11 mil 170 personas, de las cuales 4 mil 300 fueron infancias y adolescencias desplazadas en la mitad de 2024. Además, agregó que actualmente el estado de Chiapas ocupa el primer lugar en infancias y adolescencias repatriadas en Estados Unidos, resultado de las carencias, faltas de oportunidades y violencia extrema.
Asimismo, el monitoreo de esta organización detectó agresiones, feminicidios, homicidios, desapariciones y reclutamiento forzado de adolescentes a grupos criminales. El último reporte del Atlas de Género de Chiapas estima que del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de agosto del mismo año, hubo 10 feminicidios, 10 homicidios dolosos y 36 lesiones dolosas en niñas y adolescentes. Sin embargo, ya que no existe un conteo oficial sobre las consecuencias de la violencia en Chiapas, las cifras podrían ser mayor.
REDIAS también denunció otras problemáticas a las que se enfrentan, como la falta de acceso a una identidad, salud y educación. En el ámbito médico, durante 2020 el 40% de la población menor de 18 años se encontraba en una situación de carencia en servicios de salud. En la región de los Altos, 6 de cada 10 infantes tenían carencias en seguridad social en los 17 de 18 municipios. La importancia de servicios médicos y de seguridad social radica en que Chiapas es el estado con mayor número de muertes en infantes por enfermedades diarreicas.
La guerra territorial en Chiapas
Siguiendo el informe ‘Chiapas es un desastre’ del 2023, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, señaló que este estado se ha convertido en un lugar en disputa por el control político, social, económico y territorial resultado de la triada gobierno, empresas y delincuencia organizada que han contribuido a la violencia.
En primer lugar está la marcada militarización. Fue el episodio del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lo que marcó el inicio ocupacional por parte de las fuerzas armadas en Chiapas y que se exacerbó en 2006 con la guerra contra el narcotráfico que provocó un despliegue militar en todo el país.
Durante estos años, el CDH Fray Bartolomé de las Casas ha documentado la implementación de un estado de sitio de facto en zonas específicas, así como crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno mexicano, paramilitares, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y otras corporaciones policiales.
La organización agrega que el control psicosocial de la población a través de programas sociales facilitan la alienación a proyectos de militarización. En consecuencia, la desmemoria y anestesia social como parte del control militar, cambiando así la narrativa de los derechos humanos, los cuales “son vaciados de contenido y reinterpretados en defensa de los intereses del Estado”.
A este panorama se suma el escenario de gobernanza criminal donde la venta de drogas, homicidios, feminicidios y desapariciones incrementaron. Aunque el informe menciona que la presencia del crimen organizado en Chiapas es histórica, el punto de quiebre se dio en 2021 cuando comenzaron disputas y reacomodos en la región, sobre todo en los municipios de Frontera Comalapa, La Trinitaria y Chamic.
Peligros de abandonar el hogar para niñas y adolescentes
Como resultado de los diferentes episodios de violencia en Chiapas, niñas y adolescentes se han visto obligadas a desplazarse a otras zonas del país. Esta movilización genera impactos, necesidades y vulnerabilidades específicas, según el CDH Fray Bartolomé de las Casas.
Entre ellas se encuentran la restricción a servicios de salud, entre las que está la sexual y reproductiva; obstaculización de la educación; discriminación; y marginación. Sin embargo, la principal consecuencia es la violencia sexual que pueden sufrir en campamentos, albergues o casa de familiares. La organización señala que esta realidad ha sido facilitada por la inacción y omisión del gobierno estatal y federal.
Una de las preocupaciones del CDH Fray Bartolomé de las Casas, es que el desplazamiento forzado transforma las relaciones de género y las dinámicas familiares afectando las libertades de las mujeres y su independencia. Esto quiere decir que los riesgos de violencia sexual provocan que ellas se mantengan en la esfera privada o que dependan de terceros afectando su autonomía para movilizarse.
Convención de Derechos de la Niñez no hizo efecto en Chiapas
El 20 de noviembre de 1989, se firmó un tratado internacional para reconocer los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de las infancias y adolescencias. Asimismo, 196 estados reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas firmaron el acuerdo a excepción de Estados Unidos.
La Convención de Derechos de la Niñez está conformada por 54 artículos donde se reconocen a las infancias y adolescencias como individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social. También es un modelo para la salud, supervivencia y progreso que deben seguir todos los estados firmantes, entre los que se encuentra México cuando lo ratificó en 1990.
Sin embargo, para REDIAS, el contexto de violencia provocó que no existan garantías sobre el derecho a la vida y de supervivencia de las niñas y adolescentes. En este sentido, explicó que se necesita de una estrategia política en el que se cree un Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Chiapas con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e intercultural. De igual forma, la aprobación de un Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) para el periodo 2025-2030 con presupuesto y recursos humanos para su operación.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.
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