“Lo que marca nuestra Ley Orgánica y como manda nuestra Constitución, nosotros podemos ingresar cualquier reforma o minuta que venga desde el Senado, siempre y cuando sea en diferentes periodos. Ya pasó un periodo legislativo en el que se ingresó la minuta, y la volvemos a ingresar. Así como este tema, podemos abordar cualquier otro; sin embargo, coincidió con el cambio de periodo legislativo”, explicó Sánchez Sánchez.
“No estamos violentando la Constitución, al contrario”, enfatizó la diputada del Distrito XII.
Cabe resaltar que, un día antes de la sesión extraordinaria, ya se contaba con la aprobación de los 17 congresos estatales necesarios para declarar la reforma constitucional, cifra que posteriormente se incrementó a 19: Chiapas, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Por ello, ya se había emitido una declaratoria de validez.
Bajo ese argumento, la sesión fue considerada innecesaria y carente de efectos por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), así como por la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylin García Ruvalcaba, quien calificó la acción como irregular.
Al ser cuestionada por ZETA sobre la necesidad de reafirmar la aprobación en Baja California, Sánchez Sánchez respondió: “Más allá de eso, tenemos un mandato constitucional. Al final, se necesitaban 17 congresos, y si bien se cumplieron, Baja California también debía cumplir. Como presidenta de la Mesa Directiva, me corresponde garantizarlo, aunque ya se hubiera cumplido en este periodo”.
En cuanto a la posibilidad de que la segunda votación reafirmara el apoyo de la bancada morenista al proyecto federal, comentó: “Como miembro fundadora del movimiento y con años en este proyecto, considero que no fue con esa intención. Más allá del tema mediático, debemos seguir trabajando con todas las fuerzas políticas. Al final, el resultado se refleja en las votaciones; los temas personales son otra cosa y afectan a todos los legisladores en algún momento”.
El pasado miércoles 4 de diciembre, en Baja California, la reforma fue aprobada con 18 votos a favor y tres en contra.
En ese contexto, Sánchez Sánchez destacó que esta medida representaría un ahorro significativo en el presupuesto: “Queremos que ese mayor presupuesto se destine a programas que han dado resultados para la ciudadanía. En Baja California, tendremos una nueva universidad y queremos que los recursos sean utilizados adecuadamente”.
“No hay nada de qué preocuparse, porque con estos organismos que ya existían había omisiones”, agregó.
Los organismos que serán eliminados incluyen el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyas funciones pasarán a la Secretaría de la Función Pública (SFP); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será absorbido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la Comisión Federal de Competencia Económica, que recaerá en la Secretaría de Economía; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que pasará a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será integrado a la Secretaría de Educación Pública (SEP); y la Comisión Reguladora de Energía junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuyas funciones serán asumidas por la Secretaría de Energía (SENER).
Reforma de recorte salarial a diputados faltistas
Al cumplir su primera semana al frente de la Mesa Directiva, Sánchez Sánchez destacó que impulsará una reforma para sancionar económicamente a los diputados que falten a las sesiones ordinarias del Congreso del Estado.
“Estas reformas buscan poner un freno a las y los legisladores para que realmente cumplan con su trabajo. Ganamos muy bien, pero algunos compañeros no asisten a las sesiones y solo mandan sus justificaciones. Lo mínimo es que les descuenten la dieta, porque se les paga por trabajar, y si no trabajan, no deberían recibir el pago”, comentó.
De los 25 diputados, estimó que alrededor del 20% tienen faltas frecuentes y abandonan las sesiones antes de que concluyan. Calculó que se les podría descontar hasta el 50% del salario por una o dos ausencias.
Sánchez Sánchez destacó que, al contar con una notificación previa de 10 días, no es admisible justificar la inasistencia por agendas previas.
“Invito a la ciudadanía a que vea las sesiones para observar cómo algunos diputados se van antes de tiempo. Por eso al inicio y al final de cada sesión se toma lista de asistencia, para que quede claro quiénes cumplen y quiénes no. Algunos solo votan y se retiran; si no se aprueban sus temas, hacen berrinches y se van”, concluyó.
AUTOR: MARA YAÑEZ.
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