Sin embargo, Veytia enfrentará cinco años de libertad supervisada tras su liberación.

Durante este periodo, estará obligado a cumplir condiciones estrictas, como reportarse regularmente a un oficial de libertad condicional, no cometer delitos adicionales y evitar el contacto con personas involucradas en actividades ilícitas.

Además, tuvo que pagar un orden de decomiso monetario (Forfeiture Money Judgment) de un millón de dólares, que corresponden a las ganancias obtenidas directa o indirectamente de los delitos cometidos y debía realizar el pago dentro de los seis meses posteriores a la sentencia.

En septiembre de 2019, Veytia fue condenado por conspiración para traficar drogas y sentenciado a 20 años de prisión, junto con el pago de un millón de dólares.

A pesar de esto, su cooperación en investigaciones relevantes, como los casos de García Luna y Salvador Cienfuegos, resultó clave para que el gobierno estadounidense solicitara la reducción de su pena bajo la Regla 35, que permite ajustes en la sentencia por asistencia sustancial a las autoridades.

Este cambio en la fecha de su liberación no altera las acusaciones que enfrenta en México, donde aún tiene órdenes de aprehensión pendientes y enfrenta múltiples investigaciones por presuntos abusos cometidos durante su gestión como fiscal.

Beneficios en el sistema federal de los Estados Unidos

El nuevo ajuste en la fecha de liberación depende de los beneficios que algunos presos federales en Estados Unidos pueden recibir e incluyen reducciones por buena conducta, participación en programas de rehabilitación y educación, así como la acumulación de tiempo en actividades aprobadas por la prisión.

Estos factores suelen aplicarse para disminuir el tiempo efectivo de encarcelamiento, permitiendo la salida antes de cumplir la totalidad de la sentencia.

Además, en el sistema de justicia federal de Estados Unidos, la cooperación como testigos de otros casos puede beneficiar en ajustes posteriores a la sentencia mediante mecanismos legales como la regla 35 del Código Federal de Procedimientos Criminales.

Esta regla permite al gobierno solicitar una reducción de la sentencia si el acusado colabora en investigaciones o juicios posteriores a su condena, tal como lo hizo Veytia en los juicios de los ex secretarios de Seguridad Pública de México, durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos respectivamente.

‘El Diablo’ peleó su libertad

Durante cinco años, el exfiscal de Nayarit buscó la forma de quedar en libertad o hacerlo de modo anticipado.

Según la condena inicial, Edgar Veytia quedaría libre el 4 de noviembre de 2034, pero el 12 de agosto de 2021 solicitó anular o corregir su sentencia y buscó ser escuchado por un juez.

Entre mayo y junio de 2021, Veytia envió cartas al juez de la causa para intentar acceder a los registros, evidencias y descubrimientos que consideró no sustentaban las acusaciones y la sentencia en su contra.

Pendientes en Nayarit

El fiscal general del Estado de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, confirmó a ‘Aristegui Noticias’ que están preparadas las solicitudes de extradición en contra del ex fiscal, desde 2021, para hacerlo enfrentar la justicia en la entidad ante investigaciones por abuso de autoridad, evasión de presos, secuestro, asociación delictuosa, tráfico de influencias, entre otros delitos.

Recientemente el vocero de la Promotora de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, dio a conocer que víctimas del delito exigirán que se investigue al fiscal por la desaparición forzada de personas así como posible tráfico de órganos.

También, pedirán investigar detenciones arbitrarias, como el caso de Venus María “N” quien permanece en prisión desde hace 11 años y quien se dice víctima del exfiscal por un asunto de propiedades y delitos dentro de la Fiscalía estatal durante la administración de Veytia.

El segundo tema, una vez zanjado el primero, era sobrevolar una nave para que Zambada García reconociera unos terrenos que el junior Guzmán pretendía adquirir cerca de la frontera, miles de hectáreas para ser utilizadas en el ilícito tráfico de drogas. Por eso aquel día, “El Mayo” acudió a la cita con sólo dos escoltas. La confianza en el ahijado justificaba el bajar la guardia; pensó que en ese ambiente estaba seguro, como siempre, pues es probable que el 25 de julio no fuese la primera ocasión que los miembros de las familias de narcotraficantes se reunían.

Lo que Zambada desconocía, y de lo cual se enteraron de la peor forma para él, es que desde unos seis meses atrás, Joaquín Guzmán López había iniciado conversaciones con agentes de seguridad de Estados Unidos en busca de disminuir la persecución contra él y sus hermanos, a quienes en marzo de 2024, la titular de la DEA, Anne Milgram, había anunciado como personas de interés para ser capturadas por el gobierno de aquel país, y puestos en la lista negra como traficantes de fentanilo.

Guzmán López ofreció entregarse a EU a cambio de penas disminuidas y protección para sus hermanos, los otros hijos del “Chapo” Guzmán. Y cuando estaba en negociaciones, preguntó qué beneficios adicionales le darían a él y a los suyos si entregaba al también apodado Señor del Sombrero. Los agentes supieron que se refería al “Mayo”, pero desestimaron la propuesta del junior porque no lo creían capaz, ni con la infraestructura criminal suficiente para capturar a Zambada García y entregárselos. No volvieron a tocar el tema de la delación interna en el Cártel de Sinaloa hasta el 25 de julio de 2024.

Ese día, apenas pasadas las dos de la tarde, y ya sobrevolando la nave con dirección al aeropuerto privado de Doña Ana en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, Joaquín Guzmán López se comunicó de nueva cuenta con los agentes con los cuales sostenía conversaciones y negociación, para decirles que pronto aterrizaría, que se entregaría él y llevaba consigo al capo más impune de México a la fecha.

Incrédulos aún los elementos de seguridad de EU, se movilizaron hacia el aeropuerto privado y, cuando la nave descendió, Guzmán López bajó del jet privado y posteriormente, contra su voluntad, Ismael Zambada García. Cuando lo vieron los oficiales, el antes intocable narcotraficante no estaba en condiciones de sujeción, no traía las manos amarradas ni una capucha en su cabeza para impedirle visibilidad lo segundo, y asegurar el traslado lo primero. La aclaración se debe a que días después, el propio Zambada contaría su versión de los hechos en una carta hecha pública por su abogado, informando que después de arribar a la cita, en las inmediaciones de Culiacán, había sido sometido, maniatado, encapuchado y montado contra su voluntad en el jet privado, con lo que denunciaba públicamente haber sido víctima de un secuestro, lo cual sería tomado por la autoridad mexicana, Fiscalía General de la República, como una denuncia genuina y válida para iniciar un proceso contra Joaquín Guzmán López por traición a la patria, por haber secuestrado a un mexicano y entregado a una autoridad extranjera.

Finalmente, el Gobierno de México seguiría protegiendo al “Mayo”, en esta ocasión en calidad de “víctima” de un secuestro que lo llevó a ser capturado por autoridades norteamericanas para acabar con casi 50 años de impunidad en el país.

Aun cuando se pone en duda el secuestro en la Unión Americana, dado que el hombre más buscado no presentaba elementos de sujeción y llegó en un jet privado a aquel país, del cual descendió por su propio pie, sin mostrar signos de violencia, la realidad es que sin una traición interna, Zambada García jamás habría sido capturado, mucho menos en la República Mexicana.

Como él lo confirmaría en su carta pública, contaba con seguridad proporcionada por el Estado Mexicano, en esa ocasión, su jefe de escoltas era un comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, de quien cabe mencionar, es incierto su paradero. La impunidad provista a Zambada García en México le era tan familiar y oficial, que acudió a la reunión donde se suponía estaría el gobernador Rocha Moya, protegido por un elemento del Estado, al que no le importaba ser visto por el mandatario morenista, haciendo su labor de guardaespaldas del notorio narcotraficante mexicano.

No es una casualidad ni pericia criminal que Ismael Zambada García haya sido un narcotraficante intocable por las decenas de años que mantuvo la impunidad en territorio mexicano, la realidad es que gozó de la protección de corporaciones y Fuerzas Armadas en su evasiva carrera delincuencial, tan así es que él mismo lo confesó en su misiva contando su versión de los hechos, la cual, como muestra de la debilidad o el compromiso del Estado Mexicano hacia el narcotraficante, fue tomada de manera fiel para iniciar proceso contra quien se encargó de sacarlo de la actividad de los cárteles de la droga y lo entregó a EU.

Entre todos los hechos notorios que sucedieron en 2024, uno de los más relevantes para la vida del país fue, finalmente, la captura de Ismael “El Mayo” Zambada García, criminal intocable en México que sólo pudo ser aprehendido y enfrentado a la justicia en Estados Unidos, debido a la traición de su ahijado narco. Y esta historia apenas comienza…

El Gobierno de México refrendó su apoyo a los mexicanos que viven en Estados Unidos, destacando su contribución al PIB de ese país, y detalló la estrategia de protección consular en materia legal que se ha implementado en los 53 consulados ante la inminente llegada de Donald Trump a la Presidencia en enero de 2025.

Hasta el momento, no se sabe de forma concreta, que pasará con los trabajadores del INAI, si también pasarán a la nueva dependencia o si perderán sus empleos de forma definitiva. 

“Para liquidaciones no nos dieron presupuesto”, denunció Julieta del Río en entrevista con “Radio Fórmula”, el pasado 24 de diciembre. “Por ningún lado tenemos la oportunidad de ofrecerles lo que merecen. Son trabajadores que han entregado su vida durante 22 años”, señaló. 

Además, 49 millones de pesos de remanente presupuestal del 2024 podría haber sido repartidos entre sus trabajadores de mayor antigüedad que ocuparan plazas, puestos del servicio profesional o de libre designación, con adscripción a la presidencia, las ponencias, las secretarías o las direcciones generales, por medio de un programa de terminación voluntaria de la relación laboral, con la que obtendrían tres meses de salario si dejaban su trabajo este mismo mes. 

Para que ese planteamiento pudiera ponerse en marcha se debía de aprobar en el pleno de INAI y ser aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero los comisionados no llegaron a un consenso y se descartó la medida.  

En su cuenta de X, del Río explicó: “No hicieron los trámites ante la Hacienda, los encargados y la distribución no era equitativa, por ello no llegamos a un acuerdo tres comisionadas con el presidente”.

No hicieron los trámites ante la @Hacienda_Mexico los encargados y la distribución no era equitativa, por ello no llegamos a un acuerdo tres comisionadas con el Presidente.

“Por falta de consenso, INAI descarta repartir remanente de 50 mdp…via @milenio https://t.co/sZkpj7RYMW

— Julieta Del Río Venegas (@JulietDelrio) December 26, 2024

Una Jueza del Estado de México vinculó a proceso a 13 personas por su presunta participación en la fuga de Pedro Luis "N", Presidente Municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos.

Los imputados enfrentan cargos por evasión, lesiones y otros delitos relacionados con el incidente ocurrido el pasado 17 de diciembre durante el "Operativo Enjambre".

La mandataria federal afirmó que esta labor es “un trabajo riesgoso porque muchos utilizan motocicleta, bicicleta, caminando o el propio automóvil, y genera riesgos a la hora de transportar, pues pasan muchas horas en los distintos vehículos para poder llevar las mercancías”.