Asimismo, el CPJ urgió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a tomar todas las medidas apropiadas para brindar protección a la revista y a su personal.
Un día antes, la Oficina para México y Centroamérica de la organización no gubernamental internacional Artículo 19 hizo un “llamado urgente”, a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) y a la Fiscalía General de la República (FGR), para realizar las investigaciones “necesarias y con debida diligencia”, para esclarecer las amenazas en contra del semanario ZETA de Tijuana.
El 29 de diciembre de 2024, personas no identificadas -y no detenidas- dejaron una manta con un mensaje criminal en la calle Cuauhtémoc de la colonia Libertad, en la delegación Otay en Tijuana, en la que hicieron referencia a periódicos y específicamente al semanario ZETA, cuyos directores generales son Adela Navarro Bello y César René Blanco Villalón.
El confuso mensaje refiere traiciones, bandos y un grupo criminal hasta ahora desconocido: “las flechas”, cuyo origen, según asumieron algunos investigadores, citados por ZETA, tendrían que ver con Brayan Corona, cuyo alías sería “El Apache”.
“Esto va para todos los lacras CDS traicioneros y periódicos las flechas no tienen que ver con los hermanos ni tregua ni nada, esta guerra es entre cabrones no contra mujeres y niños como lo hicieron en SD y en TJ. No an podido (sic) ni podrán X [dos flechas entrecruzadas] 19 100% FLECHAS los comerciantes que han matado es por el cobro de piso de los mismos [Cártel de Sinaloa] CDS. Quieren calentar a las flechas periódico ZETA dónde quedó tu reputación ahora tus notas son sin fundamento Tijuana para los tijuanenses. Atte: La FEA [Fuerzas Armadas Apache]”, se leía en la manta.
En la última edición de ZETA, la que está en circulación a partir del viernes 27 de diciembre de 2024, en el reportaje de portada titulado ‘Pagó 300 mil dólares por huir’ y fue ilustrado con una fotografía de Pablo Edwin Huerta, “El Flaquito’, se publican entre otros temas, dos premisas que surgieron a partir de investigaciones de inteligencia oficiales.
La primera, la probable reunión de “El Flaquito”, miembro aun del Cártel Arellano Félix [CAF], en un casino propiedad de Jorge Hank Rhon, con algún miembro de la célula de los hermanos Zambada, del cártel de Sinaloa.
Además la pugna interna que sostendrían en el CAF, la célula de Brayan Corona, con la de Huerta Nuño, de la cual ha habido resultados fatales, y que “se ha recrudecido en el último semestre del 2024, han destacado las muertes o ataques armados en contra de algunos comerciantes, casa-cambistas, así como hombres y mujeres en la delegación La Mesa, y las colonias Libertad, Postal, Independencia, Gabilondo, Chapultepec y Playas en Tijuana, quienes ha resultados ser integrantes de ambas células criminales de diferentes niveles”.
“Según un testimonio del semanario, e información recabada por esta organización, ninguna autoridad al momento se ha puesto en contacto con el personal del medio de comunicación, para establecer rutas que garanticen su protección e integridad”, indicó Artículo 19, en un comunicado.
Ante ello, la organización no gubernamental internacional recordó a las diversas autoridades, de todos los niveles, que el semanario ZETA ha enfrentado diversas agresiones, desde su fundación hasta la fecha.
“Esto ha incluido previas agresiones por integrantes de grupos criminales quienes han atentado contra la vida de las y los periodistas de ZETA provocando pérdidas irreparables a la integridad, la vida y al equipo entero del semanario. Desde el 2020 esta organización ha documentado al menos 19 agresiones contra el medio, resaltando la continuidad de la violencia a la que se enfrenta no sólo ZETA, sino el ambiente en general que viven los medios en Baja California”, destacó Artículo 19.
“La Comisión interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha indicado que “fenómenos como el aumento de grupos altamente violentos de delincuencia organizada (que no solo amedrentan a la población sino que, incluso, tienen la capacidad de atemorizar e infiltrar a las propias autoridades) han amenazado, de manera muy preocupante, el ejercicio del periodismo”, recordó la ONG internacional.
“Ante estas situaciones, es preciso que las autoridades de todos los niveles tomen acciones urgentes para investigar los hechos, prevenir mayores agresiones contra la prensa, y terminar con la impunidad de los casos de amenazas y ataques contra periodistas y medios de comunicación”, exigió Artículo 19.
“A la Fiscalía General de la República coordinar esfuerzos con la Fiscalía General del Estado de Baja California, iniciar de forma urgente las investigaciones en acorde al Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión y así, esclarecer los hechos”, solicitó la ONG internacional.
“Al gobierno del estado de Baja California, mantener comunicación con las y los representantes del semanario ZETA para coordinar y aplicar las medidas necesarias para garantizar la integridad del personal del semanario de forma inmediata”, finalizó Artículo 19, cuyo director regional de la Oficina para México y Centroamérica, es Leopoldo Maldonado Gutiérrez.
