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Senadora Andrea Chávez es cuestionada dentro y fuera de Morena por actos anticipados

Al hablar del escándalo en que se encuentra envuelta la Senadora Andrea Chávez, la Presidenta Sheinbaum Pardo adelantó que hará un llamado a la dirigencia morenista para que se establezcan reglas y que nadie se adelante a un proceso electoral para el que faltan dos años.

La Senadora Andrea Chávez Treviño, de Morena, se encuentra envuelta en señalamientos de actos anticipados de campaña en Chihuahua por utilizar ambulancias para promocionarse, y aunque ya fueron retiradas, la Presidenta Claudia Sheimbaum tocó el tema este martes y exhortó al partido guinda a establecer reglas para que nadie se adelante a los comicios de 2027.

El pasado 3 de abril, Daniela Álvarez, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, denunció en redes sociales a la Senadora Chávez Treviño, quien ha manifestado su intención de contender por la gubernatura de Chihuahua en 2027, por utilizar ambulancias rotuladas con su propia imagen y los colores del partido guinda.
“Estas son unidades de un Gobierno rotuladas con el nombre y el rostro de la Senadora de la corrupción [Andrea Chávez Treviño]. Así que vamos a presentar las denuncias correspondientes, aquí está con nosotros una notaria dando fe de lo que les estoy comentando”, adelantó la dirigente panista en un video que publicó en su perfil personal de la plataforma X.
Este día, la dirigente panista en Chihuahua presentí una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la Senadora Andrea Chávez por al menos 15 presuntos delitos. "No nos vamos a detener y buscaremos sanciones ejemplares. Basta del abuso de poder por parte de esta Senadora", acusó.
Latinus publicó que Andrea Chávez ha sido beneficiada con donaciones de la empresa FMedical, perteneciente al empresario Fernando Padilla Farfán, quien ha recibido contratos de gobiernos de Morena por el orden de 2 mil 500 millones de pesos, además de ser amigo cercano del senador Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco.

La propia Senadora admitió conocer al dueño de las unidades médicas móviles con las que promociona su imagen en Chihuahua. “Claro que lo conozco, gran amigo, como conozco a todos los empresarios chihuahuenses que ayudan, que echan la mano, y yo les agradezco muchísimo que ayuden y echen la mano a la salud de los y las chihuahuenses”, dijo la Senadora.

La panista Daniela Álvarez aseguró en días pasados que en este caso también estaba involucrado el Gobierno del Estado de México, ya que, sostuvo, las unidades pertenecían a la Secretaría de Salud de esa entidad, debido a que portaba placas alusivas al Edomex, situación que, dijo, comprobaría un desvío de recursos. “Les presento las ambulancias de la Sria. de Salud del Edo. de México, rotuladas con la imagen de la senadora de la corrupción. Es decir se comprueba desvío de recursos‼️”.

Tras los señalamientos de Álvarez, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, emitió un boletín informativo en el que aseguró que las ambulancias utilizadas para promocionar la imagen de Chávez Treviño no pertenecen a las instituciones de salud de esa entidad. “Las ambulancias utilizadas por las instituciones de salud estatal son únicamente para servir a la población mexiquense”, sostuvo el Gobierno local.
“Las unidades con placas de circulación AM-439-GA y AM-446-GA, que se muestran en el video, no pertenecen a las flotillas adscritas a la Secretaría de Salud del Estado de México, al Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), ni al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)”, se indicó en el comunicado, en el que aseguró que son “falsos los datos difundidos por la C. Daniela Álvarez Hernández”.
Lo cierto es que la Senadora sí había promocionado su imagen mediante estas ambulancias, en las que aparecía su nombre y su rostro.

Este martes 8 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el tema y adelantó que hará un llamado a la dirigencia morenista para que se establezcan reglas y que nadie se adelante a un proceso electoral para el que faltan dos años, ya que consideró que lo importante es la “transformación” que se está dando y que es su deber dar el ejemplo,
“Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas, no se debe adelantar nada”, dijo la Presidenta en su conferencia mañanera en la que también también aclaró que no se trata de ninguna orden pero sí un exhortó para que establezcan para que “nadie se adelante a nada”.
“No es ninguna orden, ninguna, no. Es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena, de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada, eso yo creo que es importante”, dijo. “Creo que vale la pena poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27”, agregó.

“Entonces, hay que poner reglas; hay que recordar la ética de nuestro movimiento. Para nosotros no es llegar, no es un asunto de llegar al poder por llegar al poder; para nosotros lo más importante es la Transformación del país que se viene construyendo. Entonces, todos debemos dar ejemplo”, sostuvo la Jefa del Ejecutivo federal, a quien se le preguntó si se deberían aplicar sanciones por actos como los cometidos por la Senadora Chávez.


La Presidenta de México sostuvo que las sanciones sólo las puede imponer la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. “Eso no me corresponde, las sanciones no me corresponden a mí. Las sanciones partidarias le corresponden a la Comisión de Honestidad y Justicia”, dijo, sin embargo, recordó que la llamada 4T debe poner reglas que se deben respetar y los militantes tienen la obligación de mantener una ética.

“Nuestro movimiento debe, uno, poner reglas para todas las elecciones que se vienen en adelante y que todo mundo se ajuste a estas reglas; y, dos, la ética del militante y del gobernante de la Cuarta Transformación, que es algo que nos debe distinguir siempre; porque, además, a eso nos comprometimos y nosotros ni mentimos, ni robamos, ni traicionamos al pueblo”, concluyó.

Otro que se pronunció en contra de los actos propagandísticos de Chávez es Agustín Guerrero, Consejero estatal de Morena en Puebla, ya que consideró que son acciones “inmorales”, las cuales “contraviene los principios de morena y la ética que Andrés Manuel López Obrador nos inculcó”, por lo que exhortó a la legisladora a la legisladora a informar sobre “el origen de los recursos y declararlos”.
“Está campaña es ilegal. Son actos anticipados. La senadora Andrea Chávez Treviño debe informar el origen de los recursos y declararlos. Es también inmoral. Contraviene los principios de Morena y la ética que Andrés Manuel López Obrador nos inculcó”, expresó Guerrero en una publicación en su cuenta oficial de la red social X.
Este lunes 7 de abril, Santiago De la Peña Grajeda, titular de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua, dio a conocer que salieron de circulación las polémicas ambulancias que habrían sido utilizadas por la legisladora morenista. El funcionario federal dijo, en entrevista a medios, que probablemente las unidades regresaron al Estado de México o están ocultas.

De la Peña destacó que el Gobierno encabezado por Delfina Gómez es el que deberá identificar la propiedad de las ambulancias que fueron utilizadas en Chihuahua, mientras que las autoridades correspondientes tiene la obligación de brindar el seguimiento a las denuncias que se interpusieron contra Chávez.

Dos días antes de denunciar el uso de las ambulancias, el 1 de abril, la dirigente estatal del PAN interpuso una denuncia penal contra la Senadora morenista por la presunta comisión de delitos de “orden federal”, luego de que desde hace semanas se evidenció que Chávez realizaba presuntos actos anticipados de campaña, al utilizar unidades médicas en Chihuahua que estaban rotuladas con imágenes alusivas a ella.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.

La inflación anual repunta a 3.80% en marzo, reporta el Inegi; lleva 2 meses al alza

En marzo, la inflación anual de México subió a 3.8 por ciento, por lo que se mantuvo en el rango meta del Banxico.

La inflación en México continuó su tendencia al alza por segundo mes consecutivo, ya que se ubicó en 3.80 por ciento anual en marzo de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide las variaciones en los precios de una canasta representativa de bienes y servicios, mostró un aumento mensual de 0.31 por ciento respecto a febrero.

Este resultado refleja presiones en varios rubros, aunque la inflación general se mantuvo dentro del rango meta establecido por el Banco de México (Banxico), que oscila entre el dos y el cuatro por ciento.
Componentes de la inflación

Los precios subyacentes, que excluyen bienes y servicios con precios más volátiles, incrementaron 0.43 por ciento mensual. Dentro de este componente, los precios de las mercancías crecieron 0.45 por ciento, mientras que los de servicios subieron 0.41 por ciento.

Por su parte, los precios no subyacentes bajaron 0.08 por ciento, debido principalmente a una caída del 0.45 por ciento en los precios de energéticos y tarifas gubernamentales, aunque los productos agropecuarios registraron un alza de 0.41 por ciento.
Entre los productos que más contribuyeron a la inflación, destacan la carne de res, vivienda propia y transporte aéreo, cuyos precios mostraron incrementos significativos. En contraste, la gasolina de bajo octanaje, la cebolla, la papa y el pollo registraron disminuciones en sus precios.

El impacto de la inflación fue más notable en algunas entidades como el Estado de México, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Morelos. Estas regiones experimentaron mayores alzas en productos básicos como alimentos preparados y vivienda.

En otras áreas del país, las presiones inflacionarias fueron más moderadas, impulsadas por menores aumentos en combustibles y tarifas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rechazan familiares y organizaciones solicitud del Senado para destituir al presidente del CED

Colectivos de búsqueda y centros de derechos humanos rechazaron el pronunciamiento aprobado por el Senado para exigir la destitución del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, después de que el organismo, dirigido por Olivier Frouville, inició un procedimiento contra el Estado mexicano tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática” en el país.

“Nunca antes desde una de las cámaras del Congreso de la Unión se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de Derechos Humanos. Los lamentables antecedentes inmediatos de inconformidad no llegaban a este extremo”, criticó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en sus redes sociales.

 
El pronunciamiento contra el CED fue aprobado el pasado 8 de abril con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones. Los legisladores, en su mayoría de Morena, aprobaron la moción bajo el argumento de que la crisis que suma más de 124 mil desaparecidos en México no son “una política de Estado”.

“En vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de Derechos Humanos, debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones. Lo votado en el Senado no augura un buen trabajo en la revisión de la reforma a la Ley General en la materia”, agregó el Centro Prodh.

Por su parte, la Glorieta de las y los Desaparecidos lamentó “profundamente” la posición de un Senado “lejano a las víctimas y a la realidad que vive en el país en materia de desaparición”.

“Nos avergüenza la clase política que hoy vota en contra de la justicia pero que en el pasado nos utilizó como bandera política. Muchas familias de personas desaparecidas, desde hace años hemos solicitado, y lo seguiremos haciendo, a la ONU su intervención en México ante las desapariciones generalizadas que se perpetran en el país. Respaldamos al CED de los ataques de algunos políticos”, señalaron las familias y colectivos de la Glorieta.

La acción del gobierno contra el Comité de la ONU sucede luego de que el 7 de abril el CED activara el procedimiento, considerado “el más extremo” del organismo internacional, para la crisis de desapariciones forzadas en el país, la cual fue negada por la presidenta Claudia Sheinbaum al declarar que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado”, mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el dictamen del CED era una “acusación carente de sustento”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El capo sinaloense Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, ya es libre, a los 94 años

El capo sinaloense Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, de 94 años de edad -cofundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” y Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”-, purgó una condena de 40 años de prisión por el caso del secuestro, tortura y ejecución, perpetrado en febrero de 1985, de Enrique “Kiki” Camarena, agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), así como del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar.

Según lo reveló el diario Reforma, basado en fuentes de autoridades federales, “Don Neto” quedó libre el sábado 5 de abril de 2025. “También es el único que libró la extradición, ya que en 2015 el entonces canciller José Antonio Meade [Kuribreña] negó su entrega a Estados Unidos porque ya había sido juzgado y sentenciado en México por el asesinato del agente”, señaló el citado rotativo

“‘El día 5 de abril compurgó su pena y no había más cosas por cumplimentar, ni en los estados’, dijo un funcionario federal relacionado al caso. En contraste, Rafael Caro Quintero, ‘El Narco de Narcos’, fue enviado a EU el 27 de febrero [de 2025], y Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’, aunque el año entrante cumplirá su condena de 37 años por el mismo asunto, quedará libre hasta 2029, por una sentencia de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho”, detalló el Reforma.

“Ahora, con 18 enfermedades diagnosticadas, incluidas artritis, pérdida de visión y un tumor en el colon, el capo tiene el derecho a desplazarse en territorio nacional sin obstáculo alguno”, abundó el citado rotativo.

A cinco meses de que terminara de pagar su condena de 40 años de prisión por el asesinato del ex agente de la DEA y del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el capo sinaloense pidió que su castigo se tuviera por cumplido y quedara libre antes de compurgar su pena, el 7 de abril de 2025.

Según lo informó el diario Reforma, el 22 de noviembre de 2024, citando registros judiciales, el cofundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara, promovió, ante Jesús Chávez Hernández, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, una demanda de amparo para que resolvieran su solicitud de remisión parcial de la pena, un beneficio que consiste en descontar un día de prisión por cada dos de trabajo a los sentenciados.

El capo sinaloense reclamó en su demanda de amparo, que tanto el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, como el Juzgado Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, no emitieron ningún acuerdo a su recurso de queja y ejecución de la sanción penal.

Sin embargo, Chávez Hernández se declaró incompetente para tramitar el amparo solicitado por “Don Neto” y lo remitió a un Tribunal Colegiado de Apelación, porque debería resolverlo un órgano jurisdiccional del mismo nivel que el responsable del acto que reclamaba.

“Conforme a la previsión normativa establecida en la ley reglamentaria, la autoridad competente para conocer del acto reclamado, al haberlo emitido un Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito, es otro tribunal similar”, señaló el juez, en su resolución.

Familiares de Enrique “Kiki” Camarena presentaron, el 19 de marzo de 2025, una demanda civil, en la Corte Federal de San Diego, California, contra Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, para exigir pago de daños y perjuicios a los tres capos sinaloenses, a los que acusan de “actos de terrorismo” por el secuestro, tortura y ejecución del del agente especial de la DEA, en febrero de 1985.

Los afectados -entre ellos nueve parientes de Camarena, incluidos su viuda y tres hijos-, demandaron a Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, bajo reglas de la Ley Antiterrorismo de 1992, que permitía a cualquier estadounidense afectado por este tipo de actos, demandar a los extranjeros supuestamente responsables de dicho delito.

Sin embargo, los demandantes no especificaron el monto de su reclamo, que quedaría a decisión del jurado, pero pidieron pago por daños compensatorios, daños punitivos, y un concepto conocido como “treble damages”, previsto en la Ley Antiterrorismo, por el cual la Corte Federal debería triplicar la cantidad que determinara el jurado.

“Como integrantes de una organización criminal de narcotráfico especialmente designada, y de una organización terrorista extranjera, los demandados causaron las lesiones y muerte aquí descritas, y son responsables por los actos criminales, incluidos actos de terrorismo internacional, conspiración para cometer actos de terrorismo internacional, y participación en una empresa criminal continua con fines de terrorismo”, señalaron los afectados en la demanda.

Según lo reportó el diario Reforma, la mayor parte del escrito era una narración de la vida de Enrique Camarena, su carrera en el Cuerpo de Marines y sus años como policía local en Calexico, California, antes de unirse a la DEA y ser transferido a Guadalajara, Jalisco.

También detalló el secuestro de Camarena y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, perpetrado en febrero de 1985, como reacción de Caro Quintero ante vuelos de reconocimiento que llevaron a un decomiso masivo de mariguana en el rancho Búfalo, ubicado Chihuahua, en noviembre de 1984.

Además, se alegó el sufrimiento de su esposa, Mika, quien se quedó esperando a Camarena en un restaurante en Guadalajara el día que fue secuestrado, y luego tuvo que quedar con sus hijos bajo vigilancia permanente del Gobierno de EE. UU., antes de regresar a San Diego.

Según datos del Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés), Caro Quintero -de 72 años de edad- se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), con el número de registro 12303-016, ello después de ser enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos, por supuestas causas de seguridad nacional.

Caro Quintero se declaró, el 28 de febrero de 2025 -luego de ser extraditado a EE. UU., un día antes-, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, como no culpable, de los múltiples cargos en su contra.

Por su parte, lo último que se supo del capo sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino” -fundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara y quien habló por primera vez en público en los 32 años que llevaba preso-, fue en agosto de 2021, cuando se calificó a sí mismo, como un hombre “honesto”, que dijo no saber nada de los crímenes y leyendas que le imputaban.

Durante una entrevista que la cadena estadounidense Noticias Telemundo le realizó, se veía al ex narcotraficante como un hombre anciano, de 75 años de edad -ahora tendría 79-, preso en la zona de máxima seguridad del Penal Estatal de Puente Grande, en Jalisco, postrado en una silla de ruedas, sordo, ciego, afectado por una neumonía y con el brazo roto.

Asimismo, en la entrevista negó haber conocido a Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), asesinado el 7 de febrero de 1985, también en Guadalajara.

“Es un tema muy lamentable. Este señor Camarena. Quienes fueron, quienes hayan sido, hay autores materiales e intelectuales, presos, que han pagado su vida en la prisión y que les ha ido muy mal”, aseveró Félix Gallardo.

“Ignoro el porqué se me relaciona, porque a ese señor yo no lo conocí. Porque te vuelvo a repetir: yo no soy una persona de armas. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre”, insistió el fundador del Cártel de Guadalajara.

Aunado a lo anterior, “El Jefe de Jefes” le deseó a Mika Camarena, viuda del finado agente de la DEA, “la resignación y que tenga la satisfacción de que los culpables del asesinato de su esposo están pagando sus culpas (sic)”.

Por otra parte, Félix Gallardo negó conocer a los también capos sinaloenses Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, los otros dos fundadores del Cártel de Guadalajara.

“No los conozco. En la calle no nos conocimos. Estas personas y yo nunca hemos platicado al respecto. Mi abogado, [Fernando] Martínez Inclán, me dijo: ‘no estás involucrado, nunca platiques’”, señaló ‘El Jefe de Jefes’.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Los despojos en Edomex han aumentado en 5 años: hoy, cada día, se reportan 13 casos

El caso de Doña Carlota ha echado luz sobre el delito de despojo en la entidad mexiquense: desde 2015, y sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19, estos crímenes han aumentado sin freno.

El caso de Doña Carlota, una mujer adulta mayor que asesinó a balazos a un joven y a un hombre adulto, e hirió a otras dos personas, en una disputa por la propiedad de un inmueble en Chalco, Estado de México, echa luz sobre un problema que sufren miles de familias al año en la entidad: el despojo de propiedades, y cómo es un delito que, aunque ha crecido en los últimos años, poco o nada se ha hecho para perseguirlo y castigarlo.
En todo el 2024, se registraron 4 mil 936 casos de despojo en el Edomex, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra más alta en un lustro y un promedio de 13.5 despojos diarios.
Pero esos números son apenas las que se denuncian, y el delito es uno que, por sus características, no siempre se denuncia. El mismo año pasado, por ejemplo, en otros delitos contra el patrimonio, el Secretariado recaba 16 mil 348 casos en 12 meses.

México, en general, reportó 28 mil 364 casos de despojo en 2024, es decir, 77.7 casos diarios. El delito disminuyó ligeramente con respecto a 2023, pero en el caso del Edomex, sólo ha aumentado.

Es el caso, hace ya casi una década, de Jesús, una víctima de despojo en el Edomex que prefiere no dar a conocer su nombre. "Fue en el fraccionamiento Fiesta de los Bosques, en el kilómetro 42.5 de la carretera Toluca-Temazcaltepec, la carretera vieja hacia Valle. Mi cabaña está metida como 7 kilómetros hacia adentro. Pero aquel día, me avisó la persona que me ayudaba a cuidarla que había llegado La Familia Michoacana, que ni me fuera a parar por allá", cuenta a SinEmbargo.

Desde entonces, no ha vuelto a su terreno ubicado en el Estado de México. "Uno se asusta y no denuncia ni mucho menos", ahonda. "En ese tiempo busqué hablar a las fiscalías, pero nadie me dio razón. Uno con el estado de ánimo que le dejan no sabes qué hacer".

Con respecto al año anterior (2023), los casos como el de Jesús crecieron en la entidad mexiquense, pues en aquel año se registraron oficialmente 4 mil 886 casos, prácticamente más de 400 casos al mes en los últimos 24 meses.

La tendencia ha venido creciendo en el Edomex. En 2022 fueron 4 mil 752 casos. En 2021, se elevó hasta los 4 mil 921 despojos en el año.

Incluso en 2020, el año de los confinamientos masivos por la pandemia de COVID-19, las cifras estuvieron elevadas: fueron en total 4 mil 559 casos en 12 meses.
Por ahora, 2025 pinta en la misma tendencia creciente, pues en los primeros dos meses del año, los delitos por despojo han crecido un 7 por ciento con respecto a los primeros dos meses del 2024: fueron 861 contra 804.
El municipio de Ecatepec, que colinda con la capital mexicana, encabeza la mayoría de los reportes por despojo, con 580; luego, siguen Tecámac (367); Nezahualcóyotl (255); Chimalhuacán (240); Toluca (231); Ixtapaluca (164), Cuautitlán Izcalli (149); y Naucalpan (147).

En septiembre de 2020, ante el aumento de los casos de despojo, la Fiscalía mexiquense creó la Unidad Especial para la Investigación de Delitos contra el Desarrollo Urbano y Despojo, pero específicamente para el municipio de Ecatepec, la cual duró de forma transitoria hasta finales de 2021 sin dar buenos resultados.
Lo cierto es que el caso de Chalco llegó a Palacio Nacional. "Vamos a esperar a ver exactamente cuál es la condición de este delito o de esta situación que se presentó", dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada". Vamos a esperar toda la información por parte de la Fiscalía y luego ya daremos nuestra opinión para tener toda la información", añadió en su conferencia de prensa.
Luego, dijo que es un tema que se atiende en las fiscalías estatales. "Cuando fui Jefa de Gobierno [en la CdMx] había una fiscalía especializada sobre despojos, atendió una parte importante incluso desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía en el suelo de conservación en zonas de Topilejo y otros pueblos en donde se presentaba esta situación", recordó.

También llegó al escritorio de la Gobernadora mexiquense, Delfina Gómez. "Estamos fortaleciendo la cuestión de seguridad. Efectivamente, algo que debemos de tomar en cuenta es la parte de que llegan algunos grupos, algunas personas a invadir espacios y eso ya lo estamos trabajando", expresó también la semana pasada.


La Gobernadora también dijo que el tema ya se venía revisando en semanas anteriores pero "lamentablemente ahorita nos ganó este suceso”, y advirtió que una de las causas es que "hay una falta de reordenamiento" territorial que permite casos como el de la señora Carlota.

Jesús, la persona que fue despojada de su terreno y su cabaña en el Edomex, cuenta cómo incluso las inmobiliarias saben que el control de los lugares despojados es de grupos criminales, o de personas coludidas con este tipo de organizaciones. "Básicamente me comentaron que lo que tienen ellos es, aparte, un monopolio de la construcción, ellos llegan porque ya tienen amañadas las casas de materiales, y todo lo venden a sobreprecio", explica al medio. Incluso denuncia que los presidentes de las sociedades de vecinos están coludidos o sometidos, porque son quienes avisan a los grupos que despojan dónde se ubican las propiedades que deben el predial, o el agua, o adeudos parecidos, para apoderarse más fácilmente de estos sitios.

El aumento de los despojos no es nuevo

En el periodo 2015 a 2019, las entidades federativas con mayor número de delitos de despojo denunciados fueron: Ciudad de México (17 mil 653); Estado de México (14 mil 553); Jalisco (9 mil 417); Veracruz (6 mil 316); y Baja California (5 mil 724), de acuerdo con el análisis "El delito de despojo: situación actual y labor legislativa en el tema", publicado en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en septiembre de 2020.
"Una de las modalidades más difundidas del delito de despojo es el relativo a la invasión de predios, el cual puede incluir la modalidad de violencia, ya sea física o por amenazas", explica Juan Pablo Aguirre Quezada, el autor.
Ya en el lustro 2015-2020, el despojo había ido incrementando progresivamente en el Edomex "con una alarmante subida" en 2017 (3 mil 514) respecto al año inmediato anterior (mil 923).

¿Cómo denunciar el delito de despojo?


De acuerdo con el artículo 308 del Código Penal del Estado de México comete el delito de despojo:

I. El que de propia autoridad ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, y

II. El que de propia autoridad ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos que la ley no le permita, por hallarse en poder de otras personas, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante.

En el Edomex, existe la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal cuando existe denuncia por invasión de metros cuadrados de terreno del vecino con una construcción, por ejemplo.

Y para que no se tenga que demoler parte de la vivienda, se puede acudir a la Unidad de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa y/o la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México más cercana al domicilio para poder llegar a un acuerdo benéfico para ambas partes.

Ahora, si se está cometiendo despojo, se pueden denunciar los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México más cercano al domicilio, que a través de las Unidades de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa reciben las denuncias de delitos considerados no graves y que pueden solucionarse mediante voluntad de las partes para llegar a un acuerdo de reparación de daño.

También se puede llamar al Centro de Atención Telefónica en el 800 7028 770, de igual manera mediante el Sistema de Denuncia Vía Internet (SIDEVIT) en el sitio web pre denuncia en línea en la página de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: https://fgjem.edomex.gob.mx/pre-denuncia-en-linea o bien se podrá acudir al Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México a efecto de llegar a una mediación o conciliación benéfica para las partes, para más información se puede ingresar a la página: http://centromediacion.pjedomex.gob.mx/conciliacion/vista/index.php?#

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MANUEL GONZÁLEZ.

La Sener anuncia inversión de 624 mil mdp para fortalecer Sistema Eléctrico Nacional

La Secretaría de Energía destinará 624 mil mdp para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional con proyectos de generación, transmisión y distribución.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía (Sener), anunció una inversión histórica de 624 mil millones de pesos (mdp) como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, con el fin de aumentar la soberanía energética del país y acelerar la implementación del Plan México, diseñado para fomentar el crecimiento económico con bienestar.

La titular de la Sener, Luz Elena González Escobar, detalló que "427 mil millones de pesos corresponden a inversión pública para agregar 22 mil 674 MW de capacidad de generación, mientras que proyectos privados aportarán más de seis mil 400 MW adicionales, mayoritariamente para energías limpias, con una inversión cercana a los 130 mil mdp".

Durante la conferencia matutina, encabezada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, González Escobar aseguró que estas acciones se implementarán con el fin de acelerar y promover un ambicioso inicio del Plan México, para que ningún proceso productivo que se intente iniciar, ninguna inversión se detenga, es decir, se cuente con la electricidad suficiente para poder realizar todas las inversiones”.

De los 624 mil mdp, más de 124 mil mdp se destinarán a fortalecer la transmisión de energía y otros 72 mil mdp a la modernización de la infraestructura de distribución.


Según la Secretaria, “la Red Nacional de Transmisión contará con 81 proyectos en proceso, de los cuales 34 ya fueron concluidos y 33 entrarán en operación este mismo año, aportando seis mil 542 MVA de potencia”.

En cuanto a la distribución, se proyecta la construcción de 97 nuevas subestaciones durante el sexenio, 34 de las cuales estarán operativas en 2025. Además, se ampliarán 47 subestaciones, modernizando la infraestructura para garantizar un suministro eléctrico confiable en todo el país.

La aceleración del plan incluye la entrada inmediata en operación de 11 proyectos que se desarrollaron en las administraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entre ellos, se encuentra la central de ciclo combinado de Salamanca, ya inaugurada; y próximamente otras en San Luis Potosí, El Sauz II y Mérida, además de siete centrales hidroeléctricas.

En cuanto a electrificación, entre 2025 y 2028 se realizarán 42 mil 221 obras con una inversión de 18 mil 916 mdp, beneficiando a 557 mil 817 personas y llevando la cobertura eléctrica al 99 por ciento de la población. Este año iniciarán 12 mil 235 obras que impactarán directamente a más de 201 mil habitantes.


La secretaria subrayó el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en atender las necesidades de los inversionistas en los Polos de Bienestar, garantizando procesos ágiles a través de una Ventanilla Única.

Añadió: “Nuestro compromiso es claro: queremos garantizar no sólo la energía suficiente para cada región del país, sino que sea cada vez más limpia y confiable, para que podamos aspirar a esta prosperidad compartida”.

El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional es una visión ambiciosa y comprometida que busca fortalecer la soberanía energética de México, impulsar un desarrollo más sostenible y, sobre todo, transformar positivamente la vida de millones de familias mexicanas al garantizarles acceso a energía limpia, confiable y suficiente.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exedil del municipio Heliodoro Castillo es asesinado junto a su padre y otro hombre

El exalcalde del municipio Heliodoro Castillo, el priista José Concepción Hernández Solano, fue hallado sin vida junto a su padre Bartolomé Hernández y otro hombre en una camioneta abandonada al fondo de un barranco de la carretera El Ocotito-Tlahuizapa, en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres hombres habrían sido asesinados a golpes y sus cuerpos encontrados la noche del martes, pero fue hasta este miércoles cuando fueron identificados por sus familiares, quienes los habían reportado como desaparecidos desde la mañana del martes.

Hernández fue Presidente Municipal de 1999 a 2001 y fundador del desaparecido Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor (CSPFM).


Hernández fungió como Secretario de Desarrollo Rural del municipio de Chilpancingo en la actual administración a cargo de Alejandro Arcos Catalán, quien asumió dicha responsabilidad el pasado el 30 de septiembre de 2024.

Luego de que Arcos fuera decapitado el pasado 6 de octubre de 2024, una semana después de asumir el cargo, su sucesor Gustavo Alarcón Herrera ratificó a Hernández como secretario de Desarrollo Rural.


Sin embargo, Hernández Solano pidió permiso para atender su negocio de maquinaria pesada y un rancho que tiene cerca de Tlahuizapa, informaron fuentes del Ayuntamiento capitalino.

En los años noventa formó, junto con el también exalcalde de Tlacotepec, Severo Oyorzábal, el CSPFM, agrupación que promovía la creación de la octava región económica en la Sierra de Guerrero.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tomás Yarrington, ex gobernador priista de Tamaulipas, es deportado a México

Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba -ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernador de Tamaulipas, del 5 de febrero de 1999 al 31 de diciembre de 2004- fue trasladado, vía aérea, el 9 de abril de 2025, a la Ciudad de México, bajo custodia de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser entregado por las autoridades de Estados Unidos, a sus homólogos mexicanos.

La entrega del ex mandatario estatal tamaulipeco -quien fue liberado, el 3 de julio de 2024, según la información que arrojaba una búsqueda con el número de registro 39549-479, de la Agencia Federal de Prisiones​ (BOP, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés)- se realizó a las 12:20 horas (tiempo del Centro de México), a través de la frontera terrestre entre San Diego, California, y Tijuana, Baja California.

Con su llegada a México, se preveía que Yarrington Ruvalcaba fuera puesto a disposición de un juez federal y trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrollaban los diversos procesos judiciales en su contra.

A principios de abril de 2024, la FGR pidió una nueva orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero, contra Yarrington Ruvalcaba. El caso fue consignado ante Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, quien no ordenó, ni negó la captura del ex gobernador, sino que devolvió el expediente a la institución de procuración de justicia, para que subsanara deficiencias de forma.

Según lo informó el diario Reforma, el 11 de abril de 2024, la información constaba en una sentencia del Octavo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, en la que revocó y canceló el trámite de un amparo que promovió el político tamaulipeco, para que la FGR determinara dicha indagatoria.

El 22 de enero de 2024, la FGR pidió la aprehensión contra Yarrington Ruvalcaba, con base en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/12/2009, iniciada el 7 de enero de 2009.

Sin embargo, el 31 de enero de 2024, la juez Duarte Cedillo ordenó devolver a la FGR el expediente original y duplicado de la causa penal, “para que subsanara diversas deficiencias existentes” y “a efecto de que subsane las irregularidades que encontró”.

“Los hechos que se le imputan en esta nueva acusación aún no son del dominio público, pero en la sentencia del colegiado se menciona que la Corte de Apelación de París, por conducto del Ministerio de Justicia de Francia, ha enviado información a la FGR para documentar su investigación de lavado”, detalló el Reforma.

“También se refiere que la Fiscalía ha pedido los folios electrónicos de una empresa en específico al Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, organismo al que también ha pedido informes de todas las empresas y asociaciones civiles en las que Yarrington participe”, abundó el citado rotativo.

Estaba programado que Yarrington Ruvalcaba saliera libre en Estados Unidos el 9 de noviembre de 2024, tras cumplir una condena de nueve años impuesta por declararse culpable de lavado de dinero, y lograr que se corrigiera su sentencia para tomar en cuenta su tiempo en prisión desde que fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017.

El político tamaulipeco tenía dos órdenes de aprehensión vigentes por ilícitos federales en México, una por delitos contra la salud y otra por lavado, “y la intención de la FGR es que exista un tercer mandamiento de captura cuando cumpla su condena y sea liberado en el país vecino, el próximo 9 de noviembre”, indicó el citado periódico.

“Las dos órdenes de aprehensión pendientes del ex mandatario en México fueron giradas en 2012 y 2017. En la primera se le acusa de delitos contra la salud, por presuntamente tener vínculos con el Cártel del Golfo y los Zetas, y en la segunda le atribuyen un supuesto lavado de 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares, en la compra de inmuebles en México y Estados Unidos”, indicó el Reforma.

Yarrington Ruvalcaba fue militante del Partido Revolucionario Institucional, así como gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004. Asimismo, aspiró a contender por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República en 2006, pero fue expulsado de dicho instituto político en diciembre del 2016, por violar su Código de Ética. Fue detenido el 9 de abril de 2017, en Florencia, Italia -cuando viajaba bajo nombre y pasaporte falso- y extraditado a Estados Unidos, el 20 de abril de 2019.

El 19 de abril del 2017, el Gobierno de México, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, informó que acordó con su homólogo de EE.UU., que Yarrington Ruvalcaba fuera juzgado primero en territorio norteamericano, tras una determinación con base en el tratado de extradición entre ambos países, y “se le entregará temporalmente a México, para que enfrente ante la justicia los cargos que se le imputan en ese país”.

El 26 de febrero del 2018, el Tribunal Supremo italiano rechazó un recurso de los abogados del ex gobernador de Tamaulipas contra su extradición a Estados Unidos y aceptó otro contra su envío a México, ya que ambos países le reclaman por delitos como narcotráfico.

El 19 de marzo del 2018, el ex gobernador se reservó el derecho a declarar en presencia del Ministerio Público de la Federación (MPF) mexicano, así lo aseguró a través de un comunicado la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

El ex mandatario estatal tamaulipeco se declaró culpable el 25 de marzo del 2021, ante la juez Hilda G. Tagle, de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, del delito de conspiración para cometer lavado de dinero, luego de que aceptó más de 3.5 millones en sobornos ilegales y los usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en EE.UU., mientras se desempeñaba como mandatario estatal.

En abril de ese mismo año, Ronald Morgan, juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en la localidad de Brownsville, rechazó darle libertad bajo fianza al ex gobernador de Tamaulipas, extraditado días antes por Italia a Estados Unidos.

Yarrington Ruvalcaba, cuyo número de registro de la BOP, era el 39549-479, se encontraba internado en el Centro Federal de Detención Houston (FDC, por sus siglas en inglés), pero fue trasladado a Institución Correccional Federal de Bastrop (FCI), es una prisión federal de baja seguridad, ubicada en Camp Swift, Texas.

El juez Rolando Olvera, de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas -con sede en Brownsville, Texas, Estados Unidos-, condenó, el 15 de marzo de 2023, a nueve años de cárcel a Yarrington Ruvalcaba.

El juzgador federal también confirmó el decomiso de un condominio en Port Isabel, Texas -que ya había decretado en marzo de 2021-, así como tres años de libertad bajo supervisión, si es que Yarrington Ruvalcaba permanecía o reingresaba a Estados Unidos tras salir de prisión.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Por mayoría, Tribunal Electoral aprueba que Sheinbaum y servidores públicos promuevan la elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum, personas servidoras públicas, instituciones y autoridades sí podrán promover la elección de personas juzgadoras, pero sin mencionar a candidatas y candidatos en particular.

Por mayoría de votos de la magistrada Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que la presidenta Claudia Sheinbaum y personas servidoras públicas, instituciones y autoridades del país sí puedan promover la elección judicial, aunque sin mencionar a candidatas y candidatos en particular. 

De esta forma, se impuso la mayoría de los magistrados que presentaron un proyecto de sentencia conjunto para modificar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se prohibió a servidores públicos promover la elección judicial. 

En tanto, la magistrada Janine Otalora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quienes votaron en contra, presentaron un proyecto de sentencia conjunto, que proponía confirmar el acuerdo del INE, al considerar que con esta limitación se pretendía evitar un uso indebido de recursos públicos durante la contienda.

El pasado 29 de marzo de 2025, el INE aprobó un acuerdo que prohíbe a las personas servidoras públicas, instituciones y autoridades usar recursos públicos para promover el voto y la participación en la próxima elección judicial, a celebrarse el próximo domingo 1 de junio de 2025. 

La prohibición se integró a los criterios aprobados para garantizar la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas de jueces, magistrados y ministros, que iniciaron el pasado 30 de marzo y se extenderá hasta el próximo 28 de mayo; es decir, 60 días.

A raíz de su publicación, el Tribunal Electoral recibió 39 impugnaciones por parte de personajes como la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, así como Loretta Ortiz, en su calidad de candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Precisamente la impugnación de esta última fue la que llegó a manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que desde ayer dio a conocer un proyecto de sentencia por el cual perfilaba dar luz verde a la promoción de la elección judicial por parte de servidores públicos.

“Están buscando llevar una elección silenciosa”, dice magistrada Mónica Soto

Al presentar el proyecto SUP-JE-101/2025 y sus acumulados, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña explicó que propuso modificar el acuerdo reclamado porque “indebidamente se estableció que el INE es la única autoridad facultada para promover el voto y la participación ciudadana en el presente proceso electoral extraordinario”. 

El magistrado explicó que tomando en cuenta las reglas electorales que existen, respecto a elecciones de personas del Poder Ejecutivo y Legislativo, primero pensó que “lógico sería que ninguno de estos actores interfiera en la elección”; no obstante, al tratarse en esta ocasión que una elección de personas juzgadoras que incluso fue impulsada por los poderes es que “las reglas son diferentes”. 

“Esto me llevó a la conclusión de que, en consecuencia, la participación de los Poderes de la Unión puede incluso alentarlos a promover el voto y la participación ciudadana. Ello no implica que la promoción que lleven a cabo les autorice a incurrir en promoción personalizada o hacer uso de recursos públicos, menos aún a llamar a votar a favor de una candidatura o bien a emitir expresiones para desfavorecer a otras, por el contrario, su actuación se debe ajustar a los principios de equidad e imparcialidad”. 

Por su parte la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró sentirse “sorprendida y un poco contrariada” respecto al acuerdo votado por mayoría en el INE, al señalar que con esta resolución “pareciera que están buscando llevar una elección silenciosa”.  

“Les voy a decir un secreto. Va a haber elecciones el próximo 1 de junio, pero no se lo digan a nadie. Pareciera que parte de una de las propuestas que están presentándose hoy estuviera posicionando esta visión. Hay un proceso electoral en curso, habrá elecciones por primera vez en la modalidad que se realizará, habrá más derechos para la ciudadanía, pero no hay que decirlo a nadie. Nadie puede decirlo, solo el INE”, ironizó.

Tribunal desecha proyecto que evitaba uso indebido de recursos públicos para elección

Durante la misma sesión, la magistrada Janine Otalora y el magistrado Rodríguez Mondragón presentaron el proyecto del expediente SUP-JDC-1790/2025 y sus acumulados en los que proponían confirmar el acuerdo del INE. 

“Se propone confirmar porque dicha limitación está asociada al uso indebido de recursos públicos, lo cual tiene una fuente constitucional ilegal que busca garantizar la imparcialidad en el manejo de esta clase de recursos, por tanto, no es una restricción creada recientemente por el INE”, señaló la magistrada Otalora. 

Al explicar su resolución, la magistrada señaló que esto fue así porque la resolución del INE era una aplicación literal del artículo 506, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala que los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. 

Además, del artículo 134 de la Constitución que señala que queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con el proceso de selección de personas integrantes del Poder Judicial. 

“Como se puede apreciar es la misma ley electoral la que prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para actos de promoción como de propaganda, actividades que el propio legislador distingue, pero abate en una misma prohibición, es decir, la prohibición es total, porque lo que inhibe es el uso de recursos públicos tanto para fines proselitistas como para fines de difusión institucional”, señaló. 

Para respaldar el posicionamiento, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que la medida tampoco conllevaba una restricción absoluta que vulnere los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.

“La prohibición no se dirige a una expresión personal, sino a la capacidad que tienen los poderes públicos, las instituciones públicas y las personas servidoras públicas que laboran en estas instituciones de usar los medios institucionales, los recursos públicos o su voz institucional para promover o difundir información relacionada a la elección judicial. Es decir, se prohíbe el desvío de recursos públicos para fines no previstos ni es sus atribuciones y si restringidos por el artículo 134 constitucional”. 

En contraste, el magistrado Fuentes Barrera explicó que, a partir de la reforma de 2007, el artículo 134 adquirió una dimensión electoral, que en ese momento buscaba evitar que los recursos públicos fueran utilizados para beneficiar electoralmente a algún partido, candidato o a los propios servidores públicos que se encontraban en el cargo.

“En ese sentido fue diseñado en un contexto donde los procesos electorales giraban integralmente en torno a los partidos políticos y candidaturas partidistas, pero no se previó un escenario como el que hoy enfrentamos, una elección federal judicial de gran escala que es totalmente ajena a partidos y la ciudadanía no está familiarizada con la dinámica de este proceso, por ello afirmó que el artículo 134 constitucional no prohíbe la comunicación institucional de los entes públicos, sino todo uso de recursos públicos que se utilice para alterar la equidad”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Dólar supera los 21 pesos; Wall Street se dispara tras pausa arancelaria de Trump

Las acciones estadounidenses se dispararon luego de que el presidente Donald Trump anunciara una pausa de 90 días en ciertos aranceles a la mayoría de los países.

El dólar superó los 21 pesos en el mercado internacional este miércoles, mientras que el peso mexicano se depreció por cuarta jornada consecutiva ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El tipo de cambio alcanzó un precio máximo de 21.0809 unidades. Ayer, el tipo de cambio cerró en 20.8083, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), por lo que la moneda mexicana perdió más de 10 centavos.

En sus primeras negociaciones, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajaba un 0.22% a 50,207.04 puntos, y se perfila a su cuarta jornada consecutiva de pérdidas.

Los nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, contra decenas de países entraron en vigor hoy, incluida una monumental tasa de 104 % a los productos chinos.

China respondió a los nuevos aranceles de Estados Unidos con recargos del 84 % a los productos estadounidenses a partir del jueves, lo que provocó otra jornada negativa en las bolsas.

Wall Street se dispara tras la pausa arancelaria de Trump

Las acciones estadounidenses se dispararon este miércoles, después de que el presidente Donald Trump anunciara una pausa de 90 días en ciertos aranceles a la mayoría de los países.

El industrial Dow Jones subió un 7.9 % hasta los 40.608,45 puntos, el ampliado S&P 500 creció un 9.5 % hasta las 5.456,90 unidades y el tecnológico Nasdaq trepó 12.2 % a 17.124,97, su mayor alza porcentual diaria desde inicios de enero de 2001 y la segunda mayor en los registros bursátiles.

En tanto, el precio del petróleo, deprimido por el riesgo de recesión, ha comenzado a subir.

Por la mañana, las bolsas asiáticas y europeas volvieron a desplomarse ante el temor de las consecuencias de la guerra comercial en el consumo y el crecimiento económico.

En tanto, la bolsa de Nueva York abrió cautelosa: en los primeros intercambios, el índice Dow Jones retrocedía 0.79 %, el Nasdaq avanzaba 0.18 % y el ampliado S&P 500 perdía 0.35 %.

Desde la semana pasada que Trump anunció aranceles para buena parte de las importaciones de la mayoría de los países del mundo, los inversores han perdido billones de dólares por el temor a una guerra comercial a gran escala que provoque una recesión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desde 2021 el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios pidió que se lleve a México ante la Asamblea General de la ONU por graves violaciones a los DH

También se solicitó que se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.

En 2021 el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios pidió que se lleve al Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos, y se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.

También pidió el apoyo en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que con el acuerdo actual no cumple con lo que necesitamos para una certera identificación y así poder saber quiénes son y con ello regresarles sus nombres, sus derechos, regresarlos a casa, la verdad, justicia, castigo a los culpables, no repetición del delito y una reparación de daño que jamás alcanzará a ser justa.

DOCUMENTO DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021:

Estimada Carmen Rosa Villa Quintana
Presidenta del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) y

Albane Prophette Pallasco
Secretaria Técnica

Contexto de la desaparición en el Estado de Coahuila

Bienvenidas a Coahuila y agradecemos ser tomadas en cuenta para la visita que este Comité realiza a nuestro país. Una visita que hemos esperado durante años y por fin se lleva a cabo.

Coahuila es un estado que hasta el día de hoy cuenta con 3,452 personas desaparecidas, con ocho colectivos de familiares de personas desaparecidas que hoy estamos presentes y que compartimos un pequeño panorama de la crisis en desapariciones en el estado y el porqué. Aunque a Coahuila la reconozcan como un estado ejemplo, podemos decir que el único ejemplo es el de la IMPUNIDAD.

La región noreste de México se ha visto sumamente afectada por la disputa entre grupos del crimen organizado que, con la participación o connivencia de fuerzas de seguridad y el apoyo o aquiescencia del Estado, ha resultado en un nivel de violencia exacerbado.

Ese fue y sigue siendo el origen de la desaparición de cientos de personas y que alertamos de esta crisis humanitaria desde el 2009; sin embargo, a la fecha continúan y el número, desgraciadamente, es mucho mayor.

Las desapariciones continúan

Del 12 de agosto al 12 de septiembre, oficialmente la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informa que en Coahuila hay un incremento de tres mil 679 nuevos reportes, de las cuales mil 269 se encuentran en estatus de desaparición o no localización. Esto significa que en promedio 122 personas desparecen al mes, es decir por lo menos tres diarias. De las personas localizadas con o sin vida, no hay datos públicos sobre la naturaleza de la desaparición o no localización, solo discurso político mediático. Mientras que la Fiscalía de Personas Desaparecidas reportan 5,488 con 1,891 personas sin localizar.

Búsqueda inmediata

Cuando desaparece una persona, es importante que se inicie la búsqueda inmediatamente pues las primeras horas son fundamentales para su localización; sin embargo, las autoridades todavía dicen a las familias que esperen 72 horas, lo que incumple el protocolo de búsqueda establecido.

Las familias aprendimos a sobrevivir con la desaparición de nuestro familiar; nuestro mundo se convirtió en la búsqueda de la verdad y justicia. Sabemos en donde desapareció, pero no a donde se lo llevaron. La búsqueda en vida es importante porque los podemos encontrar en situación de calle; recorremos en caravanas con la intención de localizar en centros de detención, CERESOS, CEFERESOS, hospitales psiquiátricos, centros de beneficencia y rehabilitación; queremos encontrar a nuestros desaparecidos con vida, aunque también aprovechamos para buscar en SEMEFOS porque tampoco descartamos la posibilidad de encontrarlos en este lugar; utilizamos medios cibernéticos como un apoyo para nuestra búsqueda; realizamos desde brigadas callejeras vespertinas, hasta brigadas nocturnas; organizamos marchas pacíficas para concientizar a las autoridades y sociedad civil; visitamos iglesias en donde se ofician misas por nuestros desaparecidos y nosotras sus familias; planteles educativos para una visibilización, concientización y prevención.

La omisión de las autoridades prevalece pues no integran en las carpetas de investigación la información que nos aportan en las búsquedas en vida y que se han dado positivos en personas que se encuentran en situación de calle; necesitamos que las autoridades les den seguimiento a esas líneas de investigación, a esos posibles positivos para poder localizarles.

Búsqueda en fosas clandestinas

En Coahuila existe la Ley Estatal de Exhumación e Identificación Forense creada en el 2016;. Del 2017 al 2020 se han recuperado 135 restos; en el 2021 se realizaron cinco exhumaciones masivas en las que se recuperaron 703 cuerpos sin identificar en fosas comunes, de las cuales oficialmente solo se ha reportado un cuerpo identificado y entregado y 14 con posibles cotejos.

Las familias tenemos un papel muy importante porque presionamos a las autoridades para que realizaran este trabajo ante la crisis que vivimos; también nosotras decidimos salir al campo en donde hemos recuperado 115 mil fragmentos óseos y 700 kilogramos de fragmentos, sin contar lo que la fiscalía ya en operativos anteriores había recuperado y que esperan ser procesados y confrontados para obtener un nombre y regresar a casa.

Exigimos el cumplimiento real de su trabajo y no la simulación, exigimos el debido proceso en cada trabajo forense, pues su incumplimiento llevó al estado a tener estas cifras de inhumados sin identificar y familias con el sufrimiento; exigimos que nos muestren paso a paso dónde está lo recuperado, pues ya nos demostraron que se les pierden los cuerpos. Queremos resultados, no voluntades ni simulaciones.

El CRIH, una conquista de las familias en riesgo de convertirse en un hermoso mausoleo

Las entrevistas a prensa siguen siendo el recurso privilegiado por las autoridades de Coahuila para “informar” de supuestos cotejos. De estos a la fecha se tiene un rezago de 837 número mínimo de individuos (NMI), de los que no hay información sobre los procesos de identificación, ni las consecuentes acciones ministeriales necesarias para concluir procesos de identificación, notificación y entrega de cuerpos.

Nos preocupa la postura expresada desde el CRIH y en alianza con la Fiscalía de Personas Desaparecidas de no procurar e integrar la información ministerial a los procesos de identificación forense. El riesgo de que se emitan sólo certificados de muerte desvinculados a los procesos de procuración de justicia puede llevar a concluir que en varios casos no hubo delito como el de desaparición forzada, tipificándolos como simples homicidios entre particulares, lo que perpetuaría la impunidad. Así como el que se repita la práctica de emitir certificados de defunción sin plena identificación y entrega de cuerpos, con tal de “dar resultados”. La estrategia de desaparición de personas está encaminada a desaparecer a nuestros Pueblos.

Siguen desapareciendo a los desaparecidos

La autoridad sigue acumulando y así sigue desapareciendo. Siguen desapareciendo a los desaparecidos. El Gobierno desaparece una, dos y tres veces. Estas exhumaciones han demostrado cómo antes, ayer y hoy, siguen repitiendo las mismas malas prácticas de inhumaciones. No está claro y más bien hay evasivas de qué va a hacer el Gobierno de Coahuila por las graves violaciones a los derechos humanos.

El impacto en la familia, sobre todo en los/as hijos/as

La desaparición forzada se convierte en un viacrucis que cambia la dinámica familiar completamente; cuando el papá desaparece y es quien provee económicamente el hogar, la mamá tiene que hacerse cargo de todo, no solo de la educación, sino también en la manutención; aunado a ello, los hijos e hijas, que en su mayoría eran pequeños cuando ocurrió el hecho, deben enfrentar el impacto en la salud física y emocional. Madres, padres, hijos, hijas, esposas, esposos, hermanas, hermanos, después de tantos años de búsqueda, se enfrentan al deterioro de la salud personal y familiar, situación no atendida por las autoridades; si bien existe el Programa de Familias de Personas Desaparecidas en Coahuila (PROFADE), éste no ha sido suficiente para responder a la urgencia provocada por esta crisis humanitaria.

Autoridades cómplices

Uno de los colectivos documentamos más de 100 casos de desaparición forzada perpetrada por las distintas corporaciones policiacas del estado de Coahuila,  desde el inicio de su operación como Grupo de Armas y Tácticas Especiales (G.A.T.E) en la administración del Ex Gobernador Rubén Moreira Valdés, seguida del cambio de nomenclatura a Fuerza Coahuila y al día de hoy en cualquiera de sus denominaciones: Policía Civil Coahuila (PCC), Policía Especializada Coahuila (PEC), Policía de Acción y Reacción (PAR) dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Policía de Investigación Criminal, Grupo Operativo Especial del Estado GOEE, estas últimas dependientes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Los elementos aprehensores continúan violentando los derechos humanos del detenido y consumando las desapariciones forzadas, pues es evidente el grado de IMPUNIDAD que el Estado permite. Los colectivos hemos desarrollado mecanismos de Búsqueda Inmediata que hoy en día representa el 90% de los casos localizados con vida.

Impunidad y tortura en México-Coahuila

La justicia en Coahuila y en todo México no es ni pronta ni exhaustiva. Tenemos más de diez años en diálogo directo con autoridades, pero, a pesar de los esfuerzos, no hemos encontrado a nuestros seres queridos desaparecidos y cada día son más y más a quienes buscamos. En un estado donde nunca ha habido alternancia de partido en su gobierno, las redes de corrupción están tejidas y afianzadas muy fuertes y por lo tanto muy, muy difíciles de romper.

Los vínculos con la delincuencia organizada de empresas, políticos y gobiernos son evidentes, e incluso comprobadas, como se dio en los Juicios de Texas, donde, pese a sentencias de relevancia por graves crímenes en nuestro país, no se han fincado responsabilidades o se ha sancionado responsables. Lo mismo en la llamada “Masacre de Allende”, donde la verdad y la justicia se entierra o esconde con simulaciones de investigaciones y recomendaciones amañadas de la CNDH.

La tortura es otra de las constantes para con las familias, pues sólo simulan hacer un trabajo que es deficiente, pobre y poco profesional intencionadamente. No es falta de capacitación, es decidida acción de ocultamiento, encubrimiento y protección de intereses de grupo y coaliciones corruptas.

Y pese al mal desempeño, en Coahuila se premia a los funcionarios que son cómplices de la desaparición, acción, omisión o aquiescencia del Estado, que a la vez son corruptos y no hacen su trabajo. Se les premia como magistrados en el poder judicial para seguir entorpeciendo el arduo camino hacia la JUSTICIA.

Por eso afirmamos que la impunidad es la principal problemática en este país, es por esta circunstancia que se han podido cometer delitos de cualquier naturaleza, hasta llegar a los más graves que son los crímenes de lesa humanidad como son la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales.

Por eso pedimos que en esta visita confirmen lo que les comunicamos y nos otorguen a través de sus recomendaciones:

Que se lleve al Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos, y se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.
Apoyo en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que con el acuerdo actual no cumple con lo que necesitamos para una certera identificación y así poder saber quiénes son y con ello regresarles sus nombres, sus derechos, regresarlos a casa, la verdad, justicia, castigo a los culpables, no repetición del delito y una reparación de daño que jamás alcanzará a ser justa.

Firman:

Alas de Esperanza

Buscando Desaparecidos México (BUSCAME)

Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, A.C.

Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M)

Grupo VI.D.A (Víctimas por sus Derechos en Acción)

Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas

Rastreadoras Nacionales de Personas Desaparecidas, A. C. (RANADES)

Organización acompañante:

Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comité ONU sobre Desapariciones defiende sus acciones tras protesta del Gobierno mexicano

Se trata de la primera vez que este Comité activa este mecanismo, que eleva el caso a la máxima instancia de Naciones Unidas.

El Comité sobre las Desapariciones Forzadas emitió este miércoles una nota aclaratoria en la que justifica su reciente decisión de solicitar que la situación de México en esta materia sea tratada en la Asamblea General de la ONU, una petición que ha sido muy criticada por el Gobierno mexicano.

Se trata de la primera vez que este Comité activa este mecanismo, que eleva el caso a la máxima instancia de Naciones Unidas.

Las decisiones del comité que implican referir una situación nacional de desapariciones forzadas a la Asamblea “se toman siempre con extremo cuidado y con gran sentido de responsabilidad”, asegura la nota, en la que se expresa el deseo del Comité de “mantener la cooperación y los intercambios constructivos con México”.

El pasado 4 de abril, el grupo de expertos -cuya misión es vigilar el cumplimiento por parte de los Estados firmantes de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzada– anunció su intención de llevar el caso mexicano a la Asamblea General, en virtud del artículo 34 del tratado.

Esta decisión provocó las protestas de distintas autoridades mexicanas, incluida la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien este martes acusó al Comité de tener “mucho desconocimiento” sobre su país.

El Comité recordó que el artículo 34 (cuyas decisiones no tienen un carácter vinculante) permite llevar casos nacionales a la Asamblea General si recibe información creíble de que las desapariciones forzadas se están cometiendo de forma generalizada o sistemática en un país.

Sheibaum comentó a este respecto que las desapariciones forzadas en México eran perpetradas por “la delincuencia organizada“, no por el Estado, e indicó que se había enviado una nota diplomática al Comité para expresar la disconformidad del Gobierno mexicano.

El Comité afirmó que algunas reacciones tras su decisión “revelan cierta confusión respecto al procedimiento” y aseguró que su decisión de aplicar el artículo 34 se adoptó “por consenso” y sobre la base de denuncias recibidas, de informes -incluido el del Estado parte- y otros elementos.

Asimismo señaló que solicitará información al Estado parte sobre las denuncias recibidas, “lo cual no prejuzga en modo alguno los próximos pasos del procedimiento en virtud del artículo 34“.

Subrayó, por otro lado, que las desapariciones forzadas que cubre la Convención no se refieren solamente a las cometidas por actores estatales, sino también por grupos paramilitares o el crimen organizado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.