Justo con esa premisa, el presidente de la Unión Americana ha iniciado la negociación para, una vez más, doblegar a México en temas que le son de suma relevancia: el combate a los cárteles de la droga, la erradicación de la producción final del fentanilo en el país, el cierre de la frontera sur mexicana, o por lo menos la seguridad para impedir el paso de migrantes.
A pesar de que México ha tenido un severo problema de inseguridad que ha mantenido un crecimiento sostenido desde la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, pasando por el de Enrique Peña Nieto y consolidándose en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con más de 200 mil ejecutados en poco menos de seis años, en las últimas dos administraciones federales el fenómeno criminal se ha minimizado.
La política oficial ha sido ignorar el tema, desestimar los hechos de alto impacto de violencia generados por los cárteles de la droga, acusar campañas desde la oposición para desestabilizar gobiernos, y ponderar a una sociedad que presumen libre de criminalidad, adicciones y delincuencia, aunque nada de ello sea una realidad.
A pesar que en algunas ocasiones los narcotraficantes han sido investigados y se les pretende procesar por actos de terrorismo (los incendios masivos de autos en agosto de 2021, las amenazas a medios de comunicación, la colocación de narcomantas), el Gobierno de México no ha utilizado esa figura o clasificación de delito para emprender una real, concreta e integral estrategia de combate a la criminalidad organizada, disminuir los índices de homicidios dolosos. Aunque eso podría estar a punto de cambiar.
Dos elementos serian el indicio del inicio de un cambio: los decretos de Trump que afectan la economía mexicana, y la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en los Estados Unidos.
En la negociación binacional, México continúa intentando que no surta efecto el incremento a los aranceles a partir del 1 de febrero de 2025; los mexicanos podríamos ganar algo de seguridad, si entre las cuestiones que seda el gobierno de la República, este el combate a los cárteles de la droga y de manera particular a la importación, producción, troquelación, distribución y tráfico de fentanilo.
El jueves 23 de enero de 2025, el INEGI dio a conocer el índice de percepción de la inseguridad en el país, donde resalta que el 61.7 por ciento de los mexicanos consideran que es inseguro vivir en sus ciudad, una situación que no aceptan los gobiernos de Morena, tan no lo hizo López Obrador, como ahora no lo enfrenta la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dicho que México es de las familias, que no hay adicciones, a pesar de la dureza de las cifras de la violencia y la inseguridad, y la claridad de la encuesta del INEGI.
Esta percepción de los mexicanos de sentirse inseguros en las ciudades en las que residen la comparten otros: migrantes extranjeros que han atravesado el país con destino a los Estados Unidos, y que han perdido familiares, que han sido víctimas de atentados, de extorsiones, de muerte. Lo mismo la ahora autoridad del vecino país que incluye a los narcotraficantes en el tema de la migración para justificar un cierre de fronteras o la firma de un decreto para la deportación masiva. Los mexicanos son malos, son peligrosos, es la premisa.
Hace una semana, en Baja California Sur, elementos de la Marina confiscaron 2.2 toneladas de cocaína en los mares de Cabo San Lucas, donde también aseguraron a nueve personas y miles de litros de combustible. Al investigar la autoridad local los hechos, develaron que las toneladas de cocaína llegaron hasta la península sudcaliforniana por una ruta marítima del narco que no estaba vigilada por las autoridades competentes, que los narcotraficantes utilizaron de manera sistemática e impune para trasegar droga por el mar, desde Centroamericana hasta la península bajacaliforniana.
Como esa ruta de trasiego, hay cientos en el país que fueron abandonadas en su vigilancia desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, y en el de López Obrador, durante los cuales fueron eliminados decenas de retenes en carreteras, poblados, cerros, sierras, mares, litorales, abriendo así el paso a los cárteles para el tráfico de drogas en territorio mexicano y hacia el estadounidense.
Resulta importante que, una vez juramentado Trump en la presidencia de los Estados Unidos, y con el decreto firmado para considerar a los cárteles de la droga mexicanos organizaciones terroristas, al tiempo que oficializa el incremento a los aranceles a los productos mexicanos, en el país se intensifiquen los decomisos de toneladas de droga, extradiciones, detenciones e investigaciones, aun asiladas, pero para desentramar redes de narcopolítica.
Quizá -y sólo quizá- en la negociación binacional para llegar a un acuerdo en el tema de los aranceles, se concrete la petición social más ignorada de los últimos años por los gobiernos mexicanos: que combatan frontal y adecuadamente a los cárteles de la droga; que se realicen investigaciones para desmantelar la estructura de lavado de dinero, se detenga y erradique la elaboración y producción de drogas; y finalmente, se detenga a los capos para llevarlos ante la justicia… A ver si de lo malo sale algo bueno.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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