El organismo de derechos humanos Centro Morelos estima que en el último sexenio unas 25 mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno en Guerrero, pero no conocen la cifra que huyó hacia los Estados Unidos.
El Estado mexicano, agrega el organismo, no cuenta con un marco jurídico que evite o atienda el desplazamiento forzado, el retorno y la reparación integral del daño.
En un comunicado firmado por Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Morelos se señala que a las autoridades mexicanas parece no preocupar las acciones en contra de migrantes legales e ilegales del país emprendidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al inicio de su segundo mandato.
“Nuestros compatriotas están aterrorizados ante las redadas que ya se están realizando”.
Tampoco, agrega el documento, les preocupa que de un plumazo se haya eliminado el derecho de asilo.
Asegura que una gran cantidad de inmigrantes no pueden retornar a México de manera segura. Es el caso de los desplazados de Guerrero y Michoacán a quienes no les quedo otra alternativa que pedir asilo político o pasar de ilegales a Estados Unidos ante la violencia criminal que asecha a sus pueblos.
“Son cientos de familias víctimas de desplazamiento forzado interno las que están en riesgo de deportación y de ser asesinadas al retornar a sus pueblos”, alerta.
Indica que el Centro Morelos da acompañamiento a 290 personas, entre ellos 82 niños y niñas, mientras que el colectivo de Desaparecidos de la Costa y Feminicidios en Michoacán (Decofem) acompaña a otras 300 personas en la misma condición.
Por su parte el Estado mexicano, agrega la defensora en el comunicado, no cuenta con un marco jurídico que evite o atienda el desplazamiento forzado, el retorno y la reparación integral del daño.
“No sabemos hasta donde las autoridades mexicanas estén preparadas para recibir a cientos de personas que puedan ser deportadas, cuando ni siquiera han podido atender a todos los afectados por el huracán John en Guerrero”, cuestiona.
Los niños de la región de la Sierra guerrerense llevan dos años y medio recibiendo sin clases debido a que sus maestros no pueden subir a sus comunidades por falta de seguridad.
“Viven bajo una lluvia de balas, mientras huyen para salvar sus vidas siendo criminalizadas por el mismo gobierno y por personas de los lugares donde llegan a refugiarse”.
En el texto cita el caso de las víctimas desplazadas de la sierra de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Zitlala, cuando el 17 de noviembre de 2018 en la comunidad de Campo de Aviación el gobierno los abandonó a su suerte al ser recibidos a balazos.
El hecho ocurrió, señala, cuando cientos de personas intentaron regresar a sus comunidades.
“El gobierno del estado se declaró incompetente y dejó la responsabilidad al gobierno federal".
En casos como ese, las familias optaron por migrar a Estados Unidos, sin pensar que allá sufrirían discriminación y explotación laboral.
“¿Cuál es la esperanza que tienen las víctimas de desplazamiento en Guerrero y que serán deportados con una gobernadora (Evelyn Salgado) que no tiene la voluntad política ni la sensibilidad humana para garantizar la vida, paz y oportunidades de vida digna para las personas que tuvieron que desplazarse y migrar a causa de la violencia?”.
El gobierno estatal y federal, añade, debe pensar y actuar seriamente para evitar más desplazamientos forzados y la necesaria migración para salvar la vida.
“Los poderes legislativos federales y estatales deben aprobar un marco legal que realmente cumpla con nuestros derechos humanos en general y de las víctimas de desplazamiento forzado interno que permanecen en México y las deportadas”, finaliza el Centro Morelos.
El organismo de derechos humanos estima que en el último sexenio unas 25 mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno en Guerrero, pero no conocen la cifra que huyó hacia los Estados Unidos.
Tampoco las autoridades lo han informado.
Este viernes en Chilpancingo, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que las familias de las víctimas de la violencia en esta entidad no han recibido desde hace tres meses apoyo de despensa por parte del gobierno estatal.
“No han recibido lo básico, no hay compromiso con las víctimas, no hay reconocimiento público y sobre todo no hay un presupuesto destinado para atender este grave problema”.
La titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero, Silvia Rivera Carbajal, ha informado que en los tres primeros días de gobierno de Donal Trump, 168 migrantes guerrerenses han sido deportados, pero que luego de entrevistarse con ellos en refugios de la frontera solo una señora y su hijo le manifestaron su deseo de regresar al estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.
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