Aunque desde 2022 se han registrado víctimas de la explosión de minas cuya colocación es atribuida a grupos del crimen organizado que se disputan el territorio, en los últimos meses aumentó el número de incidentes en los municipios de Apatzingán, Buenavista Tumbiscatío y Cotija.
Aunque desde 2022 se han registrado víctimas de la explosión de minas cuya colocación es atribuida a grupos del crimen organizado que se disputan el territorio, en los últimos meses aumentó el número de incidentes en los municipios de Apatzingán, Buenavista Tumbiscatío y Cotija, en los que han perdido la vida campesinos, soldados y recientemente un maestro rural de telesecundaria.
Cuestionado al respecto durante una rueda de prensa, Oseguera Cortés reconoció que “hay muchos artefactos” explosivos en esa zona e indicó que personal de la SSP está participando junto con autoridades federales para su desactivación.
El pasado 30 de diciembre, la SSP informó que durante 2024 decomisó 3 mil 171 granadas y explosivos, así como 291 kilogramos de explosivos, aunque no especificó cuáles corresponden a minas terrestres.
“Con el impulso del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, se colaboró estrechamente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la localización y desactivación de estos artefactos operados por células delincuenciales”, señaló.
Después de la muerte del profesor Ramón Paz Salinas como consecuencia del estallido de una mina en una brecha del municipio de Apatzingán, la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandó a las autoridades atender la situación de inseguridad y violencia que generan casos como el del maestro fallecido.
“El magisterio acusa que este tipo de situaciones no debería ocurrir y tendría que haber condiciones para que la población en general transite por el territorio sin riesgo de ser víctima de hechos fatídicos como el del docente que acudía como todos los días a impartir clases”, refirió la CNTE en un comunicado.
La organización hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfredo Ramírez “para que se esclarezca este hecho lamentable y que no quede en la impunidad como sucede con miles de casos en la entidad”.
Asimismo, demandó a la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, buscar los medios para garantizar la seguridad de todos los trabajadores de la educación en Michoacán al momento de trasladarse a sus centros de trabajo, y en especial a quienes trabajan en zonas rurales consideradas de alto riesgo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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