"Lo que les da todo el margen para matar, amenazar, pretender una campaña de terror contra la sociedad o contra quienes ejercen el periodismo".
La enorme mayoría de los más de 200 mil homicidios dolosos que sucedieron durante la administración pasada, encabezada por Andrés Manuel López Obrador del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre del 2024, permanecen en la impunidad, tal cual los miles de casos fatales que se han acumulado desde el 1 de octubre cuando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en tomar posesión de la presidencia de la República
Este nivel de injusticia da al crimen organizado, sean cárteles, células de narcomenudistas, distribuidores de droga, traficantes de personas, secuestradores, extorsionadores, permiso para matar.
Con esa garantía debido a la ineficacia, ineptitud o corrupción de las fiscalías, los criminales amenazan con matar, cobran piso, ejecutan privaciones de la libertad y causan terror en la población. Finalmente la ventaja la tienen ellos frente a ciudadanos indefensos, desprotegidos y vulnerados por las autoridades que con su voto y sus impuestos mantienen.
Y por si este catastrófico contexto en México no fuese suficiente para ser el país que tiene las ciudades más violentas, sin atravesar por una guerra, está la confabulación insana de corporaciones policiacas, policias, agentes investigadores, ministeriales, mlitares, guardias nacionales o elementos municiales, entre muchos otros, con estos grupos delincuenciales.
La realidad es que ninguna estructura criminal, ni de narcotraficantes ni de extorisionadores ni de secuestradores o narcomenudistas, podría subsistir, desarrollarse, crecer, conquistar “plazas”, dominar calles, si no fuera por la complicidad del Estado, en cualquiera de sus órdenes o corporaciones de seguridad, investigación y justicia.
En ese contexto, en Baja California, además de una extensión de la narcoguerra que se sostiene en Sinaloa desde la aprehensión en los Estados Unidos de Ismael Zambada García, el Mayo, las mafias libran otras batallas en donde sea, a cualquier hora y a la vista de todos, vulnerando a la sociedad. Hay, vaya, enfrentamientos entre mayos y chapos en la península bajacaliforniana en sus linderos con el estado de Sonora que se resumen en una pelea sangrienta en esta frontera entre el cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el de los Arellano Félix que a pesar de haberlos declarado extintos ahí siguen en la violenta lucha por controlar no solo la venta y la distribución de enervantes, también las rutas de trasiego de México hacia el norte. Es particularmente notoria, una pugna interna en el CAF (cártel Arellano Félix) que no fue desmantelado a pesar de la aprehensión de su mala afamada prole. Se trata de dos células criminales que pretenden continuar con el legado de esta familia de narcotraficantes.
En la última edición impresa del semanario ZETA, aunque se ha venido documentando desde hace años, se publicó un reportaje que reveló tres escalofriantes escenarios:
Primero, la negociación entre una célula del CAF, encabezada por Pablo Huerta Nuño, apodado el Flaquito, con presuntos emisarios de los mayos en Sinaloa, representados criminalmente en BC por los hermanos Arzate, para unir armas y enfrentar a los adversarios de los hijos del depuesto cofundador del cártel de Sinaloa.
Segundo, la huída del criminal conocido como el Flaquito, de una reunión que sostuvo en el casino principal del ex priísta, ex candidato al gobierno de Baja California y ex reo del penal de mediana seguridad de El Hongo, Jorge Hank Rhon, cuando logró evadir un operativo establecido por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, al sobornar a los oficiales con 300 mil dólares. Ahí lo dejaron ir, como expuso el encabezado de ZETA en la edición del 20 de diciembre de 2024.
Y tercero, que, el enfrentamiento entre dos células del CAF, de nuevo la del Flaquito, y otra encabezada por un hombre de raíces mexicanas nacido en los Estados Unidos, llamado Brayan Corona y apodado el Apache, que ha dejado ya varios muertos, personas de bien secuestradas, extorsionadas con cobros de piso y mucha inseguridad en Baja California, sobre todo en Tijuana.
El domingo 29 de diciembre, dos días después de la puesta en circulación de la edición de ZETA, conteniendo la información referida, personas no identificadas ni detenidas colgaron una manta en una zona cercana a la línea fronteriza entre Tijuana y San Diego, en la cual hicieron referencia al semanario ZETA.
El mensaje, muy confuso, sin orden en la redacción, con expresiones crípticas y faltas de ortografia, es adjudicado a “las flechas”. Los investigadores asumen que es la célula del Apache, porque con esa denominación se conoce a la etnia indígena que dominó territorios en las llanuras de los Estados de la Unión Americana como Arizona y Texas, o Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, en territorio mexicano. Su arma predilecta eran flechas.
A la letra, el mensaje escrito en una manta con tinta negra, dice así: “Esto va para todos los lacras CDS traicioneros y periódicos las flechas no tienen que ver con los hermanos ni tregua ni nada, esta guerra es entre cabrones no contra mujeres y niños como lo hicieron en SD y en TJ. No an podido ni podrán X (dos flechas entrecurazadas) 19 100% FLECHAS los comerciantes que han matado es por el cobro de piso de los mismos CDS. Quieren calentar a las flechas periódico ZETA dónde quedó tu reputación ahora tus notas son sin fundamento Tijuana para los tijuanenses. Atte: La FEA”.
Por FEA, los investigadores refieren se identifican “las Fuerzas Armadas del Apache”, y evidentemente el criminal, por cierto y de acuerdo a la fiscalía general de Baja California, sin orden de aprehensión, pretende con suma audacia, deslindarse de varios de los hechos investigados y revelados en la edición de ZETA.
Del caso, se supone que se han abierto carpetas de investigación en las fiscalías estatal y de la República con sede en Baja California, pero no ha habido ni detenidos ni avances para determinar quiénes realmente guindaron la manta que vulnera a quienes trabajan en el semanario fundado por don Jesús Blancornelas, quien en 1997 sobrevivió a un atentado orquestado por el CAF.
Pero es precisamente esa impunidad que el gobierno en sus tres niveles provee a los cárteles de las drogas, y a las células que los conforman, lo que les da todo el margen para matar, amenazar, pretender una campaña de terror contra la sociedad o contra quienes ejercen el periodismo, por cierto una profesión de riesgo en un México donde no hay justicia, la muerte a manos del crimen se normaliza y la colusión de las autoridades con los criminales ya es, francamente, un descaro.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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