«La población manifiesta un temor fundado de que estas agresiones continúen afectando gravemente la vida de los habitantes, además de agravar la situación de desplazamiento forzado en la región», señalaron en una acción urgente la Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).
Indicaron que entre las agresiones documentadas se encuentran daños materiales a viviendas, escuelas, el centro de salud y otros espacios comunitarios, así como disparos contra los pobladores que intentan transitar por los caminos y accesos bloqueados de las comunidades en la región.
Las organizaciones exigieron a las autoridades que garanticen la integridad física y la seguridad de la población civil, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y personas mayores, y que provean ayuda humanitaria inmediata a las personas desplazadas y a las comunidades aisladas.
«Asimismo, solicitamos la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para monitorear y visibilizar la crisis de derechos humanos generada por la falta de paz, seguridad y justicia en Michoacán. Instamos a todas las instancias internacionales a emitir pronunciamientos urgentes y exigir al Estado mexicano una respuesta inmediata y efectiva», subrayaron la Red Solidaria y la Red TDT.
COMUNICADO:
La Red Solidaria de Derechos Humanos A.C. ha recabado testimonios de habitantes de la localidad de Coahuayula que señalan las siguientes acciones perpetradas por grupos de la delincuencia organizada:
- El bloqueo de caminos y accesos a las comunidades, así como disparos contra población civil que intenta transitar por ellos, además de ataques con armas de fuego dirigidos hacia las zonas habitadas de la comunidad.
- Daños materiales significativos, que incluyen la afectación a viviendas, escuelas, el centro de salud y otros espacios comunitarios.
- Amenazas directas a la vida de las personas residentes, incluyendo niñas, niños y personas adultas mayores, tanto en Coahuayula como en otras localidades.
La población manifiesta un temor fundado de que estas agresiones continúen afectando gravemente la vida de los habitantes, además de agravar la situación de desplazamiento forzado en la región.
Ante la grave crisis de derechos humanos en la región Sierra Costa de Michoacán, urgimos a las autoridades competentes a implementar las siguientes acciones:
Protección inmediata a la población civil
- Desplegar fuerzas de seguridad, especialmente elementos del ejército y de la Guardia Nacional, en puntos estratégicos de acceso y salida de las comunidades afectadas con el posterior retiro gradual, de la mano con una estrategia de prevención, protección y seguridad que garantice la paz en la región.
- Garantizar la integridad física y la seguridad de la población civil, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y personas mayores.
Acceso a la justicia y la reparación del daño
- Localizar y garantizar el regreso con vida del maestro José Gabriel Pelayo Zalgado, defensor comunitario del pueblo Nahua, desaparecido el 19 de marzo de 2024.
- Investigar los ataques y procesar a los responsables conforme a derecho.
- Investigar el asesinato de Eustacio Alcalá Diaz defensor comunitario del pueblo Nahua de Michoacán.
Condiciones para la vida digna
- Implementar medidas para garantizar el acceso a servicios básicos, como salud y educación, actualmente interrumpidos por la violencia.
- Proveer ayuda humanitaria inmediata a las personas desplazadas y a las comunidades aisladas.
Participación comunitaria para construir políticas de protección y reconstrucción social en la región
- Convocar a mesas de diálogo con autoridades estatales, federales y comunidades afectadas para diseñar e implementar estrategias integrales de seguridad y reconstrucción social en la región.
Asimismo, solicitamos la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para monitorear y visibilizar la crisis de derechos humanos generada por la falta de paz, seguridad y justicia en Michoacán. Instamos a todas las instancias internacionales a emitir pronunciamientos urgentes y exigir al Estado mexicano una respuesta inmediata y efectiva. OACNUDH, CIDH.
Autoridades:
Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo
atencionciudadana@presidencia.org.mx
Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla
subsedhpm@segob.gob.mx
Titular de la Unidad de de Derechos Humanos: Dr. Froylan Enciso
fenciso@segob.gob.mx
Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Pieda
presidencia.cndh@cndh.org.mx
Gobierno del Estado de Michoacán: Alfredo Ramírez Bedolla
spg.michoacan.gob.mx
Secretaría de Gobierno de Michoacán: Carlos Torres Piña
segobcomsoc@michoacan.gob.mx
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán: Juan Carlos Oseguera Cortés
oficialia.ssp@michoacan.gob.mx
Secretaría de Bienestar Michoacán: Andrea Janet Serna Hernández
bienestar.mic.cs@gmail.com
Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas: Tobyanne Ledesma Rivera
mecanismo@segob.gob.mx
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI): Adelfo Regino Montes
aregino@inpi.gob.mx
INPI Michoacán: Celerino Felipe Cruz
cfelipec@inpi.gob.mx
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: Jorge Gómez Ramírez
direccion.cedpi@michoacan.gob.mx
Fiscalía General de la República: Alejandro Gertz Manero
alejandro.gertz@fgr.org.mx
Fiscalía General del estado de Michoacán: Adrián López Solís
secretariatecnica@fiscaliamichoacan.gob.mx
Comisión Estatal de Derechos Humanos: Marco Antonio Tinoco Álvarez
presidencia@cedhmichoacan.org
Firmantes
Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
Antecedentes
Desde 2023, los territorios Nahua de la Sierra Costa de Michoacán han sido blanco de violentos ataques perpetrados por grupos armados vinculados al crimen organizado. La situación se ha agravado con el uso de armas de alto calibre y explosivos, lo que ha resultado en asesinatos, desplazamientos forzados y el asedio constante a comunidades enteras.
Estos ataques han afectado gravemente a la población civil, incluidas niñas, niños, mujeres y personas adultas, provocando la destrucción de viviendas, la pérdida de vidas humanas y el aislamiento total de algunas comunidades.
Entre 2023 y 2025, organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales, así como diversos medios de comunicación han visibilizado la situación de peligro que enfrentan estas comunidades. La documentación de estos hechos permite identificar causas profundas, como la ausencia sostenida de paz y seguridad, así como la falta de garantías en el acceso a la justicia. Estas condiciones agravan el impacto de los delitos que afectan a la población.
Referencias de esta problemática son la falta de verdad, memoria y justicia en el caso del asesinato de Eustacio Alcalá, ocurrido en 2023, que sigue impune; así como la ausencia de avances en la investigación sobre la desaparición forzada de José Gabriel Pelayo.
Contacto
Claudia Ignacio Alvarez. Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.
Cel. 4432369320
AUTOR: REDACCIÓN.
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