La oposición celebró los cambios, pero mantuvo su crítica a la creación de una empresa sin controles ni auditorías que manejará los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores.
Luego de cuestionamientos de diversos entes sociales a la reforma de la Ley Infonavit y de que fuera aprobada en fast track en el Senado, las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro aprobaron cambios a la minuta, la cual se prevé sea discutida en el Pleno el 1 de febrero, en el inicio del segundo periodo ordinario de la LXVI legislatura.
La iniciativa regula la organización, administración, operación, desarrollo, control, vigilancia y rendición de cuentas del Instituto, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones; asimismo, establece que el Instituto podrá construir viviendas, para lo cual creará una empresa filial en términos de la legislación mercantil.
La minuta se aprobó en lo general con 46 votos a favor y 10 en contra, en donde la Cámara Baja realizó cambios a varios artículos y transitorios a la minuta aprobada en el Senado, entre los cuales se encuentran:
Se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público validará el régimen del fondo de inversión que administra el Infonavit y que se compone con el ahorro de las personas trabajadoras derechohabientes que no se destine al otorgamiento de créditos, inversión en construcción o presupuestos de operación.
También que la Comisión de Vigilancia se integrará con nueve miembros: tres propuestos por el gobierno federal, tres representantes de los trabajadores y tres a propuesta de los representantes patronales, contrario a lo establecido en el texto anterior, que proponía que fueran cinco representantes del gobierno federal y sólo dos de los demás representantes.
Por otro lado, la iniciativa propone que el Comité de Auditoría se integrará en forma tripartita con un miembro por cada representación, mientras que en el texto anterior el comité se integraría con tres integrantes designados por el gobierno federal, uno del sector de los trabajadores y uno del sector empresarial.
Asimismo, el Comité de Transparencia se integrará en forma tripartita por un representante del sector de las personas trabajadoras y uno del sector empresarial y uno del gobierno federal; en la propuesta inicial se establecía que el Comité se integrará por un representante del sector de las personas trabajadoras, uno del sector empresarial y tres del gobierno federal.
Morena a favor, PRI y PAN en contra
Durante la discusión en las Comisiones, los diputados opositores celebraron los cambios realizados a la minuta enviada por el Senado, sin embargo, cuestionaron la discrecionalidad y el uso de los recursos de la institución.
La diputada priista, Laura Ivonne Ruiz Morena, afirmó que la propuesta está plagada de medidas que centralizan el poder y eliminan la transparencia, además de tener puntos alarmantes como la opacidad, corrupción y la creación de una empresa filial sin controles ni auditorías.
"Los puntos alarmantes son la opacidad y corrupción, la creación de una empresa filial sin controles ni auditorías vulnerables, en la rendición de las cuentas y abre la puerta al mal uso de los recursos. Estamos hablando de 2.4 billones de pesos, el esfuerzo acumulado de generaciones de trabajadoras y trabajadoras de México. ¿Qué garantía hay en que este dinero será utilizado de manera responsable y en el beneficio de quienes lo generan?”, cuestionó.
Por su parte, el diputado panista, José Guillermo Anaya Llamas, celebró que hubo cambios a la minuta, sin embargo, anunció su voto en contra porque podría existir corrupción en el manejo de los recursos que tendrá a su disposición, que son ahorros y aportaciones de las y los trabajadores.
“Reconocí el trabajo de que sí se modificaron algunas cuestiones para que tuviera la misma participación los empleadores como los trabajadores, pero la cuestión de fondo en la que no estamos de acuerdo es, en esta empresa filial que va a terminar siendo un fracaso y que pone en riesgo todos los ahorros de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, por eso insistimos en que nuestro voto va en contra”, finalizó.
La iniciativa será discutida el 1 de febrero en el Pleno de la Cámara de Diputados con todos los cambios realizados. Si se aprueba, regresará al Senado para posterior discusión, posible aprobación y entrada en vigor.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.
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