Denunciaron que la decisión viola el artículo 105 de la Constitución, que prohíbe modificar las reglas de un proceso electoral una vez iniciado, y el artículo 96, que establece que la selección de candidaturas es competencia exclusiva del CEPJF.
A través de comunicados, expresaron su preocupación por la reciente resolución del TEPJF, emitida el 27 de enero de 2025, que designa al Senado de la República para realizar una insaculación pública en la conformación de la lista de candidaturas, sustituyendo al CEPJF, y calificaron la acción como inconstitucional.
Los colectivos, encabezados por el grupo #LaJusticiaQueQueremos, denunciaron que esta decisión viola el artículo 105 de la Constitución, que prohíbe modificar las reglas de un proceso electoral una vez iniciado, y el artículo 96, que establece que la selección de candidaturas es competencia exclusiva del CEPJF.
De igual manera, señalaron otras irregularidades, como el incumplimiento de resoluciones judiciales por parte de los poderes de la Unión y el Instituto Nacional Electoral; la falta de transparencia en la publicación de expedientes de candidatos y la modificación de listas de postulantes sin explicaciones claras.
“Habiendo señalado en múltiples ocasiones (antes, durante y después de la aprobación de la reforma judicial) los riesgos de la misma y, en particular, que la impartición de justicia sería más lenta e ineficiente, además de afectarse la independencia judicial de las personas juzgadoras y la autonomía de los poderes judiciales del país, desde el colectivo #LaJusticiaQueQueremos hemos insistentemente reiterado nuestra preocupación con respecto a la falta de certeza jurídica y el escaso rigor técnico en el proceso de elección de las personas juzgadoras a nivel federal, por lo que urgimos a todas las autoridades a apegarse al texto constitucional”, informaron.
Por su parte, la BMA también expresó su preocupación por la decisión del Senado de emplear la insaculación como único criterio para la selección de jueces, magistrados y ministros.
“La BMA ve con mucha preocupación que los criterios políticos y no los jurídicos están imperando para impulsar los procesos de implementación de la reforma a los poderes judiciales. Esto ha generado situaciones de conflicto competenciales que incluso llevaron a que todos los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación renunciaran ante la imposibilidad jurídica de continuar con su tarea”, manifestaron.
Las organizaciones coincidieron en que esta situación pone en riesgo el orden constitucional, la independencia judicial y el acceso a la justicia. Asimismo, recalcaron que la protección de los derechos humanos a través del amparo podría verse afectada, al igual que el equilibrio entre los poderes políticos.
"La llamada reforma judicial no puede ser tan importante como para destruir el orden constitucional, minar la función de protección de derechos humanos del amparo, llevar a un enfrentamiento de poderes políticos y, sobre todo, minar el acceso a la justicia y sus garantías, como la independencia judicial", puntualizó la BMA.
Ante este panorama, los colectivos exigieron a las autoridades garantizar el respeto al estado de derecho y pidieron al Poder Ejecutivo abstenerse de interferencias en el proceso.
También pidieron al Poder Legislativo restaurar el papel del Comité de Evaluación y transparentar la selección de candidaturas, y al Tribunal Electoral respetar la autonomía del Poder Judicial.
"Insistimos, por último, en la apremiante necesidad de un diálogo nacional en torno a una reforma judicial integral y su implementación, reiterando que la reforma hoy vigente no es la reforma en materia de justicia que México requiere", concluyeron las organizaciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS CRUZ.
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