Las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortíz votaron en contra de modificar las reformas a la ley electoral en materia de elección judicial, por lo que quedaron intactos los llamados ‘superpoderes’ a la presidenta del INE y la posibilidad de que candidatos a elección judicial usen su propio dinero para la campaña.
Esto ocurrió luego de que las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortíz Ahlf votaron en contra de modificar las reformas a la ley electoral, en materia de elección judicial, por la que por primera vez en la historia se elegirán cargos de jueces, magistrados y ministros por voto popular de todo el país.
De esta forma, con seis votos a favor y tres en contra -con la ausencia de la ministra Margarita Ríos Farjat- el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no alcanzó los votos necesarios para echar abajo los llamados ‘superpoderes’ que se le otorgaron a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei y el tema del financiamiento de campañas.
Durante la sesión, el Pleno de la Corte discutió esta impugnación promovida por los partidos políticos Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en contra las reformas realizadas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
El primer tema que provocó la división en el Pleno fue la invalidez del artículo 45 numeral 1 inciso e y p, en los cuales agregaron los ‘superpoderes’ a la presidencia del INE por la que ahora puede “proponer al Consejo General el nombramiento del Secretario Ejecutivo” y “designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto”.
En este apartado, seis ministros determinaron que debía declararse inválido dado que “la propia norma es contradictoria”, pues en el mismo artículo se establece que ese tipo de decisiones se deben tomar por todos los consejeros del INE, señaló la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte.
En contraste, las ministras Esquivel, Batres y Ortiz determinaron votar en contra de cualquier modificación.
La ministra Lenia Batres argumentó su voto al asegurar que estas atribuciones no limitan las facultades de los demás consejeros e incluso equiparó la situación con la Suprema Corte, donde también rige un órgano colegiado de 11 ministros pero en el que la ministra Presidenta toma decisiones y determina nombramientos.
La votación quedó 6 a favor y tres en contra, por lo que no se alcanzó la mayoría calificada requerida para echar abajo tal disposición.
El Pleno de la Corte también entró a debate sobre el artículo 522 numeral 1, donde la reforma establece que “las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos”.
En otras palabras, el proyecto de la Corte proponía invalidar el artículo 522 de la LGIPE por el que se crearon los “gastos personales”, por ser contrario a la Constitución que sólo contempla dos tipos de financiamiento de candidaturas: público y privado
Este tema fue abordado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al advertir que “es injusto que una persona por el simple hecho de tener más dinero que sus adversarios gane una elección”.
“¿No tendría que haber un impedimento para evitar que se vote por la disposición que directamente beneficia a quienes son candidatas?”, cuestionó Laynez.
Sin embargo, este punto no prosperó debido a que para discutir un impedimento este debe ser propuesto por los mismos ministros previo a la sesión para después ser votado por el Pleno.
Las ministras Ortíz y Batres incluso advirtieron que sí analizaron la posibilidad, pero insistieron en que la Suprema Corte ha sido constante en que los impedimentos son excepciones muy puntuales y en la discusión de normas generales normalmente no aplica.
Finalmente, el último asunto a discutir fue respecto a la ley de medios de impugnación, pues el proyecto planteaba dejar inválidos aquellos preceptos que dejaban inexistente la apelación en segunda instancia, pero la votación de quedó nuevamente 6 a 3.
De esta forma, pese a las posturas de seis de los 9 presentes, la Corte dejó intactas las reformas a las leyes secundarias electorales en materia de la llamada elección judicial.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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