En un comunicado cuestionaron la iniciativa de reforma que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, porque “no protege a cabalidad nuestros maíces y los sigue dejando a merced de las empresas transnacionales semilleras y sus nuevas tecnologías de modificación genética”.
“¡Sembrar la tierra y comer sano son actos políticos de resistencia!, hagámoslos conscientemente”, afirmaron las organizaciones que integran el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca que luchan para evitar que circulen granos transgénicos o de la industria biotecnológica organismos genéticamente modificados (OGMs) en el país.
Las organizaciones hicieron hincapié que “sin semillas libres no puede haber soberanía alimentaria”, razón por la que cuestionaron la iniciativa de reforma que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, porque “no protege a cabalidad nuestros maíces y los sigue dejando a merced de las empresas transnacionales semilleras y sus nuevas tecnologías de modificación genética”.
Consideran que la iniciativa de reforma constitucional que presentó la mandataria, el pasado mes de enero para “declarar el maíz como elemento de identidad nacional y establecer la obligación del Estado de garantizar el cultivo de maíz libre de transgénicos en el territorio nacional”, tampoco protege la salud de la población mexicana.
Ya que la iniciativa deja “que los granos de maíz OGM entren a nuestro país para ser utilizados por la industria, ya que la mayoría de alimentos chatarra, aceites comestibles y substitutos de azúcar para refrescos, entre otros, se producen con granos OGM, aunque no solo de maíz, poniendo en riesgo la salud de quienes no pueden escoger alimentarse sanamente, o sea la mayoría de la población, incluida la niñez”.
En su pronunciamiento en defensa de los maíces nativos mexicano, recuerdan que 23 años después de la contaminación transgénica, descubierta en la Sierra Juárez de Oaxaca, ningún gobierno ha establecido políticas para descontaminar las semillas nativas, lo cual es “un atentado contra nuestras culturas y la diversidad genética del país de origen del maíz”.
Consideran que “no estaríamos hablando del tema si México no hubiera perdido la controversia con Estados Unidos, que lo obliga a dejar pasar a nuestros territorios las importaciones de maíz transgénico”.
Sin embargo, resaltan, “el asunto de fondo es que los gobiernos mexicanos han firmado tratados comerciales: TLC y TMEC (por cierto, sin haber consultado a los pueblos indígenas), que violan nuestra soberanía nacional”.
Denunciaron que “con los tratados comerciales México fue obligado a dejar de subsidiar al campo para que los campesinos mexicanos no incurrieran en una ‘competencia desleal’ frente a los granjeros estadounidenses. Como resultado el campo mexicano ha sido empobrecido brutalmente, se ha priorizado la producción de exportación y como consecuencia nuestro país tiene que importar granos básicos, como el maíz, para alimentar a la población humana y animal (que han establecido en el territorio nacional por la existencia de laxas regulaciones ambientales)”.
“Con el TMEC en particular también se obliga a México a legislar en los términos del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que facilita la privatización de las semillas, en grave detrimento de las comunidades indígenas del país, que son depositarias de un valioso legado que no se puede medir en dinero”.
“Ya sabemos que permitir que circulen granos transgénicos o de la industria biotecnológica organismos genéticamente modificados (OGMs)por el país es un atentado contra el corazón de las culturas indígenas”.
Recordaron que desde el año 2001 se dio a conocer que los maíces nativos mexicanos fueron contaminados por este tipo de organismos vivos modificados artificialmente. La contaminación llegó a un lugar aislado como la Sierra Juárez de Oaxaca a través de los granos para consumo humano y para consumo animal, que distribuyó DICONSA como si fueran para consumo humano.
¿Por qué llevar a la Constitución una regulación sobre una tecnología obsoleta?, se preguntaron.
Y se respondieron que “actualmente se están elaborando por la industria biotecnológica organismos genéticamente modificados (OGMs) que no quedan comprendidos en la definición de transgénicos que se plasma en el artículo 4º transitorio de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El cabildeo que realiza la industria biotecnológica prefiere que se le llame” edición genómica” a los organismos producidos con las tecnologías Crispr-Cas9, Talen y otras, para que no queden regulados por las leyes sobre los desprestigiados transgénicos u OGMs y en consecuencia puedan ser liberados al ambiente sin pasar por evaluaciones de riesgo a la salud humana y al ambiente.
“Lo peligroso de esas nuevas tecnologías que quedan fuera de la reforma constitucional es que además de manipular cultivos como el maíz, también pueden modificar especies silvestres, con el objeto de hacer “ingeniería genética de ecosistemas”, para acabar con plagas y “malezas”; lo que podría provocar la desaparición de especies enteras, como un quintonil que se ha hecho resistente al glifosato y que para los mexicanos es alimento.
El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca expresó que en esta declaración busca no dejar de señalar los peligros a los que nos han empujado las políticas neoliberales y, en consecuencia, “exigimos al estado mexicano defender efectivamente la soberanía nacional sin simular protección de nuestros maíces nativos”.
A la presidenta le recomendaron que “revise que entre los funcionarios de su gobierno no haya traidores al servicio de esas empresas y del gobierno de los Estados Unidos como ha sucedido en el pasado reciente. Sacar la agricultura de los Tratados Comerciales y en consecuencia trazar políticas que pongan énfasis en la producción de alimentos sanos”.
Mencionaron que “es urgente transitar de la agricultura convencional de paquetes tecnológicos que contienen semillas artificiales y agrotóxicos que ya enferman cuerpos de niños y campesinos, a la adopción de sistemas agroecológicos y tradicionales, entre otros, adecuados a las diferentes regiones y ecosistemas del país”.
Y finalmente, hicieron un llamado a las personas, organizaciones y comunidades indígenas, campesinas y urbanas a: “¡Seguir trabajando la tierra y comer alimentos sanos! a pesar de las políticas públicas que se han establecido para que se deje de cultivarla y en consecuencia se siga aportando mano de obra barata al capital nacional y trasnacional”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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