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Renuncia mando policial de Puebla tras protesta de agentes municipales por asesinato de dos compañeros

Policías municipales de Puebla exigieron la renuncia de mandos de la Secretaría de Seguridad luego de que dos agentes fueron asesinados.

Gustavo Alonso González Zapata, subsecretario de Operatividad Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, renunció a su cargo luego de que policías exigieran su salida tras el asesinato de dos compañeros.

La madrugada de este 1 de marzo, sujetos armados a bordo de vehículos atacaron a tiros a dos policías municipales en la colonia Del Valle, ubicada al norte de Puebla, quienes “perdieron la vida de manera inmediata”.

Tras la agresión, se desplegó un operativo conjunto entre policías municipales y estatales, así como la Marina, Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad federal para localizar a los responsables, sin que hasta el momento se reporten detenidos.

Ante estos hechos, los policías de Puebla realizaron una manifestación en el Zócalo de la ciudad, en exigencia de la renuncia del titular de Seguridad, Fernando Rosales, y del subsecretario de Operatividad Policial, Gustavo Alonso Gonzalez.

Los agentes denunciaron que reciben malos tratos por parte de los mandos policiales, que no respetan sus horarios laborales y que, incluso, presuntamente les rentan las patrullas para trabajar.

Poco tiempo después de que la manifestación llegara al Zócalo de Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que Gustavo Alonso González había presentado su renuncia “con carácter de irrevocable”.

Por su parte, el secretario Fernando Rosales aseguró que brindarán “todo el apoyo” a las familias de las víctimas y que la prioridad es la seguridad y tranquilidad de los poblanos y de quienes integran la dependencia.

En lo que va de 2025, han sido asesinados al menos 78 policías, en promedio 1 cada día, de acuerdo con datos recopilados por la organización Causa en Común, de los cuales cuatro corresponden al estado de Puebla.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cobraron a comerciante 20 mil pesos de extorsión y fueron detenidos en Edomex: SSEM

La SSEM informó que las primeras investigaciones sugieren que podrían tener vínculos con un grupo criminal originario del estado de Michoacán.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvo a dos hombres presuntamente involucrados en el delito de extorsión en la localidad de Los Matorrales. 

La acción se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana al número de emergencias 911, donde se reportó que seis hombres armados a bordo de dos vehículos, una camioneta Nissan Estaquitas roja y un Chevrolet Aveo blanco con cromática de taxi, exigieron 20 mil pesos a un comerciante para permitirle seguir trabajando.

A través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la SSEM, se coordinaron las acciones para ubicar los vehículos involucrados y alertar a personal en campo. Los oficiales contactaron a la persona afectada, quien proporcionó detalles sobre los sujetos y los vehículos utilizados.

Mediante un despliegue operativo en la zona, las autoridades lograron localizar la camioneta Nissan Estaquitas, en la que viajaban dos personas. 

Durante una revisión protocolaria, la víctima reconoció a los dos sujetos como los responsables de la extorsión. Los detenidos fueron identificados como Carlos “N” de 31 años y Francisco “N” de 23 años.

Después de ser informados de sus derechos legales, ambos detenidos fueron remitidos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Zinacantepec, donde se determinará su situación legal. 

A través de un comunicado, la SSEM informó que las primeras investigaciones sugieren que podrían tener vínculos con un grupo criminal originario del estado de Michoacán.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a Cristino Castro Perea, ambientalista y defensor comunitario en Oaxaca

En 2023, el defensor comunitario fue incorporado al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La tarde del viernes, aún con medidas de protección, fue asesinado Cristino Castro Perea conocido como “Tino Castro” de 63 años de edad, integrante del colectivo de defensores ambientalistas de Barra de la Cruz y defensor comunitario en el municipio de Santiago Astata, Oaxaca.

El Centro de Derechos Humanos y Asesorías a Pueblos Indígenas CEDHAPI A.C informó que el ambientalista comunitario fue asesinado cuando se encontraba en el centro  de la comunidad de Barra de la Cruz. Dos personas que iban a bordo de una motocicleta le dispararon varias veces, quitándole la vida.

Cabe resaltar que, en el año 2023, el defensor comunitario de la tierra y el territorio Cristino Castro Perea fue incorporado al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que se garantizara su labor de defensor de la tierra y el territorio, su protección y auxilio por encontrarse en una situación de riesgo.

Maurilio Santiago, defensor y dirigente de la CDHAPI A.C detalló, que en el año 2013, un grupo de personas intentó apoderarse de varios terrenos a orilla de la playa de una extensión aproximada de 24 hectáreas, aparentemente financiado por personas externas de grupos de poder económico y político de la región de la costa con el objeto de lotificar y vender a empresarios hoteleros.

Nueve años después, el 16 de febrero del 2022, siendo aproximadamente las 10 de la mañana un grupo liderado por personas ajenas a la comunidad de Barra de la Cruz, llegó con máquinas realizando la destrucción de manglares en el paraje conocido como “el nanche”, a pesar de que el día 28 de marzo del 2021, en asamblea general de San Isidro Chicalapa se había acordado respetar a las comunidades vecinas como es Barra de la Cruz.

Maurilio Santiago, narró que el  29 de diciembre del 2023, el entonces presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, declaró área natural protegida con la categoría de santuario el sitio Barra de la Cruz-Playa Grande, ubicado en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que abarca una superficie de 56-19-13.67 hectáreas, por lo cual no estaría justificada ninguna intromisión de algún grupo político de la región para desestabilizar la lucha de los defensores ambientalistas de Barra de la Cruz.

El pasado viernes, tras el asesinato del defensor comunitario, esta organización social exigió que se inicie una carpeta de investigación por el homicidio del defensor de la tierra y territorio Cristino Castro Perea y se sancione a los culpables.

También solicitó al gobierno estatal y federal que se realicen las acciones necesarias tendientes a garantizar la vida e integridad física de los miembros del colectivo de defensores ambientalistas de Barra de la Cruz.

Tino Castro también era beisbolista. Fue el último manager campeón del equipo Barra de la Cruz en el año 2023, año en que se retiró del diamante del béisbol.

De acuerdo con los resultados del monitoreo “Todos sus nombres, Todas sus luchas” de la organización social EDUCA A.C, sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México, de diciembre de 2018 a octubre de 2024; durante este tiempo se registraron un total de 252 atentados a la vida contra personas defensoras, estos casos de violencia letal incluyen: desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, de las cuales, Oaxaca registra 58 personas defensoras asesinadas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Silvano Aureoles es investigado por millonario desfalco durante su gubernatura en Michoacán

La ASF presentó al menos dos denuncias en la Fiscalía General de la República contra el exgobernador por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos y delincuencia organizada.

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es investigado por un desfalco de más de 30 mil millones de pesos al erario federal, según fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF presentó al menos dos denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos y delincuencia organizada.

En la audiencia que inició la noche del sábado en los juzgados de procesos penales federales del Reclusorio Oriente, se reveló que entre el 2016 y 2021, Aureoles generó un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos debido a operaciones irregulares de arrendamiento, mantenimiento y posteriormente adquisición de siete cuarteles policiacos en el estado de Michoacán, operación realizada de "manera sumamente inexplicable e irracional", según la Fiscalía General de la República.

Los cuatro excolaboradores del mandatario estatal de extracción perredista, detenidos el sábado 1 de marzo escucharon de la parte acusadora una relatoría de los hechos que configurarían los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.

Los cuarteles policiacos autorizados por Aureoles están en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcoman, Uruapan, Zitacuaro y Lázaro Cárdenas, y a decir de la Fiscalía, el daño patrimonial por dicha operación ascendería a 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.

Aureoles prófugo

El pasado 1 de marzo, se giró la orden de aprehensión contra Aureoles y fueron detenidos cuatro exfuncionarios y colaboradores suyos: En Estados Unidos fue capturado el ex secretario de Finanzas del estado, Carlos Maldonado; en Morelia fueron detenidos Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y antigua funcionaria de Seguridad en el Estado; también fue detenido Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública. 

Según una revisión de Milenio al sistema de auditorías de la ASF, el gobierno de Michoacán no ha podido justificar irregularidades por más de 28 mil 588 millones de pesos detectadas entre 2016 y 2021, distribuidas en 204 expedientes. Además, otros 2 mil 139 millones de pesos siguen pendientes de aclaración y ya son considerados un posible daño patrimonial; correspondiente a 60 expedientes de los años 2019, 2020 y 2021.

Ambas denuncias presentadas ante la FGR derivan de una auditoría a las participaciones federales recibidas por el gobierno de Michoacán en 2020, aunque no se especifica el monto involucrado en la denuncia.

De esa misma auditoría, existe también un expediente por más de mil 221 millones de pesos sin solventar, que está pendiente de resolución en la Dirección General de Investigación. 

Aún más, hay tres expedientes adicionales relacionados con esta auditoría, en seguimiento por más de 800 millones de pesos que no han sido reintegrados a la Federación.

En febrero de 2023, Proceso publicó que tras conocerse el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2021, donde aparecen observaciones al gobierno de Michoacán en torno al manejo de más de 12 mil millones de pesos, el actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla, ordenó “emprender una investigación profunda de este desfalco”, que “no debe quedar impune”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncia de expertos: Con AMLO, mayor crisis y estancamiento de la enseñanza en México

Especialistas coinciden en que la reforma del entonces presidente López Obrador ha creado una crisis educativa por el bajo y desigual nivel de aprendizaje en general, la ausencia de organismos de evaluación y opacidad en los resultados de los nuevos modelos.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta una crisis educativa en todos los niveles de enseñanza. Los rubros en los que este problema es más notorio es en la deficiente comprensión de lectura de los alumnos, el bajo dominio de operaciones matemáticas básicas, la alta deserción escolar, sobre todo en bachillerato, y escuelas públicas que carecen de servicios como lavabos, electricidad y agua potable.

Por si fuera poco, el promedio de escolaridad de los mexicanos es de 9.7 años; es decir, México es un país “de secundaria”, aunque la Constitución ya ordena que la educación es obligatoria y gratuita hasta la universidad. Lo anterior, de acuerdo con el proyecto Aprender Parejo, de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y la organización México Evalúa.

Con este panorama de “retroceso” que dejó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la “ausencia” de un cambio de ruta en la nueva administración que, por el contrario, recoge gran parte de lo hecho en los últimos seis años, el deseo que Sheinbaum Pardo expresó en su campaña, de convertirse en “la presidenta de la educación”, parece lejano, coinciden especialistas en el ramo.

En entrevistas por separado con Proceso, resumen los principales elementos de esa crisis educativa: bajo y desigual nivel de aprendizaje en general, ausencia de organismos de evaluación, carencia de diagnóstico tras la pandemia de covid-19, opacidad en los resultados de los nuevos modelos, incremento en el número de becas que agravan las desigualdades; distribución de presupuesto para infraestructura escolar sin asesoría, preparación técnica deficiente ante la demanda laboral, falta de capacitación y estímulos a los maestros y recorte presupuestal, entre otros.

Eso es lo que enfrenta el sistema educativo mexicano compuesto por 34 millones 941 mil 380 alumnos, desde educación inicial hasta superior, en 260 mil 262 escuelas de los tres tipos de enseñanza y dos millones 160 mil 440 maestros, según las cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al inicio del ciclo escolar 2023-2024.

Con AMLO, retroceso

Alma Maldonado Maldonado, experta del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), asegura: “En materia educativa el sexenio pasado fue un retroceso significativo en muchos frentes”. Peor aún, lamenta que distintas iniciativas del tabasqueño “las hereda Sheinbaum con más o menos la misma retórica y mismos programas”.

Ese retroceso lo explica con distintos argumentos. Recuerda que López Obrador derogó la reforma educativa hecha por el presidente Enrique Peña Nieto, “pero él no traía un proyecto contundente”. Mientras, su iniciativa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) “fue un invento un poco raro y muy apresurado de Esteban Moctezuma y luego con Delfina Gómez”, los primeros dos de tres titulares de la SEP en esa gestión.

Critica que el cambio de modelo se hizo sin tener planes y programas de estudio previos y “con mucha opacidad en todo el proceso. Aunque digan que hicieron asambleas y consultas, la verdad es que ocultaron información”.

Con Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 25 años de experiencia en investigación educativa, Maldonado recuerda que, tras la pandemia por covid-19, tampoco se hizo…

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0021 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Dos personas muertas y otras dos heridas dejó una balacera entre civiles y policías de Chimalhuacán

Los uniformados llegaron a la ubicación y los sujetos, al notar la presencia policial, comenzaron a disparar contra ellos, ocasionando una persecución que se prolongó sobre la intersección de la avenida Castillo de Chapultepec y su esquina con Arenal.

Dos personas murieron y otras dos resultaron lesionadas durante un enfrentamiento con armas de fuego entre policías municipales de Chimalhuacán y un grupo de civiles que se encontraba a bordo de un vehículo negro, en la colonia 4 de Febrero.

El Gobierno Municipal informó que, la madrugada del sábado 1 de marzo, los oficiales recibieron un reporte sobre hombres armados a bordo de un automóvil negro, por lo que se dirigieron al lugar para corroborar la situación.

Los uniformados llegaron a la ubicación y los sujetos, al notar la presencia policial, comenzaron a disparar contra ellos, ocasionando una persecución que se prolongó sobre la intersección de la avenida Castillo de Chapultepec y su esquina con Arenal.

La agresión fue repelida por las autoridades, las cuales informaron que dos de los presuntos responsables perdieron la vida y otros dos resultaron lesionados, por lo que requirieron su traslado a un hospital.

Después del enfrentamiento, los elementos municipales aseguraron tres armas largas, dos cortas, varios cartuchos, equipo táctico y un vehículo Nissan Versa de color negro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

México quiere satisfacer a Trump

En 2007, en medio de la guerra contra las drogas del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, México realizó una extradición masiva de narcotraficantes encarcelados en prisiones mexicanas, 15 de ellos, para ser procesados en Estados Unidos. Por aquella época estaba vigente la Iniciativa Mérida, que refería un trabajo binacional para la contención de los cárteles de las drogas, la capacitación de las policías mexicanas y la inversión del gobierno de la Unión Americana en la infraestructura mexicana para perseguir a los criminales.

La deportación masiva era la respuesta de un acuerdo mutuo entre los gobiernos de ambos países, y estaba delimitada dentro de las estrategias binacionales. Hoy día, no existe un trabajo binacional establecido, el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador acabó con la Iniciativa Mérida, y, sin embargo, se dio una deportación masiva: en un solo día, 29 personas acusadas de narcotráfico fueron extraditadas a la Unión Americana.

Donald Trump tiene apenas cinco semanas en la Presidencia de Estados Unidos, y ya ha logrado lo que ningún otro primer mandatario norteamericano había obtenido de su contraparte mexicana: el reforzamiento de la seguridad en la frontera norte de México con 10 mil elementos de la Guardia Nacional para contener el tráfico de droga, particularmente de fentanilo hacia a aquel país, y el 27 de febrero, la extradición de 29 señalados narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, detenido en 1985 y principal sospechoso, para EU, de ordenar la muerte del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

El contexto de la deportación masiva en el Gobierno de México que encabeza Claudia su homólogo estadounidense decidirá si mantiene o no la pausa que impuso para el incremento en un 25% a los aranceles a productos e insumos mexicanos, como amenazó hacerlo en caso que el gobierno nacional no reprimiera el tráfico de fentanilo desde México hacia EU.

El miércoles 26 de febrero, el secretario del Comercio de la Unión Americana, Howard Lutnick, confirmó que la pausa hasta el 4 de marzo está relacionada con los esfuerzos que hagan los países, México y Canadá, contra el tráfico de fentanilo, y sentenció: “Tienen que demostrarle al presidente que lo han satisfecho en ese sentido. Si lo han hecho, les dará una pausa”.

Evidentemente, por sus propias declaraciones, Trump no está satisfecho, pues adelantó el jueves 27 de febrero, que el 4 de marzo entrarían en vigor los aranceles con el 25% adicional a México y Canadá. Al mismo tiempo, una delegación del Gobierno de México, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostenía reuniones en Washington, la Capital estadounidense, para mediar y evitar el alza la próxima semana.

Al tiempo que todo esto sucedía, que Trump reiteraba la imposiciones del alza en aranceles, que Ebrard entablaba comunicación con sus pares en el gobierno norteamericano, repentinamente, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que titula Omar García Harfuch, y la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero, informaban de forma conjunta la extradición a EU de 29 personas encarceladas en prisiones mexicanas, 29 narcotraficantes señalados de comandar cárteles de la droga de producción y distribución en México y trasiego hacia Estados Unidos.

En un escueto comunicado publicado en la red social X de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, minutos después que trascendiera por medios y autoridades estadounidenses las extradiciones, el Gobierno de México informaría:
“La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informan: Esta mañana fueron trasladados a los Estados Unidos de América 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.

“La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.
Pero es evidente que tal acción no es una casualidad, como tampoco coincidieron de manera magistral los tiempo de las extradiciones de tal forma que se dieron 29 en un solo día (abogados de algunos reos alegan que sus clientes están amparados contra la extradición), esto es una evidente entrega de México a EU, a fin de “satisfacer” -como dijo el secretario del Comercio estadounidense- al Presidente norteamericano en su lucha contra los cárteles de la droga mexicanos, seis de los cuales les dio hace una semana la categoría de terroristas.

De repente la petición para “extraditar” a México, o la “repatriación” de Ismael “El Mayo” Zambada García, anunciada el miércoles 26 de febrero por el fiscal Alejandro Gertz Manero y la propia Presidenta Sheinbaum, pareció más una cortina de humo para mitigar el impacto de la deportación masiva de 29 narcotraficantes a Estados Unidos. Porque en estas condiciones, se aprecia que no hay ni fondo ni forma para que por 29, la Unión Americana regrese a uno, especialmente cuando el Cártel de Sinaloa, otrora regido por Zambada, es el principal señalado del tráfico de fentanilo que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas en la Unión Americana.

El problema para México es esperar qué más pedirá el gobierno de Estados Unidos para que su Presidente esté satisfecho y no incremente los aranceles como ya dijo que lo hará el 4 de marzo, y otorgue una nueva prórroga tan siquiera para abril.

Desafortunadamente para el país, y para la Presidenta, con soldados y extradiciones están pagando los seis años de “Abrazos, no balazos” en los que los narcotraficantes mexicanos crecieron exponencialmente su ilícito emporio de las drogas y aumentaron el trasiego de las mismas hacia el vecino país, política del sexenio pasado que le está saliendo muy cara al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

La DEA y el FBI tienen en la mira a más capos: El Mencho, El Chapito, Chapo Isidro...

“El Mencho”, líder del CJNG; “El Chapito”, hijo del “El Chapo”; Silvano Francisco Mariano, alias “Rayo”; y el “Chapo Isidro”, forman parte de las listas de los delincuentes más buscados por la DEA y el FBI en Estados Unidos. Y aunque no figura en la lista de los más buscados, el Departamento de Estado de Estados Unidos también ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por Jesus Alfredo Guzmán Salazar "Alfredillo".

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos tienen en sus listas de los más buscados a nueve mexicanos, a los que acusan de diversos delitos, particularmente relacionados al tráfico de drogas, en ese país. Son, sobre todo, de miembros del Cártel de Sinaloa, de la facción de "Los Chapitos", que encabezan los hijos que están libres de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapito" y "Alfredillo", así como del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se trata de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”;  de Ivan Archivaldo Guzman Salazar, apodado “El Chapito”, hijo del capo ya condenado en Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y de Silvano Francisco Mariano, “Rayo” entre otros más que en su mayoría son miembros de "Los Chapitos". Y aunque no figura en la lista de los más buscados, el Departamento de Estado de Estados Unidos también ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por Jesus Alfredo Guzmán Salazar "Alfredillo".

El Gobierno de México entregó este jueves a 29 capos de la droga como el fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero; a los dos líderez zetas, Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales; al exlíder del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", hermano de Amado, "El Señor de los cielos"; entre otros capos de primer nivel que se llevaron a Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional, según explicaron el viernes el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y el Fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ahora bien, no son los únicos objetivos que Washington tiene en la mira, sobre todo después de que el Gobierno de Donald Trump calificara a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Los listados de la DEA, el FBI y del Departamento de Estado de EU contienen el nombre de capos que están fugitivos y de otros que ya están detenidos.

"El Chapito"

A Ivan Archivaldo Guzman Salazar, apodado “El Chapito”, la DEA lo acusa de liderar, junto con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, al Cártel de Sinaloa, organización criminal dedicada al tráfico de drogas, como cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y el fentanilo, hacia la Unión Americana, así cómo de enviar a este país “precursores químicos del fentanilo de China a México”.

Además, al hijo de “El Chapo” se le señala como el responsable de comandar sicarios armados que “perpetran actos de violencia para proteger y promover las operaciones del Cártel”; así como de recolectar las ganancias que les deja la droga a los socios del Cártel de Sinaloa, por lo que la Agencia está ofreciendo 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.
“Junto con sus medio hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, se les conoce como los ‘Chapitos’. Los cuatro hermanos han sido acusados ​​en varios distritos judiciales a lo largo de los años por violaciones importantes de las leyes antidrogas de Estados Unidos”, señala la DEA, la cual al Cártel de Sinaloa de ser el responsable de gran parte del flujo masivo de fentanilo que llega a la Unión Americana.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar es considerado por Estados Unidos como un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa. Es junto a Jesús Alfredo hijo de María Alejandrina Salazar, la primera esposa del “Chapo” Guzmán. Las investigaciones policiales indican que junto con su hermano brindaron asistencia operativa significativa a su padre, incluida la coordinación del transporte de narcóticos desde América Central y del Sur a México; así como la coordinación del transporte de narcóticos a los Estados Unidos y la distribución a clientes mayoristas en ese país. Ambos recolectaron las ganancias ilícitas en EU para transferirlas a México en beneficio de los miembros y asociados del Cártel de Sinaloa.

“Para proteger su organización, sus tácticas han incluido obtener pistolas y otras armas, sobornar a funcionarios públicos corruptos, involucrarse en violencia y amenazas de violencia, secuestrar e intimidar a miembros de las fuerzas del orden, narcotraficantes rivales y miembros de sus propias organizaciones narcotraficantes”, refiere el Gobierno estadounidense.

El 25 de julio de 2014, Ivan Archivaldo Guzmán Salazar fue acusado formalmente por un gran jurado federal en el Distrito Sur de California de conspiración para importar metanfetamina, cocaína y marihuana y para lavar dinero.

Nemesio Oseguera Cervantes

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, extorsión, secuestro, cobro de piso y saqueo de combustibles, por lo que la agencia antidrogas estadounidense lo clasificó como “armado y peligroso” y está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.
En la ficha de búsqueda de la DEA, se le señala de violar el “21 Código de los Estados Unidos, artículos 846; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 963; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 959; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 841; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 924”.

El CJNG y Oseguera Cervantes llegaron al poder alrededor de 2009, cuando el líder del Cártel Valencia o del Milenio comenzó a perderlo. Oseguera Cervantes aprovechó esta pausa en el liderazgo y se unió a la Los Cuinis para luchar contra la competencia por el control de las redes de distribución de drogas de Jalisco, Nayarit y Colima.

“Oseguera Cervantes ha hecho que el CJNG pase de ser una organización de tráfico de drogas con base regional a una potencia del crimen organizado internacional, involucrada en la producción y distribución de narcóticos en todo el mundo”, se lee en la ficha de las autoridades de EU, país en donde se le acusa a él y a su cártel de elaborar metanfetamina y heroína, y de traficar cocaína. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones por información que lleve a su captura.

"Chapo Isidro"

Fausto Isidro Meza Flores está incluido en la lista de los más buscados del FBI. Ésta dependencia estadounidense está ofreciendo hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura del capo, también conocido como “Chapito Isidro”, a quien se le acusa de fabricar y distribuir metanfetamina; distribuir cocaína, marihuana y heroína en Estados Unidos, así como por el uso y posesión de arma de fuego.

El FBI señala al “Chapito Isidro” como el líder de la organización criminal Meza Flores “responsable de la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana a los Estados Unidos”, la cual presuntamente controla “la producción, el transporte y la distribución de drogas en varios lugares de México”.
Se trata de “una importante organización de narcotráfico fuertemente armada con sede en Sinaloa, México”, agregó el FBI, que detalló que desde el 2012, se cuentan con acusaciones contra el “Chapito Isidro”, mismas que se formalizaron en 2019, por lo que también se emitió una orden de arresto federal contra Meza Flores, “después de que se le imputaran múltiples cargos de violaciones de tráfico de drogas y uso y posesión de un arma de fuego”.

El Gobierno de EU señala que la organización de Fausto Isidro es "un grupo violento y fuertemente armado que ha participado en tiroteos, secuestros, asesinatos, torturas y extorsiones para mantener el control de su territorio". También menciona que "controla importantes rutas de transporte de drogas, así como laboratorios de fabricación de drogas y lugares de campo", al tiempo que cuenta con una basta red de transporte que "incluye aviones, buques marítimos y tractocamiones con el propósito de importar narcóticos ilegales a México y transportar esos narcóticos ilegales a los Estados Unidos para su distribución".
"Durante más de 20 años, la organización criminal Meza-Flores ha sido responsable del contrabando de cantidades de varias toneladas de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana a los Estados Unidos. La TCO Meza-Flores fue presuntamente responsable de la muerte de numerosos oficiales de policía del estado de Sinaloa, funcionarios militares y policiales mexicanos y numerosos miembros de otras organizaciones criminales que operan en México. Algunos de estos enfrentamientos ocurrieron en Sonora, México, más cerca de la frontera entre Arizona y México".
Jesús Alfredo Guzmán

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo” figura en la lista de fugitivos del Departamento de Estado de EU. Es  señalado de traficar cocaína, marihuana y heroína hacia Estados Unidos, entre 2004 y 2005. La Secretaría de Marina de México anunció en el año 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, que había capturado a “Alfredillo”, pero resultó que fue un error de las autoridades, pues a quien habían capturado era a Félix Beltrán León, un miembro de bajo rango dentro del cártel de Sinaloa.

El informe de la DEA señala a “Alfredillo” de ser el encargado de las operaciones del Cártel de Sinaloa en Colombia, puntualmente en Medellín, donde se dedicaría a pactar operaciones para lavar dinero con empresarios locales y a controlar la producción de cocaína en dos laboratorios que tiene el cártel en la ciudad.

El 6 de agosto de 2009 y nuevamente el 17 de febrero de 2016, los grandes jurados federales en el Distrito Norte de Illinois emitieron acusaciones acusándolo de conspiración para poseer con intención de distribuir y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína y más de 1 kilogramo de heroína.


Silvano Francisco Mariano

Silvano Francisco Mariano encabeza la lista de los 10 criminales más buscados de la DEA, por quien ésta dependencia estadounidense ofrece un millón de dólares, debido a que se le acusa de los delitos de “conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos”.
Francisco Mariano, de 44 años de edad, alias “Rayo”, quien es descrito en la página oficial de la DEA como un “fugitivo puede estar armado y ser peligroso”, también se le imputan cargos por “conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el lavado de dinero”.
En marzo de 2023, se reportó que ”Rayo” fue detenido en Bogotá, Colombia, por la Dirección de Policía Judicial e Inteligencia de Colombia (DIJIN), por lo que se solicitó su extradición. Desde entonces se encuentra detenido y a la espera de las audiencias de extradición por los cargos que le imputa un jurado federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).


Liborio Núñez Aguirre, alias “El Karateca”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa también forma parte de los 10 criminales más buscados por la DEA, la cual le imputa cargos de “conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el lavado de dinero”.

La Agencia ofrece hasta un millón de dólares por información que conduzca al arresto de “El Karateca”, a quien señala como el encargado de movilizar, de México hacia la Unión Americana, “grandes cantidades de fentanilo”, las cuales fueron transportadas en forma de pastillas y polvo”. Incluso, detalla la DEA, en 2022, “negoció la venta en Estados Unidos de aproximadamente 70 mil pastillas de fentanilo”.
Dicha cantidad de droga, perteneciente a la facción de los “Chapitos”, se habría entregado en dos partes, una de 50 mil pastillas y otra de 20 mil pastillas, en Oceanside, California, misma que le habría dejado a la organización criminal una ganancia por 70 mil dólares. “Las pastillas de ambas ventas de fentanilo fueron posteriormente incautadas por la DEA”, ahondó la DEA.
Por ello, en abril de 2023, un jurado federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, presentó una acusación formal contra Núñez Aguirre, al que acusó de “participar en una conspiración de importación de fentanilo, conspiración de tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración de lavado de dinero”, indicó la Agencia.


Alan Gabriel Núñez Herrer es otro criminal al que la DEA vincula con el Cártel de Sinaloa. La agencia estadounidense lo acusa de trabajar para “Los Chapitos”, y lo señala de conspirar “para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el lavado de dinero”.

Por información que conduzca al arresto de Núñez Herrer, la Agencia ofrece hasta un millón de dólares, ya que lo clasifica como “armado y peligroso”, al señalarlo como el responsable de suministrar fentanilo a sus socios en Estados Unidos, en diversos momentos de 2022 y 2023, por lo que en éste mismo año, un jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Núñez Herrera.
“En octubre y noviembre de 2022, Núñez Herrera suministró a un socio y co-conspirador, Julio Marín González, aproximadamente 20 mil pastillas de fentanilo y aproximadamente cinco kilogramos de polvo de fentanilo que Marín González vendió a un agente encubierto de la DEA”, explicó la Agencia en su portal web, en el que ahonda que “las entregas de fentanilo fueron posteriormente incautadas por la DEA”.

Óscar Noe Medina Gonzalez “El Panu” es otro presunto integrante del Cártel de Sinaloa que es buscado por la DEA, la cual lo acusa de ser el principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, por lo que esta dependencia estadounidense está ofreciendo cuatro millones de dólares a quien brinde información para lograr su captura.

“Medina González supervisa a cada uno de los comandantes regionales de los ‘Chapitos’, quienes son responsables de la seguridad en sus áreas designadas de México, y a los pistoleros de los Chapitos, los sicarios”, quienes se encargan de “proteger las operaciones de tráfico de fentanilo de los Chapitos, asesinar a miembros de cárteles rivales”, entre otras tareas criminales.
“Se busca por las siguientes presuntas violaciones federales: empresa criminal continua (CCE), conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el lavado de dinero”, se señala en la página de la DEA sobre “El Panu”.

Carlos Omar Félix Gutiérrez, presunto miembro del Cártel de Sinaloa’, también forma parte de los más buscados por la DEA, por quien ofrece hasta un millón de dólares, ya que este organismo estadounidense lo acusa de conspirar para la importación y el tráfico de fentanilo; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; y por conspiración para el lavado de dinero.

Félix Gutiérrez, “presuntamente operaba laboratorios clandestinos de fentanilo para el Cártel de Sinaloa, donde los productos químicos precursores del fentanilo importados de China se procesan para obtener fentanilo completamente formado para su posterior importación a Estados Unidos”, señala la ficha de búsqueda de la DEA.

Por ello, en abril de 2023, fue acusado formalmente por un Juez federal ante el Distrito Sur de Nueva York. Estas imputaciones tuvieron lugar luego de que, en marzo de 2023, Félix Gutiérrez fue detenido por agentes de la Dirección de Policía Judicial e Inteligencia de Colombia (DIJIN) junto con Francisco Mariano. Desde entonces también permanece detenido “en espera de las audiencias de extradición por los cargos” que se le imputan.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.

Detienen a 3 excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles

Las detenciones se dan ante las denuncias del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por supuestas irregularidades relacionadas con la construcción de siete cuarteles policiales durante la gestión de Silvano Aureoles.

Al menos tres exfuncionarios de la administración del exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, fueron detenidos la mañana de este sábado por diversos delitos. 

Entre ellos se encuentra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración, quien de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, fue capturado durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 

A esta detención se suma la de Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, y la de Elizabeth Villegas Pineda, exdirectora de Catastro. 

De acuerdo con Latinus, La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Carlos Maldonado Mendoza y a Mario Delgado Murillo por presuntamente autorizar la entrega de 4 millones de pesos para la construcción de una obra pública en el municipio de Zitácuaro, de la cual no existe evidencia de que se haya realizado.

Asimismo, indicó que la FGR está a la espera de una orden de aprehensión en contra del exgobernador por el presunto delito de peculado.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconocen los cargos que pesan sobre las personas mencionadas.

Silvano Aureoles Conejo se desempeñó como gobernador de Michoacán de 2015 a 2021, convirtiéndose así en  último gobernador emanado del PRD en el país.

A pesar de ser uno de los miembros fundadores del partido, su militancia se vio marcada por un desencuentro en 2018 derivado del apoyo que expresó a favor del entonces candidato presidencial priista, José Antonio Meade Kuribreña. El PRD consideró el gesto como una falta de respeto e inició un procedimiento en su contra para sancionarlo o expulsarlo, sin embargo, el asunto se dio por terminado como una forma de mantener la unidad interna.

En 2023, Aureoles Conejo intentó ser candidato presidencial de la alianza PAN PRI, PRD, en el proceso interno del Frente Cívico, pero dicha candidatura recayó en la panista Xóchitl Gálvez, a cuya campaña se sumó en 2024.

En meses previos, estuvo presionando a la dirigencia del PRD para dejar la alianza con el PAN y PRI y que su partido compitiera solo en las elecciones presidenciales, pero finalmente desistió.

Además de unirse a la campaña de Gálvez, Aureoles compitió por una diputación por el distrito 3 de Zitácuaro. Sin embargo, fue derrotado por Mary Carmen Bernal, integrante del Partido del Trabajo (PT) con casi el doble de votos. Tres días después de la jornada electoral compartió un carta en la que expresó su resignación y que sirvió como una despedida de su vida pública.

Denuncias contra Silvano Aureoles

Estas detenciones de exfuncionarios se dan ante las acusaciones del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por supuestas irregularidades en el manejo del gasto público halladas durante el gobierno de su antecesor y que ascienden a más de 5 mil millones de pesos.

Las irregularidades están relacionadas con la construcción de siete cuarteles policiales en predios que fueron adquiridos a sobreprecio y que incluían diversas amenidades, entre ellas un helipuerto, de uso exclusivo del entonces gobernador.

Las denuncias fueron presentadas desde inicios de 2022 e implican delitos por presunto enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Estados Unidos desplegará otros 2,900 militares en la frontera con México; suman más de 9 mil

Trump prometió la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos por lo que ha desplegado militares en la frontera con México.

Estados Unidos desplegará 2 mil 900 militares adicionales en la frontera con México, lo que eleva el número total de efectivos activos a unos 9 mil, con el objetivo de apoyar en las labores para detener la migración, informó el sábado el Comando Norte de Estados Unidos (NorthCom).

Aproximadamente 2 mil 400 soldados del 2º Equipo de Combate de la Brigada Stryker (SBCT), 4ª División de Infantería serán enviados a la frontera, junto con aproximadamente 500 soldados de la 3ª Brigada de Aviación de Combate, informó en un comunicado el NorthCom -uno de los once comandos unificados del Departamento de Defensa estadounidense-.

Detallaron que por el momento no se revelarán las ubicaciones específicas del despliegue.

“Las tareas que desempeñará el 2.º SBCT incluirán detección y vigilancia, apoyo administrativo, apoyo en materia de transporte, almacenamiento y apoyo logístico, mantenimiento de vehículos y apoyo de ingeniería. El personal no realizará ni participará en operaciones de interdicción o deportación“.

De acuerdo con el Comando Norte, dicho equipo brinda capacidades militares para “proteger y mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de la frontera sur, una de las principales prioridades del Departamento de Defensa”. La última vez que Stryker brindó apoyo a la misión de la frontera sur fue en 2012.

Respecto de los otros 500 militares, consisten en un batallón de aviación de apoyo general para ayudar en el movimiento de personal, equipo y suministros y proporcionarán capacidades de evacuación médica aérea.

“Estos despliegues aportarán agilidad y capacidad adicionales para impulsar los esfuerzos por detener el flujo de migración ilegal y drogas en la frontera sur”, dijo el general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte de los Estados Unidos.

Con esto, el número de militares de Estados Unidos en la frontera con México es de aproximadamente 9 mil, luego de que el Departamento de Dedensa ordenara la designación de fuerzas armadas con el fin de implementar las órdenes ejecutivas del presidente Trump en la frontera sur.

Militares vigilan la frontera entre México y Estados Unidos

Apenas el 8 de febrero el gobierno de EU reforzará la presencia militar en la frontera con México con el envío de mil 500 soldados en servicio activo adicionales para apoyar en las políticas migratorias de Trump, dichas tropas han apoyado con la instalación de barreras de alambre de púas, labores de inteligencia y brindan apoyo a la Patrulla Fronteriza.

Se sumaron a los mil 600 soldados en activo que ya estaban en la frontera y a 500 elementos del Cuerpo de Marines.

Esto tras un acuerdo entre ambos gobiernos a cambio de pausar por un mes los aranceles anunciados por el presidente Trump debido al alto flujo migratorio y a la entrada de drogas por las fronteras, que incluyó el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional mexicana.

De acuerdo con la mandataria, Estados Unidos también se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México.

México entrega 29 presuntos líderes del narco a EU en medio de lucha arancelaria

En un hecho sin precedentes, autoridades mexicanas realizaron la entrega masiva de 29 capos del crimen organizado a los Estados Unidos, como un intercambio para evitar la imposición de aranceles del 25 % a México por parte del presidente Donald Trump.

El traslado de los detenidos, solicitados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales, se llevó a cabo en el marco de una reunión entre el Gabinete de Seguridad de México y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, para revisar los avances alcanzados en el tema del combate a las drogas, en particular del fentanilo. 

También ocurrió a tan solo unos días de que Estados Unidos designara a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, cumpliendo así con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump a inicios de su administración, medida que entró en vigor a partir de este 20 de febrero. 

Entre las personas que fueron trasladadas a Estados Unidos resalta el nombre de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y quien es señalado por autoridades estadounidenses por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Así como el de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, quien es hermano del extinto Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien fue jefe del Cártel de Juárez. Ambos serán trasladados a cárceles de Nueva York.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DIANA DELGADO.

Ulises Martínez sobrevivió a la noche de Iguala; hoy es docente y apoya a las familias de Ayotzinapa

Ulises Martínez Juárez, egresado de Ayotzinapa, pudo haber sido uno de los estudiantes desaparecidos o asesinados; 10 años después trabaja en una primaria y recuerda aquella noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, como si hubiera escapado de su destino por obra del azar.

Ulises Martínez Juárez logró graduarse de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y convertirse en maestro, pero pudo haber sido uno de los tres estudiantes asesinados la noche de Iguala, cuando policías y hombres armados se llevaron a otros 43 de sus compañeros, desaparecidos hace 10 años y seis meses.

Estuvo en el mismo lugar que ellos, el cruce de la calle Juan N. Álvarez con Periférico Norte, en Iguala, Guerrero, durante los primeros minutos del 27 de septiembre del 2014. 

Las balas con sentencia de muerte impactaron en Julio César Nava Ramírez y Daniel Solís Gallardo. Esas balas provinieron de las armas de los tres hombres que vio bajar de la camioneta que, instantes antes, había identificado como sospechosa, pues redujo la velocidad al pasar por el lugar donde los dirigentes estudiantiles ofrecían una conferencia de prensa para denunciar que la policía había detenido a varios de sus compañeros y herido a otros.

“¡Tírense al suelo!”, recuerda que escuchó a alguien gritar al momento de los disparos. “¡Shuuun!”, “¡Shuuun!”, es como recuerda que sonaban las balas que pasaban cerca de él, tirado detrás del primer autobús, de cara al periférico, donde se resguardó.

En el intento de protegerse, pudo toparse con quienes, con una descarnada saña, le arrancaron el rostro a Julio César Mondragón Fontes.

Ulises fue parte del grupo que se refugió en la clínica Cristina, en busca de auxilio para el “Oajaco”, como llamaban a Édgar Andrés Vargas, originario del Istmo de Oaxaca, quien tenía destruida la boca por un balazo que lo alcanzó. “¡No te vayas oajaco!”, recuerda le decía. 

Otro momento de riesgo ocurrió en esa clínica, porque hasta ahí llegó el capitán del Ejército, José Martínez Crespo, quien les negó el auxilio y les advirtió que llamaría a los policías que poco antes los habían agredido. 

La mala suerte, en realidad, la pudo tener cualquiera. “Yo pude haber sido uno de ellos. Yo pude no haber regresado de Iguala. Mi cuerpo pudo haber regresado en un ataúd”.

Ulises decidió salir de Guerrero

Por una razón que no se explica, Ulises es uno de los sobrevivientes de esa noche. A sus 30 años es docente de una primaria en el Estado de México, desde 2017, después de ganarse una base, mediante examen, un año después de que egresó. Buscó irse de Guerrero. 

Trabajar lejos también es consecuencia de aquella noche y de un contexto que tampoco colaboró.

Tixtla, sede de la Normal Rural, de donde es originario, es uno de los lugares que, con el paso de los años, ha ido cambiando por las acciones criminales que modificaron el entorno. El intento de los criminales por privar de su libertad a uno de sus tíos terminó por convencerlo de irse.

Sin contar que las oportunidades laborales se reducían a lugares también afectados por diferentes violencias. En los meses inmediatos a egresar de Ayotzinapa, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) le dio un par de interinatos –contratos temporales como maestros–, uno en la zona de Quechultenango, de donde se sabe son originarios los líderes del grupo criminal con mayor presencia en la zona Centro, y en la Sierra de Leonardo Bravo.

El colmo, lo dice con una risa irónica, es cuando lo quisieron enviar a un pueblo de Cocula, zona que forma parte del territorio de la noche de agresión a normalistas. Tuvo la oportunidad de quedarse a trabajar en Guerrero, pero ante tales opciones, decidió salir.

Migrar del estado lo ha apartado de otro aspecto formativo en la Normal Rural, el político y el social –formó parte del Comité de Organización Política e Ideológica (COPI) de la dirigencia estudiantil–, porque se desvinculó de casi todas las organizaciones involucradas en estos procesos, pero acompaña el movimiento de las madres y los padres de sus compañeros desaparecidos y asesinados, y acude a dar su testimonio para las investigaciones oficiales como testigo, incluso, sin protección porque, como bien lo sabe, ese pudo ser su destino.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AMAPOLA PERIODISMO.
AUTOR: /MARGENA DE LA O.

CJF responde a García Harfuch sobre presuntos acuerdos entre narcos y jueces

El CJF aclaró que cada resolución que toma alguno de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales establecidos en la ley.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó los comentarios del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien resaltó sobre presuntos acuerdos entre jueces y narcotraficantes.

En un comunicado, el CJF aclaró que cada resolución que toma alguno de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales establecidos en la ley.

Durante la conferencia de prensa matutina, García Harfuch expresó:

“El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”.

Ante ello, el CJF resaltó que en un Estado de Derecho lo conducente es acudir a las instancias correspondientes.

“Por lo tanto, la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal rechaza insinuaciones sobre el proceder de juzgadoras y juzgadores, y expresa su total disposición a que en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho sin excepciones”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Trump recomendará investigar nexos entre políticos mexicanos y el narco

Sobre si consideraría una "acción cinética en México", Trump se limitó a responder que “preferiría no decírselo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista concedida a la revista The Spectator que pedirá a la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, investigar a políticos, incluidos los mexicanos, por beneficiarse del trasiego de drogas, especialmente fentanilo.

Cuestionado por el entrevistador Ben Domenech, Trump aseguró que sí irá por una rendición de cuentas ante “políticos corruptos”, refiriéndose primero a los demócratas, a quienes increpó por “, las fronteras abiertas”, un tema que calificó prioritario entre sus principales fallas.

“Obviamente, su Departamento de Estado, bajo su dirección, ha hecho ahora algo que yo, y muchos otros, creemos que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, que era nombrar a estos grandes grupos de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, afirmó Domenech, una declaración a la que Trump respaldó tajantemente.
¿Va a pedir cuentas a muchos de esos políticos corruptos que se beneficiaron de ese tráfico de personas, del vertido de fentanilo? ¿Incluyendo a los principales mexicanos?
“Bueno, ciertamente… recomendaría que se les investigara“, aseguró el mandatario, quien destacó la gran labor que ha realizado la fiscal Pam Bondi , a quien encargaría iniciar las labores investigativas.

Sobre si consideraría una “acción cinética en México”, Trump se limitó a responder que “preferiría no decírselo”.

Trump no ve progresos en lucha antidrogas

El pasado jueves el presidente estadounidense aseguró desde el Despacho Oval que no está viendo progresos en la lucha contra las drogas por parte de México y Canadá que le permitan considerar no imponer aranceles del 25% contra ambos vecinos norteamericanos la semana que viene.

A la pregunta de si ha detectado progresos para eximir a México y Canadá del aumento arancelario, contestó que “para nada, no en drogas”, pese a que ha habido mejoras en cuanto a los cruces fronterizos irregulares.
Las drogas siguen llegando a nuestro país y matando a cientos de miles de personas… Las drogas vienen de México, muchas de ellas de China, no todas, pero muchas vienen de China.
Trump abundó en el mensaje que publicó este jueves en su red Truth Social, en el que dijo que el 4 de marzo, el próximo martes, entrarán en vigor los nuevos aranceles a México y Canadá si no hay mejoras en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

En su opinión, con estas medidas arancelarias eventualmente se verá que “las drogas se detienen”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a “El Cabra”, presunto líder de un grupo criminal que opera en la Selva Lacandona

Cabrero Segundo es acusado de delitos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada; en 2022 desarmó y amenazó con quemar vivos a elementos de la Sedena.

En una operación conjunta, agentes de seguridad de Chiapas y Tabasco detuvieron a Cabrero Segundo López, líder de un grupo criminal que opera en la región de la Selva Lacandona, y por quien las autoridades estatales ofrecían una recompensa de 500 mil pesos para su localización.

“La Cabra”, es un personaje buscado por la justicia que tenía como centro de operación la Selva Lacandona, en donde sometía a los pobladores de manera violenta y agresiva. Esto se logró gracias al trabajo colaborativo con las autoridades de Tabasco”, informó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en sus redes sociales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) explicó que el detenido es investigado por delitos del fuero común y por la Fiscalía General de la República (FGR), relacionados con secuestro y delincuencia organizada, en agravio de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocurridos en la Selva Lacandona en el año 2022.

En diciembre de ese año, indígenas lacandones dirigidos por “La Cabra” desarmaron, desnudaron y los obligaron a hincarse porque, si no, quemaban vivos a militares de la 15 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), cuya unidad se encontraba en la selva para asegurar la droga que aterrizaba en avionetas en la biosfera de Montes Azules.

La Fiscalía señaló que Cabrero sera´ presentado en el penal de El Amate, a fin de que el Juez de Control en turno del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento para delitos de prisión preventiva del Distrito Judicial de Chiapa, lleve a cabo la Audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso.

Pobladores de la zona identifican que Cabrero, conocido con el alias de “La Cabra”, habita en la localidad de Lacanjá Chansayab, municipio de Ocosingo, y lidera un grupo criminal que pretendía cobrar derecho de piso en comunidades tseltales y lacandonas, entre otros delitos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

En el olvido, la desaparición de Servidor de la Nación en Temaxcalapa, Guerrero

El gobierno de Evelyn Salgado y la Fiscalía de Guerrero han ignorado las peticiones de ayuda de la familia de Miguel Huerta Torres, y la Secretaría del Bienestar incluso lo dio de baja.

En el olvido de la Secretaría del Bienestar y del gobierno de la morenista Evelyn Salgado, el Servidor de la Nación, Miguel Huerta Torres, cumplió dos años de haber desaparecido de manera forzada en su tierra Temaxcalapa, en el municipio de Taxco, denunció su familia.

Además, la Fiscalía de Guerrero se ha negado a realizar búsquedas en los lugares donde pudiera ser localizado desde el momento de su desaparición.

Y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Guerrero (CEEAV) les retiró desde hace siete meses el apoyo de dos mil pesos mensuales por concepto de despensa que les otorga la Ley General de Víctimas. La familia de la víctima continúa en el desamparo.

Miguel Huerta Torres, hasta el momento de su desaparición -el 28 de febrero de 2023- se desempeñaba como Servidor de la Nación.

En ese trabajo recorrió su pueblo Temaxcalapa y comunidades circunvecinas de Taxco para llevar los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Además, gestionó obras para su comunidad y la región como la construcción de un Banco del Bienestar y de un Telebachillerato. 

“Es un hombre que amaba mucho a su pueblo Temaxcalapa, se preocupaba que se actualizara y civilizara. Hizo muchas gestiones, no le importaba que la gente se lo agradeciera”, coincidieron familiares y vecinos.

Alrededor de las 5:40 de la tarde del 28 de febrero de hace dos años, Miguel Huerta, con su chaleco color beige y mochila de la Secretaría del Bienestar, entregaba a sus paisanos tarjetas de los programas sociales en la comisaría de Temaxcalapa. 

Hombres armados llegaron a bordo de un taxi de Huixtac. Lo sacaron de la comisaría y lo llevaron a su casa. También se llevaron a una mujer y su hijo.

Afuera de su vivienda, frente a su esposa y su hijo de 8 años, lo sacaron, lo golpearon con brutalidad y lo volvieron a subir al vehículo para llevárselo.

Otro taxi con hombres armados estaba detrás de su casa. Fue la última vez que lo vieron.

“Llegó una mujer y dos taxis, uno atrás de la casa y otro en el portón. Lo bajaron con violencia y lo empezaron a golpear, me dijeron muchas cosas. 

“En ese rato sentí mucho miedo, vi como lo estaban golpeando y se lo volvieron a llevar, ya no supe de él. Salí al otro día a buscarlo y pusimos la denuncia”, contó su esposa.

Jazmín Huerta, su hija, pospuso este viernes 28 de febrero una protesta afuera del Palacio de Gobierno, sede del ejecutivo estatal en la capital del estado.

Su intención era pedir una audiencia con la gobernadora morenista Evelyn Salgado para que apoye con recursos las búsquedas de su padre.

En dos ocasiones anteriores ya ha solicitado por escrito el respaldo de la mandataria.

“Jamás hemos recibido respuesta. Lo único que me dijeron es que me iban a canalizar a un área porque dijeron que no era un asunto relevante para la gobernadora y que ella tiene otros casos importantes que atender, pero del área nunca me llamaron”, aseguró la hija.

Jazmín Huerta acusó que la Fiscalía de Guerrero cometió omisiones. Una fue no buscar en los lugares donde pudiera estar su padre con vida días después de su desaparición.

La familia por su cuenta investigó y consiguió información que le hicieron llegar de manera formal a la fiscalía.

“Se entregaron las herramientas y datos del lugar donde se tenía que ir y realizar la búsqueda de manera inmediata porque era probable que mi papá se encontrara ahí. Por una u otra razón no realizaron esos actos de investigación”.

A dos años no se han realizado las búsquedas. El municipio de Taxco es controlado por una célula de la Familia Michoacana.

Por el caso hay tres personas detenidas por su presunta responsabilidad en la desaparición, pero siguen reservando su derecho a declarar por medio de amparos, después de dos años del hecho.

El delegado en la entidad de la Secretaría del Bienestar, Iván Hernández Díaz fue algo más que insensible. Desconoció la relación laboral con su trabajador porque dijo que Miguel Huerta no se presentó a renovar su contrato, a pesar de que ya se le había informado de su desaparición.

La familia esperó tres meses para promover la declaración de ausencia, pero el delegado del Bienestar les dijo que Miguel Huerta ya no era su trabajador.

Este viernes se inauguró un Banco del Bienestar que beneficiará a nueve comunidades del núcleo agrario de Huixtac, entre ellas Temaxcalapa. Miguel Huerta fue uno de los principales gestores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

Policía municipal mata a estudiante universitario de 19 años en Fortín de las Flores, Veracruz

Sobre el crimen existen dos versiones sobre lo sucedido, una señala que hubo una discusión y el oficial le disparó; otra indica que Pablo intentó alejarse por miedo, lo que provocó la agresión.

Durante la madrugada de este sábado, un policía municipal de Fortín de las Flores, Veracruz, disparó y asesinó a un joven de 19 años tras una revisión policiaca. 

La víctima, identificada como Pablo Ortigoza Martínez, era boxeador amateur y estudiante universitario.

Su cuerpo quedó tendido a 100 metros de su casa en la colonia Ricardo Ballinas. Sobre el crimen existen dos versiones sobre lo sucedido, una señala que hubo una discusión y el oficial le disparó; otra indica que Pablo intentó alejarse por miedo, lo que provocó la agresión. 

El oficial involucrado fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. 

El asesinato de Pablo ha generado indignación en la comunidad y en redes sociales, donde amigos y conocidos han compartido mensajes en su memoria y exigido justicia. 

Sus compañeros del gimnasio de boxeo olímpico Cazadores, donde entrenaba Pablo, hicieron un llamado a la comunidad de jóvenes pugilistas para que este sábado 1 de marzo asistan a la misa de cuerpo presente portando sus uniformes deportivos, guantes, vendas o cualquier prenda alusiva en su honor.

“El motivo es alzar la voz pacíficamente por el brutal asesinato de un joven talentoso, trabajador y estudioso, que perdió la vida de manera arbitraria a manos de quienes deberían protegernos.” 

Ilse, una amiga del joven, escribió en redes sociales: "Mi amigo de prepa y universidad, compañero de salón. Aún el miércoles me ayudó a estudiar para mi examen. Justicia para Pablo. Alguien tan lleno de sueños, metas, objetivos, con tanta vida por delante como para que alguien llegara a arrebatársela. Pablo siempre fue alguien lleno de energía, de felicidad, alguien que siempre que saludabas, te soltaba una sonrisota, alguien que te hacía reír y con su presencia te ponía de buenas".

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.