De acuerdo al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, rebasada la cifra de los 100 mil desaparecidos en 2022; el siguiente año, 2023, hubo un incremento de 7.3 por ciento y para 2024 la cifra ascendió aún más en un 6.3% de personas desaparecidas.
El reporte del mismo Instituto señala que el 18% de todos los desaparecidos son jóvenes (mujeres y hombres) entre los 0 y 19 años de edad. Esto, pese a la negativa a aceptar la altísima cifra por parte del Gobierno de México, el presente o el anterior, es un hecho visible en la manifestación y la información que cada día comparten organismos de la sociedad civil, colectivos de búsqueda de personas o familiares de víctimas.
Madres, padres, hermanas y hermanos buscadores de personas en todo el país, han localizado a los suyos en narcofosas, enterrados en parajes y patios, y ahora, se sabe después del descubrimiento el 6 de marzo del llamado campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, a unos kilómetros de la Capital, en restos de huesos cuyos cuerpos fueron cremados.
Cuando por su “métrica” política y su característico capricho presidencial, Andrés Manuel López Obrador eliminó desaparecidos del registro nacional, lo hizo argumentando que las estadísticas no estaban actualizadas, considerando las personas localizadas con vida. Cierta y desafortunadamente son las menos, sin embargo, se van sumando a la cifra los desaparecidos de cada año que se cuentan entre 13 mil y 15 mil.
El Cártel Jalisco Nueva Generación u otras organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, en su momento Los Zetas o el Cártel Arellano Félix (CAF), han empleado a lo largo de su siempre impune trayectoria criminal, métodos indistintos e insanos para deshacerse de sus enemigos, de los que consideran traidores a su causa delincuencia, o de aquellos que por afrentas personales o caprichos desaparecen de la tierra.
En Baja California, en los tiempos en que la seguridad del Estado estaba coordinada por el Ejército Mexicano, con generales como Sergio Aponte Polito o Alfonso Duarte Múgica, fueron descubiertas no sólo fosas clandestinas en las cuales se ocultaban cuerpos masacrados; también crematorios clandestinos en Tijuana en zonas de dominancia criminal del CAF, e inolvidable y aberrante el caso de Santiago Meza López alias El Pozolero, quien colaboraba de manera criminal con Teodoro García Simental alias El Teo, tanto cuando éste fue parte de las filas de la organización criminal Arellano Félix, o cuando se escindió y se refugió en el Cártel de Sinaloa.
Al Pozolero se les adjudica la horrífica hazaña de haber disuelto más de 300 cuerpos en ácido, personas cuya vida había sido arrebatada con violencia debido a una afrenta con los narcotraficantes, y cuyos cuerpos le eran llevados para deshacerse de ellos, sumergiéndolos en ácido en grandes contenedores ex profeso para ello; de ahí el macabro mote que le adjudicaron. Toda su actividad criminal la llevaba a cabo en un predio conocido como La Gallera, en una zona ejidal de Tijuana.
Meza López realizó esa actividad durante por lo menos nueve años, de 2000 a 2009, hasta que fue detenido en un operativo militar que, de hecho, tenía por objetivo aprehender al Teo cuando se encontraba realizando algún festejo en un lugar de veraneo en la costa tijuanense; el capo fue advertido que iban por él y alcanzó a huir del sitio, dejando atrás a algunos cómplices, como al Pozolero, quien estaba ebrio al momento de su arresto.
El campo de exterminio del CJNG también tenía por lo menos diez años funcionando. Testigos de los terribles hechos que ahí sucedieron han confiado a buscadores de personas las condiciones en que llegaron al Rancho Izaguirre y los momentos de terror que vivieron. La gran mayoría eran jóvenes que atendieron convocatorias de ofertas de trabajo.
Confiados en la oportunidad de tener una actividad que les devengara en un salario entre los 2 mil y 4 mil pesos, acudían a las citas sólo para ser privados de su libertad y llevados al Rancho del CJNG, donde a la fuerza, a base de tortura física y psicológica, eran concentrados para adiestrarlos en la criminalidad y ser reclutados del cártel. Golpes, privación de alimentos y de la libertad, obligados a matar y a ver morir, capacitados en el tiro con arma y otras suertes criminales de contención física, muchos perdieron la vida al negarse a ser parte del fenómeno del narcotráfico, y otros tantos por capricho.
En el rancho de Jalisco, el colectivo de Buscadores Guerreros localizó por lo menos tres crematorios clandestinos, zonas de adiestramiento, hechizas construcciones para mantener privadas de la libertad a las personas y lotes de restos de huesos enterrados en cinco zonas del predio.
Tanto el Rancho Izaguirre en Jalisco, como La Gallera en Tijuana, fue el destino fatal, final, de miles de desaparecidos que aún son buscados por sus familiares y por colectivos, y cuya desaparición es ignorada por gobiernos insensibles y carentes de compromiso con sus sociedades, como el que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el país, o Marina Ávila Olmeda en Baja California, o ahora Pablo Lemus en Jalisco.
En Baja California se ha negado de manera sistemática el apoyo institucional a los colectivos buscadores, quienes arriesgan la vida y la tranquilidad, al adentrarse en zonas agrestes en Tecate, Tijuana, Valle de Mexicali, la costa de Ensenada o en Rosarito, para buscar cuerpos en narcofosas. Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los apoyan con herramientas para hacer excavaciones o especialistas para el tratamiento de los restos localizados, no lo hacen hasta que son evidenciados, sea en redes sociales o en medios de comunicación, cuando los buscadores comparten sus macabros hallazgos. Entonces sí, ya obligados por una presión social, los gobiernos entran “a la investigación” y el rescate de cuerpos y restos.
Así sucedió en Jalisco, luego que se conoció que en septiembre de 2024, autoridades de aquella entidad tuvieron conocimiento y “catearon” el Rancho Izaguirre, liberando por entonces a personas que se encontraban secuestradas, pero no vieron lo que los buscadores encontraron el 6 de marzo de 2025: miles de restos de huesos humanos y cientos de objetos y artículos personales de los desaparecidos, ropa, mochilas, chamarras, muchos pares de zapatos, todo de lo que fueron despojados para quitarles la vida.
Que El Pozolero actuara contra la vida durante nueve años, o que el campo de exterminio del CJNG estuviese activo durante una década, no refleja la impunidad de los grupos del narcotráfico en México o el destino fatal de los desaparecidos, también, la ausencia de compromiso por parte de los gobiernos para combatir a los cárteles de la droga y de una sociedad que pasivamente parece acostumbrarse a la muerte a manos del crimen.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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