Familiares de Enrique “Kiki” Camarena presentaron, el 19 de marzo de 2025, una demanda civil, en la Corte Federal de San Diego, California, contra Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto” cofundadores del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México-, para exigir pago de daños y perjuicios a los tres capos sinaloenses, a los que acusan de “actos de terrorismo”, por el secuestro, tortura y ejecución del del agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), en 1985.
Los afectados -entre ellos nueve parientes de Camarena, incluidos su viuda y tres hijos-, demandaron a Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, bajo reglas de la Ley Antiterrorismo de 1992, que permitía a cualquier estadounidense afectado por este tipo de actos, demandar a los extranjeros supuestamente responsables de dicho delito.
Sin embargo, los demandantes no especificaron el monto de su reclamo, que quedaría a decisión del jurado, pero pidieron pago por daños compensatorios, daños punitivos, y un concepto conocido como “treble damages”, previsto en la Ley Antiterrorismo, por el cual la Corte Federal debería triplicar la cantidad que determinara el jurado.
“Como integrantes de una organización criminal de narcotráfico especialmente designada, y de una organización terrorista extranjera, los demandados causaron las lesiones y muerte aquí descritas, y son responsables por los actos criminales, incluidos actos de terrorismo internacional, conspiración para cometer actos de terrorismo internacional, y participación en una empresa criminal continua con fines de terrorismo”, señalaron los afectados en la demanda.
Según lo reportó el diario Reforma, la mayor parte del escrito era una narración de la vida de Enrique Camarena, su carrera en el Cuerpo de Marines y sus años como policía local en Calexico, California, antes de unirse a la DEA y ser transferido a Guadalajara, Jalisco.
También detalló el secuestro de Camarena y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, perpetrado en febrero de 1985, como reacción de Caro Quintero ante vuelos de reconocimiento que llevaron a un decomiso masivo de mariguana en el rancho Búfalo, ubicado Chihuahua, en noviembre de 1984.
Además, se alegó el sufrimiento de su esposa, Mika, quien se quedó esperando a Camarena en un restaurante en Guadalajara el día que fue secuestrado, y luego tuvo que quedar con sus hijos bajo vigilancia permanente del Gobierno de EE. UU., antes de regresar a San Diego.
Según datos del Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés), Caro Quintero -de 72 años de edad- se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), con el número de registro 12303-016, ello después de ser enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos, por supuestas causas de seguridad nacional.
Caro Quintero se declaró, el 28 de febrero de 2025 -luego de ser extraditado a EE. UU., un día antes-, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, como no culpable, de los múltiples cargos en su contra.
Por su parte, lo último que se supo del capo sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino” -fundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara y quien habló por primera vez en público en los 32 años que llevaba preso-, fue en agosto de 2021, cuando se calificó a sí mismo, como un hombre “honesto”, que dijo no saber nada de los crímenes y leyendas que le imputaban.
Durante una entrevista que la cadena estadounidense Noticias Telemundo le realizó, se veía al ex narcotraficante como un hombre anciano, de 75 años de edad -ahora tendría 79-, preso en la zona de máxima seguridad del Penal Estatal de Puente Grande, en Jalisco, postrado en una silla de ruedas, sordo, ciego, afectado por una neumonía y con el brazo roto.
Asimismo, en la entrevista negó haber conocido a Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), asesinado el 7 de febrero de 1985, también en Guadalajara.
“Es un tema muy lamentable. Este señor Camarena. Quienes fueron, quienes hayan sido, hay autores materiales e intelectuales, presos, que han pagado su vida en la prisión y que les ha ido muy mal”, aseveró Félix Gallardo.
“Ignoro el porqué se me relaciona, porque a ese señor yo no lo conocí. Porque te vuelvo a repetir: yo no soy una persona de armas. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre”, insistió el fundador del Cártel de Guadalajara.
Aunado a lo anterior, “El Jefe de Jefes” le deseó a Mika Camarena, viuda del finado agente de la DEA, “la resignación y que tenga la satisfacción de que los culpables del asesinato de su esposo están pagando sus culpas (sic)”.
Por otra parte, Félix Gallardo negó conocer a los también capos sinaloenses Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, los otros dos fundadores del Cártel de Guadalajara.
“No los conozco. En la calle no nos conocimos. Estas personas y yo nunca hemos platicado al respecto. Mi abogado, [Fernando] Martínez Inclán, me dijo: ‘no estás involucrado, nunca platiques’”, señaló ‘El Jefe de Jefes’.
A cinco meses de que terminara de pagar su condena de 40 años de prisión por el asesinato del ex agente de la DEA y del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el capo sinaloense “Don Neto”, pidió que su castigo se tuviera por cumplido y quedara libre antes de compurgar su pena, el 7 de abril de 2025.
Según lo informó el diario Reforma, el 22 de noviembre de 2024, citando registros judiciales, el cofundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara, promovió, ante Jesús Chávez Hernández, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, una demanda de amparo para que resolvieran su solicitud de remisión parcial de la pena, un beneficio que consiste en descontar un día de prisión por cada dos de trabajo a los sentenciados.
El capo sinaloense, de 94 años de edad, reclamó en su demanda de amparo, que tanto el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, como el Juzgado Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, no emitieron ningún acuerdo a su recurso de queja y ejecución de la sanción penal.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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