Seis autobuses trasladaron a periodistas y familiares de desaparecidos desde las instalaciones de la Fiscalía Estatal y la Delegación de la Fiscalía General de la República, en Guadalajara, hasta el rancho, utilizado presuntamente como un campo de adiestramiento criminal.
La logística establecía que camionetas tipo van trasladarían a grupos de 20 personas desde un punto en la brecha hasta el rancho para evitar la saturación de vehículos. Sin embargo, la falta de organización, el descuido en la atención y el inclemente calor desataron la indignación de las madres buscadoras, quienes, acompañadas por reporteros, rompieron el cerco policial y caminaron casi un kilómetro por el polvoriento camino hasta el sitio.
Una vez dentro, no hubo guías ni explicaciones por parte de las autoridades. El lugar solo mostraba algunas áreas acordonadas, pequeños hoyos en el suelo y banderillas con la leyenda “Evidencia. No tocar”, sin ningún hallazgo significativo a la vista.
Los colectivos y periodistas, lejos de encontrar respuestas, se sintieron burlados por las autoridades.
“¿Por qué se burla el gobierno?”, cuestionaron las activistas, evidenciando su frustración ante un acto que, en lugar de aportar claridad, solo aumentó la incertidumbre sobre la búsqueda de sus seres queridos.
En el rancho Izaguirre, miembros del colectivo Guerreros Buscadores localizaron 493 prendas de vestir, 400 pares de calzado y restos óseos. Estos artículos y huesos presuntamente pertenecían a personas desaparecidas en México, quienes habrían sido reclutadas con falsas promesas de trabajo para luego ser obligadas a formar parte de células delictivas.
AUTOR: REDACCIÓN.
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