Alejandra Guillén, periodista independiente y académica del ITESO, señaló este lunes en Aristegui en Vivo que el hallazgo de rastros de desaparecidos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, forma parte de un ‘circuito’ de centros de reclutamiento forzoso y adiestramiento que se extiende por varios kilómetros, incluso en otros estados, donde opera el crimen organizado con la protección de las autoridades a todos los niveles.
Tras ser anunciadas por el gobierno federal este lunes una serie de acciones para la alerta, búsqueda y localización de personas, Guillén narró el modus operandi de las organizaciones criminales para reclutar jóvenes que después son conducidos a sitios como el Rancho Izaguirre y otros sitios, donde son obligados a obedecer a riesgo de perder la vida.
Hay un “circuito desaparecedor”
Guillén explicó que lo sucedido en el rancho Izaguirre no es un evento o lugar aislado, sino parte de un conjunto de lugares donde se realizan las mismas actividades por parte de las organizaciones criminales, documentadas por ella desde 2017.
Tala está a cinco kilómetros de fincas donde se llevaron a otros privados de la libertad en 2017, es decir, es la misma región, es el mismo control, es solo como cruzar la carretera y del otro lado está el rancho Izaguirre.
“Lo que nos hace pensar que podría ser uno de los primeros lugares a los que los llevaban y no solo con fines de reclutamiento, sino como pasaba también en los campamentos de Tala que, efectivamente, como en la mañanera se dijo, hay muchos en los que reclutan forzadamente con engaños de trabajo, son entrenados y quien se resiste o se porta mal, o no obedecen, porque aquí la obediencia es fundamental, no solo mataban a quienes no querían participar o por diversas razones”.
“Lo que digo del circuito es que empieza cuando te enganchan desde las redes (sociales), toda la gente que opera desde las redes, que veo que se desactivaron cuentas, muy importante, no sé por qué no lo habían hecho en todos estos años, y quienes vivían en Guadalajara o en Tala, los iban a recoger a sus casas, y no tenían ya opción, porque ahí amenazaban con hacerle algo a la familia.
“Toda la gente que venía de fuera, tenían que llegar a las centrales camioneras y, ahí había siempre alguien que los esperaba, les quitaban celulares, ahí empieza la incomunicación (…) los movían a un carro, luego los movían a otro carro, luego los llevaban a una finca, luego, por ejemplo, en el poblado Castro Urdeales, que está a cinco kilómetros del rancho Izaguirre, ahí también encontraron unas 50 prendas, nada más que no fueron públicas, no hubo acceso a fotógrafos y no hubo un operativo de la Fiscalía de Jalisco en ese entonces.
“No sabemos de esas prendas, no se publicaron y las familias no tuvieron acceso, pero ahí los tenían una semana, también hubo gente asesinada en ese lugar, luego los llevaron a otra casa y luego a otra casa, y luego los subían al cerro, que era como el entrenamiento final, la prueba final, los que habían sobrevivido los dejaban libres y tenían que regresar, obviamente que si no regresaban, pues tienen los datos de sus familias y están amenazadas las familias, entonces están obligados a regresar.
Nos falta un elemento muy importante, que no es sólo el estatal y toda la cobertura que debe haber, porque este es un asunto de Estado, no hay autoridad que no tenga responsabilidad en esto.
Un negocio criminal
La también académica del ITESO habló del factor económico, motor que pone en marcha la desaparición, reclutamiento y adiestramiento forzado de personas al servicio del crimen organizado a riesgo de perder la vida y la de sus familiares.
Hay algo que no se está hablando y es el poder económico, ese está intacto, si todo esto existe, es porque debe haber ganancias económicas para una cantidad de personas que no son las que estamos viendo, no son las detenidas y no son solo de esta región.
“En Jalisco tenemos muchos negocios, muchos empresarios, la cara legal de esta cara ilegal, la gente bien, que se beneficia de toda esta muerte y horror, que no sale en los medios y que operan con violencia para que haya alguna ganancia económica y esa parte del circuito es la que no terminamos de entender, porque no está desdoblada y no parece haber acciones al respecto.
“En estas regiones donde yo tengo mucho tiempo escuchando que El Sapo (Gonzalo Mendoza Gaytán, líder del CJNG) se ha expandido como una estrategia de conquista de un nuevo orden territorial, que llegan a controlar quién vende la carne, a quién se vende, a qué costo las tortillas, las luminarias, es decir, el negocio pueden controlar lo que quieran, trata de personas, etcétera”.
Combatir la narrativa oficial en aras de la verdad
La periodista independiente apuntó el hecho que desde el gobierno federal no se reconoce a estos sitios, como el del rancho Izaguirre, como centros de exterminio, con hornos de incineración, además de lugares de reclutamiento y adiestramiento forzado.
Se está intentando construir una narrativa donde parecería que no hubo personas incineradas, y por lo tanto si se niega eso, pues ni siquiera se va a tratar de saber quiénes fueron las personas que ahí fallecieron.
“Me parece muy importante disputar esta narrativa y exigir verdad, porque de las fosas, que no era una, eran varias, como que iban moviéndose, iban incinerando gente, iban entrenando y se iban moviendo.
“Lo que tenemos que entender y lo que nos tenemos que explicar, es qué tipo de estrategia hay de manera amplia en estos circuitos grandes, que, además, no solo es en esa región, sino que luego los mandan a otros lugares y, podría ser que hasta otros países, pero entonces es entender este modus operandi que viene de muchísimos años”.
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AUTOR: REDACCIÓN.
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