Sólo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia se podrá honrar a las víctimas, y brindar paz a sus familias. Sólo así esta sociedad desgarrada podrá curar sus heridas. Sólo así seremos viables como país.
A pesar de la atrocidad patente, cualquier intento de crítica o cuestionamiento a la eficacia de las medidas tomadas por este y el anterior Gobierno en materia de desapariciones, ha sido rápidamente desestimado por la administración y sus simpatizantes, calificándolos como parte de una supuesta campaña orquestada por la oposición. Este enfoque defensivo no sólo limita el debate público necesario en una democracia saludable, sino que también invisibiliza las voces de las familias de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil que buscan respuestas y justicia.
A pesar de que la Presidenta cambió su actitud inicial y este lunes presentó una “estrategia” para atender la grave crisis, al mismo tiempo ella y los suyos mantienen una narrativa que insiste en achacar la indignación social a una fantasmagórica oposición.
Desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la llamada Cuarta Transformación (4T) ha adoptado una postura beligerante contra la crítica, desacreditando sistemáticamente a periodistas, académicos y defensores de derechos humanos que cuestionan su administración. Según el informe sexenal Derechos pendientes de Artículo 19, durante el Gobierno de AMLO se documentaron 248 campañas de desprestigio contra la prensa y otros sectores críticos.
Este clima de hostigamiento evidencia cómo, cuando el Gobierno pierde el control de la narrativa, sus redes de apoyo se tornan más virulentas y agresivas. Las campañas de difamación y los ataques en redes sociales no sólo buscan desacreditar las críticas legítimas, sino que también intimidan a quienes intentan visibilizar las fallas del Estado en la crisis de derechos humanos que enfrenta México.
A lo largo de la campaña presidencial del oficialismo, la lucha de las familias de los desaparecidos fue relegada a un segundo plano. Mientras se eludía el tema, miles de madres seguían cavando la tierra con sus propias manos, buscando a sus hijos en fosas clandestinas. Como siempre, los tiempos de la política y los políticos son completamente ajenos a los de las víctimas.
Ahora las mujeres que encabezan esta lucha han sido doblemente castigadas: no sólo por la ausencia de sus seres queridos, la impunidad y la revictimización desde las instituciones, sino por la brutalidad con la que son atacadas en redes sociales cuando exigen justicia. Los insultos, la descalificación y la violencia digital han intentado acallar sus voces, con la virulencia que caracteriza a las cuentas progubernamentales en las redes sociales. En otro ámbito, medios de comunicación inescrupulosos pretenden convertir en un talk show las contradicciones y disputas entre colectivos de búsqueda. Al final, todo abona a la estigmatización de las víctimas. Así nos mostramos como un país que no les da paz ni justicia a las víctimas, sino que las carga con todas las culpas de su propia situación.
Esta criminalización de las víctimas no es un hecho aislado, sino una estrategia que está vinculada a tendencias autoritarias dentro de cualquier sociedad. Como señaló Theodor Adorno en La personalidad autoritaria, culpar a quienes sufren, minimizar su dolor y convertirlos en enemigos públicos es una táctica que históricamente ha servido para justificar abusos de poder y reforzar regímenes autoritarios, e incluso, fascistas.
Es imperativo que el Gobierno, en lugar de descalificar las críticas, las escuche y las tome en cuenta para implementar políticas públicas efectivas que aborden la crisis de desapariciones. Es aún más apremiante que se ponga el énfasis en lo que importa. No son Loret, ni Ciro, ni López Dóriga, ni Reforma. No son las supuestas campañas millonarias “expuestas” con dudosas evidencias y metodologías. Son ellas y ellos, quienes luchan por encontrar a los suyos, quienes deben de importar. Mucho se avanzaría con recibirles y abrazarles en Palacio Nacional en lugar de vituperarles, vincularles a febriles complots -como los que Ramírez Cuevas y sus acólitos insisten en acusar- y mirarles con desconfianza.
Las víctimas consideran que la respuesta del Gobierno dada el lunes en voz de la Presidenta refleja desconocimiento, falta de compromiso real y un intento de presentar como “novedosas” medidas que ya deberían estar en marcha pero han sido bloqueadas por la falta de voluntad política.
Ni modo, de eso se tiene que hacer cargo el Gobierno. Esas críticas, duras, difìciles de digerir desde el poder, son las que se tienen que escuchar. Esos sapos y otros más hay que tragar. Si de verdad hay superioridad moral del oficialismo respecto a la oposición, deben hacer las cosas distintas a como se hicieron antes. Eso implica escuchar con humildad ante el infierno personal y colectivo que se ha dejado crecer por décadas por todos los gobiernos. Y, sobre todo, poner punto final a la tragedia ¿O entonces para qué querían concentrar tanto poder?
Sólo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia se podrá honrar a las víctimas, y brindar paz a sus familias. Sólo así esta sociedad desgarrada podrá curar sus heridas. Sólo así seremos viables como país.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.
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