Abigael González Valencia, "El Cuini"; Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, el último líder del cártel "Los Caballeros Templarios"; Teodoro García Simental, alias “El Teo”, quien fuera lugarteniente del Cártel de Tijuana, entre otros capos que se encuentran detenidos en México, son solicitados por el Gobierno de EU, que hace unas meses logró el envío de 29 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero.
De hecho, se espera que próximamente sean extraditados a Estados Unidos, otro número significativo de personajes vinculados al crimen organizado, así lo confirmó este martes 1 de abril, la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Hay listas de extradiciones, hay más listas de extradiciones, y en la medida en que se pueda colaborar, se colabora”, dijo la mandataria federal.
La Presidenta destacó que las listas de personas solicitadas para extradición por parte de Estados Unidos existen desde hace tiempo y que la colaboración se realiza en la medida en que se pueden cumplir con los procedimientos.
“Sí hay [listas de extradiciones], pero desde hace tiempo, no es de ahora, además de las 29 personas que ya están allá”, aseguró la mandataria mexicana en referencia a los 29 reos que las autoridades mexicanas enviaron a principios de marzo a Estados Unidos, entre ellos, Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del narcotráfico más conocidos, quien está acusado del asesinato Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la DEA hace 40 años.
Pese a que el Gobierno que encabeza la Presidenta Sheinbaum Pardo no ha brindado detalles de quienes integran estas listas de extradición, hay varios líderes del narcotráfico, ya encarcelados en México, que desde hace años intentan frenar su extradición. Otros criminales continúan en libertad, pero son buscados por dependencias estadounidenses, las cuales, incluso, ofrecen recompensa por información que lleve a su captura.
Uno de estos casos es el de “El Cuini”. Desde hace años, el Gobierno de Estados Unidos busca extraditar a Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, líder financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, diversos amparo han logrado que se mantenga recluido en México, actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, conocido como El Altiplano.
Luego de la captura del “El Cuini”, también cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, en febrero de 2015, en Puerto Vallarta, Jalisco, las autoridades estadounidenses comenzaron con los protocolos para su extradición. En 2016, el Departamento de Justicia de la Unión Americana presentó una solicitud de extradición formal.
Pero aunque dicha solicitud fue aprobada en 2019, por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la defensa del también conocido como el líder de “Los Cuinis” se ha dedicado a interponer varios recursos legales para frenar su extradición a Estados Unidos. No obstante, se espera que el próximo mes de julio se lleve a cabo una audiencia en la que se defina el futuro de González Valencia.
Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, el último líder del cártel "Los Caballeros Templarios", es otro narcotraficante mexicano que está buscando frenar su traslado a la Unión Americana. Este jueves 3 de abril, presentó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, contra su posible extradición a Estados Unidos.
De acuerdo con lo señalado en su demanda, el capo argumentó que se encuentra cumpliendo condenas de 30 y 28 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y secuestro, por lo que, dijo, tiene derecho a impugnar cualquier intento de extradición en su contra.
En este sentido, recordó que el pasado 31 de marzo de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la vocería de la Presidencia anunciaron que procederían a la extradición de varios narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo su nombre como uno de los candidatos sin ser notificado.
Sin embargo, el Juez a cargo del caso, Daniel Marcelino Niño Jiménez, resolvió que la solicitud del recluso carece de fundamentos suficientes para conceder la suspensión provisional, debido a que sigue sin demostrar una relación clara entre las declaraciones oficiales y una acción inmediata de extradición en su contra.
En consecuencia, el juzgador afirmó que es necesario presentar mayores hechos para determinar si procede o no la suspensión de oficio y de plano instada. A raíz de ello, dio un plazo de 24 horas para que, bajo protesta de decir verdad, “narre los hechos o abstenciones del acto o actos reclamados" que están siendo vulnerados.
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