Los colectivos y organizaciones que integran la Misión Civil de Observación del Istmo denunciaron en la protesta que los defensores «enfrentan procesos judiciales injustos que buscan silenciar su resistencia» y que la criminalización incluso alcanzó a personas de la población de Donají, en el municipio de Matías Romero, que han sido demandados penalmente por el Jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
De acuerdo con las organizaciones, entre ellas Artículo 19 y Consorcio Oaxaca, actualmente permanecen abiertas tres carpetas de investigación en contra de 24 personas Ayuujk y Binnizá, entre ellas tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni). En el caso de la comunidad de Mogoñé Viejo, 16 mujeres y hombres indígenas «están siendo acusadas del delito de ataques a las vías de comunicación» por instalar el plantón permanente Campamento «Tierra y Libertad», desalojado con violencia por elementos de la Marina el 28 de abril de 2023. Por su parte, en Rincón Viejo ocho personas enfrentan procesos penales por el delito de invasión de derechos de vía, acusación que se presenta «como una represalia a su negativa de desalojar sus viviendas, tras oponerse a aceptar un pago único que no compensa de manera justa el valor de su patrimonio y herencia».
«Contrario a lo que han declarado funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca, hasta la fecha no se ha establecido una mesa de diálogo que atienda de manera adecuada la criminalización y las demandas de las comunidades afectadas por las obras relacionadas con el Corredor Interoceánico», señaló la Misión de Observación. Además, recordó que ninguna de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), orientadas a mitigar los impactos ambientales del megaproyecto, han sido acatadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las empresas involucradas en las diferentes obras.
Frente al «clima de hostigamiento e intimidación», las organizaciones exigieron a la Secretaría de Gobernación establecer una mesa de diálogo e intervenir para detener la criminalización que enfrentan los 24 defensores, así como demandaron al Corredor Interoceánico y a la SICT que desistan de las acciones penales.
COMUNICADO:
Este 22 de abril de 2025, en el marco del Día internacional de la Madre Tierra, organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales que integran la Misión Civil de Observación del Istmo se manifestaron en Conferencia de Prensa frente al Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, para denunciar la persistente criminalización en contra de 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa, originarias de las comunidades de Mogoñé Viejo del municipio de San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa. Ambas comunidades han sido afectadas por las obras de ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, impuestas sin su consentimiento. Ante la falta de atención a sus demandas, han ejercido acciones legítimas de defensa de sus territorios y proyectos de vida, por lo cual hoy enfrentan procesos judiciales injustos que buscan silenciar su resistencia.
Entre las personas denunciadas, se encuentran tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI): Juana Ines Ramírez Villegas, José Alberto Cayetano Matus y Andrés Perez Hernandez, reconocidas por su labor como personas defensoras del territorio y beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su legítima labor de acompañamiento a las comunidades arriba mencionadas ha sido la razón por la cual hoy enfrentan criminalización a través de procesos judiciales. Esta situación refleja el clima de hostigamiento e intimidación que enfrentan las personas defensoras del territorio, en contravención del artículo 9 del Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), que establece la obligación de los Estados de garantizar condiciones adecuadas para la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La Misión Civil de Observación surgió en 2022 como respuesta a las agresiones contra pueblos indígenas, personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio frente a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En el informe publicado por las organizaciones en junio de 2024, se resalta la gravedad de las múltiples agresiones registradas, perpetradas en su mayoría por actores gubernamentales de los diferentes niveles. Entre ellas, resulta especialmente alarmante el uso del poder punitivo del Estado a través de la apertura de carpetas de investigación en contra de al menos 55 personas defensoras de los territorios en la región del Istmo.
Actualmente, permanecen abiertas tres carpetas en contra de 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa (OAX/000294/2023; OAX/000201/2023 y OAX/000574/2024). En el caso de la comunidad de Mogoñé Viejo, municipio San Juan Guichicovi, 16 mujeres y hombres indígenas están siendo acusadas del delito de ataques a las vías de comunicación. Desde 2019, esta comunidad inició una lucha por la defensa de su territorio, estableciendo el plantón permanente Campamento “Tierra y Libertad”, una manifestación pacífica que duró 62 días y fue objeto de hostigamiento y ataques por parte de la Secretaría de la Marina (SEMAR), la policía estatal y civiles encapuchados. El 28 de abril de 2023, el campamento fue desalojado violentamente con 6 personas detenidas. Por su parte, 8 personas de Rincón Viejo, municipio Petapa, enfrentan procesos penales por el delito de invasión de Derechos de Vía. Esta acusación se presenta como una represalia a su negativa de desalojar sus viviendas, tras oponerse a aceptar un pago único que no compensa de manera justa el valor de su patrimonio y herencia.
Contrario a lo que han declarado funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca, hasta la fecha no se ha establecido una mesa de diálogo que atienda de manera adecuada la criminalización y las demandas de las comunidades afectadas por las obras relacionadas con el Corredor Interoceánico. Las comunidades y organizaciones señalan que ninguna de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), orientadas a mitigar los impactos ambientales del Corredor Interoceánico, han sido acatadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las empresas que han estado involucradas en las diferentes obras. Las organizaciones denunciaron también que la criminalización alcanza ahora a personas la población de Donají, del municipio de Matías Romero, ya que también han sido demandados penalmente por el Jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Ante la gravedad de esta situación, las organizaciones nacionales e internacionales que suscribimos este boletín reiteramos nuestra preocupación por las repetitivas violaciones a los derechos humanos y colectivos de las comunidades del Istmo de Tehuantepec en el contexto de la implementación del megaproyecto Corredor Interoceánico. Exigimos la urgente y necesaria intervención de las autoridades con el fin de evitar que habitantes indígenas del Istmo de Tehuantepec sean criminalizados por defender sus terrenos y viviendas.
Específicamente, hacemos un enérgico llamado:
- A la Secretaría de Gobernación establecer una mesa de diálogo e intervenir para detener la criminalización que enfrentan las 24 personas indígenas de las comunidades de Mogoñe Viejo y Rincón Viejo, incluyendo las tres personas integrantes de UCIZONI.
- Al CIIT y a la SICT para que se desistan de las acciones penales en contra de los tres integrantes de UCIZONI, reconocidos defensores de los derechos humanos de los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec, y de los 21 indígenas imputados penalmente por defender su patrimonio.
- Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que actualicen y refuercen de manera urgente las medidas de protección otorgadas a quienes forman parte de la UCIZONI. Asimismo, que garantice la implementación de medidas urgentes y adecuadas para todas las personas defensoras que enfrentan criminalización en el Istmo de Tehuantepec.
Organizaciones firmantes:
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Territorios Diversos para la Vida A.C. (TerraVida)
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.
Corriente del Pueblo Sol Rojo
Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todes y todos (Red TDT)
Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalización y globalización» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM)
Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM)
Voces del Territorio A.C.
Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de a Tierra y el Territorio (APIIDTT)
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas
Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena/ Concejo Indígena de Gobierno
AUTOR: REDACCIÓN.
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