Bonilla, originario de la comunidad El Pericón, en el municipio de Texcatepec, fue testigo del homicidio de su amigo el 29 de mayo de 2023, por lo que al día siguiente fue trasladado a Huayacocotla para rendir su testimonio en la FGEV, donde policías ministeriales “lo inmovilizaron amarrándolo con una cobija, luego lo presionaron con las rodillas, trepados sobre su cuerpo, y comenzaron a meterle agua por la nariz repetida y violentamente” para que incriminara a otra persona por el crimen, explicaron el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, entre otras organizaciones.
De acuerdo con la denuncia, el testimonio de Bonilla “fue tergiversado y redactado en español, sin respetar su idioma ni su versión real”, para detener a Silverio Reyes, hoy preso por el crimen a pesar de que Diego Fernando nunca lo señaló como responsable. Durante su declaración ante el fiscal itinerante, en presencia de una intérprete oficial, Bonilla relató en ñuhú cómo fue torturado por la policía, pero “tanto el Fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio” y redactaron una versión “que Diego no entendió” y que “le pidieron firmarla y retirarse”, precisaron.
Con el acompañamiento de las organizaciones, el 30 de junio de 2023 Bonilla presentó una denuncia formal por tortura y la Fiscalía Especializada abrió una carpeta de investigación, pero durante más de cuatro meses “no se realizó ninguna diligencia sustancial”, por lo que se interpuso un amparo. La demanda fue admitida en marzo de 2024 y a partir de entonces se realizaron algunas diligencias, como la toma de declaración de Diego, la ratificación de su denuncia y la inscripción del caso en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), así como se programó la aplicación del examen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul.
“A pesar de estas evidencias y del avance impulsado por el juicio de amparo, el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura anunció su intención de cerrar el caso, al enviar una determinación de no ejercicio de la acción penal a revisión de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. Es decir, considera que Diego no fue víctima de tortura, a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto”, señalaron las organizaciones.
Frente a la pretensión de la Fiscalía de Veracruz, las organizaciones y centros de derechos humanos exigieron que las autoridades no cierren la investigación sin agotar todas las diligencias, que respeten el derecho de Bonilla a una investigación con enfoque intercultural, y que cese el uso de declaraciones obtenidas bajo coacción.
“La tortura no puede seguir siendo ignorada ni encubierta por las propias instituciones encargadas de impartir justicia”, subrayaron las organizaciones, que aseguraron que la decisión de la Fiscalía “refuerza el patrón de impunidad” en Veracruz frente a las denuncias de violaciones a derechos humanos.
COMUNICADO:
AUTOR: REDACCIÓN.
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