El sueño de la Secretaria de Turismo (SECTUR) de construir una autopista entre las dos ciudades chiapanecas remonta a 2009 y nunca se realizó por la oposición de las comunidades de esta región, donde viven muchas bases del MODEVITE y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En este entonces el megaproyecto turístico fue denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP)-Cascadas de Agua Azul y formaba parte del Plan Mesoamérica, luego rebautizado Plan Puebla Panamá.
En el trascurso de estos 16 años reapareció en las declaraciones de los gobernantes y fue hasta diciembre de 2019 que fue aprobado por el Congreso de Chiapas con el nombre “Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque”: un proyecto todavía más ambicioso que el anterior pues conectaría la región Costa de Chiapas con la Selva, pasando por San Cristóbal de Las Casas, funcionando también como enlace entre el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, que tiene una estación en Palenque.
Tras la toma de protesta del nuevo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar -que ya hace diez años, cuando se desempeñaba como Secretario de Gobierno, era promotor del megaproyecto – fue anunciada la construcción de su primer tramo Palenque-San Cristóbal de Las Casas, que atraviesa 10 municipios con poblaciones tzeltales, tzotziles y mestizas. Tiene una extensión de 153 kilómetros de extensión y contempla también un ramal de 18 kilómetros que conecta con Ocosingo.
De acuerdo con Ramírez Aguilar, la autopista se construirá con recursos públicos y “estará a cargo de una asamblea que se constituirá por un miembro de cada comunidad y las ganancias impactarán directamente en beneficio de las familias de estos ejidos”. Además, afirmó que las comunidades serán socias de la autopista y gestionarán gasolineras, restaurantes y tiendas de autoservicio.
Sin embargo Modevite, que está presente en 13 municipios de la región, no cree en las promesas del gobierno y denuncia las irregularidades que se registraron en la consulta del 23 de marzo. “Es una consulta amañada, se realizó en las cabeceras en lugar que en las comunidades afectadas por la obra”, dijo en rueda de prensa Domingo Miranda López. De acuerdo con otro integrante de Modevite, Henry Eugenio Guillén Jiménez, los pobladores vieron una empresa realizar estudios de suelo en sus comunidades sin permiso de la asamblea. Además, denunció que las autoridades locales los amenazan con quitarles servicios de salud, educación, agua y drenaje si no apoyan al megaproyecto.
Pascuala Vázquez Aguilar señaló también otra irregularidad: la población nunca fue informada sobre los impactos de la carretera ni sobre su trazo, y no sabe exactamente cuáles comunidades quedarían afectadas. “Aventaron placas desde una avioneta para marcar el trazo de la autopista, pero no tenemos claro dónde pasará exactamente”, dijo durante la rueda de prensa la también vocera del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón.
Uno de los dos amparos presentados por Modevite se basa justo en la falta de información ambiental a las comunidades, mientras que el otro reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos publicados el 17 de febrero de este año en el periódico oficial del Estado de Chiapas. “Son lineamientos que crean una nueva forma de participación denominada consulta pública y son inconstitucionales”, dijo durante la rueda de prensa la abogada María Fernanda Santos de la Rosa, de la clínica jurídica de la Universidad Iberoamericana. De acuerdo con ella, si el juez reconocerá que la consulta no fue informada y que los lineamientos son inconstitucionales, admitirá la invalidez de la consulta pública y de la construcción del primer tramo de la obra.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.
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