La activista señaló que debe haber una mejor coordinación entre las autoridades, en específico con las dependencias para las mujeres, con el objetivo de ofrecer capacitaciones y mayor protección a aquellas que se sientan en peligro.
“Invito a que analicen y revalúen ese mecanismo porque no ha funcionado, realmente no es un mecanismo responsable; todavía el reto entre los tres niveles de gobierno es tener esa respuesta rápida, esa coordinación, no tener celos una secretaría con otra, sino compartir entre ellas información, de construir propuestas colectivas”.
Indicó que es sumamente necesario crear toda una campaña de difusión sobre los mecanismos y protocolos disponibles para las mujeres en situación de riesgo. Además, subrayó la importancia de concientizar a los hombres respecto a las nuevas masculinidades y dejar de lado el discurso machista que aún persiste en la cultura mexicana y bajacaliforniana.
Con respecto a la implementación de la denominada Ley Daryela, mencionó que es un buen inicio en la protección de las mujeres; sin embargo, advirtió que si una ley no está acompañada de recursos, básicamente es letra muerta.
“La Ley Daryela, si no tiene presupuesto, pues ¿cómo? Se está haciendo responsable a los municipios de capacitar, pero los institutos municipales de las mujeres, pues ¿qué tienen? Un millón al año. El reto ahí es que, para el año que entra, necesitamos urgentemente que el Congreso etiquete recurso para el cumplimiento de la ley”.
En 2024, Baja California cerró dentro de las primeras diez entidades federativas con más feminicidios en todo el país; mientras que el municipio de Tijuana fue la segunda ciudad con más feminicidios a nivel nacional.
Por otra parte, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al corte del mes de febrero de 2025 se han registrado cuatro feminicidios en Baja California, mientras que Tijuana ocupa el segundo lugar, con tres delitos de este tipo.
AUTOR: ARATH CASTILLO.
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