Por ejemplo, los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) que corren el riesgo de accidentes, atentados, persecuciones y amenazas, incluso en sus hogares, pues muchos de ellos han sido atacados en sus casas y han perdido a miembros de su familia como en 2008, cuando sicarios balearon la vivienda de Margarito Saldaña, asesinándolo a él, a su esposa y a una de sus hijas, si esos agentes tenían como adicionales en su ganado derecho a la seguridad social, a la esposa y a dos hijos, de su salario les serán descontados 750 pesos por quincena. Si tienen a los padres, pues súmele 250 pesos más por cada uno.
La Ley de la Seguridad Social indica que un beneficiario de ese derecho, afiliado por ejemplo al Instituto Mexicano del Seguro Social y que contribuye con su cuota lo mismo que el patrón, tiene derecho a afiliar a ese servicio de salud garantizado, a los padres, a los cónyuges y a los hijos menores de edad, y a los mayores de edad, sólo si aún son dependientes y continúan con sus estudios profesionales.
Pero en Baja California, los empleados de la FGE y del gobierno están afiliados al Issstecali, institución en quiebra debido a los malos manejos de los gobiernos, sea por el impago de las cuotas de los trabajadores del Estado y Municipios, o por la pésima administración de los recursos en gobiernos pasados y el actual.
Para sobrevivir, dado que la gobernadora Marina Ávila Olmeda no ha logrado los consensos para reformar la Ley del Issstecali e intentar ordenar algo de la maltrecha institución que ahogada en déficit pretende mantenerse incrementando cuotas a los trabajadores, ahora los de la FGE deben aportar.
En el portal electrónico de ZETA (www.zetatijuana.com) publicamos una nota revelando el abusivo descuento a los empleados de la FGE un día antes de que lo hicieran efectivo. Y lo que sucedió al interior de la corporación, dicen que fue una persecución de los altos mandos para dar con la persona que dio a conocer la información y cambiarla de adscripción.
Es la forma que tienen en la FGE para “castigar” o reprimir a los agentes y colaboradores, cambiarlos de comisión, adscripción e incluso de municipio. Si alguien está en Tijuana y ha hecho algo que molestó a “los jefes”, lo mandan comisionado al Paralelo 28 y allá a ver qué hace.
Por supuesto que los agentes y demás trabajadores de la FGE están molestos con esta situación, consideran injusto y con toda razón, que no puedan disponer para sus familias del derecho a la seguridad social como lo marca la Ley, sino que ahora deben pagar por ello como si se tratase de un seguro privado de gastos médicos mayores, cuando de hecho la atención en Issstecali es de pésima calidad.
En una época en que los gobernantes y titulares de las áreas de seguridad, prevención, protección y procuración de justicia refieren la necesidad de dignificar la labor del policía, en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la fiscal estatal María Elena Andrade están precarizando aún más la condiciones de quienes trabajan en la FGE, al obligarlos a descuentos de 250 pesos por cada derechohabiente, adicional a la seguridad social y de salud en el Issstecali, y, de manera interna en la fiscalía, se amedrenta a quienes revelen información o pretendan manifestarse por el injusto y unilateral acuerdo de descuento.
Si eso no fuese ya suficientemente grave, el martes 14 de enero, agentes de la FGE y demás colaboradores y empleados de la fiscalía no recibieron su primera catorcena como por Ley debe ser ante el trabajo desempeñado. No les pagaron. El dinero que han ganado en los primeros catorce días del año por su trabajo, no les fue depositado a sus cuentas, y cuando fueron a preguntar por qué no habían recibido su sueldo, la indolente respuesta de la autoridad fue simplemente que la institución “no tenía dinero y estaba en reajustes”.
Aparte, a eso de las tres de la tarde les advirtieron: “Y ni se les ocurra hacer manifestaciones, porque serán cambiados de adscripción. En el transcurso del día se irán liberando los pagos”.
Por supuesto molestos por la falta del pago, los agentes empezaron a enlistar otras inconformidades sobre el actuar dentro de la institución, como horarios extendidos de trabajo (sin pago de horas extra), trabajo en días festivos (sin pagarlos acorde a la Ley), y en algunos casos, la exigencia de “cuotas” para los agentes que trabajan en calle, las cuales suelen superar el requerimiento de pago de los 4 mil pesos.
Los agentes comenzaron a recibir el pago de sueldo hasta la noche del miércoles 15 de enero, registrando, además, descuentos desde 250 hasta mil 500 pesos, dependiendo del número de afiliados a la seguridad social que tengan. Pero de quejarse, nada, a reserva de ser castigados.
Así las cosas en la FGE de Baja California, que se va ganando con fundamento y desde el interior, la fama de mala paga y represora.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
