Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Petróleos Mexicanos (Pemex) cuantificó un quebranto de tres mil 303 millones 81 mil 348 pesos por robo de combustibles a través de tomas clandestinas. Pero la cifra sólo considera los casos en los que hubo un dictamen para valuar daños y sólo si se inició una carpeta de investigación, por lo que no tiene la suma de todo lo extraído mediante “ordeña” en el sexenio anterior.
El “huachicol”, como se conoce a la extracción de gasolinas mediante perforaciones a las válvulas, fue el principal delito que combatió el exmandatario, quien también expuso que el episodio más doloroso de su mandato fue cuando explotó un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, como consecuencia de una toma abierta.
El saldo fue de 137 muertos por calcinación y quemaduras de tercer grado.
Hidalgo –gobernado desde noviembre de 2022 por el morenista Julio Menchaca Salazar y antes por el expriista Omar Fayad Meneses– fue el estado más ordeñado del país durante el mandato de AMLO, con 26 mil 820 perforaciones; no obstante, en 2021, 2022, 2023 y desde enero hasta agosto de 2024 el daño por el hurto de gasolinas, diésel, gas, petroquímicos e incluso turbosina –un combustible para aviones–, está en ceros.
Lo anterior, a pesar de que en esos 44 meses se presentaron cuatro mil 624 denuncias por piqueteo de ductos mediante los cuales grupos de huachicoleros sustrajeron los hidrocarburos. Cada una de estas denuncias puede incluir más de una toma localizada, expuso Pemex a través de una serie de solicitudes de información de las que se obtuvieron los datos presentados en este reportaje.
En los años en ceros, Hidalgo lideró el huachicol en el país con amplio margen de diferencia sobre sus seguidores, que llegó a ser del doble: en 2021, con cuatro mil 489 piquetes a ductos; en 2022, siguió a la cabeza con cinco mil 779; en 2023, con tres mil 675, y de enero a agosto de 2024 alcanzó mil 743.
En Hidalgo, el municipio más ordeñado del país
En ese periodo, agrupaciones protagonizaron disputas por el control de las plazas regionales. Cuautepec de Hinojosa, en el Valle de Tulancingo, fue el municipio con más sustracción ilegal no sólo del estado, sino en el país. En ese lapso también se registraron ataques armados, asesinatos, vehículos quemados y cuerpos calcinados. En tanto, por región, el Valle del Mezquital, con municipios como Tula, Tezontepec, Tlahuelilpan, Atitalaquia y Tlaxcoapan, fue la más vulnerable a nivel nacional en cuanto a tomas, también con su costo de violencia.
Aun con ello, Pemex sólo cuantificó quebranto por ductos saqueados en territorio hidalguense en 2020, 11 mil 309 pesos, aunque se presentaron mil 287 denuncias, y 2019: 703 millones 774 mil 730 pesos, después de mil 817 denuncias. Lo anterior, aunque en aquel 2019 las tomas en la geografía estatal llegaron a cuatro mil 29 y subieron a cuatro mil 994 en 2020.
Sólo en el derrame y quema de combustible durante la explosión de Tlahuelilpan en enero de 2019, a 49 días de la toma de protesta de AMLO, el gobierno mexicano calculó que a causa de la toma clandestina se derramaron diez mil barriles de gasolina con un valor cercano a los 22.3 millones de pesos antes de impuestos, según el estudio “Impacto socioeconómico. Explosión e incendio de gasolina en un ducto. Tlahuelilpan, Hidalgo”, elaborado en 2019 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Contrasta que en el último año de Enrique Peña Nieto la pérdida reconocida por el hurto de combustibles en la entidad hidalguense fue de mil 132 millones 75 mil 661 pesos, como resultado de 597 denuncias, aunque en esos 12 meses se detectaron picaduras en ductos dos mil 111 veces; más, porque de 2018 a 2019 las tomas clandestinas aumentaron 90.85% en Hidalgo, entre un fuego cruzado de organizaciones criminales dedicadas a este delito. En ese periodo, el estado era gobernado por Fayad, ahora embajador de México en el Reino de Noruega con la denominada Cuarta Transformación (4T).
La falta de datos lleva a que, sólo en el estado más ordeñado del país, alrededor de 20 mil 680 tomas clandestinas, que son las de 2021, 2022, 2023 y 2024, así como las de 2020 en las que únicamente se reconoce producto robado por 11 mil 309 pesos, estén sin cuantificar y, con ello, sin revelar el verdadero daño al patrimonio mexicano.
35 válvulas rotas cada 24 horas
“Lo sabían todos, desde Fox”, dijo López Obrador sobre el huachicol en su conferencia matutina del 9 de enero de 2019, al afirmar que hubo conocimiento de los presidentes acerca de este delito, que no contuvieron. En los dos sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) hubo cinco mil 920 perforaciones a ductos en el país; con Peña Nieto (2012-2018) se dispararon hasta llegar a 41 mil 351, mientras que el de AMLO (desde enero de 2019 hasta agosto de 2024) tiene el registro más alto en la historia: 72 mil 337, un promedio de mil 63 cada mes; 35 válvulas rotas para ser saqueadas cada 24 horas.
Nueve días después de aquella declaración en la que sugería protección o negligencia por parte de sus antecesores, vendría la tragedia más grande a consecuencia de una toma abierta: el hades en el que se convirtió la parcela de San Primitivo, en los límites entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, cuando el ducto estalló.
El daño sin contabilizar
De enero de 2019 –un mes después del arranque del gobierno de AMLO– a agosto de 2024 –30 días antes de que dejara el poder–, los Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex registraron 72 mil 337 tomas clandestinas a nivel nacional. Hidalgo siempre lideró la incidencia, y entre 2019 y 2021 lo siguieron Puebla, Estado de México y Guanajuato.
En el sexenio pasado, el precio de un litro en el mercado negro fue variable, desde los 15 hasta los 18 y 20 pesos, según las zonas. Hay registros en estas entidades de aseguramientos de pipas de doble remolque con capacidad de 40 mil o 60 mil litros, llenas de hidrocarburo robado, lo que muestra una dimensión del hurto de grupos criminales, que no sólo operan pipas, sino tráilers, camionetas, patrullas clonadas, ambulancias falsas y hasta carrozas, y han hecho tomas subterráneas que desembocan en tumbas y una red mediante túneles.
Para 2022, Estado de México pasó al segundo sitio de la ordeña (dos mil 221 tomas), Puebla al tercero (mil 22) y Tamaulipas ocupó el cuarto (775). Los 12 meses siguientes Jalisco fue a la segunda posición (dos mil 482), seguido del Estado de México (mil 475) y Veracruz (mil 454), mientras que Puebla se acercó con mil 274.
En el último año del mandato lopezobradorista, de enero a agosto, las entidades con más ductos drenados por la ordeña fueron Hidalgo (mil 743), Jalisco (mil 377), Tamaulipas (924) y Puebla (743).
A pesar de que estas entidades estuvieron entre las más saqueadas por el huachicol, acumularon años sin que hubiera un dictamen de valuación que cuantificara el quebranto que tuvo Pemex por la infraestructura que atacaron grupos criminales para hurtarle gasolinas, o, por falta de denuncias, quedaron sin registrar oficialmente el valor de los hurtos.
En 2023 y 2024, Puebla aparece en ceros, aunque hubo más de dos mil 17 ordeñas en ese lapso, pero sólo 68 denuncias. En 2022, sólo contabilizaron un daño por robo de combustibles de 270 mil 909 pesos, después de 41 denuncias, pero ese año hubo mil 22 ordeñas.
El mayor conteo de agravio ahí está en 2019, con 118 millones 827 mil 135 pesos, que se sumó a los 38 millones 712 mil 562 pesos de 2020 y el millón 893 mil 270 pesos de 2021.
Cifras no reflejan la realidad
Una fuente de la petrolera que pidió la reserva al no estar autorizada para hablar al respecto explicó que las cifras no representan que el problema en territorio poblano ni el resto en el que se tienen datos oficiales sobre quebranto haya disminuido drásticamente, sino que hay tomas que no arrojan números exactos en el sistema remoto, lo que cree también podría reflejar algún tipo de protección, además de que están condicionados al inicio de carpetas y, después, a las estimaciones volumétricas.
Aunque en 2019 el Estado de México fue el que más quebranto reconocido tuvo a causa del huachicol, 845 millones 588 mil 732 pesos en valor producto robado, en 2020 bajó drásticamente a 41 millones 277 mil 687 pesos; es decir, el 4.8% del año anterior. Esto sucedió aunque las tomas clandestinas, si bien bajaron, no lo hicieron en la misma proporción, al registrar mil 778 y mil 240.
En 2021 el huachicol incrementó de nuevo en territorio mexiquense, al llegar a mil 732 perforaciones, pero sólo se cuantificó un quebranto de siete millones 293 mil 626 pesos. La tendencia siguió: al año siguiente las tomas aumentaron a dos mil 221, pero el conteo legal fue todavía menor: tres millones 845 mil 441 pesos, mientras que en 2023 hubo mil 475 tomas, pero sólo recuento oficial de un millón 488 mil 945 pesos en pérdida por hidrocarburos robados.
En tanto, de enero a agosto de 2024, el daño documentado en Estado de México, ya gobernado por la morenista Delfina Gómez, fue de un millón 772 mil 728 pesos, con nueve denuncias, contra las 443 tomas clandestinas.
En el mismo tenor, Jalisco tuvo 2021, 2022 y 2023 en ceros, aunque ese trienio se detectaron tres mil 373 piquetes en la infraestructura de ductos que cruza su territorio, para drenarlos. En los años que sí se cuantificó algún quebranto durante el sexenio, la cifra oficial llegó a un millón 155 mil 922 pesos, pero en ese tiempo los piquetes a ductos alcanzaron los mil 676 (2019, 2020 y 2024).
Incluso, entre enero y agosto del año pasado hubo mil 377 tomas, para situar al estado a cargo del emecista Enrique Alfaro en el segundo lugar nacional, pero el agravio económico documentado por Pemex apenas alcanzó los 81 mil 522 pesos, que equivaldría a comprar tres mil 291 litros de gasolina Magna al precio promedio de 24.77 pesos. Legalmente, ésa es la cuantificación del saqueo de las organizaciones criminales en Jalisco durante ese periodo.
Guanajuato también tuvo 2021 y 2022 en ceros. En ese bienio, Petróleos Mexicanos detectó 505 y 590 perforaciones a sus válvulas en esa demarcación, donde los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima (CSRL) –ambos dedicados a la ordeña de ductos–, libran una de las disputas más violentas en los últimos años. Su pelea por el territorio convirtió a esa entidad en la de más homicidios dolosos en el país.
En el primer año de López Obrador en el poder, Guanajuato sumó mil 188 ordeñas y fue el cuarto a nivel nacional, pero sólo se cuantificó un quebranto de 192 mil 496 pesos. Es decir, como si los huachicoleros únicamente hubieran hurtado siete mil 800 litros de gasolinas en esos 12 meses, a valor comercial. En 2020, el daño según el recuento oficial fue aún mucho menor, de 15 mil 806 pesos; no obstante, las perforaciones sumaron 609; en 2023, 859 mil 802 pesos, pero 554 tomas, y en 2024, dos millones 183 mil 569 pesos y 546 válvulas drenadas.
Durante el sexenio de AMLO, el mayor quebranto reconocido en un territorio se dio en Baja California, con mil 325 millones 709 mil 330 pesos, lo cual representa el 40.13% del total en su gobierno. Esto ocurrió aunque la entidad siempre estuvo lejos de los punteros en tomas: 164 en 2019, en el onceavo lugar de mayor incidencia; 187 en 2020, cuando subió al nueve; mientras que en 2021 fue el puesto seis, pero con 294, lejos de las cuatro mil 489 de Hidalgo en el primer lugar.
Entre 2022 y agosto de 2024 sumó mil 142, apenas el 3% del total nacional, pero en ese lapso el quebranto reconocido por ataques en esa entidad llegó a 796 millones 207 mil 613 pesos, que fue el 94.45% de todo el daño reconocido por huachicol en el país. La disparidad demuestra que durante el sexenio hubo miles de tomas en las que no se contabilizaron los daños, justo en las entidades de mayor problema.
Es decir, según datos oficiales, Baja California sólo tuvo el 3% de las tomas en toda la nación en aquel periodo, pero casi el 95 de las pérdidas que el gobierno reconoce están ahí, mientras que en Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Coahuila, que lideraron en tomas clandestinas, no se contabilizaron saqueos por ordeñas.
El último año del anterior gobierno federal fue en el que más daño hubo por el robo de combustibles en Baja California, con base en el recuento oficial: 412 millones 568 mil 555 pesos, aunque las tomas fueron 311, contra las mil 743 de Hidalgo y las mil 377 de Jalisco que reportaron cero pesos en quebranto hasta un mes antes del cambio de poder de López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo.
Las miles de tomas sin cuantificar se mantienen, en un escenario en el que la disputa territorial de grupos de la delincuencia organizada también sigue, con cuerpos acribillados, desmembrados y calcinados en las geografías donde las válvulas se pelean con fuego.
