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Reviven registro de usuarios de telefonía móvil en iniciativa de seguridad de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una ley que fortalece las funciones de la Secretaría de Seguridad en materia de inteligencia, y otra ley para coordinar y profesionalizar a quienes combaten al crimen en el país.

El gobierno federal busca crear una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil con el objetivo de investigar delitos, una iniciativa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucional desde el 2022.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas en materia de seguridad, entre las que se encuentra la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se propone la creación de una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil que sería nutrido por todas las compañías que prestan este servicio.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicación, una nueva dependencia creada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sería la encargada de administrar el registro de usuarios de telefonía móvil.

La iniciativa señala que “el registro de alta de usuarios de telefonía móvil deberá garantizar que las personas usuarias estén asociadas con una o más líneas telefónicas móviles, mediante el número telefónico, Clave Única de Registro de Población, credencial para votar o cualquier identificación oficial tratándose de personas físicas, y la clave del Registro Federal del Contribuyente, tratándose de personas morales”.

En 2021 el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya había propuesto crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para perseguir delitos, sin embargo, un año después la Suprema Corte declaró inconstitucional esa iniciativa por ser violatoria al derecho de la privacidad y la protección de datos personales.

En aquella ocasión, la Suprema Corte declaró inconstitucional el Padrón Nacional gracias a una impugnación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo que desaparecerá el próximo mes de marzo por una reforma aprobada por el Congreso.

En su nueva iniciativa, Claudia Sheinbaum justifica que esta plataforma digital servirá para combatir delitos como el secuestro o la extorsión, y aseguró que su diseño será “respetuoso de los derechos humanos” y garantizará “el derecho a la privacidad”.

Secretaría de Seguridad tendrá mayores labores de inteligencia

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a los diputados la iniciativa para expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

La ley en materia de investigación e inteligencia fortalece las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia a cargo de Omar García Harfuch que ahora coordinará un Sistema Nacional de Inteligencia que se nutrirá de información aportada por todas las instituciones de seguridad de nivel federal, estatal y municipal.

La legislación prevé que el Sistema Nacional sirva para elaborar al menos ocho productos de inteligencia, entre los que se encuentran mapas y organigramas de bandas delictivas; reporte de antecedentes de personas y grupos criminales; instrumentos para fortalecer las capacidades de las policías, y lineamientos para el manejo de datos delictivos y la generación de políticas.

Entre estos productos de inteligencia también destaca que la SSPC podrá elaborar informes relacionados con aspectos sociales, económicos y políticos con el fin de perseguir delitos.

Esta legislación pretende dar más facultades a la SSPC, que en los últimos sexenios quedó rezagada debido a que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) tomaron las riendas de la estrategia de seguridad en el país.

En su iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, Sheinbaum justificó que un sistema nacional de inteligencia e investigación “será de suma importancia para lograr una disminución en la incidencia de delitos, especialmente los de alto impacto, neutralizando a los generadores de violencia y redes criminales”.

Las atribuciones en materia de inteligencia ya le habían sido concedidas a la Secretaría de Seguridad con una reforma al artículo 21 de la Constitución. A finales del 2024, el Congreso aprobó dicha modificación por unanimidad.

Pero ahora, con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, se busca dar más claridad en las funciones que podrá realizar la SSPC de Omar García Harfuch.

Una vez aprobada que esta ley entre en vigor, el Sistema Nacional deberá empezar a funcionar en un plazo no mayor de 180 días.

Coordinación entre autoridades para investigar delitos

Junto con la ley en materia de inteligencia, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a los diputados una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual tiene el objetivo de mejorar la coordinación de las autoridades que combaten el crimen, así como mejorar el perfil de los funcionarios que se dedican a esta labor.

Esta es la misma Ley General donde se incluye la creación de la plataforma digital de usuarios de telefonía móvil a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La Ley General también prevé crear Conferencias Nacionales en las que dialogarán las secretarías de Seguridad Pública, las fiscalías y procuradurías, los encargados de los sistemas penitenciarios y representantes de las instancias de seguridad de los municipios.

Esta legislación también ordena mejorar las condiciones laborales de los policías, quienes no podrán ser subcontratados y deberán tener las prestaciones básicas. El Servicio Profesional de Carrera será obligatorio para ellos y para los ministerios públicos y peritos de las fiscalías.

Así como se pretenden mejorar las condiciones laborales de los policías, la Ley General también contempla sanciones a los policías que incumplan con su deber o que no cumplan con el perfil para realizar su labor.

De igual forma se crea un Sistema Nacional de Información que estará conectado al Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, y se dan atribuciones al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para que vigile el uso del dinero que las autoridades reciben por parte del gobierno federal para combatir el crimen.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Sheinbaum designa a compadre de AMLO y primo de ex chófer de tabasqueño, como titular de Aduanas, otra vez

Rafael Marín Mollinedo será, de nueva cuenta, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en sustitución de André Georges Foullon Van Lissum, según lo confirmó, el 14 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El otra vez titular de la ANAM es primo de Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como “Nico”, quien se desempeñó durante varios años como chofer y coordinador de logística de Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) del 2000 al 2005, como en dos campañas presidenciales (la del 2006 y la del 2012).

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal anunció que realizaría reuniones semanales para evaluar el trabajo de la ANAM y los avances que se registrarían en materia de recaudación.

La también ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México informó que la principal encomienda de Marín Mollinedo sería lograr la coordinación entre elementos de las Fuerzas Armadas, funcionarios civiles y la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“Es indispensable aumentar la recaudación y su tarea es aumentar la recaudación de las aduanas. Hemos hecho algunas acciones y nos han permitido aumentar ya la recaudación del primer mes, pero él [Marín Mollinedo] tiene la tarea ahora de coordinar elementos que hay de la Secretaría de la Defensa [DEFENSA], Marina [SEMAR], civiles y trabajar muy de la mano con la Agencia de Transformación Digital”, detalló la presidenta.

“Yo los voy a estar viendo cada semana, porque estoy segura de que vamos a tener más recaudación y con ello, pues, poder cumplir con los compromisos que hemos hecho y más para el pueblo de México”, dijo la mandataria nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró, el 21 de junio de 2023, a Foullon Van Lissum como nuevo director de la ANAM, en sustitución de Marín Mollinedo, el cual pasaría a ser embajador de México en la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya sede está en Ginebra, Suiza y que agrupa a 164 miembros, así como a 20 naciones en calidad de observadores.

El nombramiento del quinto titular de la ANAM en lo que iba del Gobierno del político tabasqueño -el primero fue Ricardo Peralta Saucedo, el segundo Ricardo Ahued Bardahuil y el tercero Horacio Duarte Olivares-, fue enviado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional-, el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal repasó la trayectoria del general Foullon Van Lissum y dijo que antes de retirarse le pidió que considerara contribuir con su Gobierno.

“Para que tengan antecedentes sobre este general: cuando tuve que decidir, él estuvo en la terna y lo elegí al final por ser una gente recta, honesta, preparada, fue director del Colegio Militar, fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa todavía con nosotros”, agregó el mandatario nacional.

“Hace poco se retiró y, antes de que se fuera, le dije que pensara en que podía ayudarnos. Y necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas fronterizas, para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas, y que no haya evasión fiscal, porque el ingreso de las aduanas es de más de un billón de pesos, constituye como el 15 por ciento del presupuesto nacional”, mencionó el presidente.

¿QUIÉN ES RAFAEL MARÍN MOLLINEDO?

Rafael Marín Mollinedo es Licenciado en Economía, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como embajador de México en la Organización Mundial del Comercio (OMC), como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), y, como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, en dicho orden.

Previamente, fue director general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, así como director general de la Red de Transporte de Pasajeros, adscrita a la Secretaría de Transporte y Vialidad, todo durante la Jefatura de Gobierno del político tabasqueño en el GDF.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Ricardo Monreal respalda denuncia a jueces que otorgaron suspensiones a reforma al Poder Judicial

“Es importante destacar que con esta resolución simplemente se deja a la organización electoral fluir de manera correcta y que no habrá obstáculos", señaló Monreal.

Luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los dos jueces que autorizaron las suspensiones para frenar la reforma al Poder Judicial, Ricardo Monreal respaldó la denuncia ya que afirmó que la Corte actuó de forma indebida.

En conferencia de prensa, el legislador morenista explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni los juzgados, ni tribunales debieron conceder suspensiones a la reforma electoral, ya que sólo le compete al Tribunal Electoral.

“Para nosotros en el Poder Legislativo, la mayoría legislativa interpreta la Constitución que esta le concede al Tribunal Electoral facultad exclusiva para resolver temas electorales. Toda la materia electoral tiene que resolverla como única instancia el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tiene toda nuestra confianza y respaldo institucional.

“La Corte no debió haberse involucrado en este tipo de resoluciones. Ni juzgados de distrito, ni tribunales colegiados de circuito o unitarios debieron haber concedido suspensiones sobre la reforma en materia electoral; al único que le compete, al único que la Constitución le faculta, es al Tribunal Electoral… Creo que la Corte actuó de manera indebida, se entrometió, actuó de manera injerencista y desobedeció a la Constitución”, explicó.  

El diputado morenista resaltó que lo importante es que se deja a salvo que la elección para elegir juzgadores, funcionarios judiciales y está en proceso para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice y el Tribunal dirima cualquier diferencia que se suscite sobre el particular.

“Es importante destacar que con esta resolución simplemente se deja a la organización electoral fluir de manera correcta y que no habrá obstáculos, ni por jueces, ni por magistrados, ni por ninguna autoridad para obstaculizar. No habrá pues obstáculos para llevar a cabo la elección de juzgadores”, finalizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

A seis años del asesinato del activista Samir Flores, la investigación continúa empantanada

Activistas exigieron a la FGR dar seguimiento a líneas de investigación que involucran a políticos de Morena con el crimen y la delincuencia organizada.

A siete días de que se cumplan seis años del asesinato de Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos Puebla Tlaxcala, con el respaldo de organizaciones sociales, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) dar seguimiento a líneas de investigación que involucran a políticos del partido Morena con el crimen y la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa afuera de instalaciones de la FGR, los activistas solicitaron a la FGR llamar a declarar al exgobernador Cuauhtémoc Blanco y al diputado federal Hugo Erick Flores, así como al exfiscal de Morelos Uriel Carmona y a otros políticos de Morelos vinculados a Morena, para que informen sobre la muerte de Flores Soberanes.

Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, explicaron que, dentro de la misma carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía de Morelos, habría elementos que involucran a políticos de Morena con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero que de manera inexplicable no se siguieron.

Agregaron que por haber sido Samir locutor de una radio indígena, a través de una solicitud de los familiares, hace seis meses la FGR atrajo el caso a través de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos de Libertad de Expresión (FEADLE).

Sin embargo, apuntaron, hasta ahora la FEADLE “no tiene una teoría del caso”, de ahí que el Frente decidió entregar sus consideraciones sobre las líneas de investigación que tendrían que ser abordadas para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del líder comunitario.

Los activistas recordaron que Samir Flores fue asesinado diez días después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador visitara la región en la que se construye el PIM, el 10 de febrero de 2019, y desató “expresiones de odio” contra los pueblos indígenas que se manifestaban en contra de la megaobra, calificándolos de “radicales de izquierda conservadora”.

Destacaron que el 19 de febrero, un día antes de su asesinato, Samir Flores confrontó a Hugo Erick Flores quien fungía como delegado estatal de la Secretaría del Bienestar para Programas Integrales de Desarrollo en Morelos, y que era señalado por los integrantes del Frente como operador político para acallar las protestas. 

Acompañados de integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), del Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, los activistas del Frente de Pueblos, resaltaron que su presencia frente a las oficinas de la FGR responde a una jornada global en la que participan más de 200 organizaciones y activistas de México, América Latina y Europa, en exigencia del esclarecimiento del crimen de Flores Soberanes. 

Las acciones que, llevarán a cabo en la Ciudad de México, en Morelos y en países como Francia, Italia, España y Estados Unidos, países de donde son originarias las empresas que participan en el PIM, culminarán el 1 de marzo.

Entre las acciones programadas destaca la marcha que se realizará el 21 de febrero en la Ciudad de México y que saldrá de la Secretaría de Gobernación con rumbo al Zócalo capitalino. 

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

El Consejo de la Judicatura Federal denunciará ante la FGR a jueces que han frenado la reforma judicial

Magistrados federales acusaron que los consejeros Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés, Celia Maya y Sergio Javier Molina, quienes integran la “mayoría oficialista”, acordaron dar vista a la FGR contra los jueces de Michoacán y Jalisco que dictaron esos fallos.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los jueces que han otorgado suspensiones y amparos para frenar la reforma judicial. 

Durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF), magistrados federales acusaron que los consejeros Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés, Celia Maya y Sergio Javier Molina, quienes integran la “mayoría oficialista”, acordaron dar vista a la FGR contra los jueces de Michoacán y Jalisco que dictaron esos fallos.

“Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias tanto materiales como de recursos humanos para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces y a las juezas por tomar estas decisiones que además adoptan en ese libre albedrío”, señaló la magistrada Julia María del Carmen García González. 

La conferencia de este viernes fue la última que realizarán los juzgadores pues consideraron que el fallo emitido ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) implicó la muerte de la República porque dio vía libre a la implementación de la reforma judicial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

EU pide cadena perpetua para "El Menchito", hijo del líder del CJNG, por narcotráfico

Las autoridades estadunidenses solicitaron que "El Menchito" pase el resto de su vida en prisión por traficar cocaína y metanfetamina en el país.

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó formalmente a la Corte del Distrito de Columbia la cadena perpetua contra Rubén Oseguera González, alias “El Menchito“, por haber traficado cocaína y metanfetamina en el país, así como de una multa de más de 12 mil millones de dólares.


“Lo que entiendo es que la reforma al Poder Judicial va”, dice Sheinbaum tras resolución de SCJN

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó, el 14 de febrero de 2025, que tras resolución tomada por mayoría de votos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya no habría ningún obstáculo para llevar a cabo la reforma judicial, en la que se tiene contemplada la elección de jueces, magistrados y ministros.

“Lo que yo entiendo es que la reforma al Poder Judicial va. Esa es la resolución de la Corte. Es decir, o más bien, la reforma ya pasó”, comentó la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

La titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que fue “muy interesante” la resolución del Pleno de la SCJN, que aprobó, el 13 de febrero de 2025, el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para restablecer el orden constitucional y declaró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tenía competencia para invalidar suspensiones concedidas en juicios de amparo contra la reforma judicial y su implementación.

Además, la mandataria nacional afirmó que la reforma judicial “no tiene barrera de ningún tipo”, que sólo era un tema electoral. “En esencia, [el] primero de junio [de 2025], vamos a hacer historia”. Asimismo, comentó que la siguiente semana asistirían a la “mañanera del Pueblo”, para explicar el caso, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y Ernestina Godoy Ramos, titulares de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, y, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, respectivamente.

“Es decir, ya, la Corte reconoció que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto a algunos servidores públicos, no son procedentes, hasta donde yo entiendo verdad, porque les da creó 24, 48 horas, no sé, pero en esencia, el primero de junio, vamos a hacer historia, el pueblo de México va a hacer historia, porque por primera vez en México y quizá en el mundo, vamos a elegir a jueces, magistrados, ministros”, manifestó Sheinbaum Pardo.

La noche del 13 de febrero de 2025, tras la revocación de la SCJN a las suspensiones que jueces de amparo concedieron para detener la elección judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que la determinación del máximo tribunal constitucional fue coincidente con una sentencia previa, por lo que le dio la razón.

La Sala Superior del TEPJF explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los jueces de distrito corregir sus sentencias, lo que las dejó improcedentes en materia electoral. También indicó que debido a que las sentencias que emitía eran definitivas e inatacables, nunca se suspendió el proceso de elección judicial y siguió su curso, como lo preveía la Constitución.

“El TEPJF es la máxima autoridad en materia electoral y así fue reconocido por la SCJN. Asimismo, confirma que el amparo no procede en materia electoral, tal como ha sostenido este órgano jurisdiccional”, dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un comunicado.

“Es necesario señalar que la SCJN ordenó a los jueces de distrito corregir sus propias sentencias, tomando en cuenta lo razonado en la sesión de su Pleno; es decir, que las suspensiones no proceden en materia electoral”, expuso el TEPJF.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclaró que, como erróneamente habían considerado otras instancias, incluida la SCJN, no revocó las suspensiones de los jueces, sino que aplicó lo previsto en el artículo 41 constitucional, donde se establece que en materia electoral no proceden los amparos.

Por último, la Sala Superior del TEPJF reiteró que continuaría actuando como la máxima instancia en materia electoral y no admitiría intervenciones de otra autoridad judicial.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Titular del IMSS-Bienestar se compromete a dotar de insumos médicos a Ensenada

El Coordinador Estatal en Baja California de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), Miguel Bernardo Romero Flores, se comprometió a atender las necesidades del Hospital General de Ensenada.

Esto, luego de que el pasado viernes 7 de febrero, el director del hospital, Juan José Godínez Montaño, enviara un oficio para informar sobre la necesidad de suspender los servicios médicos el siguiente lunes debido a la falta de recursos.

Esta situación se generó debido a las presuntas agresiones verbales que los empleados reciben de los usuarios cuando no reciben atención médica ni medicamentos, lo que motivó la solicitud a la Coordinación Estatal.

En el documento, la Coordinación Estatal de IMSS-Bienestar indicó que se mantienen gestiones permanentes con las instancias administrativas correspondientes para atender las necesidades del hospital y garantizar la operatividad ordinaria de los servicios de salud en la unidad hospitalaria.

Se aclaró que la institución beneficia a personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social.

Sin embargo, la Coordinación aclaró que cualquier acción unilateral que impida o suspenda la atención a pacientes pone en riesgo la salud y la vida de quienes acuden a los servicios, lo que generaría consecuencias graves para la población.

En este sentido, el cese de los servicios de consulta externa tendría un impacto inmediato e irreversible para los usuarios que dependen del Hospital General de Ensenada, lo que vulneraría el derecho a la salud consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Coordinación Estatal aseguró que todos los servicios del hospital continuarán operando de manera ordinaria, y que se dará continuidad a la atención para resolver cualquier problema que se esté presentando en la unidad médica.

Finalmente, advirtió a la planta trabajadora que contravenir esta directriz podría constituir una violación de la Ley General de Salud, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LORENA LAMAS.

Gobierno da por concluida misión en El Pinabete tras rescatar último cuerpo de minero

El pasado 6 de febrero, el Gobierno informó del hallazgo de los restos del décimo y último minero atrapado desde agosto de 2022 en "El Pinabete".

El Gobierno mexicano, a través de diferentes instituciones, dio por concluida este viernes la misión de búsqueda de mineros en El Pinabete, en Coahuila, al informar que logró la recuperación de los restos del décimo y último trabajador que permanecía en el interior de las galerías de ese pozo carbonífero.

“De esta forma se dan por finalizados los trabajos de la etapa de búsqueda y recuperación de los mineros de El Pinabete; sin embargo, se continuará trabajando en el regreso del material extraído del tajo y la restauración ecológica del predio”, se apuntó en un comunicado conjunto.

Precisó que a las 10:09 horas se localizaron restos óseos en la galería GSN6 Norte, en la intersección con el Tiro Vertical 2 (TV-2) y estos restos serán trasladados al Servicio Médico Forense en Saltillo, Coahuila, para su análisis e identificación, con el propósito de brindar certeza a sus familiares.

El pasado 6 de febrero, el Gobierno informó del hallazgo de los restos del décimo y último minero atrapado desde agosto de 2022 en la mina de carbón ‘El Pinabete’, en Coahuila.

El anuncio ocurre 926 días después del derrumbe del 3 de agosto de 2022, que dejó atrapados a 10 mineros, dando inicio a las labores de rescate.

En un comunicado se apuntó que la recuperación de los cuerpos fue un trabajo coordinado por las instituciones que integran el Comando Unificado de El Pinabete.

El cual está integrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza (FGEC), quienes garantizaron en todo momento la seguridad del equipo de rescate y el cumplimiento del Protocolo para la Recuperación de Hallazgos Biológicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a cumplir la promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) de entregar los restos de los mineros atrapados a sus familias.

Los primeros dos cuerpos se encontraron el 28 de diciembre de 2023, tras más de 500 días del accidente, cuando ‘El Pinabete’, en el municipio carbonífero de Sabinas, de Coahuila, se inundó tras un derrumbe de la mina contigua abandonada llamada ‘Conchas Norte’.

Tras el incidente en la mina, que ha sido señalada por no contar con los permisos y regulaciones en la materia, López Obrador prometió recuperar los cuerpos meses inmediatos después del derrumbe, pero tiempo después el mismo mandatario pronosticó que el proceso se prolongaría hasta 2024.

El derrumbe en ‘El Pinabete’ reactivó la polémica en México por la actuación de las mineras en la región carbonífera, donde se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería, según la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de fallecidos en la mina de ese nombre.

En la mina Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, tras un derrumbe, quedaron atrapados 65 mineros. El pasado 26 de julio el Gobierno mexicano informó de la identificación del primer cuerpo rescatado en esta mina.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caen 7 vinculados al CJNG en León, Guanajuato

Entre los detenidos hay dos jóvenes de 16 y 17 años, además de presuntos narcotraficantes conocidos como 'El Güero', 'El Pelo', 'El Ulises', 'El Tony', y Miguel Ángel Servín, todos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades detuvieron este viernes al menos a siete personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guanajuato, estado que lidera en homicidios a nivel nacional, según informaron fuentes gubernamentales a EFE.

Entre los detenidos hay dos jóvenes de 16 y 17 años, además de presuntos narcotraficantes conocidos como ‘El Güero’, ‘El Pelo’, ‘El Ulises’, ‘El Tony’, y Miguel Ángel Servín, todos “vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación”, según las fuentes.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que ocurrió una detención de siete personas en el municipio León con miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Todos los sujetos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones pertinentes y definir su situación legal.

La SSPC precisó que la detención ocurrió, primero, cuando interceptaron a tres sujetos, a quienes les hallaron un arma de fuego.

Sin embargo, en el domicilio en el que se resguardaron, las autoridades detectaron a otra persona que intentó huir en un vehículo, le confiscaron un arma de fuego corta y cartuchos.

De igual forma, las autoridades encontraron dentro del inmueble el cadáver de una persona y otras tres personas fueron detenidas.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno mexicano, en Guanajuato se registraron cerca de 3 mil homicidios dolosos en 2024.

Desde 2018, Guanajuato es el que concentra la mayor cantidad de homicidios en el país, y según las autoridades locales, nueve de cada 10 guardan algún vínculo con el crimen organizado.

El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas de México y el Gobierno de Estados Unidos está por incluirla en su lista oficial de organizaciones terroristas, según reportó el jueves The New York Times.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

KEI Partners "contrata" a hijo de AMLO, pero no construye… ¡ni su marca sostiene!

Kei Partners, la empresa que supuestamente ha empleado a José Ramón López Beltrán, no ha concretado avances en su desarrollo Royal Pines tras cinco años y perdió el registro de su marca por falta de uso. La firma sólo ha gestionado permisos para calles y drenaje, sin proyectos formales de construcción. Además, no hay evidencia de la asesoría de López Beltrán en los documentos oficiales

KEI Partners, la empresa que desde 2020 contrató a José Ramón López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado avances significativos en el único desarrollo que ha anunciado en su página web. Además, se le venció el registro de marca, según comprobó EMEEQUIS tras revisar la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO).

Ordenan reponer juicio agrario sobre tierras de Ostula

Un juez ordenó la reposición del juicio agrario sobre el reconocimiento de la propiedad de tierras comunales de Santa María Ostula, Michoacán, luego de anular el amparo que presentaron pequeños propietarios del poblado La Placita, en municipio de Aquila, para reclamar parte del predio Xayacalan, pues reconoció que la cédula profesional del perito tercero en discordia era falsa.

Con la resolución del juez, dada a conocer este 13 de febrero, se deberá realizar el nuevo juicio para también integrar una prueba pericial en materia de topografía, debido a las irregularidades detectadas en el proceso iniciado en 2004, cuando los pequeños propietarios demandaron a la comunidad nahua por la propiedad de 2 mil 750 hectáreas.

“Esencialmente determinaron que el procedimiento se desahogó en forma ilegal porque la pericial en materia de topografía se integró indebidamente, ya que el perito que nombramos inicialmente fue desconocido por el Tribunal Agrario y porque el perito tercero en discordia, a cuyo dictamen el Unitario Agrario y el Superior Agrario dieron pleno valor, falsificó su cédula profesional”, explicó Carlos González, abogado de la comunidad de Ostula.

El fallo del juez, agregó González, “nos da mucha oportunidad en la reposición del procedimiento”. Por su parte, durante la sesión pública del Segundo Tribunal Colegiado el magistrado Darío Carlos Contreras Fávila precisó que la resolución del amparo a favor de la comunidad “no resuelve de fondo la situación de límites entre las partes, sino que busca reparar violaciones al procedimiento, las cuales son de gran trascendencia”.

Desde la invasión de las más de 2 mil 700 hectáreas de tierra, la comunidad de Ostula ha luchado por la recuperación de su territorio. En 2009 fundaron San Diego Xayacalan sobre las tierras invadidas, y desde entonces han impulsado una lucha legal para el reconocimiento judicial del territorio comunal.

La resolución de este 13 de febrero fue sobre un amparo interpuesto por Ostula en contra de la resolución que el Tribunal Superior Agrario dictó para confirmar la sentencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 de la ciudad de Colima en 2019, en la que se desconoce “una parte significativa de nuestras tierras y territorios comunales aledaños al Océano Pacífico”, en favor de “supuestos pequeños propietarios de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán, incluidos importantes miembros del crimen organizado”, explicó la comunidad.

A pesar del avance, la comunidad calificó de insuficiente el fallo, pues esperaban que la resolución reconociera el despojo del que fueron víctimas y el reconocimiento oficial de sus tierras.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

México se percibe aún más corrupto

Una de las banderas electorales que tanto sirvió a Andrés Manuel López Obrador para ganar la elección presidencial en 2018, fue la del combate a la corrupción. Se aprovechó del tufo a las transas en la entonces presidencia de la República, encabezada por el priísta Enrique Peña Nieto, para expandir el hedor de los desfalcos, la defraudación al erario, el abuso de poder. Criticó sobremanera al que, solía decirse, era el sexenio más corrupto.

En los seis años de Peña Nieto se develaron La Estafa Maestra, La Casa Blanca, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, las casas adquiridas por el propio ex Presidente y algunos secretarios de Estado, los gobiernos inseguros y corruptos como el de Javier Duarte en Veracruz y un enorme listado de malversaciones de fondos.

López Obrador no se contuvo y lo señaló hasta el cansancio, al tiempo que prometió acabar con la corrupción, limpiar el gobierno de arriba hacia abajo, encarcelar a los corruptos, sacar a los militares de las calles, combatir la inseguridad, disminuir los homicidios en los primeros seis meses y hacer un gobierno transparente, con rendición de cuentas y sin corrupción… pero nada de eso sucedió.

Hizo un evidente aunque nada público pacto con Enrique Peña Nieto, a quien protegió y no criticó un solo día de su administración federal. Los corruptos no terminaron en la cárcel, los cárteles de la droga no fueron combatidos, los militares no fueron sacados de la calle… al contrario, les cedió el control administrativo de muchas áreas gubernamentales, incluyendo aeropuertos, puertos, aduanas y la seguridad a través de la Guardia Nacional.

Los homicidios no disminuyeron ni en los primeros seis meses del gobierno de AMLO, ni en los casi seis años que duró su administración; caso contrario, rebasó las cifras contabilizadas en cualquiera de los tres periodos presidenciales anteriores, situándose como el mandatario de los 200 mil muertos en hechos de violencia de alto impacto. Y antes de irse, dejó sentadas las bases para desaparecer los órganos autónomos de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y supervisión de acciones por sectores especializados como las telecomunicaciones o la energía. Además de invadir la esfera para transformar a su antojo el Poder Judicial, al que han sometido a selecciones de azar a partir de una tómbola, y vulnerado con elecciones públicas.

En 2018, al finalizar el sexenio “más corrupto”, el de Peña Nieto, el Índice de Percepción de la Corrupción daba a México 28 de 100 puntos, situándolo ciertamente como uno de los países más comprometidos en materia de corrupción. Hace unos días, se dio a conocer el índice de 2024, el que prácticamente evalúa esa percepción, pero en el sexenio de López Obrador, y lo que parecía imposible se hizo evidente: México se percibe como un país aun más corrupto de cuando el priista gobernaba, al haber logrado 26 de 100 puntos. Es decir, la administración morenista descendió 2 puntos.

En una medición de análisis de datos, información, procesos y desarrollos, donde 0 es el más corrupto y 100 nada corrupto, México tiene 26 puntos y es el país 140 de 180 evaluados. La corrupción, a pesar de la retórica de AMLO y de la campaña de su sucesora en el Poder, Claudia Sheinbaum Pardo, sigue en México, y peor.

El Índice de Percepción de la Corrupción es elaborado por el organismo Transparencia Internacional, y en 2024, el promedio de puntos logrado fue de 34 de 100, por lo que México se sitúa muy por debajo del promedio de corrupción internacional, ubicándolo como uno de los países más corruptos.

Las condiciones sociales y políticas que hacen que México sea percibido como un país corrupto, más allá de la narrativa oficial desde el poder morenista que ya por los siete años de gobernar al país, tiene que ver de acuerdo al análisis y los especialistas a la percepción que hay entre entidades, grupos, sociedad y analistas, de un ambiente de corrupción que involucra a gobierno, empresas fiscalizadoras y crimen organizado.

El índice es establecido a través de mediciones, encuestas, análisis de riesgo financiero, consultas a académicos, en una rigurosa metodología para determinar los puntos que logra cada país.

En el caso de México, muchos coincidieron en el clima de señalamientos públicos entre partidos políticos, gobiernos y narcotráfico o crimen organizado, por ejemplo, cuando en épocas electorales señalan ligas de unos y otros con ciertos cárteles o con dinero ilícito extraído de las arcas presupuestales. Ahora mismo, por lo menos un mandatario emanado de Morena, Rubén Rocha Moya, es señalado incluso por sus propios gobernados de corrupción, sea por omisión o por ligas que lo situaron (a los dichos del mismo capo) en el “secuestro” y “entrega” del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García a Estados Unidos, y que mantiene desde septiembre de 2024 a la población sinaloense vulnerada ante la narcoguerra que ahí se desarrolla.

La propia administración de López Obrador no estuvo exenta de escándalos. Segalmex fue el más notorio con un desfalco de miles de millones de pesos, pero Petróleos Mexicanos no quedó a salvo de la sospecha de la corrupción, o las obras faraónicas con sobreprecios como el Tren Maya, donde sus hijos fueron señalados, aun cuando nunca investigados, por lo menos por favoritismo.

En muchos de los estados, como en Baja California, soldados, guardias nacionales y otros elementos de corporaciones diversas, han sido detenidos en flagrancia en contubernio con el narcotráfico, o han sido asesinados, detenidos, procesados y encarcelados. En BC se volvieron escoltas de células de cárteles en el robo de droga, o beneficiaron a criminales al no perseguirles o avisarles cuando una investigación contra ellos se iniciaba.

Todas estas realidades del país trascendieron a López Obrador y se han instaurado en el sexenio de la primera Presidenta en la historia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No ha metido a ningún corrupto a la cárcel, ni siquiera ha sugerido que sean investigados, la seguridad sigue en manos del Ejército tal como lo heredó, y concretó todos los cambios anunciados por el ex Presidente: la eliminación de los órganos autónomos, la invasión al Poder Judicial, e instauró la supremacía constitucional que les faculta a estar por encima del unido de tres poderes que no controlan, el Judicial.

México es más corrupto, se percibe como más corrupto o por lo menos más de lo que se vio en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque efectivamente, desde los gobiernos de Morena tampoco se combate la corrupción, ni al narcotráfico, ni al crimen organizado.

A partir de 2025, habremos de darle a la primera mujer en la Silla del Águila el beneficio de la duda ante este flagelo que merma el desarrollo económico, político y social del país.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

García Harfuch lanza nueva estrategia: Modelo Nacional de Policía para los municipios

El nuevo periodo de seguridad se implementará a través de cuatro ejes principales: Carrera Policial, Dignificación, Violencia contra las Mujeres y Policía de Proximidad.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó este jueves el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para el periodo 2025-2030, con el objetivo de promover una transformación estructural en la concepción de la seguridad pública en México.

Durante la Primera Asamblea Plenaria Extraordinaria 2025, en la que participaron 64 presidentes municipales, García Harfuch afirmó que la nueva estructura fortalecerá la paz y el desarrollo en las entidades del país. Asimismo, destacó que la seguridad no es un desafío exclusivo del ámbito federal o estatal, sino una responsabilidad que recae directamente en los municipios, sus autoridades y sus cuerpos policiales.
“No es una estrategia más, es un compromiso con la prevención, la proximidad y la dignificación de nuestros cuerpos policiacos, elementos fundamentales para construir la paz que nuestras comunidades necesitan”, señaló.
De acuerdo con las autoridades, este nuevo periodo de implementación será por medio de cuatro ejes, los cuales destacan lo siguiente:
  • Carrera Policial: Policías capacitadas, comprometidas y con oportunidades de desarrollo profesional, bajo un esquema de carrera policial que garantice estabilidad laboral, promoción basada en méritos y una formación continua.
  • Dignificación: Condiciones dignas de trabajo, prestaciones adecuadas, equipos suficientes y certeza laboral para los elementos de seguridad.
  • Violencia contra las mujeres: Protocolos efectivos, capacitación especializada y unidades enfocadas en su atención, a fin de que cada víctima reciba atención inmediata y con enfoque de género.
  • Policía de Proximidad: Policía cercana a la comunidad para que sus elementos no sean vistos solo como agentes de reacción, sino como aliados en la prevención y resolución de conflictos.
En la reunión también participó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa franco, quien clausuró los trabajos y reafirmó que la seguridad pública no es una tarea aislada sino un esfuerzo colectivo que requiere de la suma de voluntades, recursos y estrategias alineadas a una visión nacional.

Por su parte, la Presidenta municipal de Tepic, Nayarit y de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Geraldine Ponce, manifestó que el objetivo de la reunión es reforzar la coordinación y definir estrategias efectivas para atender la seguridad desde lo local.

Dejó claro que la seguridad comienza en los municipios como primera línea de respuesta ante el pueblo, los cuales deben dar la cara en primera instancia y enfrentar los retos inmediatos, de ahí que deben fortalecer sus capacidades.

Durante la asamblea fueron aprobados por unanimidad dos acuerdos: Fortalecimiento en la implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para el periodo 2025-2030 y Cumplimiento del Exhorto II-48-2022 para el Fortalecimiento de la Implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Espionaje militar de Estados Unidos a México: entre la desconfianza y la desinformación

Del lado estadunidense, el reproche hacia los funcionarios mexicanos es la defensa que el actual gobierno hace de la política liberal del expresidente López Obrador en materia de seguridad.

A la presidenta Claudia Sheinbaum le fallaron sus asesores de seguridad nacional, los desestimó o quiso engañar, de forma deliberada, a la opinión pública. En cualquier caso, quedó mal parada.

El jueves, al mismo tiempo en que desdeñaba la presencia de equipos militares estadunidenses en torno al espacio mexicano, en el Senado de Estados Unidos se realizaba una audiencia con los jefes de los comandos Norte y Sur en la que se confirmó lo que se deba por hecho: el Pentágono se encuentra en plena campaña de operaciones de espionaje sobre México.

“No nos alarma, están volando en su territorio”, dijo la presidenta en un intento de minimizar los reportes periodísticos que en semanas recientes han dado cuenta de la presencia de naves aéreas y buques de las fuerzas armadas de Estados Unidos en las inmediaciones de México.

En Washington, simultáneamente, la desmentía el comandante en jefe del Comando Norte, el general Gregory M. Guillot, en una audiencia pública ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores.

“Recientemente nos han permitido incrementar nuestros (vuelos) de inteligencia y reconocimiento”, declaró el general Guillot en su exposición destinada a revisar los planes de trabajo de ambas divisiones militares del ejército estadunidense en el continente americano en el contexto de las prioridades de seguridad de la administración Trump, entre ellas el combate a las organizaciones de la delincuencia organizada transnacional.

—¿Con el permiso de México? —le preguntó el presidente del Comité, el senador republicano y veterano de la Fuerza Aérea estadunidense, Roger Wicker.

—No, por el Departamento (de Defensa), pero compartimos inteligencia con México para mostrarles lo que vemos y hemos incrementado la cooperación con México para abordar la violencia de los cárteles en términos de enviar más tropas.

El general Guillot no especificó en ese momento a qué tropas se refería, pero cuando el senador Wicker le preguntó qué necesitaba para ser más efectivo contra los cárteles, el jefe del Comando Norte fue muy claro: “Más vuelos de reconocimiento y más asistencia para trabajar con las fuerzas militares de México”. En particular, mencionó a las Tier-1, que son las Fuerzas Especiales del Cuerpo de Infantería de Marina.

Se trata del cuerpo creado en el gobierno de Felipe Calderón y que ha estado a cargo de las operaciones que han llevado a las detenciones de los excapos Arturo Beltrán Leyva, Antonio Cárdenas Guillén, Miguel Ángel Treviño, las dos de Joaquín el Chapo Guzmán, y de Rafael Caro Quintero, en julio de 2022, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pese al intento de la presidenta por restarle importancia a las incursiones del Pentágono, los secretarios de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, y el de la Marina, Armada de México, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, que han estado en comunicación con el general Guillot, han tenido que reconocer públicamente la presencia de las naves del Ejército de los Estados Unidos, aunque han querido mitigar sus efectos.

Dos días antes del mentís a la presidenta, el martes 11, el general Trevilla admitió que ante la presencia de aviones militares estadunidenses “en el espacio aéreo internacional”, en los límites del espacio mexicano, no descartaba que se estuviera recabando información del país.

Una semana antes, el día 4, la Marina emitió una comunicación en su cuenta oficial de X para decir que la presencia de navíos en la costa de Baja California tenía lugar “en donde existe libre navegación internacional”, aunque dijo que ha ocurrido en otras ocasiones.

Un reporte de la cadena estadunidense CNN había dado cuenta de 18 incursiones de este tipo en la península de Baja California entre el 28 de enero y el 6 de febrero; es decir, casi dos por día, lo cual indica la intensidad de la operación. (https://cnnespanol.cnn.com/2025/02/12/eeuu/como-son-aviones-espia-informacion-carteles-droga-mexicanos-orix)

Apenas un día después de esas incursiones, los secretarios de la Defensa y de la Marina conversaron con el jefe del Comando Norte, de acuerdo con información de la Marina.

El almirante Morales Ángeles y el general Trevilla Trejo debieron reportar ese encuentro a su comandanta en jefa, la presidenta Sheinbaum. De forma que resulta difícil que la principal responsable de la seguridad nacional no supiera lo que estaba pasando, aunque en esos días ella optó por la retórica de la inviolabilidad de la soberanía nacional.

Lo que sí es que el gabinete de seguridad nacional debió haberla advertido que el jueves, al tiempo que ella daría su conferencia de prensa, en el Senado de Estados Unidos estaba calendarizada esa reunión en la que se hablaría de la relación con México.

Las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Relaciones Exteriores, a través de los agregados militares y el embajador en Washington sabían, o debieron saber, que uno de los temas a revisar era la actuación del Comando Norte en el marco de la emergencia nacional que el presidente Donald Trump ha declarado en la frontera con México y de su decisión de considerar como terroristas a las organizaciones del narcotráfico.

Contrario al diálogo que existe entre los militares de México y Estados Unidos, las relaciones entre los funcionarios civiles de ambos países están marcadas por la desconfianza. Del lado estadunidense, el reproche hacia los funcionarios mexicanos es la defensa que el actual gobierno hace de la política liberal del expresidente López Obrador en materia de seguridad, en particular la de dejar hacer y dejar pasar.

El caso del recién designado jefe de la DEA resume la desconfianza. Terry Cole, uno de los halcones que Trump ha designado para la relación con los funcionarios civiles de México, vivió directamente un capítulo de ese liberalismo de López Obrador.

Como jefe de la DEA en México, a Cole le tocó el primer Culiacanazo, como se conoce el levantamiento armado de la guardia de Ovidio Guzmán, registrado en 2019, cuando éste había sido detenido por el Ejército mexicano. Ante el estado de guerra que vivió ese día la capital de Sinaloa, el presidente López Obrador ordenó a los militares liberar al hijo del Chapo, aunque fue reaprehendido en 2023, lo que dejó en vulnerabilidad a los militares que participaron en el operativo y a quienes les proveyeron información.

Ni en el Departamento de Estado ni en el Departamento de Justicia ven con buenos ojos que la mitad del gabinete de la presidenta Sheinbaum esté integrado por colaboradores de su antecesor, cuya gestión quedó ensombrecida por la expansión de la narcopolítica.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Secuestro de empresario petrolero y robo de 360 mdp en Playa del Carmen ponen en jaque a la fiscalía estatal

El secuestro del empresario petrolero Luis Carlos Vizcarra Millán y de su pareja en Playa del Carmen ha expuesto presuntas irregularidades de la Fiscalía de Quintana Roo, acusada por familiares de las víctimas de obstaculizar la investigación y desviar la atención hacia "chivos expiatorios".

El plagio del empresario petrolero Luis Carlos Vizcarra Millán por un grupo armado, ocurrido el 20 de noviembre último en esta ciudad, ha puesto en evidencia a la Fiscalía de Quintana Roo por entorpecer el esclarecimiento de transferencias bancarias por al menos 360 millones de pesos de las cuentas de la víctima, operaciones efectuadas desde Playa del Carmen por una presunta célula del crimen organizado.  

Vizcarra Millán, tamaulipeco que obtuvo contratos millonarios de Pemex durante el sexenio de López Obrador, vía la firma Perfolat de México, fue privado de su libertad en el exclusivo fraccionamiento Allegranza de esta ciudad, donde residía, con un bajo perfil, junto a su familia.

Las investigaciones han estado marcadas por el entorpecimiento por parte de la fiscalía estatal, pues en vez de nombrar como ofendidos a familiares en estos casi tres meses de la desaparición, ha iniciado una campaña de persecución orientada a crear “chivos expiatorios”.

El 20 de noviembre de 2024 un comando de ocho personas irrumpió en el domicilio de Vizcarra Millán, donde se encontraba acompañado de su pareja y sus dos hijos menores de edad.

Todos fueron retenidos por algunos días en la misma vivienda, sin que nadie supuestamente se percatara de la emergencia.

Torturado a la vista de sus pequeños, el empresario fue obligado a comunicarse con la gerencia de una de sus empresas ubicada en Tabasco para ordenar que se hicieran diversas transferencias bancarias a 10 empresas desconocidas, cuya suma total es por 360 millones 888 mil 667 pesos, de acuerdo con documentos financieros obtenidos por Proceso.

Entre las empresas beneficiadas con esta presunta ilegalidad sobresale Desarrollo 1540, sociedad mercantil que en 2020 fue acusada de retrasos en la entrega de departamentos de lujo en un edificio que se construyó cerca del centro de Playa del Carmen.

Durante cuatro días el empresario y su pareja sufrieron actos de extrema violencia, relata el testimonio de sus menores hijos. Al quinto día ambos fueron sacados de su domicilio y conducidos aparentemente a Cancún en una camioneta de su propiedad.


La unidad marca Honda fue encontrada después en la colonia Villas Otoch, de esa ciudad, cerca del centro de retención municipal conocido como “El Torito”, refiere el acta de denuncia presentada por la familia.

Desde entonces no se ha sabido del paradero de Luis Carlos Vizcarra Millán y su pareja.

Investigación entorpecida

Durante la mañana del 26 de noviembre la familia de Vizcarra Millán tuvo el primer indicio de lo que horas después se confirmó: la desaparición del empresario.

Sin embargo, con esto también se iniciaría el entorpecimiento de la investigación criminal por parte de la fiscalía estatal.

En la averiguación penal no sólo se busca esclarecer el paradero de las víctimas, sino el destino de más de 360 millones de pesos transferidos a 10 sociedades ajenas al plagiado.

Un reporte de la policía de Cancún indicó el hallazgo de la camioneta Honda con un número de teléfono en el interior, el cual fue utilizado para comunicarse con la familia. Esa fue una de tantas irregularidades, pues nunca se exhibió el número encontrado en la unidad.

De acuerdo con sospechas de familiares asentadas en documentos ministeriales de la FGR, la Fiscalía de Quintana Roo ya contaba con tal número.

Ese 26 de noviembre los familiares acudieron a la casa del empresario luego de un mensaje de los vecinos señalando las puertas abiertas de la vivienda. Los familiares aún no sabían que había ocurrido el plagio.

Descubrieron a los hijos menores encerrados en una recamara, quienes relataron parte del terror vivido. A partir de lo narrado, se confirmó la desaparición del empresario y su pareja.

Ambos, tras los actos de tortura contra sus progenitores, han quedado con graves secuelas, según lo manifestado en los expedientes facilitados por la familia.

Por este caso se integró la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/UPD/11/373/2024, conocido como el “caso petrolero”.

La denominación del expediente levantó sospechas contra la Fiscalía de Quintana Roo, pues los agentes ministeriales ya sabían de los negocios a los que se dedicaba la víctima, cuando la familia aún no había brindado tal información.

En este caso ha salido a relucir la colaboración de la Fiscalía de Tabasco, pues fue en esa entidad donde se realizaron las transferencias bancarias, ordenadas siempre desde Playa del Carmen por Vizcarra Millán cuando se encontraba en cautiverio.

Carlos Vizcarra Ortiz, hijo mayor de edad de la víctima con un primer matrimonio, se sumó a las tareas de investigación del caso. Cuando ocurrió el plagio, se encontraba en Mérida, Yucatán.

No obstante, ha sido llamado a través de intermediarios, y no de manera formal como establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, a una entrevista ante la Fiscalía de Tabasco ordenada por la Fiscalía de Quintana Roo.

Ante esto, Vizcarra Ortíz ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Fiscalía de Quintana Roo que lo reconozca como ofendido, calidad que le corresponde ante la desaparición de su padre, la principal víctima.

La Fiscalía de Quintana Roo, mediante la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, a cargo de Emanuel González Juan, se ha negado a otorgar tal reconocimiento legal.

Por el contrario, la fiscalía insistió en la presentación personal del hijo ante la representación social para una entrevista. Carlos Vizcarra sospechó que era para detenerlo y así fabricar pruebas para inculparlo. En su lugar buscó enviar la entrevista escrita, que se negó a recibir el fiscal encargado del caso. Expuso luego ante la FGR:
Abiertamente indiqué al licenciado Emanuel que parecía que tenía línea y esa era la razón por la cual no me recibía los escritos, y no contestó; le pedí que me diera en ese momento los citatorios y se negó.
La FGR atrae el caso

Tras estos hechos de integración del expediente para la investigación, Carlos Vizcarra, junto a otro de sus hermanos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso, en diciembre último, y pidió que la Fiscalía de Quintana Roo se abstuviera de continuar con las pesquisas.

Además de la situación de entorpecimiento en la investigación, señaló que sólo buscaban hacerse de los tokens con los que se ejecutaron las transferencias millonarias.

A finales de diciembre, la FGR atrajo el caso e integró una carpeta de investigación a cargo de la Unidad Combate al Delito de Secuestro de la Policía Federal Ministerial.

Este órgano ya solicitó diversos informes a la Fiscalía de Quintana Roo sobre el secuestro, pues se presume que detrás del plagio y la sustracción millonaria de dinero, se encuentra el crimen organizado que opera en Playa del Carmen.

Asimismo se presentaron denuncias por la mala actuación de la fiscalía local ante su órgano interno de control y quejas dirigidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, según documentos consultados.

Ante la posibilidad de que la Fiscalía de Quintana Roo ejecutara actos discrecionales de detención contra Carlos Vizcarra (hijo), éste tramitó un amparo contra la privación de su libertad.

El Juzgado Tercero de Distrito de Cancún otorgó en su momento una suspensión provisional contra cualquier acto de la autoridad en su contra, de acuerdo con el expediente 1262/2024 del amparo interpuesto. Las diversas autoridades señaladas como responsables, tanto en Quintana Roo como en Tabasco, han negado tener alguna orden de detención contra el quejoso.

Sin embargo, la Fiscalía de Quintana Roo no ha dado respuesta a los informes dentro del juicio de garantías, según dijo a este reportero el equipo jurídico que asesora a Carlos Vizcarra, por lo que crece la sospecha de una probable detención arbitraria.

La semana entrante se cumplirán tres meses del caso que las autoridades locales ministeriales han manejado con total sigilo.

El equipo jurídico de Carlos Vizcarra asegura que ya informaron de la grave situación a Raciel López Salazar, fiscal general de Quintana Roo; sin embargo, tampoco han tenido respuesta.

En Playa del Carmen, donde ocurrió el secuestro del empresario y su pareja, la alcaldesa, Estefanía Mercado Asencio, pactó en agosto de 2024 con el fiscal, antes de su toma de posesión, un acuerdo de cero impunidad en un intento de reducir los niveles de violencia, la cual no cesa desde hace dos administraciones municipales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.

“Elección judicial va y llegará a buen puerto”: presidenta del TEPJF presume que la SCJN le dio la razón

A modo de advertencia ante posibles conflictos con el Poder Judicial de la Federación (PJF) en el futuro, la presidenta del TEPJF aseveró que "cualquier intento de debilitarnos o someternos, implica un ataque a nuestro orden legal y a nuestra democracia: no lo permitiremos".

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, presumió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón, al reconocer que los amparos no aplican en materia electoral, y sostuvo que la elección judicial "va y llegará a buen puerto". 

En la ceremonia de informe de labores de la Sala Ciudad de México, la magistrada reiteró que el TEPJF tiene "el mismo rango constitucional que la Suprema Corte" y que no está subordinado a "ninguna autoridad jurisdiccional".

"Esto no significa tampoco que busquemos asumirnos como entes superiores jerárquicos de ninguna otra autoridad jurisdiccional", dijo Soto, cuyo grupo de magistrados en la Sala Superior se enfrentó con jueces de distrito que emitieron suspensiones contra el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, que culminará con las elecciones del próximo 1 de junio. 

A modo de advertencia ante posibles conflictos con el Poder Judicial de la Federación (PJF) en el futuro, la presidenta del TEPJF aseveró que "cualquier intento de debilitarnos o someternos, implica un ataque a nuestro orden legal y a nuestra democracia: no lo permitiremos".

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

García Harfuch supervisa operativos en Sinaloa; desmantelan 3 narcolaboratorios

Junto al secretario de Sedena, Ricardo Trevilla, García Harfuch supervisó labores de seguridad y líneas de acción que se llevan a cabo en Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encuentra en Sinaloa, estado que lleva meses sumergida en una ola de violencia y que ha dejado más de 800 muertos.

A través de su cuenta personal de X, el funcionario compartió fotografías de elementos del Ejército y la Guardia Nacional junto a él.

En la publicación informó sobre una acción en los municipios de Culiacán y Cosalá, Sinaloa, el Ejército desmanteló 3 laboratorios clandestinos y 9 áreas de concentración de drogas.

Asimismo, dijo que simultáneamente también en Cosalá, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina, derivado de información de inteligencia naval, localizaron y neutralizaron 3 laboratorios clandestinos, empleados para la fabricación de droga sintética.

Señaló que junto al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, supervisaron este viernes labores de seguridad y líneas de acción que se llevan a cabo en Sinaloa.

En otra acción el pasado jueves 13 de febrero, personal militar fue agredido con disparos de arma de fuego, cuando realizaban tareas de seguridad y vigilancia, en donde cuatro presuntos delincuentes perdieron la vida, se aseguraron armas de fuego y cartuchos, así como un vehículo con reporte de robo, informó García Harfuch.

Por otro lado, en esa misma región también el jueves, fuerzas de Seguridad informaron sobre la detención de cinco personas que presuntamente pertenecían a una célula criminal perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron órdenes de cateo de manera simultánea en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Rosario, donde fueron detenidas tres mujeres y dos hombres, se aseguraron 10 vehículos y armas de fuego.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Humberto Rivera "N", presunto jefe del Cártel de Sinaloa, es detenido; FBI lo buscaba

Humberto Rivera, alias “El Viejón”, presunto jefe del Cártel de Sinaloa en Juárez y buscado por el FBI, fue detenido por fuerzas de seguridad en Chihuahua.

Humberto Rivera Rivera, conocido como “El Viejón” o “El Don”, fue detenido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es señalado como presunto líder del Cártel de Sinaloa en la zona.

Cuauhtémoc no solo enfrenta desafuero: arrastra irregularidades de una opaca gestión

Sobre Cuauhtémoc Blanco Bravo pesan varias acusaciones: una, por presunto intento de abuso sexual, y, al menos, seis por presuntas irregularidades durante su gestión como Gobernador de Morelos, todas las niega el exfutbolista bajo el argumento de que se trata de una “guerra sucia”, sin embargo, ya está en el aire una solicitud para retirale el fuero y que enfrente los señalamientos que se le imputan.

“Ya me agarraron de piñata", así justificó Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual Diputado federal por Morena y exgobernador del estado de Morelos, las acusaciones en su contra por presunto intento de abuso sexual, mismas que, aseguró, forman parte de una “guerra sucia” por parte del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien incluso, por estos hechos, solicitó el desafuero de exfutbolista.

Aunque Cuauhtémoc Blanco en su más reciente conferencia de prensa se presentó como víctima de chantaje, extorsión y persecución política, lo cierto es que estas no son las únicas acusaciones que ha enfrentado. A lo largo de su carrera política ha sido señalado por presunto mal manejo de recursos públicos, fallas en materia de seguridad y, más recientemente, irregularidades durante su gestión como Gobernador de Morelos.

Lo cierto es que actualmente en Morelos se lleva a cabo una limpia del aparato estatal. El analista político de la región y consultor Marcos Pineda explicó el estado atraviesa por un reacomodo institucional con la llegada de la gobernadora Margarita González Saravia, quien ha emprendido una reorganización de las estructuras gubernamentales. Y es que, según el analista, ningún funcionario de nivel medio o alto de la administración de Blanco permanece en el gobierno actual.
“Sí parece haber una reintegración, reorganización, una limpia en las estructuras de gobierno. Se están articulando, reconstruyendo las bases para que pudiera cambiarse esta percepción de inseguridad, de que la justicia no avanza”, dijo Pineda, quien también destacó que esta depuración responde directamente a las acusaciones y denuncias relacionadas con la gestión de Blanco Bravo.
Sin embargo esta situación también pone a Morena, en una encrucijada: demostrar con hechos su compromiso con la justicia y evitar cualquier protección a Cuauhtémoc Blanco Bravo. “Tendrá que haber un seguimiento puntual sobre las denuncias que se han presentado y las que se presenten en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque esta limpia se debe precisamente a las acusaciones que se han hecho con respecto a lo que aconteció en el sexenio anterior”, señaló Marcos Pineda.


Las denuncias contra el exfutbolista, incluyendo una por tentativa de violación, han generado dudas sobre la postura del partido a nivel nacional respecto a su proceso judicial. Un punto de preocupación es lo que ocurra en el Congreso de la Unión, donde se teme que el exfutbolista, ahora Diputado federal pudiera ser protegido.

Al respecto, Pineda insistió en destacar que si Morena quiere demostrar que no está protegiendo a Cuauhtémoc Blanco, debe permitir que las investigaciones sigan su curso y garantizar que la Ley se aplique sin privilegios.
“El asunto de Cuauhtémoc Blanco preocupa mucho. Si en el Congreso de la Unión no pasa nada, si se frenan las investigaciones y las carpetas dejan de avanzar, si incluso se realiza una votación y no procede la investigación, sería una muy mala señal. Eso podría interpretarse como que hay una protección del gobierno hacia Cuauhtémoc Blanco”, advirtió el analista.
El mismo día en que el entonces Fiscal Uriel Carmona – quien siempre ha estado confrontado con Blanco– anunció el envío de la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados para judicializar el caso, se produjo su remoción como fiscal, lo que generó diversas especulaciones, las cuales, la propia Gobernadora Margarita Saravia ha negado, particularmente por los antecedentes de Carmona en la manipulación del feminicidio de la Ariadna Fernanda que quiso hacer pasar como un accidente, sumado al acoso que ejerció contra el Gobierno de la Ciudad de México, que evidenció las irregularidades del Fiscal frente a este caso.
“Lo más sano lo más sano para la vida democrática republicana para las sustituciones es que sí se permitiera la investigación y si hay responsabilidades que se comprueben entonces se aplicará la justicia y por supuesto no el este principio de la presunción de inocencia pues también le aplica el convenio no con todo y las críticas señalamientos que le pudieran hacer a su comportamiento a lo que me digan también como sea él también tiene derecho a esa presunción de inocencia pero al mismo tiempo debe enviarse la señal por parte de las instituciones a la sociedad de que sí se lleva a cabo una investigación una investigación imparcial seria y profesional”, abundó Pineda.
La más reciente denuncia

El exgobernador Cuauhtémoc Blanco nuevamente está en el escrutinio público pues enfrenta una denuncia por violación en grado de tentativa, presentada por una mujer que inicialmente se identificó como su media hermana. De acuerdo con la denuncia presentada en octubre de 2024, el ataque presuntamente tuvo lugar cuando el exfutbolista aún estaba al frente del Gobierno de Morelos, mientras que ella ocupaba el cargo de directora general del área de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en el estado.

En ese momento no se proporcionaron detalles de la presunta agresión sexual, salvo que habría ocurrido en la residencia oficial de Morelos, ubicada en la calle Chimalacatlán, en la colonia Reforma, en Cuernavaca, Morelos, por lo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Su media hermana afirmó que el también exalcalde de Cuernavaca la habría amenazado con retirarla del puesto en el que desempeñaba en aquel momento, con el propósito de persuadirla de que no hiciera público el ataque del que supuestamente fue objeto en 2019.

Cuauhtémoc Blanco ha intentado contrarrestar las acusaciones en su contra. En entrevista el pasado 7 de febrero, el legislador sostuvo que las imputaciones en su contra por presunto intento de violación son falsas y que se trata de una estrategia de sus opositores para desacreditarlo y desviar la atención de los problemas reales que enfrenta el estado.

"Desde que entré, me criticaban por ser futbolista", sostuvo. "Así es la política, llena de calumnias y ataques sin fundamento", ahondó. "Es claro que los opositores me persiguen y no prueban nada", declaró finalmente el legislador morenista.

Blanco también señaló que, un día antes de que el entonces Fiscal Uriel Carmona solicitara su desafuero, presentó una denuncia por extorsión contra Nidia Fabiola, la mujer que lo acusó de abuso sexual. Según su versión, ella intentó extorsionarlo pidiéndole un millón de pesos y, al no recibir el dinero, procedió con la denuncia.
"Hasta ahora, no han podido demostrar nada en mi contra”, afirmó el también exseleccionado nacional, quien acusó que la reciente destitución del Fiscal Uriel Carmona Gándara es un ejemplo más de la manipulación política. "Están utilizando estas estrategias para desviar la atención y cubrir sus propios errores", acusó.
El analista Marcos Pineda señaló que si bien Cuauhtémoc Blanco tiene derecho a defenderse, no obstante, lo más importante es que las investigaciones se realicen con seriedad y transparencia para determinar si existen responsabilidades.
“Por supuesto que el este principio de la presunción de inocencia pues también le aplica a Cuauhtémoc. Con todo y las críticas señalamientos que le pudieran hacer a su comportamiento, también tiene derecho a esa presunción de inocencia, pero al mismo tiempo debe enviarse la señal por parte de las instituciones a la sociedad de que sí se lleva a cabo una investigación una investigación imparcial seria y profesional”, afirmó Pienda.
Tratándose de un presunto delito de violación en grado de tentativa, es crucial que las mujeres sean las principales interesadas en que las indagaciones avancen y se llegue a una conclusión justa.
“Esto (la denuncia por abuso) ya está en el terreno político, ya está en la parte política de un asunto legal, y la voz cantante ahí va a corresponder a las mujeres. Sobre todo, en este caso no porque es una acusación de una violación en grado de tentativa. La mujer la que acusa, entonces aquí la voz de las mujeres va a ser muy importante, tanto en el Congreso, diputadas, las diputadas, que sean ellas las que se expresen, las agresiones en las que encabecen, pues la búsqueda de la justicia, que se desarrollen las investigaciones. Tomando en cuenta, tomaré en consideración también que la presidenta del partido es una mujer, que la presidenta de la República es una mujer y que la gobernadora del estado igualmente. Entonces, está en la cancha de las mujeres. Tenemos que, porque lo que sí nos quedaría muy claro, independientemente de la justificación de la explicación legal que nos puedan ofrecer, independientemente de eso, si no se lleva a cabo ninguna investigación, pues sí, haría quereríamos la interpretación de una protección desde el más alto nivel a Cuauhtémoc Blanco”, expresó.
Un historial de acusaciones

Aunadas a estas acusaciones de presunto abuso sexual, el exjugador de futbol también enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades durante su gestión como Gobernador de Morelos, luego de que el Consejero Jurídico de Morelos y la Contralora estatal revelaron que existe un "detrimento patrimonial al estado" por 40 millones de pesos (mdp).

La información ya había sido adelantada por mandataria estatal —quien asumió el cargo el pasado 1 de octubre— quien ha dicho que durante estos primeros meses de trabajo su Gobierno detectó un "detrimento patrimonial al estado" por 40 millones de pesos, acciones que habrían tenido lugar durante la Administración que encabezó Cuauhtémoc Blanco Bravo.


"En cualquier Gobierno entrante y saliente se tienen que hacer todas las observaciones necesarias del proceso de entrega-recepción porque si no los servidores públicos que están tomando el cargo se harían ellos acreedores a esas observaciones, entonces, todo se tiene que observar”, dijo González Saravia.
“En ese sentido nosotros llevamos nuestros 100 días también ya de trabajo intenso e iniciamos la entrega-recepción hace unos meses y en el proceso hubo un equipo de trabajo, sobre todo Contraloría y Consejería Jurídica con un grupo de abogados que han estado tomando en sus manos la tarea de la entrega recepción y ya a estas alturas detectaron una serie de irregularidades de las cuales se tiene que dar vista", agregó.

La Gobernadora aseguró que además del abandono que se vivía en la entidad, Morelos estaba dividido por roces entre los exgobernadores Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez. "Encontré un Morelos bastante abandonado la verdad, muy dividido”, aseguró la Gobernadora del estado.

El analista Marcos Pineda destacó que la situación en Morelos representa una prueba crucial para el gobierno estatal y Morena, pues la gestión de estos casos definirá su credibilidad en el combate a la impunidad. Mientras tanto, la sociedad y los medios seguirán atentos al desarrollo de los procesos judiciales y políticos en torno a Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La gobernadora Margarita González Saravia ha declarado que su administración no intervendrá en los casos pendientes contra el exgobernador ni en los procesos que involucren a funcionarios de su gobierno.

Asimismo el analista resaltó que todo parece indicar que las indagatorias seguirán su curso y adelante, pues dijo que el nuevo Fiscal, Edgar Maldonado, ha mostrado mucha disposición y una decisión para llevar adelante todas las investigaciones.
“El nuevo fiscal ha demostrado tener, no solo la confianza de la gobernadora, sino también la decisión de realmente asumir su responsabilidad, de tomar el toro por los cuernos y llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones”
Fue el pasado mes de enero, las autoridades de Morelos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción del estado un primer paquete de seis denuncias contra quienes resulten responsables, de la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por irregularidades que ascienden a 40 millones de pesos.

En conferencia de prensa, los funcionarios detallaron parte del contenido de las denuncias, luego de que la Gobernadora Margarita González Saravia adelantara en su Informe de Gobierno que revelaría las irregularidades, que fueron detectadas en las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Infraestructura, Desarrollo Económico; y en el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.
"En esta Administración no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad. A la Contraloría no le va a temblar la mano para actuar con firmeza y responsabilidad. Seguiremos trabajando con transparencia, profesionalismo y compromiso para garantizar una gestión pública íntegra y eficiente a la altura de las expectativas ciudadanas", sostuvo Alejandra Pani Barragán, actual titular de la Contraloría de Morelos.
Por su parte, Edgar Maldonado, Consejero Jurídico de Morelos, detalló que de las seis denuncias que serían presentadas, cuatro en materia penal y dos administrativas. “Hoy hacemos del conocimiento de la sociedad morelense un primer bloque con seis denuncias, en materia administrativa y penal”, expresó.

“Hemos de señalarles que esto no constituye una persecución política, no es una cacería de brujas. Esto es escuchar y acompañar al pueblo de Morelos en sus demandas sociales. Es señalar en lo particular a los servidores públicos que se han alejado de sus actividades de lo que marca la normativa”, subrayó Maldonado.
“Una vez que se ha hecho el análisis, se señalan los servidores públicos que intervinieron en los procedimientos", prosiguió. Finalmente, aseguró que la cadena de responsabilidades puede llegar a lo más alto, "desde un titular hasta una persona con un encargo de firma correspondiente, pero que tenga bajo sus atribuciones una responsabilidad bajo el manejo de recursos".
En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el pasado 14 de enero, Margarita González Saravia, Gobernadora de Morelos, indicó que su administración ha hallado irregularidades del Gobierno anterior encabezado por el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Además, señaló, que encontró a la entidad en el abandono.


Respecto a las seis denuncias, cuatro en materia penal y dos administrativas, que se presentaron en contra del exmandatario, la Gobernadora Margarita González Saravia aseguró que las investigación no forman parte de una persecución política en contra de Cuauhtémoc Blanco, sino que se trata de una revisión del uso de recursos públicos.
"No es una persecución política contra Cuauhtémoc, no es una persecución política, es un acto legal que estamos haciendo con toda responsabilidad de investigar cada una de las secretarías de Estado y los organismos descentralizados también que tienen que ver con el aspecto del manejo del recurso público. El recurso público es el pueblo y no tiene por qué desviarse hacia otro lado", concluyó.
La mandataria indicó que ahora deberán entregar a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes y será este organismo el que tendrá que establecer los términos en que se van a constituir estas observaciones las cuales pueden ser administrativas o de carácter penal.

Luego de los señalamientos contra Blanco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el pasado 10 de febrero, que su Gobierno no va a encubrir a nadie, esto luego de ser cuestionada por el caso del exgobernador de Morelos y actual Diputado Cuauhtémoc Blanco, quien ha sido señalado por el presunto intento de abuso sexual a su media hermana en 2019.

"Nosotros no vamos a encubrir a nadie. Que se hagan siempre las investigaciones en todos los casos. Ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, pero sí me llama la atención que el Fiscal de Morelos, después de haber estado (siete años), los cuatro últimos días no sé cuántas carpetas de investigación contra el exgobernador [sacó]", dijo la mandataria mexicana.


En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo cuestionó: "¿No les parece extraño que después de siete años de haber estado [en el cargo], cuatro días antes de que él sabía que lo iban a destituir, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el exgobernador y que se investigue?".

El pasado 6 de febrero, el Congreso de Morelos decidió “la separación definitiva” de Uriel Carmona Gándara, hasta ese momento Fiscal General del Estado, con 16 votos a favor y cuatro en contra. Horas antes, Carmona reveló, en una entrevista con Azucena Uresti, que solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, debido a la denuncia de violación en grado de tentativa que pesa en su contra.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.