Medios locales identificaron a Ruvalcaba, como el objetivo de los sujetos armados. Sin embargo, los elementos de seguridad asignados al hijo de la alcaldesa, replegaron el ataque, lo que dejó como saldo un escolta muerto y 14 personas heridas, entre ellas tres menores de edad.

La Fiscalía estatal afirmó que todas las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales para su atención médica. El hijo de la alcaldesa fue uno de los heridos, aunque se encontraba fuera de peligro.

A través de sus cuentas en las diversas redes sociales, Gutiérrez Andrade lamentó lo sucedido y expresó su solidaridad con las personas lesionadas, así como con la familia de la persona que falleció en el ataque.

Gutiérrez Andrade asumió la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez en el año 2021 y en los comicios del 2024 logró la reelección, como candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), para continuar tres años en el cargo.

El 27 de diciembre de 2025, el director del Instituto de Festejos Charrostaurinos, Roberto Bravo, fue herido a balazos mientras se encontraba al interior de un restaurante, en una plaza comercial, y murió al siguiente día, en un hospital.

En un breve comunicado, el organismo explicó que la razón es cumplir con el plazo otorgado el viernes al Senado, para que subsane fallas halladas en los listados

“Lo anterior con el propósito de recibir la información necesaria que requiere el Instituto para la integración del listado de candidaturas, misma que fue solicitada al Senado de la República, mediante comunicación oficial, cuyo plazo vence el 16 de febrero de 2025 y con ello el Consejo General pueda proveer”, informaron.

El Senado de la República remitió las listas con las y los candidatos seleccionados por cada uno de los Poderes de la Unión el pasado 12 de febrero al INE, conforme a lo establecido en el decreto de la reforma al Poder Judicial. 

En ese momento se dio a conocer que del total, mil 416 corresponden al Poder Legislativo; mil 430 al Poder Ejecutivo y 955 al Poder Judicial. A estos se suman los pases directos de jueces, magistrados y ministros ya en el cargo.

Según afirmó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en los listados había aspirantes para todos los cargos que se pretende elegir en la jornada electoral.

No obstante, el viernes 14 de febrero, el INE pidió al Senado subsanar unas inconsistencias detectadas, relacionadas con la presencia de espacios vacíos. 

A efecto de continuar con la debida integración de los listados, el INE dio un plazo de 48 horas al Senado para entregar la información correspondiente con el objetivo de garantizar la certeza, legalidad y la máxima publicidad del proceso electoral el cual concluye el domingo.

Tribunal Electoral desecha más de 100 impugnaciones a irregularidades en tómbolas de elección judicial

El 12 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó más de 100 impugnaciones presentadas a los procesos de insaculación de cada uno de los Comités de Evaluación que seleccionaron a los candidatos a la elección judicial de junio próximo.

En su sesión, el Tribunal dio cuenta de irregularidades en el proceso de tómbolas, como que algunos que ganaron la insaculación no aparecieron en las listas que se enviaron al INE o que de 20 bolas en una tómbola solo se mencionaron 19 nombres.

Pese a reconocer esas irregularidades, una mayoría de tres magistrados avalaron concluir el periodo de revisión de impugnaciones y avanzar hacia el proceso que corresponde formalmente al INE.

Durante la presentación del protocolo de Actuación para la policía como primer respondiente con perspectiva de personas migrantes, Parra Bonilla encabezó una serie de actividades que, según ella, pretendían sensibilizar sobre la realidad que viven las personas que deciden migrar, al meterse ella misma, junto con varias personas más, incluso la diputada local priista Montserrat Hernández Pérez, en una casa de campaña, para mostrar el hacinamiento en que viven los inmigrantes.

Según la funcionaria, el objetivo era empatizar con la realidad que viven las personas migrantes, mediante una “situación vivencial”, además de salir de su “zona de confort”.

Sin embargo, el ejercicio que encabezó la ombudsperson fue duramente criticado por integrantes de la sociedad civil, así como defensores y organizaciones de los derechos humanos.

En redes sociales, se compartieron imágenes de las actividades que llevó a cabo Ana Karen Parra, con comentarios y señalamientos que coincidían en que, lejos de empatizar, incurrió en una “burla” hacia las personas que deciden dejar sus lugares de origen en busca de una mejor vida.

“Como un espectáculo, como una caricatura de nuestro propio sufrimiento. Esta puesta en escena no solo es una burla, sino una muestra del clasismo y el privilegio de quienes, desde su comodidad, juegan a ponerse en nuestros zapatos, mientras siguen viviendo del erario sin hacer su trabajo. Muchos tuvimos que irnos precisamente por la corrupción y la incompetencia de funcionarios como ustedes, que prefieren el show mediático en lugar de garantizar derechos reales”, escribió en redes sociales Haidee Franco, quien agregó que, como migrante en Estados Unidos, sabe lo que significa la migración.

Las actividades realizadas por la presidenta de la Comisión Estatal se llevaron a cabo el miércoles pasado; sin embargo, pese a las críticas, el organismo no ha emitido una postura.

Para Trump los migrantes son una amenaza

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump declaró una “emergencia nacional” en la frontera con México y firmó un decreto que declara que los migrantes en situación irregular representan “amenazas significativas para la seguridad nacional”.

Trump anunció el pasado 1 de febrero aranceles del 25% a todas las exportaciones desde México y Canadá, sus socios en el acuerdo de libre comercio T-MEC, al acusar a ambos países de permitir el tráfico de drogas y migrantes indocumentados a su territorio.

Sin embargo, el republicano aplazó la imposición de esas tarifas hasta inicios de marzo tras una negociación telefónica con Sheinbaum, quien acordó desplegar 10 mil militares en la frontera con Estados Unidos.

En tanto, México reclama a Estados Unidos detener el flujo de armas hacia los cárteles de la droga mexicanos.

Un día después de la llegada de Trump al gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional abrió la puerta para que se puedan realizar arrestos a inmigrantes en iglesias y escuelas, espacios que durante la administración de Biden eran considerados “sensibles”.

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, emitió dos directivas “para poner fin a la invasión de la frontera sur de Estados Unidos y empoderar a las fuerzas del orden para proteger a los estadounidenses”, informaron en un comunicado.

La primera elimina medidas impuestas por el expresidente Joe Biden que impedía que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaran acciones cerca de las llamadas “áreas sensibles” como lo son las iglesias y escuelas, por lo que las  fuerzas de seguridad podrán ingresar para realizar detenciones.

Mientras que con la segunda directiva se propone analizar caso por caso en el programa de libertad condicional humanitaria y agrega que el ICE y la CBP “eliminarán gradualmente cualquier programa que no se ajuste a la ley”.

Tan solo del 20 al 26 de enero, es decir, la primera semana de gobierno de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que 4 mil migrantes fueron deportados de Estados Unidos a México, tras la implementación de las nuevas órdenes en materia de migración.

Asimismo, posterior a su investidura, Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas para declarar emergencia nacional en la frontera con México, designar como terroristas a los cárteles mexicanos y comenzar con el proceso de deportar a “millones y millones de migrantes indocumentados”.

“Hay tres elementos detenidos a quienes se les encontraron armas de fuego; dos de ellos están sujetos a investigación debido a que, en la revisión del equipo celular personal, se logró advertir que tenían comunicación para alertar a grupos de la delincuencia sobre la presencia de retenes”, informó la dependencia.

En el operativo participaron la Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de una verificación de armamento y de instalaciones.

La dependencia detalló que ya iniciaron los actos de investigación y que hay un grupo multidisciplinario que se encuentra obteniendo datos de prueba que acrediten la participación de los imputados en el delito que se les atribuye.

Policías detenidos en Chiapas

Hasta el momento, suman más de 350 policías detenidos en distintos municipios de Chiapas debido a irregularidades.

El 31 de enero, fuerzas de seguridad estatales y federales detuvieron a 87 policías en Chiapa de Corzo, Chiapas, entre ellos, el director de la policía municipal Jesús “N”, como parte del operativo “Cero Corrupción y Cero Impunidad”.

Entre los detenidos estaban 67 elementos de la Policía Municipal y 20 elementos de tránsito, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). Además, se aseguró un vehículo Chevrolet Silverado Pickup y 16 armas, entre ellas 12 largas y 4 cortas.

Días antes, el 25 de enero, también fueron detenidos 65 policías, un funcionario público y otras 11 personas en los municipios de Villaflores y Villa Corzo, Chiapas, quienes presuntamente formaban parte de una red de extorsión.

En conferencia de prensa las autoridades compartieron que el operativo se dio a partir de las denuncias presentadas por empresarios, ganaderos y transportistas, particularmente conductores de mototaxis, sobre una red de corrupción dedicada a extorsionarlos.

Sin embargo, esta no fue la única detención. El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, refirió en conferencia de prensa que el pasado 21 de enero fueron detenidas 11 personas en el municipio de Villaflores, entre ellas un expolicía de la Fiscalía General del Estado, quien presuntamente encabezaba la banda de extorsionadores.

Como parte de las investigaciones también se hizo una revisión en el Cuartel de la Policía Municipal de Villaflores, donde fueron detenidos 39 elementos, quienes serán investigados para corroborar que no se haya vulnerado alguna norma durante su alta.

También se realizaron diversos cateos en propiedades de un servidor público municipal donde fueron detenidos 26 elementos, entre ellos, el director de la Policía Municipal.

El 23 de diciembre, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó sobre la detención de 9 policías municipales y dos de investigación, presuntamente por el delito de desaparición forzada.

A esto se suma la detención de 92 policías el 15 de diciembre  porque intentaron obstruir y filtrar información de un operativo contra el narcomenudeo en Comitán, Chiapas, informó la Fiscalía. Los uniformados detenidos realizaron acciones con el objetivo de evitar ejecutar 25 órdenes de cateo contra establecimientos presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo.

Días después se informó que del total, 46 policías se encuentran en prisión, entre ellos el secretario de Seguridad, mientras que el resto fueron liberados.

Al llegar al sitio, los policías encontraron a los cuatro jóvenes heridos. Inmediatamente, fueron trasladados en un vehículo color azul a un hospital para recibir atención médica. Según los informes, las víctimas presentaban lesiones por bala en diversas partes del cuerpo, aunque hasta el momento se desconoce su estado de salud actual.

El lugar fue acordonado por las autoridades para preservar la escena del crimen mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.

La SSC ha iniciado una investigación sobre el incidente y ha notificado al agente del Ministerio Público para que se lleven a cabo las indagatorias correspondientes. 

El comunicado de la SSC informa que se está analizando la grabación de las cámaras de videovigilancia cercanas para identificar a los responsables del ataque.

Cabe recordar que su sentencia fue reducida en abril de 2024, de 20 a 10 años y cinco años de libertad supervisada, por su colaboración como testigo en el caso de Genaro García Luna, a cargo de la jueza Carol Bagley Amon.

Hasta el lunes pasado, el exfiscal de Nayarit se encontraba recluido en FCI Ashland, una prisión federal de baja seguridad, ubicada en Ashland, Kentucky, sentenciado por narcotráfico.

Previamente, su registro en la BOP refería que la fecha de liberación sería el 03 de octubre de 2025 (según el formato estadounidense mes), pero aparentemente fue ocho meses antes.

¿Quién benefició a Veytia?

Veytia fue beneficiado a partir de aclamar la Regla 35, que permite ajustes en la sentencia “por asistencia sustancial a las autoridades”.

El ex fiscal nayarita fue testigo en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y también colaboró para las imputaciones iniciales contra el exsecretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, quien fue liberado tras un acuerdo con México, pese a los señalamientos de Veytia.

Cienfuegos fue señalado por la fiscalía estadounidense de tener presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, con quienes el exfiscal tuvo relación al inicio del sexenio del exgobernador Roberto Sandoval.

FGE Nayarit buscará extradición

El fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, dijo que la orden de extradición en contra el exfiscal Edgar Veytia se mantiene actualizada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto en relación con nueve órdenes de aprehensión que existen en el estado, por delitos graves, incluidos secuestro agravado, extorsión, abuso de autoridad, tráfico de influencias y tortura.

May Rodríguez dijo que en lugar de Chávez Martínez designó a Serafín Toledo Lazcano, quien tiene trayectoria como policía en la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, nombró a Jesús Anaya Guerrero como comisionado estatal de la Policía Estatal de la SSPC; esta última plaza la ocupaba un coronel del Ejército.

En la conferencia de prensa donde el jefe del Ejecutivo local dio a conocer los nombramientos estuvo presente Francisco Javier Moreno Montaño, comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Afirmó que el nuevo secretario prestó sus servicios por más de tres décadas "en la entonces Procuraduría General de la República como policía judicial federal".

Dijo que fue comandante de la extinta Policía Judicial Federal (PJF) "en diversas entidades como Sinaloa, Michoacán y Guerrero".

También, comentó, fue jefe regional de la misma corporación en Tabasco y otras entidades.

En cuanto al nuevo comisionado de la Policía Estatal, dijo que tiene maestría en Seguridad Pública y por 28 años formó parte de la FGR.

El brigadier Chávez Martínez fue nombrado titular de la SSPC el 2 de febrero de 2024 por el gobernador interino Carlos Merino Campos, y el 27 de noviembre pasado fue ratificado por May Rodríguez.

A partir de que empezó la nueva administración, grupos delictivos colgaron mantas en varias ocasiones en las que pedían la destitución del ex jefe policiaco, con el señalamiento de que no había cumplidos un "pacto" con la delincuencia, pero May Rodríguez siempre lo defendió.

También la oposición se sumó a la demanda de su renuncia.

Casi al final de la conversación se le preguntó a Rubio sobre cuáles son qué se puede esperar de la administración de Trump sobre con México “porque es evidente que se trata de una relación crítica y hay margen de mejora”.

El exsenador republicano se refirió a los temas que ya ha mencionado como parte de las conversaciones con su homólogo mexicano Juan Ramón de la Fuente, en particular el combate al narcotráfico y a la migración indocumentada, pero esta vez se refirió explícitamente al tráfico de armas, uno de los puntos en los que el gobierno de México ha reclamado la colaboración estadunidense.

En principio, Rubio informó que los secretarios del Tesoro y del Comercio se encargarán de la parte arancelaria de la relación bilateral.

“Y luego estoy trabajando con Pam Bondi (fiscal) y Kristi Noem (secretaria de seguridad interior) en la parte de seguridad. Nuestro interés es detener el tráfico de personas y el tráfico migratorio a través de la frontera de Estados Unidos. Queremos que se detenga el fentanilo. Queremos que se detengan las drogas. No queremos que esta gente de los cárteles cruce nuestra frontera.

“Así que les estamos pidiendo que tomen medidas, incluso más medidas, para evitar que eso suceda, y ellos nos están pidiendo que los ayudemos a mantener las armas fuera de las manos de estos cárteles. Muchos de estos cárteles están encontrando formas de comprar armas o lo que sea en los Estados Unidos y regresan por el otro lado”, dijo Rubio, y añadió.

“Así que estamos trabajando en un plan con ellos, colectivamente, ¿no? Vamos a trabajar junto con ellos en su lado de la frontera, nosotros en nuestro lado de la frontera, para que podamos ocuparnos de su problema de tráfico de armas, ocuparnos del problema del fentanilo y el problema de la migración masiva y el problema de los cárteles.

“Y estamos buscando... bueno, nuestros equipos están hablando, y esperamos tener algo que anunciar pronto. Y tenemos un gran equipo con Kristi y... Kristi Noem y Pam Bondi, y estuvimos hablando con Pam sobre eso ayer. Así que tenemos un buen equipo, y los mexicanos tienen un buen equipo”, destacó Rubio, quien confió en que se logre algo positivo pronto.

Clay Travis, uno de los conductores del podcast, es fundador de Outkick, una página web propiedad del conglomerado mediático Fox. Buck Sexton es un exintegrante de la CIA.