La entrega de exjefes del narcotráfico no es suficiente. Menos, si la presidenta Claudia Sheinbaum evita asumir la responsabilidad de haberlos sometido a la justicia estadunidense bajo ningún procedimiento judicial y por “razones de seguridad nacional”.
Tan inverosímil como imposible es que Sheinbaum haya sido ajena a la decisión. Primero, porque en su calidad de jefa del Ejecutivo es la presidenta del Consejo de Seguridad Nacional, el mismo con el que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, justificaron la entrega de los narcos caídos en desgracia, la mayoría desde hace años.
En segundo lugar, porque la expulsión coloca a varios de ellos en la antesala del patíbulo. Una decisión así no se toma “de forma colegiada” por los integrantes del gabinete de seguridad nacional sin la participación de quien lo encabeza.
Esa es una medida de la más alta responsabilidad política porque, además de pasar por encima de los procedimientos judiciales, entra en conflicto con la Constitución e instrumentos internacionales de los que México forma parte respecto de la aplicación de la pena capital y la cadena perpetua.
Para la presidenta fue más fácil denostar una vez más al Poder Judicial en un intento de evadir públicamente su responsabilidad y esconder su toma de decisiones. Con el manido discurso de la corrupción de los jueces, al que también recurrieron los “colegiados” Gertz Manero y García Harfuch para justificar la expatriación de los procesados, Sheinbaum pretendió lo inevitable: la comparación con Felipe Calderón.
También a comienzos de su gobierno, en enero de 2007, Calderón pasó por encima de todo procedimiento judicial y entregó 15 excapos a Estados Unidos. Sólo que esta vez, a diferencia de la reivindicación de Calderón en torno de su “valentía”, la presidenta quiso cuidarse ante la opinión pública escudándose en el Gabinete de Seguridad Nacional.
Por más que aleguen que se trató de un tema amparado por lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, la misma dice que en los casos de urgencia debe intervenir una autoridad judicial.
Los mismos funcionarios que dicen haber tomado la decisión al margen de la presidenta, se encontraban en Washington, reunidos con sus pares en el Departamento de Estado, en el momento en que se operaba en México la entrega de los exnarcotraficantes.
El viernes último, el fiscal Gertz dijo que “los colegiados” de la seguridad nacional, entre los que estuvieron los jefes del Ejército y de la Marina, acordaron la medida apenas unas horas después de una solicitud de Estados Unidos.
La presidenta anunció el miércoles pasado la salida del gabinete de seguridad a Washington ese mismo día, lo cual hace suponer que la decisión de la entrega se tomó el martes. En su reunión del jueves en el Departamento de Estado, los funcionarios mexicanos pusieron a los expatriados en la mesa de las negociaciones.
Pero la entrega de delincuentes no basta para Washington. El presidente estadunidense y su gabinete de seguridad, incluido el Pentágono, quieren a quienes desde el poder han protegido las actividades del narcotráfico en México: los narcopolíticos.
Al igual que en los capos y lugartenientes del narcotráfico, en la narcopolítica hay actores principales y secundarios de ayer y hoy. El nuevo régimen se ha cebado en la figura del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna para lucrar políticamente. Pero no mira su entorno.
El que fuera el hombre fuerte y de todas las confianzas de Calderón no es el único, ni el primero, ni el último. Es, hasta ahora, el más prominente de la política fuera de los exgobernadores que han estado presos en Estados Unidos. Forman una galería quienes han protegido y se han beneficiado del narcotráfico en México desde el poder político, militar, policial y económico.
Gobernadores, senadores, diputados, secretarios de Estado, alcaldes, jefes militares y policiales, fiscales, ministerios públicos, jueces y lavadores de dinero con la fachada de empresarios han contribuido al empoderamiento de las organizaciones criminales que tienen tan mal parado a México en el mundo y que lo hace todavía más vulnerable ante una administración colonialista como la de Trump.
Los halcones de Washington van por presas más valiosas y así se lo han dicho a la presidenta Sheinbaum. Con nombre, apellido y cargo. Ese escenario la tiene en una encrucijada, pero también ante una oportunidad histórica. Se encuentra en un momento de definición: ir contra aquellos que, con evidencias, puedan estar implicados o seguir recibiendo su respaldo político.
Mientras no dé señales, seguirá la desconfianza de Estados Unidos hacia ella y su gabinete heredado.
