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Mujeres y las estadísticas negativas en BC

El Estado, en rezago de participación de la mujer en la vida económica; con 46%, aparece en el lugar 14 de 32 estados. En la administración de Marina del Pilar Ávila, mil 179 mujeres han sido asesinadas y 110 casos se tipificaron como feminicidio

De acuerdo a ONU Mujeres, al 1 de enero de 2025 existían “26 países donde 29 mujeres se desempeñan como jefas de Estado y/o de Gobierno” y “al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años”, así lo publicaron a principios del presente año.

En sus informes, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó en octubre que en 2024, “las empresas reportaron que el 43% de la plantilla laboral estaba conformada por mujeres: 23% tienen a una mujer a cargo del departamento jurídico; 11% a una directora financiera; y 3% a una mujer a cargo de la dirección general”, pero estos porcentajes fueron menores a los del año previo.

En fechas más recientes, el propio IMCO consignó la participación de las mujeres en economía nacional, esta vez con cifras por estados, y de acuerdo a su análisis, resultó que donde más se aprovecha el talento femenino en los sectores productivos es en “Baja California Sur, Colima y Ciudad de México, que registran una participación económica cercana a 60%”.

Pero no hubo buenas noticias para Baja California, porque la entidad está muy lejos con un 47% de participación por segundo año consecutivo. Rezagada en el lugar 14 de 32 estados, por debajo de Nayarit, Yucatán, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Durango, Puebla Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.

La cantidad de bajacalifornianas económicamente activas necesita incrementar un 20% para “alcanzar una participación económica de 67%… de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el segundo trimestre de 2024, en Baja California había 731 mil 598 mujeres laborando, lo que significó 5 mil 922 más que en el segundo trimestre de 2023.

La ocupación informal femenina también aumentó, al sumar 264 mil 980 féminas ese segundo trimestre, mil 114 más damas en el ambulantaje que el mismo periodo en el año anterior.

Tratándose de inseguridad, las estadísticas para las bajacalifornianas son peores. De entrada, la violencia familiar ha aumentado año con año, y en 2024, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad ocupó el sexto lugar en ese delito, con 14 mil 729 denuncias, a pesar de la operatividad de los Escuadrones Violeta, cuyo ex titular, el entonces secretario estatal de Seguridad, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, anunció en enero pasado la captura de apenas 375 agresores en un año de trabajo.

Conforme a información de la página nacional de Transparencia, en Baja California, de los 39 mil 852 casos de violencia contra mujeres denunciados entre los años 2022 y 2024, el 54% no ha sido judicializado (ZETA lo publicó en su edición del 3 de enero). Como ejemplo, en 2024, de las mil 355 carpetas iniciadas por abuso sexual, 65% siguen sin judicializar.

A estos números del año pasado, hay que sumar 670 denuncias por violación, las 4 mil 604 carpetas iniciadas por otros delitos sexuales y las 222 mujeres que por mes fueron víctimas de lesiones dolosas y continuar con los nada honrosos primeros lugares que tiene el Estado a nivel nacional en violencia feminicida.

Sólo en la administración de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (1 de noviembre de 2020 al 26 de febrero de 2025), las mujeres asesinadas suman mil 179; de ese total, los casos investigados como feminicidios son oficialmente 110, apenas el 9.33%: cuatro registrados los dos últimos meses de 2020; 21 muertes en 2021; 24 en 2022; 20 feminicidios en 2023 y la cifra más alta del sexenio hasta la fecha: los 37 de 2024, más las únicas dos muertes que han clasificado como feminicidio durante el año en curso.

Considerando el porcentaje de éxito de la fiscalía en estos temas, alrededor del 80% de las indagatorias permanecen en la impunidad porque la justicia no es rápida ni expedita. Como el caso del asesino serial de sexoservidoras, Bryant Rivera, presunto responsable de los asesinatos de tres acompañantes cometidos entre agosto de 2021 y febrero de 2023 en Tijuana. El sujeto fue capturado en California en julio de 2023; México solicitó su extradición para juzgarlo, proceso que un año y siete meses después, sigue sin concretarse.

En medio de esas cifras, están los cumplimientos e incumplimientos en las Medidas y Acciones Decretadas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida para Baja California en 2019. De acuerdo al gobierno de Ávila Olmeda, en 2024 proyectaron avanzar un 56% y en diciembre informaron que habían alcanzado el 96.15% de la mencionada meta; recordaron que el 100% se tiene planeado hasta 2026.

Se han registrado avances significativos en la consolidación y funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM), la creación del CEJUM en San Quintín y Mexicali, así como la ampliación a su presupuesto, la Creación de Protocolo para la Atención de Víctimas de Violencia Sexual por parte de la Secretaría de Salud de Baja California, entre otras.

Será cuestión de analizar su operatividad, de entrada, el mayor logro es que, aunque pocas, más mujeres se atreven a denunciar, a pesar de los deficientes resultados.

A ese respecto, el presidente del Consejo Ciudadana de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), Roberto Quijano Sosa, reclamó públicamente la lentitud y falta de resultados, porque para prevenir violencia familiar, se solicitó el cumplimiento de más de 40 medidas y apenas llevan 12 o 14… y las mujeres siguen siendo victimadas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

FGE de Quintana Roo rescata a 21 mujeres víctimas de trata en bar de Bacalar

A las mujeres extranjeras víctimas se les retienen sus documentos como pasaportes, para que no puedan salir del país.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó este sábado que logró el rescate de 21 mujeres, presuntamente víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, en un bar de Bacalar.
"Luego de diversos trabajos de investigación, para garantizar a las mujeres su a una vida libre de violencia, y tras obtener separado de jueces de control las órdenes de cateo respectivos, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos del Grupo Interinstitucional, rescató a 21 mujeres, presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, durante el cumplimiento de una diligencia en este municipio y otra en Bacalar", explicó la FGE en un comunicado.
En los cateos participaron elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Trata de Personas, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.
La primera diligencia tuvo lugar en Othón P. Blanco, en un bar ubicado en la avenida Maxuxac entre las calles Polyuc y Petcacab, donde rescataron a 13 mujeres de nacionalidad mexicana.
"El trabajo de estas mujeres consistía en pedirles a los clientes que les invitaran una copa, para posteriormente ofrecerles servicios sexuales, por los cuales cobraban cuatro mil pesos más", explicó la FGE.
Durante la diligencia, los agentes participantes encontraron además sustancias similares a estupefacientes, conservantes y dispositivos de almacenamiento digital.

Asimismo, en el cateo cumplimentado en un bar ubicado en la avenida 19 Libramiento, entre calles 38 y 40 de la colonia Mario Villanueva del municipio de Bacalar, los elementos ejecutantes lograron rescatar a ocho mujeres, de las cuales cinco son mexicanas, dos guatemaltecas y una beliceña.
"Cabe mencionar que a as extranjeros les retienen sus documentos como pasaportes, para que no puedan salir del país, en tanto que las amenazan con hacerle daño a sus familiares si no aceptan las condiciones del “trabajo”. En este lugar, los servicios sexuales cuestan entre cuatro mil y ocho mil pesos, dependiendo de la nacionalidad de la mujer", dio a conocer la Fiscalía estatal.
Una vez concluidas las diligencias, los elementos participantes colocaron los sellos de aseguramiento respectivos en cada uno de los establecimientos, los cuales quedaron bajo resguardo de esta Representación Social. Las mujeres rescatadas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado para que rindan su declaración; las evidencias fueron puestas a disposición del Ministerio Público para integrarlas a las carpetas de investigación.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

”¿Llegamos todas?”: activistas señalan las tareas pendientes en el primer 8M con una mujer presidenta

La llegada de una mujer a la Presidencia aún no se ha traducido en programas y presupuesto para las víctimas, atención a mujeres migrantes y visibilización de las más vulneradas. Las jóvenes desaparecidas han quedado fuera del discurso y de las políticas, dicen expertas.

Con un Palacio Nacional amurallado con vallas que cierran el paso a las mujeres y 800 policías mujeres en las calles, la presidenta Claudia Sheinbaum llega a su primer 8M, Día Internacional de las Mujeres. Durante su toma de posesión afirmó: “Llegamos todas”. Sin embargo, activistas y especialistas coinciden en que faltan muchas, en especial las más vulneradas e invisibilizadas. 

En febrero pasado, Citlalli Hernández, primera secretaria de las Mujeres de México, se pronunció a favor de las movilizaciones por el 8M, pero las calles cercadas con murallas metálicas y vallas de concreto en el primer cuadro de la capital del país contrastan con ese discurso.

La presidenta Sheinbaum y la secretaria Hernández justificaron el operativo de seguridad de cara a las movilizaciones del 8M como una ”medida de protección” para las propias manifestantes y las policías antimotines, mientras el gobierno de la capital -encabezado por otra mujer, la morenista Clara Brugada– aseguró que las policías acompañarán a distancia y solo intervendrán en emergencias.

Aún faltan los cambios significativos

De acuerdo con especialistas y activistas consultadas por Animal Político, aunque las mujeres y niñas han estado presentes en el discurso de la primera presidenta de México, en el presupuesto y los programas anunciados para el primer año de gobierno no hay cambios significativos para atender la situación de desigualdad y violencia de género.

Además, el nuevo gobierno, que se ha distinguido con el eslogan “tiempo de mujeres”, tiene el reto de trabajar con presupuestos recortados a expensas de disminuir servicios de atención en diversas áreas de la administración pública federal, destacan.

Otro pendiente que atravesará el sexenio es el Sistema Nacional de Cuidados, del que Hernández promete sentar las bases, aunque adelanta que no habrá presupuesto y tiempo que alcance. Animal Político documentó recientemente los impactos de millones de mujeres ante su ausencia.

Programas con perspectiva de género son insuficientes y no cierran brechas

Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indica que a cinco meses de que dio inicio el sexenio de Sheinbaum es difícil hacer un balance sobre las políticas públicas de apoyo a las mujeres, ya que los programas que se han anunciado y que tienen una perspectiva de género no se han implementado; hasta ahora, en algunos casos incluso no se ha programado presupuesto para llevarlos a cabo.

“En el presupuesto de 2025 todavía no se encuentra la Secretaría de las Mujeres, porque todavía no estaba creada para el momento en que se aprobó, y eso significa que tampoco tiene un presupuesto adecuado a sus funciones”. Además, esta nueva institución nació con recortes presupuestarios en comparación con el instituto al que sustituye, apunta Macías.

Acerca de los programas como la pensión para mujeres y el prometido Sistema Nacional de Cuidados, la especialista en análisis presupuestal agregó que “todavía faltan muchísimas definiciones” para su operación, por lo que habrá que esperar para evaluar sus resultados.

Sin embargo, subrayó que es necesario que las políticas públicas que se implementen para atender la igualdad entre hombres y mujeres estén diseñadas para lograr este objetivo, ya que actualmente los grandes programas sociales que conforman el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no cuentan con perspectiva de género.

“La mayor parte de este anexo corresponde a la Pensión para Adultos Mayores, que no cuenta con una perspectiva de género. Además, tenemos que evaluar los programas que se encuentran ahí, ya que las transferencias directas a las mujeres no necesariamente cierran brechas, y al contrario, puede que las profundicen”, alertó la analista.

Violencia feminicida persiste y se complejiza

“¿Cómo llegamos al 8M? Sin duda, esperando que el discurso de que ‘es tiempo de mujeres’ se vea materializado”, señaló por separado Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

Para Figueroa, en materia de violencia contra las mujeres, deben considerarse diversas perspectivas, desde la no criminalización de la protesta hasta la atención oportuna y sin revictimización de las víctimas, “pero siguen existiendo pendientes en la agenda”.

Tan sólo en los centros que conforman la Red Nacional de Refugios (RNR), se ha presentado un incremento en las solicitudes de atención que tienen lista de espera, ya que con los recortes presupuestarios al programa se ha limitado su capacidad, lo que pone a las mujeres y sus hijas e hijos en mayor riesgo, apuntó. 

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer mes de 2025 se iniciaron 54 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, así como 187 por homicidios intencionales cometidos contra mujeres.

Durante la administración pasada, del presidente Andrés Manuel López Obrador, se registraron 6 mil 558 carpetas de investigación por feminicidios y 19 mil 137 por homicidios dolosos de mujeres.

“En particular, nosotras vemos que se sigue manteniendo la violencia que está cruzada con el crimen organizado, e incluso con la militarización del país. El 50% de los agresores son parte de este sector, y hemos visto también un aumento importante en la violencia vicaria”, remarca la directora de la RNR.

“Hace falta mucho trabajo”, considera. Es indispensable, agrega, una agenda a favor de los derechos humanos de las mujeres en sus diversas etapas de vida, con políticas públicas efectivas y perspectiva de género que cuenten con fondos suficientes para atender los distintos contextos, y que en su construcción puedan participar diferentes sectores como las feministas, sobrevivientes de violencia y organizaciones de la sociedad civil. 

Mujeres migrantes sobreviven sin apoyos, mientras intentan cruzar a EU

Desde el primer día del regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, aproximadamente 200 mil personas quedaron varadas en México ante la eliminación de la aplicación CBP One, que gestionaba las solicitudes de asilo, lo que ha dejado en la incertidumbre a quienes buscaban cruzar la frontera para obtener protección.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), explicó que, en este contexto, las mujeres, niñas y niños son quienes enfrentan las mayores dificultades, sin que existan políticas públicas que les proporcionen apoyo, “y ahora están tratando de pensar en qué van a hacer, cómo van a sobrevivir, si van a solicitar asilo en México o si tendrán que regresar a sus países de origen”, con el peligro que representa.

“Las mujeres están desorientadas, porque tenían en su imaginario el objetivo de llegar a los Estados Unidos con una cita, y ha sido muy frustrante que les corten la oportunidad… Ahora están pensando en cómo sobrevivir en tiendas de campaña, sin que sus hijos puedan ir a la escuela, y algunas de ellas han tenido bebés nacidos en México, lo que las ha llevado a reconsiderar lo que van a hacer”, detalló Kuhner.

En 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró que en el país había un total de 925 mil 85 personas en situación migratoria irregular, de las cuales 294 mil 223 fueron mujeres, la mayoría de ellas originarias de Sudamérica (170 mil 806), Centroamérica (76 mil 463) y las Islas del Caribe (30 mil 620).

“Es muy preocupante que el gobierno no ha dicho nada sobre esta población, no hay ninguna política para ofrecer algo, o información dirigida a estas personas que estaban siguiendo la ley estadounidense a la espera de salir de México, pero de un día para otro se quedaron sin nada. Jurídicamente no tienen documentos migratorios y eso las vuelve más vulnerables, trabajando en el sector informal y al acecho de grupos criminales”, destaca el Imumi. 

“Fuera de la política ‘México te abraza’, ha habido silencio, a las personas provenientes de otros países los reciben y los suben a camiones que los alejan de la frontera sin documentos migratorios mexicanos, sin nada, los dejan en la calle sin garantías de seguridad física, entre confusión y desinformación”, expresa la directora del Instituto. 

Además, plantea, la forma en la que un gobierno trata a las mujeres migrantes refleja la política hacia las personas vulnerables en general. Por ello, si llegamos todas, subraya, tendría que incluirse a las mujeres solicitantes de protección que no han recibido apoyo hasta ahora, y ni siquiera una narrativa sobre su situación. 

Las mujeres racializadas, trans y desaparecidas no han llegado

En tanto, Valeria Angola, de la colectiva Afrochingonas, coincide en que la situación en torno a la migración, que impacta en buena medida a las mujeres, es una de las más preocupantes cuando se habla respecto a si las agendas de la presidenta Sheinbaum incluyen a todas. 

“Es bastante incómodo hablar de esto, y es contradictorio, nos encontramos como en una tensión; por un lado, en efecto celebramos que una persona como Claudia, por ser mujer y por ser una mujer de izquierda esté en la presidencia; sin embargo, por otro lado, claro que no hemos llegado todas. Ocupar el poder, y un poder del Estado siendo jefa también de las fuerzas armadas, para quienes somos anticarcelarias, antipunitivistas, antimilitaristas, ocurre dentro de nosotras un sentimiento de contradicción”, apunta Angola. 

Llegar a ese lugar –continúa– no significa necesariamente una representación para todas porque hoy en día el hecho mismo de ocupar un lugar en el Estado es ser parte del mismo aparato que encarna todas esas contradicciones. No todas hemos llegado y no todas estamos representadas, sostiene: el hecho de que una mujer esté en la presidencia no se ha traducido, por ejemplo, en derechos para las mujeres que menos derechos tienen, como las migrantes.

Afrochingonas ha insistido desde hace tiempo en la importancia de la derogación de los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, respecto a los que ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que reproducen prácticas de perfilamiento racial. La Presidenta tiene esa tarea pendiente: revisar la violencia racista que reproduce el Instituto Nacional de Migración hacia personas migrantes, incluidas mujeres y niños, señala.

Rocío Suárez, del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, también hace énfasis en la necesidad de inclusión de las poblaciones más desprotegidas. De igual manera, percibe mensajes contradictorios, que empiezan en la Ciudad de México, donde hace poco se logró el reconocimiento de las personas no binarias, pero al mismo tiempo se tuvo conocimiento de agresiones por parte del personal del gobierno capitalino a una persona trans.

Por otro lado, a nivel nacional se conoció el reconocimiento de la SCJN a las personas trans para el acceso a sanitarios, pero también las agresiones a Natalia Lane, víctima de un intento de transfeminicidio, por parte del colectivo No más presos inocentes. “Estamos viviendo un vaivén, un sube y baja en términos de noticias hacia el tema de las personas trans, y las protagonistas siguen siendo en particular las mujeres trans”, apunta.

Desde su perspectiva, el marco normativo no está alcanzando, y a nivel de política pública deberían impulsarse dos más: la Ley de Acceso a los derechos de la población LGBT en la Ciudad de México, con un área central y un consejo que coordine acciones que garanticen el ejercicio de los derechos de las mujeres trans, y a nivel federal la Ley Integral Trans, que no avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados.

El pretexto fue, recuerda, que no se podía legislar de manera específica sobre una población no incluida en la Constitución, para lo cual ya se presentaron nuevas iniciativas. “Esto nos parece muy importante porque ante esta ola antitrans, antiderechos, el hecho de que lleguemos a la Constitución, y que se nos nombre, podría y debería de abrir muchas puertas en automático porque, de aprobarse, se tendrían que modificar las constituciones estatales”, explica.

Si bien en las formas más extremas de violencia hacia mujeres trans por lo menos no se han registrado incrementos, Suárez apunta que hay otros tipos de violencias invisibilizadas hacia esta comunidad, como las que viven al interior de sus casas. En lo que va de este año, el Centro tiene al menos cuatro casos documentados de este tipo y, por lo menos en la capital –la más representativa a nivel federal–, no existen opciones específicas de refugio para ellas. Además, considera importante pensar cómo incluir a las mujeres trans en las alertas de género.

“Con este ‘llegamos todas’ y con este ‘tiempo de mujeres’, creo que no se está hablando o visibilizando a todas las mujeres; dentro de ellas a las mujeres trans, a las mujeres de la diversidad, a las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, a las mujeres migrantes, a las mujeres en general que viven con VIH, a las mujeres que ejercen el trabajo sexual en el país. Creo que en este 8 de marzo es importante hacer esa reflexión sobre cuáles son las mujeres que se invisibilizan los otros 364 días del año”, reclama Suárez. 

Las mujeres desaparecidas, en su mayoría jóvenes, son otro grupo que ha quedado fuera de la agenda de la Presidenta, remarca Jaqueline Palmeros, quien el mes pasado sepultó a su hija Montserrat Uribe luego de encontrar su cuerpo en el Ajusco tras casi cinco años de búsqueda. Para ella, la primera exigencia a subrayar en este 8M será el acceso a la verdad y la justicia en el caso de su hija, pues hoy se tiene la certeza de que fue asesinada sin que las autoridades hayan actuado contra el responsable. 

“La negatividad por parte de las autoridades ante la desaparición de miles de mujeres y niñas ha sido también nula, siguen sin aceptar esa parte de que hay un problema grave de trata y de pedofilia en el país. Eso es algo que nos angustia a quienes hemos sido víctimas de desaparición, porque sigue siendo permisivo por parte de cada gobierno que va pasando y es doloroso”, apunta.

Puntualiza que, de entrada, hay que recordar que la presidenta Sheinbaum no se ha pronunciado ante ningún caso específico o general de desapariciones ni ha dicho qué se está haciendo, más allá de que en la Ciudad de México se haya formado un gabinete sin el acompañamiento de las familias. No hay un pronunciamiento claro ante la gravedad del asunto ni del aumento de feminicidios, reclama. “Nos queda a deber”, agrega.

A las mujeres y a la sociedad que saldrán a marchar durante el 8M, Jacqueline pide que no pierdan la objetividad. “No salimos a festejar, sino a conmemorar a todas las que nos han sido arrebatadas, a todas las que han callado y todas las violencias que siguen siendo permisivas por parte del Estado, de un Estado que nos ha fallado y que sigue siendo indolente; a la sociedad, que no nos deshumanicemos y que no normalicemos la violencia feminicida ni las desapariciones ni los ataques sexuales”, enfatiza.

Alertan por ola de discursos antitrans y de derecha

Integrantes de colectivas trans, anticolonialistas y antirracistas alertan como una agenda fundamental no solo en el marco del 8M, sino para pasada esta fecha, el contrarrestar los discursos de odio ante un contexto mundial de ascenso de las derechas.  

“Ante este contexto tan preocupante de ultraderecha en el mundo, necesitamos acciones antifascistas, antifundamentalistas, anti antiderechos. Es súper preocupante y tenemos que estar superpreparadas para la próxima temporada electoral para no dejar que ganen Verástegui y esta gente que se está perfilando para estos cargos políticos y que tiene alianzas con Milei, Trump, Musk y todos esos”, sostiene Valeria Angola, de la colectiva Afrochingonas.

“Tenemos que recordar que estos movimientos de mujeres son obreros, son trabajadores, son reivindicativos de la dignidad y la humanidad de las personas trabajadoras. Volver a eso es muy importante, y generar acciones de solidaridad, compañía, comunidad, de información frente a las desinformaciones también de medios de la derecha, hegemónicos, que les encanta esparcir pánicos morales”, advierte.

Rumbo a un 8M al que Afrochingonas ha decidido hace algunos años no asistir, Angola subraya que sería necesario recordar que los feminismos tienen que ser incluyentes de lo trans, que el TERFismo es otra forma de pertenecer a la derecha, como en el caso de colectivos que incluso han justificado la llegada de Trump al poder. Los movimientos de mujeres, añade, deben enarbolar prácticas antirracistas.

Lo anterior significa, desde su perspectiva, construir redes de solidaridad, así como conciencia de raza y de clase. En general, dice, lo más preocupante es que las políticas de derecha sigan teniendo espacio y ganando poder. La crítica de su colectivo al 8M es que es tan multitudinario y convoca a tanta gente precisamente porque hay muchas mujeres que han tomado el espacio de la marcha “como una pasarela de moda y de fotos para Instagram”.

Para ella hace falta trabajo de base, de solidaridad y de denuncia. Afrochingonas considera que hay otras fechas que las convocan y representan más sus ideales políticos. “El 8M lo sentimos todavía muy capturado por ciertas hegemonías de la blanquitud, entonces no nos sentimos cómodas, no es un día que nos convoque tanto, y preferimos usar nuestra energía para impulsar otras fechas que nos significan mucho más”, señala. 

Suárez remarca lo crítico de la situación, particularmente para los grupos trans, a partir de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, con la consiguiente agenda antiderechos que se extiende a otras regiones. Ella hace notar una preocupación colectiva por los discursos de odio hacia las personas trans, pues es un tema que permea de cara al 8M, pues estos discursos se intersectan con los de las TERF (feministas radicales transexcluyentes) en México.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a un agente ministerial y a su esposa en Altar, Sonora

El vehículo en el que viajaban Roberto Eduardo “N” y Marisela “N” recibió más de 40 disparos de arma de fuego.

Un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación criminal fue asesinado este viernes junto a su esposa al norte de Sonora en un ataque armado. Las autoridades desplegaron un operativo para dar con los responsables, pero al momento de redactar esta nota no se contaba con ningún detenido. 

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga el homicidio de un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y su esposa, quienes fueron agredidos por disparos de arma de fuego en Altar, Sonora, cuando salían de una tienda de conveniencia en donde habían comprado alimentos”, informó la autoridad a través de un comunicado. 

La agresión que provocó la muerte de Roberto Eduardo “N” y Marisela “N” sucedió en el cruce de la calle Plutarco Elías Calles y la carretera Altar–Oquitoa, sitio donde los primeros respondientes encontraron el vehículo en el que viajaban las víctimas, quienes yacían sin vida en sus asientos, tras el parabrisas lacerado por más de 40 balas, cifra extraoficial. 

Altar, el municipio donde se registró el asesinato de Roberto Eduardo y Marisela, se ubica al norte de Sonora y forma parte de la frontera con Estados Unidos, de modo que representa un territorio estratégico para las actividades del crimen organizado. 

Este municipio, que colinda al norte con el país vecino, también comparte frontera al este con el municipio de Sáric, sitio donde 107 días atrás un convoy conformado por la Secretaría de Marina y la AMIC fue atacado por integrantes del narcotráfico, lo que resultó en la muerte de uno de los agentes ministeriales. 

Horas antes del ataque en Sáric, un operativo de las autoridades logró aprehender a dos “Deltas”, grupo de sicarios al servicio de “Los Chapitos”, y fueron confiscados una serie de vehículos encontrados al interior de un taller de blindaje artesanal. El convoy de las autoridades fue atacado cuando salían de la zona a través de veredas. 

Altar, vecino de Caborca

Mientras que Altar colinda por el norte con Estados Unidos y por el este con Sáric, la frontera del lado oeste la comparte con Caborca, otro municipio azotado por la violencia en los últimos tiempos. 

Se trata de una región que ha requerido de operativos especiales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública: entre el 17 de enero y el 4 de marzo arrestaron a 64 integrantes de células delictivas, se decomisaron 45 armas largas, 30 vehículos y más de 30 mil dosis de droga. 

También al norte del estado, según la propia SSP, se liberaron 38 ranchos y una mina que habían sido tomados por el crimen organizado, tanto para utilizarlos como bases operativas como para otras actividades, paralelas al trasiego de drogas, personas y demás. 

Tras esta situación, el titular de la dependencia aseguró que la situación ha mejorado en la región, de tal manera que se descarta instalar un Mando Único Policial en Caborca. 

Una medida que, de acuerdo con el documento que oficializó la medida, firmado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, se instaló a finales de julio pasado en San Luis Río Colorado debido, entre otras cosas, a la ocurrencia de crímenes como los registrados en Sáric y Altar: el asesinato de agentes de seguridad (en el caso de San Luis Río Colorado, de policías municipales). 

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO DUARTE.

Mujeres líderes indígenas enfrentan machismo y discriminación

A nivel nacional existen 68 pueblos originarios habitados por unas 23,2 millones de personas, de las cuales 11,9 millones son mujeres, lo que representa el 51,4 % de la población indígena del país.

Mujeres líderes de comunidades indígenas del estado de Sonora, noroeste de México, destacan el papel de las mujeres en el desarrollo social, cultural, económico de sus comunidades, pero también su lucha contra la resistencia machista a su liderazgo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, gobernadoras que lideran comunidades indígenas en Sonora, contaron a EFE, que a pesar de los avances, ellas continúan enfrentando el machismo y la discriminación de los hombres en los pueblos originarios.

A nivel nacional existen 68 pueblos originarios habitados por unas 23,2 millones de personas, de las cuales 11,9 millones son mujeres, lo que representa el 51,4 % de la población indígena del país.

Pero a pesar que las mujeres son mayoría, muy pocos pueblos originarios permiten que las mujeres formen parte de sus autoridades tradicionales, argumentando la tradición, los usos y costumbres.

Nohemi Moreno Hidalgo, es gobernadora de la comunidad Ge’e-pickñ de los Tohono O’odham (gente del desierto), un pueblo originario cuyo territorio se divide entre Sonora, México y Arizona en Estados Unidos, una etnia binacional que desde hace 40 años reconoce a las mujeres como líderes tribales.

“Las mujeres enfrentamos desafíos, de hecho si me presento en otras etnias como gobernadora, hasta cuestionan mi puesto, lo han cuestionado, se han atrevido a cuestionarlo, porque existe ese machismo de que el hombre solamente es el portador de un bastón de mando y una mujer no, aún existe machismo”, expuso.

Otro caso es el de María del Rosario Avilés Carlón, quien enfrentó cientos de años de tradición en la cultura Yoreme-Mayo y logró convertirse en la primera Gobernadora tradicional de El Jupare, municipio de Huatabampo, esta tribu habita entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa, noroeste del país, pero ella enfrentó el machismo al interior de su pueblo.

“Los hombres sienten recelo de la mujer indígena, pero creo yo que la fuerza de voluntad nos la da nuestro padre Dios, es él quien nos hace seguir adelante, como mujeres indígenas y más que nada como gobierno tradicional, porque la herencia de papá la tengo que seguir al pie de la letra, tengo que ver por los pueblos indígenas, me encargó a un pueblo entero y tengo que darles lo que por derecho les corresponde”, aseguró la gobernadora indígena.

La mujer recordó que en el Plan de Justicia para el Pueblo Mayo, que están trabajando con Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, están impulsando un decreto para que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconozca el derecho de las mujeres a ser propietaria de la tierra que trabaja.

“En los planes de justicia Mayo que ahorita estamos trabajando en conjunto con el INPI y nuestra presidenta estamos pidiendo la tierra, el agua y el desarrollo, tres cosas, pero primeramente es nuestro territorio Mayo, como mujer creo que también merecemos trabajar nuestra tierra y queremos que la Presidenta decrete la tierra para las mujeres indígenas”, agregó.

En México, el 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de México y su toma de poder recordó que “por primera vez en la historia del país “llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos, porque no llego sola, llegamos todas”.

Sheinbaum se refirió a todas las mujeres que lucharon para llegar a este momento histórico, heroínas de la patria, pero también heroínas anónimas que, desde casa, su familia y trinchera soñaron con alcanzar sus sueños “podemos realizar nuestros sueños y deseos, sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas, que nos pensaron libres y felices”, dijo aquel día.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen al Estado mexicano protección para buscadoras y mujeres que exigen justicia

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda exigieron al Estado mexicano que proteja “de manera efectiva” a las mujeres buscadoras de desaparecidos y que exigen justicia para las víctimas de feminicidio en México, pues aseguraron que actualmente son objeto “de una violencia social e institucional por alzar la voz e incomodar a la institucionalidad, denunciar la corrupción, la impunidad, reclamar justicia, verdad y sanción para los responsables”.

En un comunicado conjunto, organizaciones como IDHEAS y colectivos como Nos Queremos Vivas Neza, Buscadoras Guanajuato y el Colectivo Madres Igualtecas reconocieron la lucha de las mujeres que buscan a las miles de víctimas de desaparición en el país y reclaman a las autoridades justicia y un alto a la impunidad en los casos de feminicido.

“Las madres, hermanas, hijas, abuelas, compañeras, además de ser las cuidadoras de su hogar, ejercen un trabajo de cuidado cuando buscan, escarban la tierra, se movilizan, alzan la voz, exigen investigación y reclaman justicia”, señalaron en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Agregaron que la búsqueda de desaparecidos y las exigencias de justicia para las víctimas de feminicidio son una lucha “especialmente feminista”, sostenida por las voces de las mujeres en México.

“México es un país de desigualdades y de una marcada violencia estructural que fragmenta el tejido social producto de las desapariciones y feminicidios”, remarcaron los colectivos, que reiteraron su demanda al Estado para implementar medidas que garanticen la seguridad de las mujeres que buscan y exigen justicia.

COMUNICADO:



FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juez federal ordena atender salud mental de reclusas tras 20 muertes sospechosas

Reclusas del Cefereso 16 de Morelos interpusieron un amparo para que se les dé atención médica especializada y acceso a sus expedientes médicos para justificar el requerimiento de determinados medicamentos.

Un juez federal concedió un amparo a 16 reclusas del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 de Morelos, en el que ordenó crear una política de salud mental a favor de las internas.

Desde el año 2022 en dicho penal federal femenil, único en su tipo en el país, se han registrado ya 20 fallecimientos de mujeres en condiciones sospechosas.

En todos los casos las autoridades catalogaron las muertes como suicidios, sin que hasta el momento entreguen a sus representantes legales o familiares evidencia alguna de que tuvieran un problema de salud mental que las llevara a quitarse la vida.

En cambio, el Instituto de la Defensoría Pública Federal (IFDP), organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado diversas violaciones a los derechos humanos ocurridas dentro del penal, mismas que no han sido erradicadas en su totalidad.

Entre esas violaciones se encuentra la falta de atención médica psiquiátrica y de otras especialidades enfocadas específicamente a la salud de las mujeres.

Por ello, 16 internas tramitaron un amparo que el pasado 28 de febrero de 2025 fue resuelto por Horacio Hernández Sotelo, secretario en funciones de juez Décimo de Distrito en el estado de Morelos a favor de las reclusas.

En su resolución, dictada en el expediente 21/2024, el secretario en funciones de juzgador concluyó que las autoridades del penal federal no acreditaron haber otorgado atención médica psiquiátrica a las internas, pese a que éstas lo solicitaron formalmente a través de sus representantes legales.

“De las notas médicas que remitió la autoridad, no se advierte que se haya otorgado esa atención, y por lo que hace a la rama de psiquiatría las notas y recetas médicas son posteriores a la presentación de la demanda de amparo o datan de fechas muy lejanas a la fecha de presentación de la demanda de amparo, por lo que no existe convicción de que las quejosas antes de la promoción del presente juicio hubieran recibido atención médica especializada en psiquiatría, que hubieran recibido los medicamentos recetados y menos que periódicamente se hubiera ajustado la dosis indicado en relación con su evolución”, señaló el juzgador.

De este modo, confirmó las denuncias anteriormente realizadas por el IFDP relacionadas con que no se ha realizado un verdadero seguimiento puntual para atender la salud mental de las reclusas del Cefereso 16.

Entre las quejas de las reclusas no sólo está la falta de atención médica especializada sino también la negativa de las autoridades a darles acceso a sus expedientes médicos para justificar sus requerimientos sobre determinados medicamentos.

Este conflicto también formó parte del amparo en el que Hernández Sotelo declaró inconstitucional la negativa de las autoridades del penal a darles acceso a las reclusas a sus expedientes médicos bajo el argumento de que pueden solicitarlo vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

“Se estima inconstitucional que el TITULAR DEL AREA JURÍDICA Y TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CEFERESO) NO. 16 “CPS FEMENIL MORELOS, esté negado a las quejosas el acceso a su expediente clínico, pues si bien refirió en su informe justificado, que éste puede ser solicitado a través del portal de transparencia, lo cierto es que no acreditó ni informó si las quejosas tenían acceso a una computadora con internet, para formular esa solicitud, por lo que este Juzgador considera que el mecanismo de acceso al expediente clínico de las quejosas, no es razonable dado su situación de reclusión”, enfatizó el juez.

Por ello, ordenó a la Secretaría de Salud federal que en el plazo de 6 meses elabore y defina una política de Estado de corto, mediano y largo plazo en materia de salud mental para atender a las reclusas del Cefereso 16.

“Que sea plenamente consistente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. Dicha política de Estado deberá ser presentada en un acto público dentro del citado Centro, en el que además se reconozca la responsabilidad del Estado Mexicano en las carencias de las condiciones de detención, específicamente en cuanto a salud mental”, precisa el fallo.

A la directora del penal ordenó realizar las gestiones necesarias para que una vez cada 15 días durante los siguientes 6 meses, acudan médicos con especialidad en psiquiatría a dar atención y seguimiento a las quejosas, asegurándose que reciban gratuitamente los medicamentos que les sean recetados.

“Se otorga el amparo para el efecto de que el TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA Y TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CEFERESO) NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS, acredite la entrega de su expediente clínico a las quejosas por conducto de su representante en este juicio constitucional Sofía de Robina Castro, en su carácter de Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto de Defensoría Pública, en la inteligencia de que el manejo de esas constancias deberá de hacerse de manera diligente y confidencial, por contener información sensible y personal de las, quejosas”, agregó el juzgador.

La emergencia no atendida

La demanda de amparo fue presentada desde enero de 2024 por personal del IFDP en representación de las 16 internas.

En el año que duró el juicio de amparo fallecieron seis reclusas del penal federal, una de ellas, Samantha “N”, formaba parte del grupo de 16 quejosas que presentaron la demanda.

Todas sus muertes, al igual que el resto de los fallecimientos ocurridos desde 2022 en el Cefereso 16, fueron catalogadas como suicidios y han derivado en diversos pronunciamientos por parte del IFDP y organizaciones de la sociedad civil para urgir a las autoridades federales a poner atención en las violaciones a los derechos humanos que padecen las mujeres dentro del penal.

Proceso informó (No. 11) que las muertes sospechosas de mujeres dentro del penal femenil de Morelos incrementaron considerablemente haciéndolas un problema latente.

Por 13 fallecimientos ocurridos entre 2022 y 2023 la CNDH emitió una recomendación en la que documentó violaciones al derecho a la salud de las internas, a la seguridad jurídica, al derecho a la igualdad, entre otros.

En noviembre de 2023 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que todos los casos fueron remitidos para su investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) que, a más de un año de ello, no ha dado ningún informe sobre estos asuntos.

Por ello, desde entonces el IFDP alertó de la situación a través de diversos amparos tramitados para intentar proteger a sus representadas en los que ha afirmado que las condiciones en las que viven las internas del Cefereso 16 constituyen actos de tortura atribuibles al Estado mexicano.

Sin embargo, la problemática del Cefereso 16 quedó en el olvido a partir de los conflictos derivados de la presentación de la iniciativa de reforma judicial, en febrero de 2024 y hasta la fecha en la que el Poder Judicial de la Federación (PJF) —encargado de resolver los amparos tramitados por el IFDP— aún se encuentra lidiando con el cambio de administración que llegará a partir de la elección de junio próximo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

“Recordar a las víctimas es obligar al Estado a reconocer la crisis de violencia contra la mujer”

En México se recuerda a las víctimas de la violencia machista y feminicida de muchas formas, entre ellas, la construcción de memoriales y antimonumentos que han realizado colectivos feministas o familiares de víctimas.

Sergio Beltrán-García es un arquitecto que se centra en el diseño y la construcción de memoriales, haciendo hincapié en el poder de la memoria para mitigar la violencia sistémica. Beltrán-García también ejerce como arquitecto forense y brinda asistencia a abogados de derechos humanos, por lo que testificó como testigo experto en el caso del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, en Ciudad Universitaria.

Beltrán-García ha realizado varios memoriales para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en México, como en el caso del News Divine, una redada que la policía realizó en 2008 en un bar en la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde murieron 12 jóvenes.

También hizo un memorial para las víctimas del incendio en la guardería ABC y construyó otro en la comunidad El Quemado, en Guerrero, por el asesinato, tortura y desaparición de miembros de esa comunidad a manos del Ejército Mexicano durante la Guerra Sucia. Además, trabajó en un memorial para las víctimas del sismo del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México, entre otros proyectos.

En conversación con esta casa editorial, Sergio Beltrán-García habló sobre el proceso de creación de memoriales y el papel del Estado en los procedimientos de memoria y reparación del daño a las víctimas.

“Los memoriales, a diferencia de los monumentos, a partir del siglo pasado se dedican a nombrar los sucesos de violencia que han afectado a la ciudadanía. Generalmente también se han asociado a víctimas de violaciones de derechos humanos, a partir de la segunda mitad del siglo pasado”, afirma.

Y asevera que “la pretensión de los memoriales es que eviten o abonen a la no repetición de los eventos trágicos del pasado. Ése es su mandato, sin embargo, yo lo que he encontrado, en mi experiencia trabajando con víctimas a lo largo del país, es que los memoriales están muy lejos de cumplir con sus ambiciones de contribuir a la no repetición”.

Al preguntársele cómo se podría construir un memorial que realmente contribuya a prevenir la violencia y las injusticias, el arquitecto refiere que “es una pregunta muy difícil de contestar y no sé si algún día la encuentre. Pero lo que sí puedo decir es que he aprendido ciertas características que deben tener estos espacios, y la principal es concentrarnos no en el espacio construido, sino más bien en el proceso que nos lleva a la construcción de un memorial. Ese espacio de proceso, de diálogo, de deliberación, donde participen las víctimas directas, indirectas y potenciales; y también el tejido social involucrado en el sitio en el que ocurrió la violencia. Todas estas personas tienen que tener distintos grados de liderazgo para poder vociferar sus necesidades y así apuntar a que el diagnóstico que surja a partir del diálogo pueda generar un programa arquitectónico, como respuesta a la hipótesis de diseño que se puede identificar por las víctimas”.

Proceso de construcción

—¿Cómo es el proceso de construcción de un memorial? ¿Pueden surgir de las víctimas o del Estado?

—Mi postura personal es que desconfío de cualquier iniciativa de memoria que salga directamente de quienes fueron responsables de producir las condiciones de las violencias y de la ejecución a veces directa de las mismas, es decir del Estado, y no sólo del mexicano sino de cualquier poder constituido en un Estado.

La experiencia, muy ampliamente documentada, no sólo en México sino en varias partes del mundo, es que cuando un Estado se dispone a poner un memorial en realidad lo que está produciendo es algo que yo distingo como monumento, que es un objeto que debe ocupar el espacio para recordarnos el pasado. Pero yo concibo que los memoriales no son objetos; son acciones, son procesos para crear más espacio en lugar de ocuparlo.

He tenido la oportunidad de participar en varios procesos de construcción de memoriales en donde el Estado mexicano, en sus diferentes niveles de gobierno, ha estado involucrado y no me ha ido bien. Ganan las intenciones políticas de ciertos actores con poder político o gobernantes, más allá de las necesidades reales de las víctimas.

El material de trabajo en un memorial es la memoria misma de las personas y sus cuerpos, cómo interactúan política y socialmente. El proceso de creación de un memorial debe aspirar a crear más espacio para el diálogo, y estar preparado también para recibir las violencias del futuro. En ese sentido yo creo que es fundamental que las iniciativas sean lideradas por víctimas.

—¿Cuánto tiempo lleva el proceso de la construcción?

—Es imposible saber, porque cada caso es completamente distinto. Podemos tomarnos un año dialogando y darnos cuenta al final de ese diálogo que lo que tenemos que hacer es una construcción que se puede hacer en un día. Pero podría pasar lo contrario también, que el diálogo se resuelve en cuestión de un mes, pero lo que hay que construir es un proceso que tome años.

Lamentablemente lo que sucede es que quienes tienen el poder político y económico para esos procesos de memoria pública, no tienen esa paciencia porque están respondiendo a tiempos políticos y electorales. Entonces no es un tiempo de escucha y reparación integral del daño a las víctimas, sino un tiempo político para controlar el daño político que han sufrido los gobernantes por no atender a las víctimas o no cumplir sus obligaciones.

—¿De dónde se obtiene el financiamiento para la edificación de un memorial?

—Depende de la situación. Un memorial, en mi concepción, implica la participación violenta de actores gobernantes; por eso, es el Estado mexicano el que debe financiar estas acciones. Bajo esta concepción de la responsabilidad del Estado, a mí me parece que no somos los ciudadanos quienes debemos financiar este tipo de acciones, porque la responsabilidad no es nuestra.

El financiamiento no te puedo decir cuánto, pero sí que debe venir desde una entidad pública. También hay que tener muchísimo cuidado cuando se destinan grandes cantidades para un proyecto que aún se desconoce cuál es su destino, porque por ahí corren con especial aceleración las dinámicas corruptas que tienen las secretarías de construcción en algunos estados.

—¿Por qué el Estado mexicano no ha tenido iniciativas para construir memoriales por la violencia de género y los memoriales más emblemáticos han surgido de las familias de las víctimas?

—Para contestar primero tengo que definir la memoria, que en realidad son las memorias. Reconocer la pluralidad de las memorias habla de un entendimiento de que es un fenómeno altamente personal, pero también social que se comparte y se mueve entre nuestras estructuras. Hay un proceso personal de interiorizar esas memorias sociales y colectivas, para tener una relación propia de vínculo con el pasado.

Muchas veces estos procesos de generar memorias obligan a reflexiones críticas que van en contra de la historia oficial que tiene el Estado, que busca construir una identidad de una nación.

Esa historia, con H mayúscula, está en contraposición con las memorias y disidencias. Entonces al Estado no le interesan las memorias o invertir en ellas porque sería abonar a un proceso que va a minar las propias intenciones de controlar a una gran cantidad de población.

Ahora, no es cierto que el Estado mexicano no ha hecho memoriales para la violencia de género; uno de los primeros fue construido en 2011, por el caso del campo algodonero en atención a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para construir este memorial.

Justo ahí se expresó el modus operandi del Estado mexicano no sólo en el caso de memoriales para la violencia de género sino para cualquier memorial: designan un espacio excluyente, para poder hacer “como que” se deliberó; se designa a un artista o arquitecto mediante un concurso opaco y de corta duración; el 99% de las veces no involucra a las víctimas en la deliberación. Esto yo lo sé porque lo he visto, lo he padecido y he luchado contra ello.

Y la consecuencia es que cuando se devela al público un memorial como el que está en Ciudad Juárez, las víctimas directas, las personas más afectadas, son las primeras en protestar. Precisamente porque no fueron parte del proceso que derivó en eso. Y también porque las víctimas reconocen que una escultura no va a traer de vuelta a sus hijas ni va a darles justicia por el feminicidio.

Entonces la respuesta que hemos visto en los últimos años es que las familias están colectivizando los espacios públicos. Estos espacios, como los antimonumentos que han surgido en todo el país o la glorieta de las mujeres que luchan, generan conversaciones, todo eso que el Estado no se dispone a hacer en lo cotidiano y en lo colectivo lo están haciendo estos memoriales.

Entonces ésa es la respuesta que han estado teniendo las mujeres por la falta de iniciativa del gobierno de generar espacios de memoria donde realmente se trabajen las violencias de género.

—Usted participó como arquitecto forense en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín, asesinada en Ciudad Universitaria. ¿Cómo se aplica la arquitectura en estos casos?

—Recibí la invitación por parte de la organización de derechos humanos Fray Victoria para integrarme al equipo de peritajes interdisciplinarios.

El trabajo que hice en el feminicidio de Lesvy fue con su familia, abogadas, las otras personas peritas, casi todas mujeres. Desde mis conocimientos y habilidades de representación espacial como arquitecto, analicé los eventos y sus disposiciones en el espacio y contribuí una lectura que fortaleció las pruebas. Y obtuvimos una sentencia.

Pero ojo, no puede terminar el trabajo ahí, sobre todo porque las violencias son continuas en México. La resolución de un caso no implica que a partir de ahí hay precedentes suficientes para que no vuelva a suceder; así no es.

Por eso el trabajo de crear espacios públicos sanos y memoriales sigue siendo tremendamente importante, porque creo que ahí cabe la posibilidad de hacer un tipo diferente de sanación.

Recordatorio permanente

A través del arte en el espacio público se han realizado diversas acciones para recordar a las víctimas y denunciar la violencia.

El 8 de marzo de 2019, en la marcha masiva para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y visibilizar la violencia de género, se colocó en el Paseo de la Reforma, frente al Palacio de Bellas Artes, el memorial Antimonumenta 8 de marzo Ciudad de México, que se ha replicado en otros estados como estandarte de la lucha feminista.

Previo al 8 de marzo de 2021, el Palacio Nacional fue cubierto completamente por una barda, lo que provocó la indignación entre las mujeres. En respuesta, miles de personas escribieron los nombres de víctimas de la violencia de género y decoraron con flores y globos, frente a la indiferencia gubernamental, transformando las vallas en un espacio gigante de reflexión y dialogo.

Posteriormente, el 25 de septiembre de 2021, un grupo de activistas aprovechó que se iba a remover la estatua de Cristóbal Colón para crear la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un antimonumento en Reforma.

Como estos ejemplos, existen muchas otras iniciativas con las que las familias, activistas y sociedad civil han luchado por recordar a las víctimas de la violencia de género y obligar al Estado mexicano a reconocer una problemática que evidencia la profunda crisis de impunidad y la falta de protección a las mujeres, así como los prácticamente nulos resultados de los órganos de procuración de la justicia con las mujeres.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUISA DÍAZ GONZÁLEZ.

Violencia vicaria: Caso Schekaibán-Vogel: lucha sin cuartel en los vericuetos del sistema judicial

Maha Schekaibán tiene más de un año que no ve a sus cinco hijos, quienes la han agredido influidos por su padre, Bernardo Vogel. Acusado de ejercer violencia familiar por 18 años, Vogel se ha valido de estrategias dilatorias ante juzgados para evitar que se queden con su madre.

Durante 18 años Maha Schekaibán vivió violencia familiar. Pensando que el divorcio podía sacarla a ella y a sus hijos de ese círculo, terminó siendo víctima de una violencia vicaria en la que sus pequeños fueron manipulados y alejados de ella.

El sistema judicial mexicano ha permitido que durante todo un año Maha permanezca impedida para ver a sus hijos, mientras que éstos han vivido con su padre, Bernardo Vogel, pese a que un juez Familiar en la Ciudad de México ya reconoció que los manipula para predisponerlos contra su madre.

La violencia vicaria es una problemática que ya ha sido analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

 “Es un tipo de violencia de género que consiste en utilizar a las hijas y a los hijos para dañar a las mujeres y se da cuando el hombre tiene una posición económica o política que le permite, con su poder, precisamente del dinero o de contactos políticos, avasallar los derechos de las mujeres utilizando como botín a los hijos”, explicó en conferencia de prensa del 19 de octubre de 2022 el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Pese a que desde el 27 de junio de 2024 en la Ciudad de México se tipificó como un delito, en los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Fiscalía capitalina no informó de ninguna denuncia presentada por esta conducta.

En cambio, cerró el año con 36 mil 260 denuncias por violencia familiar, sólo en la Ciudad de México, y a escala nacional fueron reportados 278 mil 220 casos de este tipo de violencia.

El divorcio

En entrevista con Proceso, Maha Schekaibán contó que durante el matrimonio su exesposo, Bernardo Vogel, quien es CEO de Grupo Collado, empresa acerera que cotiza en la Bolsa de Valores, la sometió a ella y a sus cinco hijos a...

Fragmento del texto publicado en la edición 0021 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

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