La promesa a las trabajadoras

Hasta 2024, el Senado mantenía en subcontratación a personas encargadas de la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, a través de Fonatur S.A. de C.V., una empresa de la Administración Pública Federal, cuya mayor parte de sus recursos son gubernamentales.

En diciembre pasado, los senadores anunciaron que a partir de este 2025 las trabajadoras formarían parte de la plantilla del Senado y que se respetarían sus derechos laborales.

Tras la finalización de los contratos con la empresa Fonatur S.A. de C.V, la Junta de Coordinación Política que preside Adán Augusto López Hernández autorizó la creación de 448 plazas —para cuatro mandos, 32 personas de servicio técnico y 412 más de servicios generales— con la intención de cubrir los servicios de limpieza y mantenimiento del Senado de la República.

El 4 de diciembre, López Hernández anunció desde el pleno la finalización de contratos con la empresa Fonatur S.A. de C.V.  y lo calificó como un precedente histórico de justicia social que, además de un reconocimiento a sus derechos, significaba también un ahorro presupuestal para la institución tras terminar dos contratos anuales por más 180 millones de pesos.

El legislador aseguró que los trabajadores que percibían un salario mensual de 7 mil 100 pesos recibirían 11 mil pesos, e incrementarían un bono navideño de 2 mil 2,000 a 14 mil 100 pesos; además de que serían afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y recibirían por fin prestaciones de ley. 

“Fonatur va a liquidarlos a ellos en sus prestaciones y que nosotros a partir del 1 de enero los vamos a contratar como empleados de confianza de este Senado”, dijo el legislador.

Con el cambio, la Cámara se ahorraría 82 millones de pesos, según las propias cifras que dio López Hernández.

“Tienen que alzar la voz”: Fernández Noroña

Una semana después, el 10 de diciembre, el Senado organizó un evento público para formalizar el anuncio rodeados de trabajadores y trabajadoras. Ahí, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, tomó la palabra para celebrar el anuncio y sugerirles a las trabajadoras que defendieran sus derechos y su dignidad laboral.

“Tienen que alzar la voz, tienen luchar. Tienen que tener en claro que absolutamente nadie debe pasar por encima de su dignidad como seres humanos. Que lo que aquí estamos diciendo no es demagogia, no es retórica. Que efectivamente sin su trabajo nada funcionaría (…) A todas y a todos se les va a responder con justicia”.

Justo detrás de Fernández Noroña, en ese día de celebración, se encontraba precisamente Carmen Loyola, una de las 13 trabajadoras que hoy está despedida tras limpiar por años esas instalaciones.

“Hablan mucho del derecho de la mujer como ahora que pasó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que ellos hayan hecho esta injusticia y crueldad con todas nosotras”…, lamenta la señora Carmen.

Griselda Villavicencio, que tenía 8 años como trabajadora en el Senado, relata que funcionarios del Senado las citaron en la sala 1 de la Planta Baja, donde les informaron que les entregarían la hoja de baja.

“Que quieren personas que se queden calladas. Que si a usted la mandan, usted tiene que obedecer sin responder ni dar su punto de vista”… acusa.

Las trabajadoras se han puesto en comunicación con el equipo del senador Gerardo Fernández Noroña y con la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, de quienes aún esperan una respuesta.

Desde el anuncio del cambio en la estructura laboral, en enero y febrero, las trabajadoras no firmaron un contrato como personal de confianza con el Senado; sin embargo sí les ajustaron el salario de acuerdo con el anuncio y les argumentaban que estaban en proceso de trámites para formalizar su vínculo laboral.

Dos de las personas despedidas forman parte de la antigua sede de Xicoténcatl y 11 de la sede principal del Senado de la República.

Fabiola Franco, quien limpiaba el salón del Pleno durante las tardes, acusa que tras la finalización con la empresa Fonatur, las personas supervisoras, quienes tenían el poder de renovarles sus contratos de manera mensual sin la posibilidad de generar antigüedad continúen al frente de la estructura de las trabajadoras pese a que la empresa se fue. 

“Es muy lamentable que los hayan dejado otra vez en el cargo, empezando por el coordinador (Raúl Hernández Sánchez)”, subraya.

La reforma fue aprobada en lo general con 417 votos a favor y 36 en contra. Después, en la votación en lo particular en la que no se aceptó ninguna propuesta de modificación, se emitieron 327 votos a favor y 116 en contra.

La única bancada que votó en contra de la reforma fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el argumento de que el gobierno mexicano busca fortalecer la soberanía nacional en el papel, pero no ha hecho nada para garantizar la seguridad interior.

Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad, fue la encargada de presentar la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados. La legisladora indicó que “la reforma tiene por objetivo fortalecer la postura de México al rechazar categóricamente cualquier intervención externa que vulnere la soberanía nacional, ya sea en asuntos políticos, territoriales o en asuntos de seguridad”.

Oposición rechaza prisión preventiva

Aunque la mayoría de las bancadas aprobó en lo general la reforma de soberanía nacional, los partidos de oposición rechazaron la modificación del artículo 19 de la Constitución, en la que ahora se incluyó el terrorismo y el tráfico de armas como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar para que los jueces envíen a prisión de forma automática a las personas que cometieron determinados delitos, mientras se lleva a cabo la investigación del delito.

Desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Morena ha incrementado el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Hasta ahora hay 19 crímenes incluidos en el catálogo, al que se añadirán el de terrorismo y tráfico de armas.

Laura Hernández García, diputada de Movimiento Ciudadano, expresó su rechazo a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que en lo particular su partido votó en contra de la reforma.

“La prisión preventiva ha demostrado ser ineficaz para reducir la incidencia de los delitos establecidos en los artículos 19, por lo que la incorporación del terrorismo en dicho catálogo resulta más una reacción política y discursiva a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que un mecanismo eficiente para su combate”, señaló Hernández García.

Sin embargo, Educación con Rumbo aclaró que la aplicación de la Prueba PISA se dará “en cumplimiento a la suspensión definitiva emitida por el Poder Judicial de la Federación”, desde el año pasado, dentro del amparo que promovió contra la SEP.

“Derivado de un amparo presentado por Educación con Rumbo, el Poder Judicial de la Federación ordenó desde el último trimestre de 2024 a la Secretaría de Educación Pública llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice la Prueba PISA en México en el 2025”, dijo en un comunicado.

Miguel Ángel Ortiz Gómez, abogado constitucionalista de la firma Cuatrecasas, explicó que la decisión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de cumplir una sentencia de amparo y llevar a cabo la Prueba Pisa “es una señal alentadora a fin de que la presente administración privilegie el derecho humano a la educación privilegiando el interés superior de los niños y garantizar la mejora continua de la educación”.

El especialista recordó que dicha prueba se aplica a estudiantes de 15 años en los rubros de lectura, ciencias y matemáticas y que “resulta fundamental para diseñar políticas públicas que permitan ajustar los planes de gobierno”.

En el mismo comunicado, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, reconoció la decisión del secretario Mario Delgado y lo exhortó a “constituir el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación previsto en la Ley General de Educación”.

El propósito de este Consejo, dijo, es “que los sectores de la sociedad civil puedan aportar de manera corresponsable junto con la SEP en el diseño de políticas públicas y colaborar de manera proactiva en el diseño y seguimiento del Plan Sectorial en materia de educación durante el sexenio 2024-2030”.

Dicho Consejo sería “la mesa de diálogo y consensos con los maestros, especialistas y padres de familia”.

La polémica con la Prueba PISA

En mayo del año pasado, el director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, declaró que la participación de México en la Prueba PISA estaba “en riesgo”, pues el entonces goberno del presidente Andrés Manuel López Obrador había suspendido algunos requisitos para su aplicación en el 2025, incluido el pago de la cuota correspondiente.

La confirmación del titular de la SEP, Mario Delgado, de que México sí participará este año en la Prueba, se dio en la conferencia presidencial matutina, a pregunta de Proceso y a propósito de la publicación del reportaje “Con AMLO mayor crisis y estancamiento de la enseñanza en México”, en su edición impresa de marzo.

En dicho texto, expertos en temas educativos cuestionaron el hecho de que la administración obradorista se retiró de algunas pruebas a nivel internacional en la materia y que estaba en duda si aplicaría la de PISA.

También aseguraron que en la gestión de López Obrador hubo un “retroceso” en el nivel de aprendizaje de los estudiantes, particularmente, en comprensión de lecto-escritura y en la realización de operaciones matemáticas básicas.  

De acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2022, México obtuvo 126 puntos menos que Japón, el país mejor evaluado; y se quedó a solo seis puntos arriba de Colombia, el último lugar de la OCDE, entre los 37 países participantes.

En ese año, México fue el tercer país peor evaluado de la OCDE en Matemáticas y Comprensión Lectora, así como el peor en el puntaje en Ciencia. Obtuvo un puntaje promedio de 407, frente al más alto que es de 478; es decir, 71 puntos por debajo del promedio.

Fue la peor caída de México en sus resultados desde que participa en PISA en el 2000, de acuerdo con una evaluación del Centro de Investigación en Política Pública.

De manera extraoficial se confirmó que, tras la búsqueda de ambos elementos, sus restos fueron encontrados el viernes 7 de marzo en un camino de terracería que conduce al Coyontle, muy cerca de la laguna de Yuriria. 

El periódico “Correo” informó que ambos elementos estaban adscritos a la XVI Zona militar con sede en Irapuato, y que se encontraban en su día de descanso cuando desaparecieron. 

La Fiscalía General del stado emitió las fichas de búsqueda por ambos, sin que se conociera su paradero hasta este lunes, cuando se confirmó que los restos encontrados en la zona de Yuriria corresponden a ambos militares. 

Fueron vecinos de la zona del Coyontle los que reportaron el hallazgo a las autoridades. 

Hasta el momento no se ha informado sobre quiénes son los responsables de su desaparición y asesinato.

Esto implica que las personas que la Corte designe tendrán mayoría, por lo que se prevé que el tema genere polémica entre los ministros.

Fuentes federales confirmaron que durante la sesión privada de este lunes 10 de marzo, la ministra presidenta, Norma Piña presentó un proyecto de Acuerdo General por el que sus compañeros en el Pleno hubieran tenido que presentar tres propuestas el próximo martes para realizar la elección inmediatamente.

Sin embargo, ante la importancia del asunto, los ministros acordaron esperar a que esté presente Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien no estuvo en la sesión, para discutir el proyecto presentado por la ministra presidenta.

Para aprobar el acuerdo, la ministra presidenta requiere de seis votos de sus compañeros.

Mientras tanto, la ministra Loretta Ortiz anunció su intención de votar en contra del proyecto al considerar que la actual integración de la Corte no debe designar a los integrantes del OAJ, sino el nuevo Pleno de ministros electos por voto popular que iniciará funciones a partir del 1 de septiembre próximo.

Para la ministra los integrantes del OAJ deben ser designados el 1 de septiembre de 2025, misma fecha en que dicho órgano deberá iniciar funciones.

De acuerdo con la reforma judicial, por única ocasión, la primera designación de los integrantes del OAJ requiere de ocho votos.

Si la actual conformación de la Corte admite realizar las designaciones, las tres ministras afines al gobierno federal, Ortiz Ahlf, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes además son candidatas para conservar sus cargos en el Máximo Tribunal, podrán vetar cualquier nombramiento que los otros ministros intenten realizar.

La reforma judicial también establece que los integrantes del OAJ deberán iniciar sus funciones en la fecha en que tomen protesta los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que serán electos el 1 de junio de 2025, es decir, que tomarán protesta el 1 de septiembre.

Lo cual implica que para el 1 de septiembre ya deberá estar designado el OAJ, es decir, que tendría que ser la actual Corte la que realice tales nombramientos, aunado a que el candado de los ocho votos aplica a la integración actual debido a que los subsecuentes nombramientos del Órgano, que realice la nueva Corte de nueve ministros, únicamente pide seis votos.

“Hemos dejado clara nuestra postura de compartir toda la información en nuestro alcance ante el Gobierno Federal, incluso haciéndoles una invitación a formar parte de las investigaciones. En el sitio se han localizado pertenencias, tanto de víctimas como de personas que podían haber estado involucradas en actividades ilícitas”, añadió el fiscal estatal.

De acuerdo con información de la Fiscalía, en el sitio, que cuenta con un área de entrenamiento táctico y acondicionamiento físico, se han registrado y clasificado cientos de prendas de vestir y objetos personales.

De los Santos expuso que como parte de la investigación se lleva a cabo un “análisis forense detallado” para determinar la antigüedad de los restos y sus posibles identificaciones.

“Los peritos, las evidencias encontradas en estos momentos nos indican que no existió actividad en este punto después de que fue asegurado en septiembre pasado. Es decir, no hubo actividad ejecutiva entre septiembre y el momento en que trabaron los colectivos.

“No obstante a ello, el trabajo pericial para determinar la antigüedad exacta de los restos y sus posibles identificaciones”, indicó.

El fiscal visitó el predio junto con la titular de la Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, y de la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo.

El modus operandi ya fue identificado por las autoridades: grupos criminales se hacen pasar por empresas que ofrecen empleo a las víctimas, quienes abordan camiones con un destino desconocido. Además, las líneas camioneras no piden los datos personales de los usuarios antes de que aborden, lo que dificulta conocer su identidad y seguir su rastro.

Los 67 casos de desaparición ya fueron dados a conocer por colectivos de búsqueda hace seis meses. Las autoridades municipales de Tlaquepaque hicieron un estudio hace tres meses y detectaron que el modus operandi continúa, por lo que se considera que la terminal de camiones de Tlaquepaque sigue siendo un foco rojo delictivo.

“Desde hace varios meses se identificó un modus operandi en esta central, mediante el cual muchos jóvenes son engañados y creemos que son reclutados por el crimen organizado. No sabemos el fin general que tengan, lo cierto es que son contactados con ofertas laborales muy atractivas, se les cita en esta y otras centrales camioneras, y luego se les pierde el rastro”, señaló Pérez Segura en entrevista.

Un ejemplo de que la estrategia criminal sigue vigente es que, en los últimos meses, 26 personas que llegaron a la central camionera por una oferta de trabajo fueron rescatadas gracias a que tuvieron contacto con elementos de la policía municipal.

Según la alcaldesa de Tlaquepaque, las víctimas de desaparición no solo son del estado de Jalisco, sino que también hay personas que viajan de otros estados a la Nueva Central de Camiones de San Pedro Tlaquepaque, donde son citados.

Laura Imelda Pérez Segura visitó la Cámara de Diputados unos días después de que familiares de víctimas de desaparición encontraron un crematorio clandestino en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

La presidenta municipal de Tlaquepaque advirtió que algunas de las víctimas que fueron llevadas al crematorio clandestino pudieron ser llevadas primero a centrales camioneras.

Con iniciativa legislativa buscan combatir desaparición de personas

Para combatir este problema, diputados de Movimiento Ciudadano y Morena buscarán impulsar una iniciativa para que todas las líneas de autobuses estén obligadas a pedir los datos personales de los pasajeros y así se pueda tener su identidad.

La alcaldesa Laura Imelda Seguridad advirtió sobre la necesidad de que esta iniciativa se apruebe de forma urgente, pues es esencial combatir la desaparición de personas en el estado de Jalisco y en el país.

“Esto es urgente, la verdad que el tema de la desaparición forzada, el tema de la seguridad, no tiene un para mañana, es ya hay que actuar de manera inmediata con lo que está en nuestras manos. Los legisladores son quienes tienen esa herramienta en su mano”, señaló la presidenta municipal.

Claudia Salas, diputada de Movimiento Ciudadano, es una de las legisladoras que arropó la iniciativa en materia de seguridad para transporte terrestre.

Además, el abogado argumentó que no contaba con asuntos disciplinarios en su contra, en ningún estado o tribunal de EE. UU. También explicó que era litigante en la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, en El Paso, y que no había sido detenido por algún delito ni censurado o suspendido en alguna otra corte.

El recurso de ‘pro hac vice’ le concede licencia limitada a un abogado estadounidense, para poder ejercer en una jurisdicción donde no está facultado. La audiencia de lectura de cargos contra el “Z-40” estaba programada para el 14 de marzo de 2025, en la citada Corte Federal.

“Deseo presentar mi comparecencia como abogado contratado para el acusado mencionado anteriormente en esta causa. Entiendo que es mi deber continuar representando al acusado en relación con todos los asuntos relacionados con esta causa, y en relación con todos los procedimientos en este Tribunal; a menos y hasta que, después de una moción escrita presentada por mí, sea relevado mediante una Orden del Tribunal”, indicó el escrito firmado por el litigante.

Pérez se sumó al equipo de defensa de Treviño Morales, que hasta ahora llevaba el abogado Alfred Guillaume, III, cuya firma está ubicada en Washington. Además, el litigante también está al frente de los casos del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, así como de su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”.

“A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y una vez computados los votos aprobatorios de las citadas legislaturas, la Cámara de Senadores declara que se aprueba el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 166 y 122 de la Constitución, en materia de no reelección y nepotismo electoral, y se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación […] La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente”, precisó José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

“El Congreso de la Unión en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declaran reformados y adicionados los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral”, dijo Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Lo que pasa es que apenas estaba haciendo del conocimiento el expediente, si hacíamos votar a los diputados de inmediato (como lo proponía Germán Martínez) ahí estaba lo peligroso. Estamos cuidando el procedimiento para que no nos acusen de que estamos encubriendo o de que estamos dilatando”, defendió Hugo Eric Flores.

El presidente de la Sección Instructora señaló que, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, van “sin prisa pero sin pausa” para resolver las acusaciones que la Fiscalía de Morelos, que tuvo que presentar dos veces la solicitud de desafuero porque la primera ocasión había problemas en la integración del expediente.

El funcionario se refirió en la conferencia diaria del Gobierno a la dispersión de 10 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) en los estados fronterizos de México tras el acuerdo alcanzado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, en una llamada el 3 de febrero con Trump para que él pausara por un mes la imposición de aranceles del 25%.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de más de 300 millones de pesos (14.76 millones de dólares)”, reportó García Harfuch.

En total, desde el comienzo del Gobierno de Sheinbaum, el 1 de octubre, las autoridades mexicanas han desarticulado 475 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas y han confiscado 631 mil 574 litros y 144 mil 864 kilos de sustancias químicas.

Asimismo, notificó un total de 14 mil 517 detenidos por delitos de alto impacto en estos cinco meses, la confiscación de 125.8 toneladas de droga, incluyendo mil 271 kilogramos de fentanilo y 1.6 millones de pastillas de fentanilo, así como 7 mil 375 armas de fuego.

Defensa de los resultados de Sheinbaum

Trump ha ligado los aranceles generales del 25% a México al tráfico de migrantes y drogas, al declarar terroristas a varios carteles del narcotráfico, a los que acusa de matar entre 250 mil y 300 mil estadounidenses al año.

No obstante, los asesinatos han caído en los primeros cinco meses de gobierno de Sheinbaum, afirmó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La funcionaria explicó que al inicio de la administración en septiembre pasado el promedio de víctimas de homicidio doloso era de 86.9 y para este febrero fue de 74.6.

“Lo que implica una disminución de 15% en la incidencia de este delito. Asimismo, vemos claramente una tendencia a la baja entre el inicio de la Presidencia de la doctora Shienbaum al final de los primeros 5 meses de la administración”, sostuvo Figueroa.

El informe de seguridad se presenta en medio del aplazamiento al 2 de abril de aranceles generalizados del 25% a productos mexicanos, tras una nueva negociación entre Sheinbaum y Trump, en la que la mandataria mexicana recalcó los resultados de su estrategia de seguridad.

Sheinbaum asumió la presidencia después del récord de más de 196,000 asesinatos registrados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mientras que los homicidios repuntaron un 1.2  anual en 2024 hasta los 30,057, según datos del SESNSP.

En su recorrido, los buscadores ingresaron a la finca y encontraron diversas evidencias.

“En los cuartos hay cuatro o cinco cuartos grandes donde había ropa, calcetines, cantidad de zapatos innumerables, ropa, sudaderas, maletas, cosas personales, desodorantes, cosas muy personales, libretas”, describió Ruiz Basurto.

Algunas de estas libretas contenían listas con apodos y registros de gastos, mientras que una de ellas detallaba el funcionamiento de un fusil AR-15.

Además, dentro del rancho hallaron “placas de metal donde hacían prácticas de tiro” y un bodegón donde presumiblemente dormían personas en condiciones infrahumanas. “Nunca vi sillas, nunca vi camas, nunca vi algo cómodo para las personas”, añadió.

Dijo que el hallazgo más impactante ocurrió en el centro del rancho, donde comenzaron a excavar y descubrieron hornos clandestinos con restos humanos.

“Lo encontraron en el primer horno, lo encontraron en el segundo horno y luego hicieron otro boquete para buscar un tercer horno y la sorpresa fue que encontraron restos calcinados de huesitos bajo tierra, bajo 40 centímetros de tierra aproximadamente”, explicó.

Ruiz Basurto cuestionó la actuación de las autoridades, quienes intervinieron el rancho en septiembre tras un enfrentamiento con un grupo criminal, detuvieron a 10 personas y hallaron a tres más, dos con vida y una sin vida.

Posteriormente, la Fiscalía realizó investigaciones, pero concluyó que no había más evidencias en el lugar.

“Yo opino que es una negligencia tras negligencia, y la negligencia del gobierno de Enrique Alfaro llevó a que ahora caiga en negligencia del nuevo gobierno”, afirmó.

En su opinión, la primera omisión fue “intervenirlo y decir que no hay nada”, la segunda fue “no hacer bien el trabajo, dejamos todo, no vigilan, no resguardan y vámonos”, y la tercera es justificar que el sitio no fue investigado correctamente.

Se les prometían trabajos bien pagados como choferes, electricistas o guardias de seguridad, pero al aceptar, eran trasladados al rancho, donde les quitaban sus pertenencias, los vendaban y los sometían a un brutal entrenamiento.

Durante los cateos de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) se localizaron aparatos de entrenamiento, de fabricación casera, y recientemente, buscadores de personas desaparecidas encontraron además de prendas, libretas con apodos, grupos, y datos de “reclutamiento”.

“No usaban nombres, solo apodos. Pasaban lista así. Yo conté poco más de 200 personas cuando llegamos”, relató un sobreviviente a la líder del colectivo, quien dijo que a partir de la publicación de lo ocurrido en el rancho Izaguirre, se han comunicado con ella presuntas víctimas.

Ya en el lugar, la rutina incluía ejercicios extremos, como arrastrarse bajo alambres de púas, cargar llantas pesadas y entrenamiento con armas de gocha (paintball), cortar leña, cavar la tierra y otras actividades.

Lo que hacía extrema la situación, era la falta de alimentos, los abusos corporales, el cansancio, y la amenaza constante.

Según el testimonio de la víctima, dormían hacinados en un galpón con techo de lámina y solo una cobija para diez personas.

Explicó a la líder del colectivo que, las ropas que vestían era compartida entre las personas reclutadas y cuando asesinaban o fallecían algunos, las ropas sobraban y eran guardadas en bolsas de basura.

De víctimas a soldados del cártel

Según retrató la víctima, el rancho era solo una primera parte del modus operandi de reclutamiento y formación sicarial, ya que las y los sobrevivientes eran enviados a los Estados de Michoacán o Zacatecas para probarse en enfrentamientos.

Los que lograban regresar eran sometidos a un adiestramiento más avanzado, impartido por exmilitares, donde ya no usaban armas de pintura sino municiones congeladas capaces de perforar la piel.

“Ahí sí te mataban. El entrenamiento era táctico. Te hacían pelear entre los demás, te golpeaban. Algunos instructores llegaban ebrios, se volvían salvajes”, relató otra víctima a la líder del colectivo Guerreros Buscadoras de Jalisco.

Los que no superaban las pruebas eran asesinados en una zona llamada “la carnicería“, sus cuerpos eran incinerados en hornos rudimentarios construidos con piedras y ladrillos.

Todas estas mecánicas de muerte han sido videograbadas y fotografiadas por los colectivos de personas buscadoras en este y otros centros de entrenamiento y exterminio.

Hallazgos en el rancho Izaguirre

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró en el rancho tres hornos clandestinos, restos incinerados de personas, más de 400 zapatos, ropa, mochilas, cargadores de armas y casquillos percutidos.

También hallaron restos de droga, esposas metálicas y un altar a la Santa Muerte con elementos de santería cubana.

Los testimonios indican que este centro de reclutamiento forzado operó durante al menos tres años, con una rotación constante de víctimas.

“Se iban unos, llegaban otros. La cantidad de personas calcinadas es incalculable”, afirmó Indira Navarro durante entrevistas a medios de comunicación.

A pesar de la magnitud del hallazgo, las autoridades han justificado que en cateos previos no se detectaron estos hornos debido a la extensión del terreno y autoridades estatales prometen hacer investigaciones internas para deslindar responsabilidades.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó el martes que “en un plazo que debe ser muy corto la fiscalía de la República va a hacer una investigación, no la atracción, hasta que no tengamos la certeza de las responsabilidades”, porque no pudo haber pasado desapercibido.

Mientras tanto, Indira Navarro y líderes de otros colectivos de búsqueda exigen justicia y el esclarecimiento del destino de quienes fueron llevados a este sitio.

Al respecto, Gertz Manero indicó que los detalles de cualquier proceso penal eran reservados y no se podían publicar, pero aprovechó para reiterar que el tema no lo habían soltado y continuaban trabajando en ello.

“Las acciones penales son personales. Cuando la Fiscalía del Estado presentó una serie de pruebas sobre un supuesto ataque al señor Cuén, establecimos con toda precisión cada una de las responsabilidades de los que actuaron directamente en este caso, agentes de la policía, peritos, ministerios públicos, presentamos ante un juez federal en Sinaloa, toda la documentación y no la quiso aceptar”, indicó el titular de la FGR.

“Nosotros hemos seguido trabajando sobre eso y vamos a continuar y vamos a volver a consignar y vamos a volver a judicializar cuantas veces sea necesario, no vamos a aceptar que estas cosas que nos ocurren en ciertos estados con ciertos jueces se repitan, y lo vamos a mantener así hasta que logremos judicializarlos todos”, enfatizó Gertz Manero.

La FGR confirmó, el 20 de octubre de 2024, que Cuén Ojeda fue asesinado, el mísmo día -el 25 de julio del mismo año- y en el mismo lugar -una finca ubicada en Culiacán de Rosales-, en el que fue privado de la libertad el capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, de 76 años de edad, por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años de edad-, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

“En una acción conjunta de la Fiscalía General de la República, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [SSPC] federal, con el apoyo de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Armada de México, se logró un avance sustancial en la investigación del secuestro de Ismael ‘Z’; del homicidio del doctor Héctor ‘N’; así como de la desaparición forzada de varias personas más; en lo cual se encuentra vinculado directamente Joaquín ‘G’”, informó la FGR, en un comunicado.

“En finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron hallados indicios hemáticos que han sido determinados con toda precisión, por las unidades periciales federales, que corresponden al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa; lo cual ratifica la información previamente obtenida, de que en el lugar del secuestro se encontraba dicha persona y que sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente, el cual ya ha sido descalificado por la propia FGR”, detalló la Fiscalía.

“Asimismo, en la batea del vehículo que se utilizó en el montaje de la gasolinera, se encontró sangre humana que corresponde a Rodolfo ‘C’, actualmente desaparecido y que fue referido como integrante del equipo de seguridad de Ismael ‘Z’. También, se obtuvo un video claro y preciso de lo confesado por el chofer del doctor Héctor ‘N’, quien niega lo que él mismo había declarado previamente ante autoridades locales, respecto a diversos momentos de la desaparición y muerte del doctor mencionado”, agregó la FGR.

“Todo lo anterior ratifica las investigaciones ministeriales y policiacas que determinaron las presuntas responsabilidades penales y administrativas de policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes ya han sido investigados exhaustivamente respecto a su participación en el caso de la muerte de Héctor ‘N’’, enfatizó la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.

“Dado que existe una situación de rechazo por parte de un Juez Federal de Culiacán, para conocer y determinar la aprehensión de los responsables, el Ministerio Público de la Federación presentará en los próximos días, ante un Juez alternativo, todas las pruebas y diligencias que son procedentes”, finalizó la FGR.

La Fiscalía General de la República anunció, el 21 de agosto de 2024, que logró establecer “con toda precisión, la pista de dónde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro de “El Mayo”, presuntamente privado de su libertad por Joaquín Guzmán López.

“En la investigación del caso ‘Ismael “N’-Joaquín ‘N’ la Fiscalía General de la República (FGR), ha logrado establecer, con toda precisión, la pista de donde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro de Ismael ‘N’”, indicó la institución de procuración de justicia, en un comunicado.

Sara Bruna Quiñonez Estrada, renunció, el 16 de agosto de 2024, como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, ante las inconsistencias que, un día antes, la FGR señaló respecto que la institución de procuración de justicia estatal no procesó de forma correta la presunta escena del asesinato de Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio del mismo año, en el municipio de Culiacán de Rosales.

“Asimismo, la propia Fiscalía localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte a Héctor ‘N’”, agregó la FGR.

“La parte exterior de dicho inmueble ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, mientras se van realizando las diligencias respectivas. También, se identificaron los vehículos que fueron utilizados para la comisión del posible secuestro”, dijo la Fiscalía General de la República.

“Los datos pertinentes serán sometidos mediante debido proceso, a las autoridades judiciales federales, cuando éstas reanuden sus labores. Independientemente de ello, las investigaciones ministeriales y policiales de carácter federal, seguirán adelante hasta integrar debidamente los expedientes correspondientes”, enfatizó la FGR.

“Sobre este mismo caso, la institución federal ha logrado establecer, con precisión, que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable, ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada”, explicó la Fiscalía General de la República.

“Por lo que hace a Joaquín ‘N”’ ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión por secuestro y también por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país, trasladándola fuera de México con tal propósito (artículo 123 del Código Penal Federal). La Fiscalía General de la República continuará informando de sus avances que sean legalmente revelables”, finalizó la FGR.

Zambada García confirmó, el 10 de agosto de 2024, a versión difundida, un día antes, por Keneth Lee Salazar -titular de la Embajada de México en Estados Unidos, desde el 2 de septiembre de 2021-, de que fue emboscado en Culiacán de Rosales, por “El Güero Moreno”, cuando esperaba reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa -desde el 1 de noviembre de 2021- y con Héctor Melesio Cuen Ojeda, político asesinado el día de las detenciones de ambos capos sinaloenses, el jueves 25 de julio del mismo año.

A través de una carta difundida por su abogado defensor, Frank Pérez, el cofundador del Cártel de Sinaloa enfatizó que no se entregó voluntariamente al Gobierno de EE. UU., con el cual, según dijo, no tuvo ningún acuerdo.

El capo sinaloense narró en su misiva que el hijo de su compadre le pidió que asistiera a una reunión “para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, entre Rocha Moya y Cuén Ojeda, misma en la que también asistiría Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”.

Sin embargo, al llegar al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, donde supuestamente se llevaría a cabo la reunión, ya lo esperaban “una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos.”

“Me acompañaban cuatro agentes de seguridad, de los cuales dos permanecían fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”, detalló “El Mayo”.

Confirmó que en la supuesta reunión estuvo presente Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (PAS), diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien murió tras ser atacado a balazos, alrededor de las 22:00 horas, del 25 de julio de 2024, mientras circulaba en su vehículo particular, por la carretera Internacional México 15, a la altura de La Presita, comunidad ubicada al norte de Culiacán. Tras el atentado, fue trasladado a una clínica privada, donde falleció, media hora después, a los 68 años de edad.

“Tengo conocimiento que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que pasó. A él lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron. Héctor Cuen era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos desde entonces”, explicó el capo sinaloense.

“También hago un llamado al pueblo de Sinaloa a tener moderación y mantener la paz en nuestro estado. Nada se puede solucionar con la violencia. Hemos recorrido ese camino antes y todos pierden”, finalizó su carta “El Mayo”.

Un día antes, el embajador Salazar reveló, durante una conferencia de prensa, que Guzmán López se entregó de manera voluntaria y que “la evidencia al momento de llegar indica que ‘El Mayo’ fue llevado contra su voluntad”.

“No se utilizarán recursos estadounidenses en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. No se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses. Estamos en el entendido que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. El piloto no era un empleado ni fue contratado por el Gobierno de los Estados Unidos, ni algún ciudadano estadounidense”, enlistó el diplomático estadounidense, en un comunicado, emitido por la Embajada de EE. UU. en territorio mexicano.

Por esta razón, dijo el fiscal, “lo que significa los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada. Nacen y crecen de los problemas locales, por eso se da esa cantidad de delitos y de ahí es de donde devienen esas situaciones tan críticas como las que ahora estamos comentando”.

La investigación se hará sobre la historia de este caso donde aparecieron cientos de zapatos, ropa y otras pertenencias.

Sobre si hay datos de que funcionarios estarían involucrados, el fiscal indicó que “en esas circunstancias esa información es fundamental porque para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal tiene que haber una claridad absoluta sobre la federalidad de ese delito”.

Lo que la FGR hará es “establecer toda una investigación de lo que ocurrió ahí, porque como bien sabe este hallazgo lo hicieron un grupo ciudadano, entonces había habido ya una serie de operaciones en los alrededores, era un tema que era francamente conocido, entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes”.

Parte de este antecedente es para determinar quiénes protegían esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles, “inclusive hay un caso de una carta de un joven que hace inferencia no directamente a lo que ocurrió, pero sí es una inferencia muy clara”.

Este caso es una oportunidad para establecer “la obligación de las autoridades locales de detener el crecimiento de los delitos a través de controlar los delitos del fuero común. Yo creo que en un plazo muy razonable vamos a tener ya una información general y antes de hacer cualquier atracción lo vamos a dar a conocer”.

Al fiscal general de la República se le preguntó si se llamaría a cuentas a la autoridad local: “Tenemos que llegar al fondo de ese asunto” y refirió que, por ejemplo, el caso de San Fernando fue de una “brutalidad histórica”.

Por esta razón “nosotros no podemos permitir que una situación de esa naturaleza quede en algún tipo de confusión, por supuesto que tenemos que llegar al fondo y ver por qué estaban todas esas prendas, ver si realmente eso funcionaba como un crematorio y si tiene la característica porque usted sabe que para un crematorio se necesitan unos niveles muy altos que si no se logran no funciona”.