“Los perfiles que aparecerán en la boleta y la información que a manera de promoción recibirá la ciudadanía, se relaciona con capacidades técnicas y jurídicas claras, trayectorias, experiencia jurisdiccional en su caso, y otras características que cada votante deberá sopesar para tomar una decisión. Esta forma de hacer campaña representa todas luces distinto a lo que la ciudadanía está acostumbrada”, sostuvo.

INE puede modificar tiempos en radio y TV para elección judicial

Comentó que en este caso no hay una regla constitucional de manera clara donde haya una distribución especifico y por lo tanto se tienen las reglas especificas en torno al INE que puede llevar a cabo la modificación a los lineamientos en radio y televisión.

“Tenemos que estudiar si es razonable que el INE se auto adjudique estos 48 minutos, parece ser que coincidimos que los 48 minutos completos para sí mismos el INE pareciera que no es racional, por varias razones. Primero: por el tipo de elección. Es decir, en este caso no hay partidos políticos y todo ese tiempo que se da normalmente se les da a los partidos para promocionar candidaturas”, explicó el magistrado.

Añadió que dichas candidaturas normales tampoco tendrán tiempos en medios de comunicación, pues ya lo determinó el INE.

“Pareciera que se afecta injustificadamente por supuesto el modelo genérico de comunicación política basado en la libertad comercial por parte de las concesionarias de radio y televisión y también el derecho a las audiencias, en el caso a recibir información con respecto a las elecciones, pero sin una saturación exagerada o innecesaria que puede llevar a la desinformación”, planteó de Mata Pizaña.

Ciudadanía debe votar en elecciones judiciales con conocimiento, dice Tribunal

En tanto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, comentó que los principios como la equidad y la imparcialidad fueron pilares del diseño normativo, ya que fue con la finalidad de asegurar elecciones democráticas en donde el actor principal es la ciudadanía para que vote con libertad y conocimiento.

“Hasta el día de hoy, la sobre propaganda en radio y televisión se basaban en la premisa de otorgar prerrogativas a los actores políticos para posibilitar un intercambio de información relevante con la ciudadanía”, dijo Fuentes Barrera

“En cuanto a la promoción de las candidaturas en el proceso judicial, no es análoga a los mecanismos de participación ciudadana. Y en ello me quiero también referir. Igualmente me aparto, no coincido en que se considere que la promoción de las candidaturas en radio y televisión en el proceso electoral judicial resulta análoga a la revocación de mandato y la consulta popular, pues estos mecanismos de participación ciudadana que tienen una finalidad distinta, muy importante sin duda, que es la participación real y efectiva de la ciudadanía en la vida política del país, pero diversa a la persecución en los procesos electorales”, añadió.

Cancelarán candidaturas del Poder Judicial por faltas graves

Por otra parte, la magistrada Janine Otálora, revocó al INE el acuerdo por el que se limitaban las cancelaciones de los registros de candidaturas al Poder Judicial.

Los candidatos no podrán recibir recursos públicos y privados y tampoco asistir a eventos proselitistas de los partidos políticos.

Si, por el contrario, llega a suceder, se deberá valorar cada caso y determinar si hay cancelación.

“Las sanciones del proceso electoral judicial no deben quedar limitadas solamente a las conductas infractoras (…) son de la naturaleza suficiente para que sean sancionadas con la cancelación del registro cuando esa determinación deberá tomarse solo una vez que se analiza cada caso”, comentó.

“La elección de la sanción aplicable a cada conducta reside justamente en un ejercicio de análisis casuístico que debe realizar la autoridad conforme a las particulares de cada caso, una vez que se haya materializado la acción (…) Es incorrecto que, entre los lineamientos, el INE determina que las restantes conductas previstas en el artículo 51 no son de la naturaleza suficiente para que sean sancionadas con la cancelación del registro cuando esa determinación deberá tomarse sólo una vez que se analiza cada caso”, consideró Otálora.

“En este contexto, el discurso y justificación que viene desde el Estado mexicano, es que existe una estrategia de seguridad consistente en no ‘alborotar el avispero’, no confrontarse con la DO (delincuencia organizada) en los territorios que controlan”, señaló. 

“(…) Esto sirve sólo para confirmar su responsabilidad ya que están siendo testigos de las acciones operativas de la DO, del control poblacional, del territorio y de las vidas de pueblos y comunidades en Chiapas, donde se cometen actos criminales, asesinatos, desapariciones, desplazamiento, entre otras graves violaciones a los derechos humanos”.

Desapariciones crecieron casi 300% en 5 años

En los últimos cinco años, se ha registrado un incremento del 299% en casos de desaparición en la entidad, según la información publicada en el informe.

En 2019, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registró 320 casos de desaparición en Chiapas, en tanto que la cifra incrementó a 1,277 para el 2024.

“La edad más frecuente de desaparición es de 15 años, y son las mujeres adolescentes las que más desaparecen”, detalló el Frayba. “Los principales lugares son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque”.

La organización remarcó que tanto los casos de las personas que permanecen desaparecidas, así como la cifra de desaparición de mujeres, es mayor en el estado que el promedio nacional en ambos indicadores.

Tan sólo considerando los reportes de desaparición que maneja el RNPDNO, Chiapas se posiciona como el cuarto lugar nacional en niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Hay tres rutas principales de tráfico de personas

El estado de Chiapas se ha convertido en un territorio propicio para el tráfico de personas a manos de organizaciones criminales, debido a la gran afluencia de personas migrantes que transitan por ahí.

La organización señaló que hay al menos tres rutas principales para mover a las personas: una por el Norte del estado, otra por la costa, y una tercera por el centro de Chiapas.

“Por un lado, bajo presión de los Estados Unidos, México sigue implementando una política de criminalización de la migración; y, por otro lado, deja las empresas criminales que trafican seres humanos con una impunidad casi total”, señaló en el informe.

Esto, a su vez, lo relacionó con el incremento en casos de niñas y mujeres desaparecidas en la entidad.

Sector minero provoca conflictos en comunidades

Entre las agresiones que el Frayba ha detectado, existen aquellas orientadas a defensores de la tierra y del territorio, quienes han sido víctimas incluso de desapariciones y asesinato. Estas personas fueron violentadas por “haber afectado los intereses de actores poderosos, en particular cuando se trata de megaproyectos”.

En el estado, el sector minero ha sido un foco de desestabilización en la región, ya que chocan intereses económicos y políticos que resultan en la vulneración de derechos.

Un ejemplo de ello, citó el Centro Frayba, fue en la comunidad de Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo, en abril de 2024, cuando 11 personas que se oponían a la violencia criminal, en el contexto de la explotación minera, fueron masacrados.

A partir de 2022, incrementó la presencia de grupos de la delincuencia organizada en este municipio. “Uno de los motivos era tratar de imponer los proyectos mineros que iban contra los intereses de las comunidades y, a fin de cuentas, la violencia fue más allá de la reactivación de la mina (que las comunidades organizadas habían logrado suspender tras años de lucha), alcanzando intereses de control político, social, económico y territorial de todas las localidades del municipio”, detalló.

Los padres de Marco y Daniel rechazan la “verdad histórica” y afirman que “todo ha sido una mentira”. Ellos están inconformes con la manera en que se ha llevado el caso, al tiempo que continúan en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de sus hijos.

Virginia García y Miguel Díaz, padres de Jesús Daniel, junto con Sofía Ávalos, madre de Marco Francisco, comentaron sobre las investigaciones, los juicios y las sentencias emitidas el año pasado en relación con el caso de sus hijos. A siete años de la desaparición, sus familias siguen luchando por la verdad y la justicia.

Las familias exigen ahora que se les busque con vida y denuncian que la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso en 2018 ha realizado un trabajo ineficaz, con múltiples inconsistencias en las investigaciones y sin buscar nuevas líneas de indagación.

Desde el inicio de la investigación, los familiares de los jóvenes desaparecidos han denunciado que las autoridades no llevaron a cabo una búsqueda adecuada. A lo largo de los años, han ofrecido información valiosa para ayudar en la localización de sus hijos, pero se sienten frustrados por la falta de respuestas.

“Si ellos hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, quizás hoy tendríamos a nuestros hijos, pero eso no pasó”, declaró Virginia, madre de Daniel.

A casi un año del desahogo de pruebas judiciales que evidenciaron diversas irregularidades en la investigación, las familias continúan manifestando su angustia ante la falta de avances por parte de las autoridades.

Virginia, madre de Daniel, destacó que en el juicio, una perita forense reveló que en los bidones donde supuestamente se habrían disuelto los cuerpos no se encontraron restos humanos, solo diésel. 

“En el juicio, una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses afirmó que en los bidones donde supuestamente habían disuelto a nuestros hijos no se encontraron restos humanos; únicamente diésel”, enfatizó.

Este testimonio pone en tela de juicio la narrativa oficial y resalta la urgencia de las familias para que se realicen investigaciones más profundas y se busque a los jóvenes con vida.

En mayo de 2024, cuando el juez desechó la versión de las autoridades, señaló que el expediente de investigación carecía de pruebas forenses que corroboraran el relato oficial. Sofía Ávalos, madre de Marco, subrayó que el juez declaró que el caso no podía cerrarse debido a la falta de elementos que confirmaran que los jóvenes habían sido asesinados.

“Lo más importante de ese juicio es que el juez determinó que el caso no se podría cerrar porque no había suficientes elementos para afirmar que nuestros hijos fueron asesinados y desaparecidos, como sostiene la Fiscalía”, indicó Sofía, enfatizando la necesidad de continuar la búsqueda de la verdad y asegurar justicia para los jóvenes desaparecidos.

En el reciente proceso judicial se impusieron condenas de 75 años de prisión a cinco individuos por el delito de secuestro agravado, aunque las familias de los estudiantes desaparecidos esperaban que las sentencias incluyeran la responsabilidad por la desaparición.

Los sentenciados son: Luis Fernando Martínez González, conocido como "Cochi"; Javier Antonio López Pérez, alias "QBA"; Samuel Alejandro Ramírez Torres, apodado "Kalimba"; Diego Alberto Sánchez Morales, también conocido como "Tun Tun"; y Ricardo Josué Herrera López, apodado "Choco". En contraste, un sexto implicado, Alejandro N., fue liberado debido a la falta de pruebas que confirmaran su participación en los hechos, una decisión que los padres consideran inaceptable, dado que la investigación señala su implicación. Piden que se revise la libertad de este acusados.

Aunque el caso sigue abierto, las familias aún no han recibido información sobre nuevos avances o planes de búsqueda. “Queremos que salgan a buscarlos, porque no lo han hecho en todos estos años”, afirmó Virginia, quien sigue convencida de que su hijo está vivo.

Las familias solicitaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que revisen el caso y se ocupen de la búsqueda urgente de los tres estudiantes. A casi un año del desahogo de pruebas, la esperanza de que se haga justicia permanece latente, a pesar de la inacción de las autoridades.

Demandan que el gobierno implemente un plan serio de búsqueda que contemple todas las posibilidades, incluyendo la de que los estudiantes puedan estar con vida.

“Queremos que salgan a buscarlos, porque no lo han hecho en todos estos años. Algo me dice que mi muchacho está ahí, en alguna parte. Desde el principio, no se les buscó como se debía; por eso exigimos que se elabore un plan para realizar una búsqueda en campo, para buscarlos con vida”, indicó Virginia, madre de Daniel.

Ahí, junto con otras siete personas, fue trasladado en un vehículo de plataforma a una casa cercana al rancho Izaguirre. Fue cuando se dieron cuenta que la supuesta oferta laboral era una trampa.

“Cuando llegamos, había gente armada. Nos dijeron que ya no podíamos salir y que debíamos entrenar o morir”, relató el testigo a Domínguez en Milenio Televisión.

Así era el entrenamiento en el rancho de Teuchitlán

Según el testimonio, el pago ofrecido durante el adiestramiento era de tres mil pesos semanales, es decir, 12 mil pesos al mes. Sin embargo, el dinero no garantizaba la supervivencia. Las personas que se negaban o no cumplían las órdenes eran ejecutadas.

“Era un lugar de entrenamiento, pero también de castigo. A los que no obedecían los mataban”, afirmó el presunto sobreviviente.

Dentro del rancho Izaguirre había un espacio denominado “la carnicería”, donde los cuerpos de las víctimas eran desmembrados e incinerados. “Su lema era que si no había cuerpo, no había delito”, agregó.

Los objetos hallados en Teuchitlán no significan que las víctimas hayan muerto, advierte testigo

Sobre los objetos localizados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el pasado 5 de marzo, el testigo explicó que en el lugar se les obligaba a comprar botas tácticas y que estaba prohibido el uso de otro tipo de calzado.

“Ellos mismos nos vendían las botas. El zapato o el tenis no servía”, señaló.

Por esta razón, advirtió que los objetos encontrados no significan necesariamente que sus dueños hayan muerto en el lugar.

Enviados a Zacatecas tras el adiestramiento criminal en Teuchitlán

El testigo relató que, tras concluir el adiestramiento, fue enviado a operar en una plaza de Zacatecas. Desde ahí logró escapar tiempo después.

“Me tuve que escapar. No había de otra. Yo no quería estar ahí y más que nada porque quería volver a ver a mi hijo”, dijo.

La noticia fue confirmada por el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, quien no dio a conocer mayores detalles de la operación. En redes sociales ya circulan supuestas imágenes de la detención. 

“El Niño de Oro” es señalado como el segundo al mando del Cártel en la zona oriente, bajo el liderazgo de Júpiter Araujo, mejor conocido como “El Barbas”, quien hace unas semanas apareció en un video, dado a conocer en redes sociales, en el que se le observa sentado a una mesa, con ropa táctica, gorra, chaleco antibalas y un arma larga sobre las piernas. 

En ese video aparecen también en la mesa el presidente municipal en funciones de Cuautla, Jesús Corona Damián, también el de Atlatlahucan, Agustín Toledano, municipio donde ocurrió la detención del Niño de Oro, según la información disponible. 

La difusión del video desató un escándalo mediático, además de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). En torno al asunto, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hay una investigación sobre 17 de los 36 alcaldes de Morelos. 

De su lado, Jesús Corona, alcalde de Cuautla, ha dicho que está “limpio”, que no tiene nada que esconder. Sin embargo, no ha aclarado sí estuvo o no en esa reunión. En tanto, Toledano, alcalde de Atlatlahucan, dijo que está a la espera de que la FGR lo llame a declarar, pero por lo pronto ambos siguen en el cargo.

Entre los reportes están los bloqueos en la carretera federal 80 en las cercanías de El Zapotillo, entre Casimiro Castillo y Autlán, otro entre El Corcovado y Unión de Tula y uno más en el kilómetro 158+200, cerca del puente La Caja, con dos vehículos incendiados.

También se informó sobre el bloqueo de la carretera estatal Autlán-Villa Purificación y en la carretera estatal con dirección a Pérula, cerca de la localidad de Juan Gil Preciado.

Ante estos hechos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes delegación Jalisco (SICT) pidió a los automovilistas evitar la zona por motivos de seguridad aunque poco a poco se ha ido informado sobre la liberación de algunas de las vialidades.

Con corte a las 16:00 horas, autoridades de Seguridad de Jalisco no habían emitido información referentes a los hechos de violencia ocurridos al sur de la entidad.

Apenas el fin de semana, enfrentamientos en Jalisco que se extendieron a Michoacán dejaron como saldo seis elementos de las fuerzas federales de seguridad muertos, cuatro del Ejército y dos de la Guardia Nacional.

La noticia de que la comparecencia sería pospuesta se dio casi a la par de que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, la cual atrajo el caso, daba una conferencia de prensa en la que señaló diversas irregularidades por parte de la Fiscalía estatal.

Entre las irregularidades que mencionó el fiscal están que las autoridades locales no cumplieron con los protocolos establecidos tras el hallazgo del rancho y no procesaron la evidencia, no se informó sobre los indicios hallados y que, a seis meses, los servicios periciales no cuentan con un dictamen sobre los segmentos óseos encontrados.

Luego fueron “inadmitidos” en México bajo dos señalamientos del personal del INM que, ahora se sabe, son absolutamente falsos: que el médico tenía una “alerta migratoria” y que “aparentemente” estaría vinculado al crimen organizado.

García Rincón plantea en su demanda ante la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que los vejámenes de los que fue víctima en el aeropuerto de Cancún, junto con su familia, no es un caso aislado, sino que forma parte “de una conducta sistemática, reiterada, sostenida en el tiempo y cada vez más extendida de agentes del Estado mexicano” contra visitantes colombianos.

Sólo el año pasado, el INM, una entidad envuelta en escándalos de corrupción y negligencia presuntamente criminal –como el incendio que mató a 40 migrantes en marzo de 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez–, “inadmitió” a 53 mil 450 visitantes colombianos, más de mil a la semana en promedio, por razones que organizaciones humanitarias consideran “mayoritariamente absurdas”.

Esa cifra representa un aumento del 82.5% con respecto a las “inadmisiones” de 2023, lo que revela que hay una política cada vez más rigurosa para bloquear el ingreso a México de un número cada vez mayor de visitantes colombianos.

En 2024, México “inadmitió” al 8.7% de los turistas colombianos que arribaron a ese país, un porcentaje que duplica a los de los dos años previos (3.98% en 2023 y 3.91% en 2024), lo que según la ONG Elementa DDHH se debe a las presiones de Estados Unidos a México para que asuma el papel de “filtro” de migrantes provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe.

Llama la atención, sin embargo, que los colombianos encabecen la lista de “inadmitidos” por la migración mexicana. En segundo lugar aparecen los peruanos, con ocho mil 892 rechazados en 2024, seguidos de los chinos, con siete mil 797 y los bolivianos, con tres mil 183.

Estas cifras están muy por debajo de los 53 mil 450 ciudadanos de Colombia “inadmitidos” el año pasado en México, la mayoría de los cuales fueron víctimas de violaciones humanitarias que van desde el trato xenofóbico hasta el acoso sexual y la violencia física, según denuncias que forman parte de gruesos expedientes en los consulados de Colombia en la Ciudad de México y en Cancún y que han sido reportadas desde hace años por la prensa colombiana.

Apenas este jueves 6 de marzo, el programa de sátira política La Pulla, del periódico El Espectador, le dedicó un video de 11 minutos a ese tema con el título “El infierno de los colombianos en México”. Los “hostiles” agentes migratorios mexicanos, dijo el conductor, “nos tratan como una basura”. Las historias “son aterradoras”, señaló, y enseguida presentó testimonios de turistas maltratados que juran nunca más regresar a México.

El médico García Rincón lo dice abiertamente: “La verdad, a mí no me quedaron ganas de regresar a México”.

La directora de la ONG colombo-mexicana Elementa DDHH, Adriana Muro, señala que el maltrato a colombianos por parte del personal del INM es un problema que lleva mucho tiempo, pero se ha recrudecido en los últimos tres años.

“Hemos detectado un aumento de detenciones arbitrarias de colombianos por parte de los agentes migratorios, tratos crueles, degradantes, incluso a menores de edad, y la violación del debido proceso”, dice, y asegura que el responsable de esto “es el Estado mexicano, que no ha querido dar pasos firmes para parar la situación”.

Daño colateral

Los medios colombianos han reportado decenas de denuncias de maltratos de los agentes del INM, principalmente en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún, y las redes sociales divulgan impactantes testimonios de víctimas.

México ha ganado fama de ser un país cada vez más hostil con los colombianos, lo que ha provocado una caída en el número de turistas que viajan a ese país.

Según datos de la Secretaría de Gobernación de México, mientras que en 2022 ingresaron a ese país 858 mil 839 turistas colombianos, en 2024 sólo lo hicieron 613 mil 188, lo que implica una caída del 28 por ciento.

Aun así, Colombia es el tercer país con más turistas que viajan a México, después de Estados Unidos y Canadá.

Es decir, la falta de cultura de servicio, la deficiente capacitación y la impunidad con que actúan los agentes del INM acaban por dañar la industria turística mexicana y, sobre todo, golpean una relación cultural binacional especialmente entrañable.

La música ranchera y el Chavo del Ocho han sido asumidos como propios por amplios sectores de colombianos, igual que muchos mexicanos consideran suyos a la cumbia y a Gabriel García Márquez.

Un asunto de dignidad

El médico Cristian Iván García Rincón, su esposa Luz Yaneth Becerra y su pequeño hijo son tres de los varios miles de colombianos que han sido maltratados por agentes migratorios mexicanos, quienes, según todos los indicios, tienen línea institucional para cumplir con una “cuota” determinada de “inadmisiones” de nacionales de Colombia por cada vuelo que llega a la Ciudad de México, Cancún o Guadalajara desde este país sudamericano.

La particularidad del doctor García Rincón es que se ha preocupado por documentar y denunciar su caso ante diversas instancias de su país, de México e internacionales.

Y dice que no va a parar de buscar justicia porque se trata de un asunto “de dignidad” y de solidaridad con sus compatriotas que han sido víctimas de vejámenes de los agentes migratorios mexicanos.

“Ahí están las cámaras del aeropuerto de Cancún, que registraron todo”, señala.

Pero además de que todo quedó registrado por las cámaras, todas las denuncias del médico –ante la CIDH, la ONU, legisladores de Colombia y de México e instituciones de derechos humanos de los dos países– han ido acompañadas de un pormenorizado relato cronológico de las horas “de pesadilla” que pasaron él y su familia en el aeropuerto de Cancún.

En esa narración señala que al llegar al aeropuerto hicieron fila en el bloque tres de control migratorio, donde demoraron más de una hora en ser atendidos. Cuando les tocó el turno, un agente del INM –al que ya habían visto exigir a varios colombianos acceso a sus teléfonos celulares– los recibió con un “trato displicente” y exigiéndoles de mala gana todos sus documentos.

Le mostraron los boletos aéreos de regreso a Colombia, una póliza internacional de salud, varias tarjetas de crédito, dólares en efectivo y los comprobantes de pago de su alojamiento en un hotel de lujo, con todo incluido, y de tours al parque Xcaret y a las pirámides de Chichen Itzá.

El agente se retiró con la documentación y dejó con ellos a una joven que les hizo varias preguntas sobre sus fuentes de ingresos y que tomaba nota de las respuestas a su interrogatorio en una hoja de papel simple.

“Al poco rato –señala el médico en su denuncia– regresó el individuo que nos recibió los pasaportes, pidió que desbloqueáramos nuestros celulares, se detuvo en ellos, principalmente el mío (¿buscando qué y para qué?, no lo sé, pero eso hizo), para luego decirnos que nos conduciría a un sitio para una segunda entrevista, para ver si podíamos ingresar al país”.

Luego ingresaron a una oficina y “allí nos pidieron que nos trasladáramos a una habitación contigua, en forma de L, con el brazo corto en angulación de 120 grados, y luego nos entregaron unos documentos para llenar, con nuestros nombres, propósitos de visita, ingresos mensuales y cuánto más esperábamos gastar allí”.

Como en 1984

“Mientras estaba allí –relata García Rincón– recordaba el libro 1984 de George Orwell, y su panóptico (modelo arquitectónico y de vigilancia social). Estuvimos cerca de 150 minutos allí, con frío, sin poder comer algo, con acceso a unos baños en mal estado cuando era necesario, con nuestro hijo de apenas 3 años allí, intentando evitar que percibiera que sus derechos estaban siendo violentados”.

Luego, una pareja de agentes migratorios se le acercaron. Uno de ellos le dijo que tenía una “alerta migratoria” emitida por Colombia, lo que desmintieron después autoridades de este país, y que esa “alerta” lo ubicaba como “sospechoso de pertenecer al crimen organizado”.

“Eso fue vil, sorprendente –señala–, una historia para no creer y que quisiera no tener que recordar jamás, aunque desde aquel día no pasa una hora en que no tenga un flash-back al respecto. Tengo muchos defectos en mi vida personal, como todos, pero delincuente no soy; lo único que he llegado a matar son los microorganismos que infectan a mis pacientes, y lo hago a través de antibióticos”.

Pero “la humillación no terminó allí, cada vez era peor. Después de eso tuvieron la desfachatez de tomar mis huellas dactilares y mi perfil biométrico. De todas las personas a las que devolvieron, fui yo el único al que le hicieron esto. ¡Qué desfachatez y qué despropósito! Ahora quedaban con mis datos y podrían hacer con ellos lo que les viniera en gana, si ustedes no los detienen”.

Los comentarios xenófobos, racistas, anticolombianos e insultantes se repitieron desde su llegada hasta su salida del aeropuerto de Cancún. También el “maltrato sicológico”, según denunció.

El médico acusa en sus demandas al INM de “falsedad en documento público” pues a él lo “inadmitieron” en México por la inexistente “alerta migratoria”, pero en el acta de inadmisión los agentes migratorios mintieron y señalaron como causal del rechazo “inconsistencias en la segunda entrevista”, la cual ni siquiera ocurrió.

Además, el infectólogo considera que fue víctima de robo indirecto, pues el INM le hizo perder sin justificación alguna unos cinco mil dólares que había pagado por anticipado al hotel y a operadores turísticos por su estancia en Cancún.

En su escrito, García Rincón señala: “¡Mientras escribo esto, no saben cuánto odio y repulsión siento por esas personas, su trato humillante y denigrante... lloro de rabia! Fuimos los últimos en ingresar al avión, ‘los parias’. Justo antes de ello, en la sala previa al acceso, nos entregaron celulares y computadores”.

Sus pasaportes fueron entregados por los agentes migratorios a la tripulación del avión, en el cual fueron acomodados en sillas separadas.

“Tenía y tengo mucha rabia –dice el médico–: quienes me conocen saben que soy demasiado tolerante, pero estaba llegando al límite”.

Miles de colombianos, asegura, viven un “calvario sistemático” por parte de las autoridades migratorias.

“Considero que esto debe ser analizado de forma detallada por los diferentes entres de control, nacionales e internacionales, porque, como lo demuestro, en muchos de los casos no hay una causa justa de inadmisión, y hay una violación evidente de nuestros derechos humanos que debe ser corregida”, señala García Rincón, quien el 4 de febrero celebraría su cumpleaños en Cancún con su esposa y su hijo.

Es la primera vez que el Estado mexicano enfrenta una demanda ante instancias internacionales por la violación de derechos humanos de los turistas colombianos.

La CIDH ya le respondió que también puede presentar una medida cautelar contra cualquier país miembro de la OEA, como es el caso de México, y él está dispuesto a seguir el trámite, mientras que en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos el caso fue planteado por el médico como “detención arbitraria”, además de la violación de sus derechos fundamentales.

“No voy a parar hasta que no se haga justicia”, asegura.

“Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos institucionales, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado sólo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”, consignaron los firmantes en la carta, en la que expresaron su disposición para dialogar “cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema”.  

Los firmantes cuestionaron que se pretenda incrementar el presupuesto y capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), si no se destituye a su titular, Guadalupe Reyes Sahagún, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierto al diálogo con las víctimas de este país”, por lo que demandaron realizar un proceso de elección de la titularidad del organismo con participación de familiares de víctimas, como lo estipula la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

De la misma manera, en la carta se le solicita a la presidenta separar del cargo a la actual encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, y no sólo incrementar el presupuesto como medida de fortalecimiento, “sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoque a funcionar el Sistema Nacional (de Atención a Víctimas) y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas”.  

Los familiares y colectivos criticaron que el gobierno de Morena pretenda “revivir la iniciativa de Felipe Calderón de contar con una cédula de identidad”, medida que “no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones”, en tanto que enunciar modificaciones a la Ley General en materia de datos forenses, muestra una vez más “el desconocimiento” de la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) al respecto pero que “se ha negado implementar”.  

La misma crítica se hizo sobre la mención de creación de protocolos de búsqueda, que ya existen, pero que no se aplican por “la falta de voluntad política de romper los pactos de impunidad que persisten en el país”, siendo los “operadores del sistema, Ministerios Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas”.  

Rechazaron “enérgicamente” la pretensión de equiparar el delito de desaparición al de secuestro, al considerar que “es una muestra clara de no entender las dinámicas criminales” y por ser “un claro retroceso en cuanto a la investigación”, al dejar invisibilizada la desaparición y las víctimas “atendidas de manera incorrecta”.  

Al comentar que “no hay certeza” de la confiabilidad en el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), los familiares y colectivos hicieron votos para que se concrete la propuesta de informar mensualmente sobre la crisis de desapariciones, no sólo un reporte sobre cuántas personas desaparecen al día “sino de cuántas logran encontrar así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez”, porque hasta ahora sólo 1% de los casos son judicializados.  

“La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado mexicano”, sentenciaron las decenas de remitentes de la carta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Partícipe en la redacción final de la iniciativa que se convirtió en ley, Fernández Morán recuerda que, por exigencia de las familias de desaparecidos, la Ley General y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) fueron “instrumentos que pensamos, negociamos, trabajamos, implementamos de la mano, codo a codo, las víctimas y las autoridades, y lamentablemente, ya cuando les tocó entrarle a los trancazos, lamentablemente ya no hubo el respaldo”.

La Ley General entró en vigencia a partir de 2017, en tanto que el MEIF fue auspiciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cuyo último tramo de su administración decidió disolverlo, destino que también compartió el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).

Entrevistada antes de abordar un vuelo con destino a Italia, para participar en la “Jornada de Recuerdo y Compromiso en Memoria de las Víctimas Inocentes de la Mafia”, que cada 21 de marzo se celebra en Sicilia, Italia, Grace Fernández insiste que lo anunciado por Sheinbaum “no son propiamente ideas nuevas, son pendientes”, y reconoce que después de la exhibición el rancho Izaguirre en Jalisco, la mandataria declara que va a atender el tema de las desapariciones que superan las 120  mil víctimas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada (RNPNO).

“Qué bueno que va retomar los pendientes, eso nos da gusto, nos da esperanza. Ahora lo que se sigue es que se lleve a cabo, que el pronunciamiento de la presidenta venga acompañado de voluntad política, presupuesto y capacidad porque esas promesas las vengo escuchando desde que llegó López Obrador y el señor fiscal (Alejandro Gertz Manero). Ya se fue López Obrador, ya casi se va el fiscal y siguen los pendientes”, apunta Fernández Morán.

Horas después de que Claudia Sheinbaum mencionó las seis medidas para enfrentar las desapariciones de personas, Grace Fernández urge no sólo a retomar los pendientes.

Advierten desconocimiento

Respecto de sumar las desapariciones al delito de secuestro, la defensora considera que si se trata de “equiparar en materia de equipo, de infraestructura y de estructura orgánica que tenía la Unidad Antisecuestros, vale, que se destinen cinco mil elementos, que era lo que tenía esa unidad en todo el país para la Comisión Nacional de Búsqueda; pero si se trata de cambiar el delito, preguntamos ¿qué parte de ‘sin las familias, no’, no les ha quedado claro? Qué bueno que ya está volteando a ver el tema, qué bueno que ya lo tenga en la priorización, pero no pueden irse sin las familias”.

Al puntualizar que, si es auténtica la intención de Sheinbaum por atender el problema, se debe combatir la impunidad y la corrupción de autoridades ligadas al crimen organizado “de los sexenios anteriores, incluido el de López Obrador, que dejó 60 mil desaparecidos”, ello como paso fundamental para detener la crisis humanitaria.

La exigencia de incluir a las familias en la discusión de los pasos a seguir para atender el problema de desapariciones en México es también compartido por integrantes de la sociedad civil, como Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director jurídico de I(dh)eas  Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Asesor de colectivos de familiares de desaparecidos y de colectivos de búsqueda, Gutiérrez Contreras alerta que detrás del discurso de la presidenta hay un profundo desconocimiento el tema que “está híperdiagnosticado en los informes del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los informes de las organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de víctimas”.

Contrario al anuncio de la presidenta de presentar iniciativas de ley para atender el problema, Gutiérrez Contreras apunta que “no se tiene que reformar nada, a la Ley General y los protocolos de búsqueda ahí están, más bien son acciones cosméticas, parches que no están realmente apuntando al problema estructural, que es la corrupción de las instituciones”.

Gutiérrez Contreras, quien con I(dh)eas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), han presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) denuncias por las desapariciones en Nayarit y Veracruz, puntualiza que ante la dimensión del problema en México, su organización ha urgido la intervención de la  CPI y de la Asamblea de Naciones Unidas, porque “se debe reconocer que en el país se practican crímenes de lesa humanidad, que los grupos delincuenciales en colaboración con agentes del Estado cometen esos actos”.

Ante la dimensión del problema, Gutiérrez Contreras considera que México: 

“Consideramos que el CED debe presentar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas porque la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición establece que, cuando las desapariciones se practican de manera generalizada, la Asamblea General debe actuar estableciendo un monitoreo y exigirle a México que asuma de manera inmediata una priorización de acciones que tienen que ver con el drama humanitario que se está viviendo en el país”, agrega.

“No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República, por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada”, sostuvo el titular de FGR, quien también dijo que no se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar, además de que no se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban.

Gertz Manero afirmó que, seis meses después, los servicios periciales de Jalisco aún no contaban con un dictamen definitivo en el que se estableciera con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco tenían los análisis físicos y químicos, que en forma directa vincularan a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deberion haber estado sometidas, a temperaturas entre 800 y mil 200 grados.

El titular de la FGR agregó que tampoco se habían establecido con precisión, los vínculos, posibles encubrimientos y participaciones de autoridades locales, con los cárteles delictivos que operaban en esa región.

Un día antes, tras participar en la la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, anunció que acordó con autoridades federales que su Gobierno coadyuvaría en las pesquisas por el hallazgo de un campo de adiestramiento en el municipio de Teuchitlán.

En un mensaje en video, de menos de un minuto de duración, Lemus Navarro dijo que la intención, tanto de autoridades federales como estatales, es que se conociera la verdad de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, donde en septiembre del 2024 fueron detenidas 10 presuntos plagiarios y rescataron a dos víctimas.

“Acordamos que la Fiscalía del Estado de Jalisco trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de la República en las indagatorias por el caso Teuchitlán. La estrategia es muy sencilla, decir la verdad de los sucesos en Teuchitlán. Por supuesto vamos a seguir trabajando con el Gobierno Federal en el esclarecimiento de los hechos de cara a la ciudadanía con toda la apertura para que se conozca la verdad de estos acontecimientos”, señaló el mandatario estatal.

Por su parte, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó lo acordado con el gobernador jalisciense.

“El gobernador de Jalisco, estuvo en la reunión con el Gabinete de Seguridad, acordamos trabajar conjuntamente, solicitarles a las fiscalías que en su marco de actuación y atribuciones también pudieran revisar conjuntamente y particularmente el caso reciente de Jalisco, coincidimos en muchas de las visiones que estamos planteando y decidimos trabajar conjuntamente”, abundó la mandataria nacional.

El 17 de marzo de 2025, la Fiscalía jalisciense informó que habían terminado el registro de calzado localizado en el rancho Izaguirre, mismo que sumaban en dos lotes, 154 pares, entre botas, tenis, zapatos y sandalias de baño.

Por otra parte, entre otros artículos que han encontrado se habían contabilizado por parte de la institución de procuración de justicia estatal, había 18 maletas de viaje y 148 cobijas, cobertores y edredones.

La Fiscalía jalisciense esclareció que mantenía en línea la lista de prendas y artículos personales encontrados en el rancho, en los sitios web fiscalia.jalisco.gob.mx/inicio y fiscaliaenpersonasdesaparecidas.jalisco.gob.mx.

Lo anterior para que fuera una herramienta que permitiera a familiares de personas desaparecidas detectar algún indicio que llevara a ubicar el paradero de sus seres queridos. En esos sitios ya sumaban un total de 1 mil 308 fotografías de artículos, entre calzado, pantalones, playeras, shorts, mochilas, maletas de viaje, cobijas, cobertores y almohadas.

Según la institución de procuración de justicia estatal, el caso de que un familiar reconociera alguna prenda, debería contactar a la agencia del Ministerio Público donde se hizo la denuncia por desaparición, incluso si era en otra entidad federativa Detalló que en caso de que no se hubiera interpuesto previamente, se exhortaba a promoverla.

A través de un comunicado, la agrupación expresó su preocupación debido a que, según ellos, el contenido de la propuesta presentada el 17 de marzo de 2025, por Sheinbaum Pardo, reflejaba desconocimiento de los mecanismos de búsqueda vigentes.

“Hay una crítica ahí, dicen que no hay nada nuevo y que ya está, no, el objetivo es fortalecerlo porque mucho de lo que está ahí, la propia plataforma no está actualizada y hay muchos problemas relacionados con ella”, reconoció la mandataria nacional.

“El objetivo es que las fiscalías estatales contribuyan con este esquema, la Fiscalía General de la República y todas las comisiones de búsqueda de los estados, entonces es fortalecer los mecanismos y nuevos mecanismos que estamos planteando”, aseguró la presidenta.

“No lo hemos definido, probablemente a la Cámara de Senadores lo estaríamos enviando primero y son reformas legales a leyes secundarias”, sostuvo la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Las familias de personas desaparecidas vimos y escuchamos su respuesta frente a la crisis de desapariciones que cada día se agrava más. Nos preocupa profundamente la propuesta que hace, pues refleja un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación”, indicó el Colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos.

“1. Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Es positivo que revierta la mala decisión del año pasado, con la que se redujo el presupuesto a la Comisión Nacional; sin embargo, no se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país. Una acción contundente es corregir el error de nombrar a la titular de la Comisión Nacional, y después convocar a un proceso de elección que cumpla con lo que estipula la Ley General y en donde se garantiza el derecho de las familias a participar en el mismo. Seguiremos buscando el decreto que anunció, dado que no lo hemos encontrado”, indicaron.

“2. Reformas legislativas. Consideramos que revivir la iniciativa de Felipe [de Jesús] Calderón [Hinojosa] de contar con una cédula de identidad no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones que se agudiza cada día. Las propuestas a la reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Persona (Ley General) son preocupantes por el nivel de desconocimiento que muestran: ya existe desde 2017 la obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forense (art. 119), mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a implementar. En el artículo 111 se señala la obligación de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas No 3 obstáculo para encontrar. Todo lo anterior como parte de las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron propuestas construidas desde las familias y las cuales quedaron en la Ley General, sin embargo, ha faltado voluntad política para llevarlas a cabo”, señalaron.

“3. Nuevos protocolos. Reiteramos que el problema de las desapariciones y de las faltas en la búsqueda e investigación no deviene de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país. Son los operadores del sistema, los Ministerio Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas. La Ley General ya contempla que la búsqueda debe de ser inmediata, incluso pone como plazo máximo las 72 horas para que, en los casos en los que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda, que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda”, enfatizaron

“4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro. Una de las luchas más grandes que dimos como familias fue que se lograra establecer en la Ley General el delito de desaparición forzada, ya que desde hace mucho tiempo entendimos que la búsqueda de nuestros familiares responde a dinámicas distintas al delito de secuestro, hacer esta propuesta es una clara muestra de no entender las dinámicas criminales, así como un claro retroceso en cuanto a su investigación. No se puede resolver el problema de las desapariciones si se investiga como si fuera un delito cualquiera, y nos preocupa que la desaparición quede invisibilizada, y sus víctimas atendidas de manera incorrecta. Por lo que rechazamos enérgicamente la propuesta”, sostuvieron.

“5. Estadística mensual. Esperemos que se consolide esta propuesta, que nos permita ver el nivel del trabajo de las fiscalías. No solo como un indicador de cuántas personas desaparecen al día, sino de cuántas logran encontrar, así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez (al día de hoy solo lo hacen el 1%). Solicitamos que en ese reporte se sume la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del cual, a la fecha, no hay certeza de que la información que se encuentra en ese registro sea confiable”, abundaron.

“6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Desde enero de 2014, se instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y a la fecha nunca se ha convocado. Al igual que la CNB esperamos que el fortalecimiento institucional de la CEAV no sea solo en aumentar el presupuesto, sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoqué a funcionar el Sistema Nacional y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas, no solo una cercanía personal con quienes las designan. Por lo que reiteramos nuestra exigencia para que sean separadas del cargo”, comentaron.

“Sabemos que, como todos los gobiernos en México, este no ha mostrado interés real y serio en consultarnos y establecer un diálogo constructivo, sin embargo, ejercemos nuestro derecho no solo a expresarnos, sino a la participación en temas relacionados con la búsqueda de nuestros familiares. Reiterando en todo momento la disposición de las familias de dialogar cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema

Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos, instituciones, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado solo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”, expresaron.

“La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado Mexicano”, finalizaron.

El 18 de marzo de 2025, Sheinbaum Pardo emitió un decreto en el que instruyó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las herramientas y recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, para realizar su labor de localización e identificación de personas.

Asimismo, la mandataria ordenó a SHCP autorizar las adecuaciones presupuestarias que sean requeridas por la CNB. En el documento, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), pidió a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coadyuvar con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la citada Comisión, en la localización e identificación de personas, para asegurar implementación de estrategias, herramientas y metodologías especializadas.

De manera general, la presidenta anunció que la Comisión Nacional de Búsqueda sería fortalecida para ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y adquisición, así como el uso de equipos y herramientas tecnológicas que coadyuvaran en las acciones de búsqueda con evidencias científicas.

“Es una prioridad del Estado mexicano fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas para garantizar la protección integral de sus derechos humanos como el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. El derecho humano a ser encontrado y el derecho de las víctimas a buscar a sus familiares son principios fundamentales que el Estado debe garantizar y proteger”, señaló Sheinbaum Pardo.

Además, en el decreto, la presidenta reconoció que el Estado tenía la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas, asegurando la coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres niveles de Gobierno, “evitando la impunidad y fortaleciendo el acceso a la justicia”.

“Antes, en el pasado, durante el periodo de la guerra sucia, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. Como delito grave debe prevenirse, atenderse y sancionarse […] La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad son ejes centrales del Gobierno y, por ello, es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda de personas”, enfatizó la mandataria nacional.

Puntualizó que la reforma a la Ley del ISSSTE que se había enviado respondía a muchas de las demandas de las y los maestros por ello, aunque la reforma fue retirada, se mantendrán los beneficios que incluía. Ante esto, la Jefa del Ejecutivo federal anunció que se realizaron diferentes compromisos con las y los maestros:

Puntualizó que se continuarán con los diálogos con los maestros y maestras para continuar avanzando en sus solicitudes. “Nosotros vamos a mantener las pláticas con la CNTE, también con el SNTE hay pláticas, pero particularmente con la Coordinadora, nos vamos a seguir viendo para seguir avanzando en todas las solicitudes que tienen, que en general son solicitudes justas”, aseguró.