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Sheinbaum aplaude apertura al rancho Izaguirre y asegura que “nosotros no construimos verdades”

El jueves 20 de marzo, al igual que la prensa y creadores de contenido digital, personas buscadoras ingresaron al rancho Izaguirre y calificaron la visita al sitio como un "circo, burla, y farsa".

La apertura a la prensa y a creadores de contenido digital del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, fue para que cada quien saque sus conclusiones, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. 

“Me pareció muy bien que el fiscal (Alejandro Gertz Manero) haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones”, dijo esta mañana en la conferencia presidencial.

A seis meses de que la autoridad de Jalisco hizo una serie de detenciones y no hiciera las diligencias necesarias, de acuerdo a la conclusión del fiscal general Gertz Manero, la presidenta llamó a quienes acudieron ayer a la apertura del rancho Izaguirre a que vayan a la mañanera y den sus puntos de vista sobre lo que vieron.

Al abordar el tema sobre el tratamiento que algunos medios de comunicación dieron al caso de Teuchitlán, la presidenta lanzó un cuestionamiento: “¿Por qué no hablan de (Genaro) García Luna (exsecretario de seguridad pública federal, preso en Estados Unidos)? ¿Por qué no hablan de la guerra contra el narco (del expresidente Felipe Calderón)?”. 

Aseguró que hay construcciones de historias alrededor del caso, pese a que la FGR aún no ha atraído la investigación y sólo ha hablado de las fallas de la fiscalía de Jalisco.

“La verdad es la verdad, lo que encuentre la fiscalía, que se encuentre la verdad”, declaró la mandataria.

“Nosotros no construimos verdades, nosotros siempre decimos la verdad”, afirmó, y reiteró: “Es mejor que lo digan ustedes, quienes estuvieron ahí”. 

Adelantó que presentarán de dónde vinieron las primeras versiones que apuntaron a catalogar el caso como un campo de exterminio, en referencia a columnistas. 

El 7 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que hizo una transmisión en vivo desde el lugar y varios posteos en Facebook, dio cuenta de lo que calificaron como tres “hornos clandestinos” en el rancho Izaguirre.



La mandataria federal reiteró que su gobierno nunca se va a confrontar con los familiares de las víctimas.

El jueves 20 de marzo, al igual que la prensa y creadores de contenido digital, personas buscadoras ingresaron al rancho Izaguirre y calificaron la visita al sitio como un "circo, burla, farsa" por el tono de "tour" que se le dio al recorrido de un lugar de dolor, en donde hubo sufrimiento y en el que presuntamente se cometieron graves delitos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Detienen al expresidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas; fue acusado de abuso sexual infantil

Edgar Danés Rojas, denunciado por presunto abuso sexual en contra de una niña de 14 años, fue detenido en Laredo, Texas.

El exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, fue detenido por ser presunto responsable de abuso sexual en contra de una niña de 14 años.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmaron que la orden de aprehensión ejecutada durante la tarde del jueves corresponde a una solicitud ante la Interpol vinculada con la carpeta de investigación 377/2024.

El exmagistrado Édgar Danés fue capturado en el Valle de Texas en una operación binacional encabezada por la fiscalía estatal. La familia de la víctima presionó después de interponer la denuncia ante el Ministerio Público en julio del año pasado en Nuevo Laredo.

La denuncia contra el exfuncionario

La denuncia contra el exfuncionario sostiene que él llegó al domicilio de la madre de la niña, quien era su pareja sentimental. Al no encontrarse la mujer, Édgar Danés habría abusado sexualmente y físicamente de la hija.

La madre indicó que los hechos ocurrieron a inicios de mayo. El magistrado presidente la habría amenazado de muerte para evitar que denunciara la violación, declaró.

“No digas ni madres porque te va a ir peor a ti y a tu hija, si yo quiero mañana no amanecen”, refirió en el testimonio.

No es la única vez que Danés Rojas es señalado de cometer delitos. En julio, Erika Rodríguez presentó una denuncia por acoso sexual, luego de ello la despidieron del Tribunal electoral.

Su caso permaneció estancado hasta que la presión social obligó a la Fiscalía a solicitar el desafuero de Danés Rojas al Congreso de Tamaulipas. El proceso legislativo se concluyó el 22 de noviembre de 2024, pero un día antes el abogado renunció al cargo y huyó.

Erika entró a trabajar al Tribunal electoral como oficial judicial en abril de 2022. Danés Rojas se desempeñaba en ese momento como magistrado. Siete meses después, cuando fue designado presidente, empezó el acoso, denunció.

“Me empezó a hablar para que pasara a su oficina; primero tomaba temas en cuestión del trabajo y en intermedios empezaba a hablar con palabras que me intimidaban”, detalló.

“No fue en una ocasión, fueron varias veces que me estuvo insinuando que tuviera una relación con él, más allá del trabajo, y que iba a ser ocasionalmente esas salidas, y a cambio iba a tener todo su apoyo y respaldo”, dijo la denunciante.

Al inicio, Erika tuvo miedo de denunciar para no perder su trabajo. Compañeros de trabajo le advirtieron que “tuviera mucho cuidado” porque Danés Rojas era una persona “con mucho poder”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ELEFANTE BLANCO.
AUTOR: /REDACCIÓN.

“Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio”: madres buscadoras denuncian manipulación del Rancho Izaguirre

“Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”, denunció Patricia Sotelo, quien desde hace cuatro años busca a su hija desaparecida Fanny Areli, tras la visita que colectivos y medios de comunicación realizaron al Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ofrecida por el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Este 20 de marzo, madres buscadoras y colectivos denunciaron que las autoridades manipularon el predio donde el 5 de marzo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron más de 400 indicios de víctimas de desaparición, hornos clandestinos y restos humanos, de los que hoy “no hay nada” en el campo de adiestramiento y exterminio del crimen organizado.

“Es una burla. Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio. Y mientras tanto, seguimos sin respuestas”, señalaron las madres buscadoras tras la visita en el predio. “No hay absolutamente nada de lo que intentábamos encontrar. Esto según está acordonado, pero está limpio, hasta el piso está limpio, no hay ni hojas tiradas, se nota que barrieron”, dijo una de las madres a la agencia de noticias EFE.

Los familiares que buscan a sus seres queridos acusaron que las autoridades no permitieron recorrer todo el rancho, sino únicamente a determinadas zonas, además de que no les dieron oportunidad de hacer preguntas a los peritos que trabajan en el lugar.

“Se nota que hicieron su buen trabajo para traernos aquí (para simular) no sé para qué. Entramos 10 o 15 minutos y vas como a un ‘tour’ porque estás todo acordonado y tienes que seguir en los espacios que ellos te tienen asignados y no hay absolutamente nada”, añadió la mujer que por seguridad prefirió el anonimato.

Antes de que las familias entraran al predio fueron dejadas afuera del rancho bajo el sol. La periodista Marcela Turati, a través de su cuenta de X, narró que “cuando la entrada al rancho Izaguirre se hizo embudo, las primeras madres salieron llorando; gritaban traumatizadas que el gobierno se había llevado de Teuchitlán las evidencias que tenía que mostrarles, que no había ropas, que las engañaron, que ya no sabrían de sus hijxs”. “La fiscalía había levantado todo”, añadió Turati en su publicación sobre la visita.
Además de las alteraciones en el lugar, las familias de víctimas acusaron la ausencia de Gertz Manero y del fiscal de Jalisco Salvador González de los Santos, quienes prometieron acompañar el recorrido en el lugar.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno Espía

El gobierno quiere crear una megabase con tus datos personales (teléfono, fiscal, biométrico, bancario) accesible sin orden judicial, argumentando que combatirá el crimen. Pero la historia muestra lo contrario: el RENAUT de Calderón fue hackeado y usado para extorsiones. Sin un INAI fuerte ni una Corte independiente, no hay contrapesos. Los delincuentes no registrarán sus datos, pero los ciudadanos sí estarán expuestos a hackeos, fraudes y abusos. Si el gobierno vigila a todos, ¿quién lo vigila a él?

Hace unos años, tu información personal se podía comprar en Mercado Libre por 500 pesos. Sí, así de fácil. El gobierno de Calderón había creado un padrón de celulares para combatir el crimen, pero su base de datos acabó en manos de delincuentes. ¿Qué hicieron con esos datos? Extorsiones, fraudes, amenazas. Hoy quieren repetir la historia, pero en versión recargada.

La Cámara de Diputados se prepara para avalar dos reformas de seguridad que darán al gobierno acceso sin restricciones a datos personales de todos los mexicanos. Se creará una megabase de información con tus registros telefónicos, fiscales, biométricos, vehiculares e incluso bancarios. Cualquier autoridad podrá acceder a ellos sin orden judicial, sin regulación, sin rendición de cuentas.

Nos dicen que esto servirá para combatir el crimen. Pero en la práctica, esto le da al gobierno un control sin precedentes sobre la información de cada persona en México.

¿COMBATIR EL CRIMEN?

Desde Calderón hasta López Obrador, la receta ha sido la misma: cada vez que la violencia se desborda, el gobierno se otorga más herramientas para vigilar a la población, con la excusa de que así se combatirá el crimen.

En 2009, Calderón creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). Para activarse, cada línea debía registrarse con una credencial de elector. Dos años después, la base de datos fue hackeada y terminó en manos del crimen organizado.

En 2021, López Obrador intentó hacer lo mismo con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). La Suprema Corte lo declaró inconstitucional porque violaba el derecho a la privacidad.

Hoy, Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han revivido la idea bajo otro nombre. La diferencia es que ahora no hay nadie que lo detenga. Si es aprobado sin cambios… no habrá un INAI para frenar el abuso. No habrá una Corte independiente para declararlo inconstitucional. No hay oposición suficiente para evitarlo.

CONTROL DE LOS DATOS

Según un analisis de la organización R3D, no se trata solo del padrón de celulares. Es la interconexión de todas las bases de datos en una sola megaplataforma.

Cada movimiento, cada transacción, cada conversación quedará registrado. ¿Quién podrá acceder a esa información? Cualquier autoridad que el gobierno decida. No habrá necesidad de una orden judicial.

El pretexto es combatir el crimen. Pero los delincuentes no van a registrar sus teléfonos con sus nombres reales. En cambio, los ciudadanos comunes sí estarán dentro del sistema. Y en un país donde las bases de datos ya han sido vulneradas en el pasado, eso solo significa más extorsiones, más fraudes, más robo de identidad.

Nos dicen que esto servirá para frenar delitos como la extorsión. Pero el 80% de las llamadas de extorsión en México provienen de las cárceles. 

Nos dicen que solo el gobierno podrá ver los datos. Pero en los últimos años hackearon al Ejército, al SAT, al INE, a Pemex.

Nos dicen que es un sistema seguro. Pero todo estará en una sola base de datos. Un solo hackeo, y toda la información de los mexicanos quedará expuesta.

Nos dicen que “si no tienes nada que esconder, no debes preocuparte”. Pero aquí el problema no es lo que escondes, sino quién tendrá poder sobre tu información.

¿CONFIAR?

Nos piden que confiemos en que esta información no se usará con fines políticos. Que no se espiará a periodistas. Que no se perseguirá a opositores. Que las bases de datos no caerán en las manos equivocadas.

Pero ya hemos visto lo que pasa cuando el poder no tiene contrapesos. Y hoy, con esta reforma, el gobierno no solo quiere vigilar a los criminales. Quiere vigilar a todos. 

La pregunta es: ¿quién los vigilará a ellos?

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JUAN ORTIZ.

Teuchitlán y la virulencia contra las víctimas

Sólo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia se podrá honrar a las víctimas, y brindar paz a sus familias. Sólo así esta sociedad desgarrada podrá curar sus heridas. Sólo así seremos viables como país.

En las últimas semanas, México ha sido sacudido por el descubrimiento de un centro de reclutamiento forzado y exterminio en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron restos humanos y objetos personales que apuntan a una tragedia de dimensiones inimaginables. Este hallazgo ha puesto de relieve, una vez más, la profunda crisis de desapariciones que azota al país, con más de 124 mil personas desaparecidas según datos oficiales.

A pesar de la atrocidad patente, cualquier intento de crítica o cuestionamiento a la eficacia de las medidas tomadas por este y el anterior Gobierno en materia de desapariciones, ha sido rápidamente desestimado por la administración y sus simpatizantes, calificándolos como parte de una supuesta campaña orquestada por la oposición. Este enfoque defensivo no sólo limita el debate público necesario en una democracia saludable, sino que también invisibiliza las voces de las familias de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil que buscan respuestas y justicia.

A pesar de que la Presidenta cambió su actitud inicial y este lunes presentó una “estrategia” para atender la grave crisis, al mismo tiempo ella y los suyos mantienen una narrativa que insiste en achacar la indignación social a una fantasmagórica oposición.

Desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la llamada Cuarta Transformación (4T) ha adoptado una postura beligerante contra la crítica, desacreditando sistemáticamente a periodistas, académicos y defensores de derechos humanos que cuestionan su administración. Según el informe sexenal Derechos pendientes de Artículo 19, durante el Gobierno de AMLO se documentaron 248 campañas de desprestigio contra la prensa y otros sectores críticos.

Este clima de hostigamiento evidencia cómo, cuando el Gobierno pierde el control de la narrativa, sus redes de apoyo se tornan más virulentas y agresivas. Las campañas de difamación y los ataques en redes sociales no sólo buscan desacreditar las críticas legítimas, sino que también intimidan a quienes intentan visibilizar las fallas del Estado en la crisis de derechos humanos que enfrenta México.

A lo largo de la campaña presidencial del oficialismo, la lucha de las familias de los desaparecidos fue relegada a un segundo plano. Mientras se eludía el tema, miles de madres seguían cavando la tierra con sus propias manos, buscando a sus hijos en fosas clandestinas. Como siempre, los tiempos de la política y los políticos son completamente ajenos a los de las víctimas.

Ahora las mujeres que encabezan esta lucha han sido doblemente castigadas: no sólo por la ausencia de sus seres queridos, la impunidad y la revictimización desde las instituciones, sino por la brutalidad con la que son atacadas en redes sociales cuando exigen justicia. Los insultos, la descalificación y la violencia digital han intentado acallar sus voces, con la virulencia que caracteriza a las cuentas progubernamentales en las redes sociales. En otro ámbito, medios de comunicación inescrupulosos pretenden convertir en un talk show las contradicciones y disputas entre colectivos de búsqueda. Al final, todo abona a la estigmatización de las víctimas. Así nos mostramos como un país que no les da paz ni justicia a las víctimas, sino que las carga con todas las culpas de su propia situación.

Esta criminalización de las víctimas no es un hecho aislado, sino una estrategia que está vinculada a tendencias autoritarias dentro de cualquier sociedad. Como señaló Theodor Adorno en La personalidad autoritaria, culpar a quienes sufren, minimizar su dolor y convertirlos en enemigos públicos es una táctica que históricamente ha servido para justificar abusos de poder y reforzar regímenes autoritarios, e incluso, fascistas.

Es imperativo que el Gobierno, en lugar de descalificar las críticas, las escuche y las tome en cuenta para implementar políticas públicas efectivas que aborden la crisis de desapariciones. Es aún más apremiante que se ponga el énfasis en lo que importa. No son Loret, ni Ciro, ni López Dóriga, ni Reforma. No son las supuestas campañas millonarias “expuestas” con dudosas evidencias y metodologías. Son ellas y ellos, quienes luchan por encontrar a los suyos, quienes deben de importar. Mucho se avanzaría con recibirles y abrazarles en Palacio Nacional en lugar de vituperarles, vincularles a febriles complots -como los que Ramírez Cuevas y sus acólitos insisten en acusar- y mirarles con desconfianza.

Las víctimas consideran que la respuesta del Gobierno dada el lunes en voz de la Presidenta refleja desconocimiento, falta de compromiso real y un intento de presentar como “novedosas” medidas que ya deberían estar en marcha pero han sido bloqueadas por la falta de voluntad política.

Ni modo, de eso se tiene que hacer cargo el Gobierno. Esas críticas, duras, difìciles de digerir desde el poder, son las que se tienen que escuchar. Esos sapos y otros más hay que tragar. Si de verdad hay superioridad moral del oficialismo respecto a la oposición, deben hacer las cosas distintas a como se hicieron antes. Eso implica escuchar con humildad ante el infierno personal y colectivo que se ha dejado crecer por décadas por todos los gobiernos. Y, sobre todo, poner punto final a la tragedia ¿O entonces para qué querían concentrar tanto poder?

Sólo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia se podrá honrar a las víctimas, y brindar paz a sus familias. Sólo así esta sociedad desgarrada podrá curar sus heridas. Sólo así seremos viables como país.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.

Fiscalía aprehende a presunto feminicida de Gilda Guadalupe, asesinada en Tlatelolco

Brayan Alberto "N" fue aprehendido por la  Fiscalía de la CdMx por el presunto feminicidio de Gilda Guadalupe, hallada en una jardinera el pasado 8 de marzo, en la unidad habitacional de Tlatelolco.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvo a Brayan Alberto “N”, presunto responsable del feminicidio de Gilda Guadalupe, cuyo cuerpo fue encontrado en una jardinera de Tlatelolco.

Brayan Alberto “N” fue detenido el día de ayer en Querétaro con apoyo de la Fiscalía local. Autoridades lo identificaron como el principal sospechoso del asesinato de Gilda Guadalupe, hallada sin vida el 8 de marzo en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco.

De acuerdo con la FGJ-CdMx, el hombre posiblemente se ocultaba con familiares en Querétaro. Tras su captura, fue trasladado a la capital para su certificación médica y puesta a disposición de las autoridades.

Gilda Guadalupe, de 26 años, fue reportada como desaparecida el 5 de marzo en la colonia Buenavista. Días después, su cuerpo fue encontrado dentro de un bote de plástico en una jardinera de Tlatelolco. Su familia confirmó su identidad cuatro días más tarde.
El hallazgo ocurrió el 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer. Vecinos alertaron a la policía por un olor fétido que provenía de la jardinera. Peritos determinaron que la causa de muerte fue congestión visceral generalizada.

Según el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez), Brayan “N” engañó a Gilda con la promesa de regalarle un teléfono celular. La joven salió de su casa para encontrarse con él, pero no regresó.

La investigación reveló que Gilda se dirigía al Mercado Martínez de la Torre, en la colonia Guerrero, cuando desapareció. La fiscalía capitalina ya había emitido una ficha de búsqueda.

El feminicidio generó indignación entre vecinos de Tlatelolco, quienes se manifestaron exigiendo justicia y mayor seguridad en la zona. También denunciaron la falta de iluminación en calles y espacios públicos.

En respuesta, la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que incrementó un 40 por ciento la presencia de policías en la zona y prometió rehabilitar casetas de vigilancia y alumbrado público.

El detenido será presentado ante un Juez para definir su situación jurídica. La FGJ-CdMx recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, no se le puede considerar culpable hasta que un tribunal lo determine.

Organizaciones y colectivas feministas han exigido que el caso no quede impune y que las autoridades actúen con diligencia para garantizar justicia.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"Que cada quien saque sus conclusiones": CSP respalda apertura del Rancho Izaguirre

Claudia Sheinbaum reiteró que su Gobierno no se confrontará con las madres buscadoras y familiares de víctimas de desaparición forzada.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó este viernes la decisión del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de abrir las puertas del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, a medios de comunicación y madres buscadoras, pues consideró a esta una medida necesaria para que cada quien saque sus conclusiones.
"Me pareció muy bien que el Fiscal haya abierto el lugar (Rancho Izaguirre) para que cada quien sacara sus conclusiones", dijo y pidió a los periodistas que reporten lo que vieron.
Durante la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo Federal aclaró que la historia del país ha cambiado y actualmente la desaparición no tiene que ver con un asunto de Estado, como han difundido algunos medios de comunicación.

"Está vinculada, ahora la desaparición -y eso es muy importante- principalmente a la delincuencia organizada, porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado, el Gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del Gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora y en efecto muchas veces se utiliza a los familiares de las víctimas que tiene un dolor enorme y que nosotros nunca nos vamos a confrontar con ellas, para ser víctimas de una narrativa", sostuvo.


Sheinbaum Pardo reconoció que existen medios que han entendido que se ha comenzado a vivir una nueva etapa, pero hay otros medios y personajes que “sin información comienzan a difundir una nota [...] para equipararse al tema del terrorismo”
“Tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo, eso le toca a la Fiscalía General con la información que le de la Fiscalía Estatal y segundo, que cada uno de los periodistas que fue a ese lugar, más allá de la situación de las víctimas, que diga qué vio, con responsabilidad y después ya esta historia que se ha ido construyendo. Que los periodistas narren los que vieron”, declaró.
Finalmente, la Presidenta Sheinbaum refrendó el compromiso de su Gobierno para prevenir y evitar el delito de desaparición forzada, sancionarlo dentro del marco de la Ley, saber quienes son los responsables y poder seguir buscando con los familiares a las personas desaparecidas.

"Modificar las leyes para permitir que se prevenga, que se sancione y que se siga buscando a las víctimas de desaparición y apoyar a los familiares", expresó.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum pide a FGR investigar “a fondo” caso Teuchitlán y a medios que informen con “responsabilidad”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, el 21 de marzo de 2025, que ahora tocaba a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar, “a fondo”, lo que sucedió en el rancho Izaguirre, que presuntamente era usado como campo de adiestramiento y crematorio clandestino del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que la indagatoria también debería hacerse con la información que otorgara la Fiscalía del Estado de Jalisco.

“Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo, y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía estatal”, señaló la mandataria estatal, quien pidió, además, a quienes asistieron al recorrido en el rancho, dar a conocer con responsabilidad qué es lo que vieron.

“Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares, de los colectivos, que diga qué vio con responsabilidad”, solicitó la presidenta, quien también enfatizó que primero quería fortalecer las leyes que tenían que ver con las desapariciones en México y después lo del caso del rancho.

“Queremos primero el fortalecimiento de las leyes y todo lo que tiene que ver con el problema de los desaparecidos, de la desaparición como delito y cómo lo atiende el Estado mexicano, el Gobierno de México, la Fiscalía, los jueces, después qué pasó en ese rancho, que los periodistas narren lo que vieron cómo lo están haciendo ustedes”, expresó Sheinbaum Pardo.

“Y tercero, toda esta bola, que en realidad están en contra del Gobierno, no hay otra razón y que en efecto divulgan esta información, entre otras cosas, pues también para equipararse al tema del terrorismo”, enfatizó la mandataria nacional, quien también celebró que se hubiera abierto el predio para el recorrido.

“En efecto, ayer se abrió este rancho en donde, un rancho en donde en septiembre, más bien en septiembre del año pasado, lo explicó muy bien el Fiscal [Alejandro Gertz Manero], entró en su momento la Guardia Nacional, hubo detenciones, se dejó el resguardo a la Fiscalía estatal”, recordó la presidenta de la República.

“[El] Fiscal narró desde su perspectiva qué pasó con ese resguardo y después viene pues estas fotografías que salieron con un colectivo de personas que buscan a sus familiares, con una fotografía de ropa, eso es digamos los hechos”, expresó Sheinbaum Pardo.

“Ya la Fiscalía pues tiene que hacer su investigación, a partir de lo que puede recuperar también de la Fiscalía estatal. Y me pareció muy bien que el Fiscal haya abierto el lugar pues para que cada quien sacara sus conclusiones”, finalizó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Familia de ‘Kiki’ Camarena demanda, en EU, a Caro Quintero, a “Don Neto” y a Félix Gallardo

Familiares de Enrique “Kiki” Camarena presentaron, el 19 de marzo de 2025, una demanda civil, en la Corte Federal de San Diego, California, contra Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto” cofundadores del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México-, para exigir pago de daños y perjuicios a los tres capos sinaloenses, a los que acusan de “actos de terrorismo”, por el secuestro, tortura y ejecución del del agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), en 1985.

Los afectados -entre ellos nueve parientes de Camarena, incluidos su viuda y tres hijos-, demandaron a Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, bajo reglas de la Ley Antiterrorismo de 1992, que permitía a cualquier estadounidense afectado por este tipo de actos, demandar a los extranjeros supuestamente responsables de dicho delito.

Sin embargo, los demandantes no especificaron el monto de su reclamo, que quedaría a decisión del jurado, pero pidieron pago por daños compensatorios, daños punitivos, y un concepto conocido como “treble damages”, previsto en la Ley Antiterrorismo, por el cual la Corte Federal debería triplicar la cantidad que determinara el jurado.

“Como integrantes de una organización criminal de narcotráfico especialmente designada, y de una organización terrorista extranjera, los demandados causaron las lesiones y muerte aquí descritas, y son responsables por los actos criminales, incluidos actos de terrorismo internacional, conspiración para cometer actos de terrorismo internacional, y participación en una empresa criminal continua con fines de terrorismo”, señalaron los afectados en la demanda.

Según lo reportó el diario Reforma, la mayor parte del escrito era una narración de la vida de Enrique Camarena, su carrera en el Cuerpo de Marines y sus años como policía local en Calexico, California, antes de unirse a la DEA y ser transferido a Guadalajara, Jalisco.

También detalló el secuestro de Camarena y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, perpetrado en febrero de 1985, como reacción de Caro Quintero ante vuelos de reconocimiento que llevaron a un decomiso masivo de mariguana en el rancho Búfalo, ubicado Chihuahua, en noviembre de 1984.

Además, se alegó el sufrimiento de su esposa, Mika, quien se quedó esperando a Camarena en un restaurante en Guadalajara el día que fue secuestrado, y luego tuvo que quedar con sus hijos bajo vigilancia permanente del Gobierno de EE. UU., antes de regresar a San Diego.

Según datos del Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés), Caro Quintero -de 72 años de edad- se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), con el número de registro 12303-016, ello después de ser enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos, por supuestas causas de seguridad nacional.

Caro Quintero se declaró, el 28 de febrero de 2025 -luego de ser extraditado a EE. UU., un día antes-, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, como no culpable, de los múltiples cargos en su contra.

Por su parte, lo último que se supo del capo sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino” -fundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara y quien habló por primera vez en público en los 32 años que llevaba preso-, fue en agosto de 2021, cuando se calificó a sí mismo, como un hombre “honesto”, que dijo no saber nada de los crímenes y leyendas que le imputaban.

Durante una entrevista que la cadena estadounidense Noticias Telemundo le realizó, se veía al ex narcotraficante como un hombre anciano, de 75 años de edad -ahora tendría 79-, preso en la zona de máxima seguridad del Penal Estatal de Puente Grande, en Jalisco, postrado en una silla de ruedas, sordo, ciego, afectado por una neumonía y con el brazo roto.

Asimismo, en la entrevista negó haber conocido a Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), asesinado el 7 de febrero de 1985, también en Guadalajara.

“Es un tema muy lamentable. Este señor Camarena. Quienes fueron, quienes hayan sido, hay autores materiales e intelectuales, presos, que han pagado su vida en la prisión y que les ha ido muy mal”, aseveró Félix Gallardo.

“Ignoro el porqué se me relaciona, porque a ese señor yo no lo conocí. Porque te vuelvo a repetir: yo no soy una persona de armas. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre”, insistió el fundador del Cártel de Guadalajara.

Aunado a lo anterior, “El Jefe de Jefes” le deseó a Mika Camarena, viuda del finado agente de la DEA, “la resignación y que tenga la satisfacción de que los culpables del asesinato de su esposo están pagando sus culpas (sic)”.

Por otra parte, Félix Gallardo negó conocer a los también capos sinaloenses Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, los otros dos fundadores del Cártel de Guadalajara.

“No los conozco. En la calle no nos conocimos. Estas personas y yo nunca hemos platicado al respecto. Mi abogado, [Fernando] Martínez Inclán, me dijo: ‘no estás involucrado, nunca platiques’”, señaló ‘El Jefe de Jefes’.

A cinco meses de que terminara de pagar su condena de 40 años de prisión por el asesinato del ex agente de la DEA y del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el capo sinaloense “Don Neto”, pidió que su castigo se tuviera por cumplido y quedara libre antes de compurgar su pena, el 7 de abril de 2025.

Según lo informó el diario Reforma, el 22 de noviembre de 2024, citando registros judiciales, el cofundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara, promovió, ante Jesús Chávez Hernández, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, una demanda de amparo para que resolvieran su solicitud de remisión parcial de la pena, un beneficio que consiste en descontar un día de prisión por cada dos de trabajo a los sentenciados.

El capo sinaloense, de 94 años de edad, reclamó en su demanda de amparo, que tanto el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, como el Juzgado Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, no emitieron ningún acuerdo a su recurso de queja y ejecución de la sanción penal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sheinbaum destina fondo de 12 mil millones para pueblos indígenas y afrodescendientes

Sheinbaum anunció que, por primera vez, se destinarán 12 mil 374 mdp directamente a pueblos indígenas y afromexicanos, que decidirán el uso de los recursos mediante asambleas comunitarias.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes la asignación histórica de 12 mil 374 millones de pesos a comunidades indígenas y afromexicanas. Este fondo proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y es el primer esfuerzo de distribución directa hacia estos pueblos, sin la intervención de gobiernos estatales ni municipales.

El monto, equivalente al 10 por ciento del total del fondo, se utilizará para proyectos de infraestructura básica, como agua potable, electrificación, drenaje, y mejoras en vivienda y salud. Las comunidades serán las encargadas de decidir cómo distribuir los recursos a través de asambleas, que se llevarán a cabo entre el 1 y el 30 de abril.

Sheinbaum destacó que esta medida es posible gracias a la reforma constitucional del año pasado, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho con patrimonio propio.

Esta reforma garantiza que los recursos sean gestionados directamente por las comunidades, eliminando intermediarios en el proceso.
"Es un cambio radical en la visión de los pueblos originarios porque por primera vez son reconocidos como sujetos de derecho", comentó Sheinbaum.
En total, 15 mil 217 comunidades en 27 mil 792 localidades se beneficiarán del programa. De estas, 14 mil 748 corresponden a pueblos indígenas, mientras que 431 comunidades son afromexicanas. Los estados con mayor número de comunidades beneficiadas son Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

La distribución del dinero se gestionará de forma similar a otros programas federales como “La Escuela es Nuestra”, en los cuales las comunidades eligen en asamblea cómo utilizar los fondos.

En este caso, se formarán dos comités en cada comunidad: uno para administrar los recursos y otro para vigilar su ejecución.


“Las comunidades elegirán, si ya tienen autoridades, a esas autoridades, y si no, se creará una comisión encargada de la administración”, explicó la Presidenta en la conferencia matutina.
Para garantizar la transparencia, las asambleas estarán a cargo de autoridades indígenas elegidas conforme a sus propios sistemas normativos. Las autoridades del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) también jugarán un papel clave en la coordinación del proceso.

El catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas será utilizado como la referencia oficial para identificar a las comunidades beneficiadas. La información sobre cada una de ellas se encuentra disponible en línea, facilitando el acceso y la verificación de los datos.

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, subrayó que esta nueva modalidad representa un paso hacia la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos en la gestión de sus recursos, lo que se alinea con el objetivo del Gobierno de empoderar a estas comunidades.


“Este es un cambio profundo en la relación del Estado con los pueblos originarios”, añadió Sheinbaum. Este modelo de distribución directa de recursos asegura que las comunidades puedan decidir lo que mejor se ajusta a sus necesidades, sin depender de otros niveles de Gobierno.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fuerzas federales aseguran mega laboratorio de metanfetamina en sierra de Zacatecas

La Secretaría de Marina, en colaboración con otras fuerzas de seguridad, desmanteló un mega laboratorio clandestino en Zacatecas, evitando la producción de 27 toneladas de metanfetamina.

La Secretaría de Marina (Semar), junto con la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró un mega laboratorio clandestino en el municipio de Zacatecas. El laboratorio estaba destinado a la fabricación de drogas sintéticas, particularmente metanfetamina.

La operación se llevó a cabo en el poblado de Carrizalillo, donde las fuerzas federales localizaron un complejo de laboratorios en una extensión de 395 mil metros cuadrados. En este complejo, los operativos encontraron equipamiento diverso, como reactores, tanques de gas, mezcladoras, motogeneradores, y cientos de bidones y tinas, utilizados para el proceso de fabricación de las sustancias.

En total, las autoridades aseguraron 36 reactores, 56 tambos, 65 tinas, nueve mezcladoras, 77 tanques de gas y otros equipos destinados a la producción y almacenamiento de precursores químicos. Entre los materiales incautados se encontraban más de 63 mil litros de sustancias, como cloruro de bencilo y sosa cáustica, que son fundamentales en la producción de metanfetamina.

Además, se aseguraron más de 10 mil litros de precursores químicos en el área de síntesis, junto con aproximadamente 16 mil kilogramos de diferentes sustancias, siendo el ácido tartárico la más frecuente. Las sustancias fueron destruidas para evitar que fueran utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas.
El aseguramiento del laboratorio tuvo un impacto significativo, pues se evitó la producción de 27 mil 930 kilogramos de metanfetamina, equivalentes a cerca de 700 millones de dosis. Esta cifra resalta el alcance del operativo y la amenaza que representaba dicho complejo clandestino.

El director de la Semar destacó que en lo que va de la administración actual, se han logrado aseguramientos importantes, como 34 mil 232 kilogramos de metanfetamina, 202 mil 907 litros de precursores químicos y más de 122 mil kilogramos de estos materiales.

Este operativo es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que busca debilitar las organizaciones delictivas involucradas en la producción y distribución de drogas para proteger la salud pública.

El Gabinete de Seguridad, que coordina estas acciones, subrayó que el desmantelamiento de este laboratorio es parte de los esfuerzos continuos para frenar la manufactura de sustancias peligrosas que alimentan los mercados ilícitos tanto en México como en otras naciones.

Finalmente, la Semar y otras fuerzas federales seguirán implementando patrullajes de vigilancia en zonas clave para detectar y destruir más laboratorios clandestinos que puedan estar operando en el país.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía de Morelos revisará posibles omisiones en el caso contra Cuauhtémoc Blanco

El fiscal general, Édgar Maldonado Ceballos, afirmó que el análisis interno buscará esclarecer si hubo irregularidades en el proceso y, en caso de detectarlas, se aplicarán las sanciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Morelos realizará una revisión interna para determinar si hubo omisiones en la integración de la carpeta de investigación contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador de Morelos y actual diputado federal, luego de que la Cámara de Diputados declarara improcedente el juicio de procedencia en su contra.

El fiscal general, Édgar Maldonado Ceballos, afirmó que el análisis interno buscará esclarecer si hubo irregularidades en el proceso y, en caso de detectarlas, se aplicarán las sanciones correspondientes. “Estamos revisando con total responsabilidad los procedimientos seguidos en la conformación de este expediente, que fue integrado bajo una administración anterior”, puntualizó.

La denuncia fue presentada en octubre de 2024, pero la carpeta de investigación LXVI/HCD/DP/02/2025 se conformó hasta febrero de este año. Ante esta situación, Maldonado Ceballos instruyó a la Visitaduría General y de Asuntos Internos a revisar a fondo el expediente y determinar si existieron deficiencias.

El fiscal dejó en claro que no se encubrirán posibles irregularidades. “Si se detectan errores u omisiones, tomaremos medidas conforme a la ley y aplicaremos las sanciones necesarias a los servidores públicos responsables”, enfatizó.

Asimismo, aseguró que la Fiscalía entregó en tiempo y forma la información solicitada por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. “Hemos actuado con total transparencia y disposición. La documentación requerida fue enviada dentro de los plazos establecidos para su análisis”, explicó.

Finalmente, Maldonado Ceballos señaló que la Fiscalía esperará la notificación formal del Congreso para revisar los argumentos de la resolución y definir su postura institucional. “Respetamos el marco legal y actuaremos con prudencia. Nuestro compromiso es con la legalidad, la transparencia y el debido proceso”, concluyó.