En sus propuestas, la primera mandataria habló de protocolos para generar una alerta de búsqueda inmediata de desaparecidos y el inicio de investigaciones, como si fueran nuevas. Ambas acciones ya están ordenadas en la Ley, pero las corporaciones de las entidades del país no las cumplen. Aquí, lo interesante será ver que ahora los obliguen o los castiguen por no hacerlo.

Respecto al Certificado Único de Registro de Población que mencionó, como hermano gemelo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que se exige en trámites gubernamentales, escolares, laborales y de salud, pero que, al fortalecerse ahora será requerida para “todos” los trámites de los registros administrativos del país “.para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas”, en cuanto a su propuesta de la Base Única de Información Forense, sólo le cambió el nombre al ya existente (en papel y legislado): Banco Nacional de Datos Forenses que desde 2017 la Fiscalía General de la República, ha evitado echar a andar y que se supone debía cumplir ya siete años, alimentando con datos de los 32 servicios forenses y las fiscalías federales.

La Plataforma Nacional de Identificación Humana planteada por Sheinbaum es también el símil del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que el 9 de agosto de 2022 anunció el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que estaba echando a andar y casi tres años después continúa inoperante y  con un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y Reclamadas, desmantelado por el anterior gobierno y que según lo dicho por Sheinbaum, ahora se robustecerá.

Lo de “fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el fin de ampliar su capacidad de atención y la adquisición de equipos que acompañen la búsqueda con evidencia científica”, también ya está ordenado. En todo caso, lo novedoso sería “el compromiso” de publicar mensualmente la incidencia de las desapariciones, aunque legalmente esa información que debería ser pública.

También destacable, lo de equiparar el delito de desaparición con el secuestro, porque, aunque “la legislación actual establece penas homologadas para el delito de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada”, como han destacado los críticos, la realidad es que tienen penalidades diferentes.

Quien secuestra o cometa delito de desaparición forzada, enfrentará penas de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa, más lo que acumulen por agravantes; mientras que, para quien comete el delito de desaparición, las condenas van de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa; y para quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, la penalidad va de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa. En ese contexto, lo de “equiparar” no suena mal, será cuestión de ver la aplicación real de la propuesta.

Al final, la oferta de la Presidenta resultó ser la de impulsar la implementación real de leyes y protocolos que, pese a existir, hasta hoy no están funcionando o lo hacen deficientemente por falta de voluntad política. Y de ser verdad, aunque echarlos andar es su obligación, esto sería un paso adelante, porque sus antecesores no lo han hecho.

De entrada, Claudia Sheinbaum no evadió el tema, y frente a la crisis que representó que el 12 de marzo la colectiva Guerreros Buscadores, localizaran restos óseos, decenas de objetos y prensas de vestir, propiedades de personas presuntamente desaparecidas y reclutadas en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, aparentemente usado como centro de entrenamiento, de exterminio y oficina del Cártel Jalisco Nueva Generación, al abordar el tema de desaparecidos -como es su obligación constitucional-, reconoció nacionalmente la crisis que otros funcionarios intentan minimizar. Ya habló, y no se le puede permitir echarse para atrás.

Ciertamente sus líneas de acción carecen de novedad, pero al revivirlas, cambiarles el nombre como acostumbran hacer los nuevos gobernantes y agregarlas como reformas -aunque resulte ocioso- la doctora está, públicamente y moralmente, haciendo suyos compromisos que ya le imponían las leyes.

Ahora, como siempre toca a la sociedad organizada y a los colectivos analizar el contenido de las reformas, su utilidad, darles seguimiento a las promesas y exigirle a la Presidenta que cumpla.

En todos los estados de la República Mexicana hay colectivos de búsqueda de personas. En todas las entidades federativas, estos colectivos son ignorados por gobiernos y fiscalías estatales. En Baja California, por ejemplo, se dio el caso aquel cuando a los buscadores no los auxilió la Fiscalía General del Estado (FGE) para acompañarlos con maquinaria en su búsqueda y el gobierno fue implacable en su indiferencia: un diputado de Morena (Juan Manuel Molina, se llama) envió un comunicado con imágenes donde se le ve entregar a colectivos de búsqueda de personas, herramientas como picos y palas, adquiridas para su vanagloria personal, con los recursos públicos legislativos.

Con el descubrimiento por parte del colectivo Buscadores Guerreros de Jalisco el 5 de marzo del año en curso en un rancho de muerte y exterminio en Teuchitlán, Jalisco, la apatía, indiferencia e incapacidad gubernamental para atender la causa de los desaparecidos, que suma cientos de miles de casos en el país en los últimos diez años, ha sido más palpable, evidenciando esa empatía selectiva que parece distinguir a los políticos que hoy en día concentran el poder en México.

No sólo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró una reunión con los seguidores de su partido en el Zócalo el 9 de marzo, tres días después de descubierto el rancho del exterminio. Congregó a gobernadores de su partido, legisladores y líderes partidistas, y una semana después, se le vio bailando con una niña de secundaria en Chiapas, como parte de sus giras. La empatía de la Presidenta está con la niña que feliz baila, pero no con aquella cuyo padre, hermano o abuelo, están desaparecidos.

Claudia Sheinbaum ha intentado de todas formas zafarse de la responsabilidad de haber contribuido, de alguna manera, a la existencia de un rancho del exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sea como una herencia trágica y fatal de la política de los Abrazos, no balazos que imperó en el periodo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que proveyó impunidad a los cárteles de la droga para hacer ranchos de exterminio, asesinar personas, desaparecer a otras, extorsionar a unas más; o porque la Fiscalía General de la República (FGR) no ejerce su facultad y obligación de investigar y procesar los casos de delitos que bajo su fuero debe indagar, como una instalación apócrifa donde se mantuvo secuestradas a personas, privadas de la libertad, donde se utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército, donde se habilitaron crematorios para deshacerse de cuerpos y se inhumaron restos, la titular del Poder Ejecutivo federal incluso ha intentado responsabilizar a la oposición y a sus “adversarios” de pagar millones de pesos en redes sociales para “atacarla” con el descubrimiento del horror en Teuchitlán, como si la indignación social a lo largo y ancho del país por lo allí sucedido no fuera orgánica, no fuera legítima, no fuera una terrible realidad del país.

La mandataria nacional debe justificar que alguien está pagando esas menciones antes de creer que así piensa y así se siente una parte del pueblo que ella gobierna para todos.

El jueves 20 de marzo, los buscadores regresaron al rancho del exterminio, luego que la FGR lo interviniera sólo para responsabilizar de omisiones a la Fiscalía de Jalisco, sin atraer el caso para su investigación, pero sí condenando a la autoridad local. Lo que encontraron los buscadores 15 días después de haber localizado el rancho, les afectó sobremanera: borraron todas las evidencias de la muerte, del exterminio, de la privación de la libertad de las personas, de los crematorios, de las zonas de adiestramiento y confinamiento, de la presencia de lo que se supone fueron cientos de personas que habitaron en condiciones terribles y fatales, esa propiedad.

Ni la FGR, ni la Presidencia de la República, ni la Fiscalía de Jalisco, podrán borrar los videos tomados por colectivos de búsqueda de personas cuando localizaron cientos de objetos ahí arrumbados que alguna vez pertenecieron a sus desaparecidos: mochilas, vestimenta, zapatos, productos personales y prendas. Huesos enterrados, restos que alguna vez conformaron un ser humano. Contra la limpieza del gobierno de toda evidencia de la comisión de delitos en ese rancho, están las pruebas de la atrocidad que documentaron los buscadores antes de la llegada de los gobiernos.

Los colectivos que acudieron el jueves 20 de marzo al rancho del exterminio están indignados, frustrados. Alejandra, una de las madres buscadoras, resumió: “Sentí más dolor, yo creí que venir aquí me iba a dar un poco de calma y me voy peor”.

Como muchos otros, se sintió burlada por la desaparición de toda evidencia por parte de la autoridad, “… el Gobierno, no se vale que se burle de nosotros, entras como en un zoológico, un museo, donde yo no vengo a ser la burla de nadie; yo vengo a buscar a mi hijo y a mi sobrino, lo único que quiero es encontrarlos”.

Alejandra invitó a las autoridades a acompañarlos, a entenderlos, a que “tengamos un pedazo de corazón aquí”. Pero ni ella ni los colectivos de buscadores a lo largo de los estados de la República Mexicana, ni los desaparecidos, cuentan con la empatía de una clase política selectiva con las causas sociales, indiferente al dolor de una parte de la población, en la que efectivamente no dejan ni “un pedazo de corazón”.

“Vamos en ruta correcta, Oaxaca seguirá siendo el motor de crecimiento del sur-sureste y ejemplo de que la Cuarta Transformación coloca en primer lugar a los más pobres y genera una prosperidad compartida para todas y todos los mexicanos”, dijo el gobernador el pasado 17 de marzo.

¿Por qué clausuró la Profepa en 2014?

La construcción de la presa Paso Ancho inició en 2012, durante la administración del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, en los municipios San Vicente Coatlán y Sola de Vega, con una inversión inicial de 3 mil 341 millones de pesos.

En esa fecha, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca (Sinfra), a cargo de Nezahualcóyotl Salvatierra (quien también fue secretario de Infraestructuras del gobierno de Salomón Jara Cruz hasta diciembre de 2024) pagó a dos empresas por adjudicación directa al menos 2 millones de pesos, sólo para la elaboración de dictámenes de impacto ambiental para la Presa de Paso Ancho, que debían incluir un análisis jurídico.

Uno de los contratos fue para la empresa “Planeación, Sistemas y Control, SA de CV” del Distrito Federal, por 980 mil pesos, y otro a “QV Gestión Ambiental S. C.” por 958 mil pesos.

Pero meses después la Profepa clausuró el proyecto “de manera total temporal” por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Semarnat informó que la empresa responsable de obra, Tradeco infraestructura, no presentó información técnica y documentación legal del lugar donde se desarrollaba el proyecto. Por ello, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat resolvió desechar dicha autorización que implicaba la afectación de una superficie de más de una hectárea.

La obra se paró en su totalidad y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad (ahora Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública) inició una investigación por presuntas irregularidades.

Es un proyecto inviable, dicen organizaciones

El ambientalista Juan José Consejo Dueñas, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad en Oaxaca (INSO), advirtió que en la zona metropolitana de Oaxaca hay una crisis que pone en riesgo la viabilidad del Valle Central, una “crisis grave y compleja” que no puede ser resuelta por una obra, sino que requiere de un conjunto de medidas legales, técnicas, administrativas y económicas.

Advirtió que han cambiado los paradigmas y la discusión de cómo abordar los temas ambientales e hídricos, por lo que retomar este proyecto es un retroceso.

“Sabemos que tiene elementos insalvables, por ser obras increíblemente caras, y existen muchos análisis al respecto, no sólo se trata del vaso y la presa, sino también un acueducto de más de 80 kilómetros, que tardaría mucho, es decir, ya no es una respuesta a los muchos problemas del agua”, comentó.

Consejo Dueñas dijo que los supuestos en que está fundado son hoy más discutibles pues las presas suelen tener una vida útil de entre 20 y 25 años, un periodo muy corto en relación de lo que cuesta construirlas.

Las organizaciones integrantes del OCCAMA  señalan que hay otras soluciones al problema hídrico de Oaxaca e hicieron énfasis en la necesidad de que las autoridades impulsen procesos participativos donde los diferentes niveles de gobierno asuman su responsabilidad para recuperar y sanear fuentes de agua a nivel local, fortaleciendo la gobernanza del agua desde una visión de cuenca, antes de emprender proyectos donde se vulneran derechos de comunidades en beneficio de grandes urbes que no modifican sus dinámicas de sobreexplotación y contaminación del agua.

Por su parte, Gustavo Vallejo, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, señaló que el área a su cargo tiene “la misión” de terminar el proyecto en un año y medio, e informó que desde el pasado 20 de noviembre ya recibieron recursos.

Tanto el gobierno federal como el local, a través del gobernador Julio Menchaca, estiman que las obras del tren México-Pachuca generarán alrededor de 40 mil empleos directos y el doble de indirectos.

El mandatario también mencionó que durante la construcción se pueden presentar algunos inconvenientes, uno de ellos sería la liberación del derecho de vía en algunas comunidades del municipio de Zempoala en las cuales, dijo, ya se entabló diálogo con el objetivo de “hacer todo lo correcto”.

En el evento, la presidenta Sheinbaum dijo que este año también iniciará la construcción del tren México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo León.

El presunto líder criminal, de 51 años, fue detenido junto a una mujer, de 43. Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló a José Gregorio “N” como presunto líder de una célula del CJNG y responsable del “reclutamiento y adiestramiento de personas”.

Hasta el momento, autoridades no han detallado si el detenido está relacionado con el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en donde buscadoras localizaron indicios de que el sitio podría haber sido usado como centro de adiestramiento y exterminio.

El secretario Omar García Harfuch dijo que este lunes 24 darán más información sobre la detención del presunto reclutador.

En el operativo para detener a José Gregorio “N” participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, SSPC y del Centro Nacional de Inteligencia.

Tras la clausura, la empresa aseguró en un comunicado que la supervisión de las autoridades estatales y federales, “así como las distintas auditorías que realizan de manera independiente clientes, proveedores y certificadoras internacionales, dan cuenta del cumplimiento de Zinc Nacional con la regulación aplicable y la implementación de estándares internacionales con los que operamos”.

La periodista Verónica García de León afirmó en Aristegui en Vivo que “las tomas en 18 lugares alrededor de la planta tienen altas concentraciones de estos metales pesados que nosotros habíamos visto ya en estos reportes anuales. Lo que nos impacta es que está presente en los hogares de las personas, de las casas que se analizaron”.

Dijo que mientras realizaban la investigación, las autoridades ya les habían comentado que se realizaría la inspección, sin embargo, no esperaban que la reacción fuera tan rápida tras la publicación del reportaje el pasado 14 de enero. “La figura que ellos describen, para hacer esta clausura, es un cierre, una clausura total temporal, en la que 15 equipos que no tienen autorización son cancelados“, agregó.

La reforma al Poder Judicial ha derivado en preocupaciones de diversos organismos e instituciones por los efectos que tendrá la misma en aspectos políticos, económicos y sociales del país.

La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió el año pasado sobre la preocupación por las “amplias” implicaciones para la independencia judicial en México.

México tendrá, en la primera elección popular del Poder Judicial, un récord de más de 100.4 millones de votantes potenciales y 4,097 candidatos, según cifras preliminares del gobierno federal.

La colectiva feminista 50 mas 1 que lleva un puntual seguimiento de los feminicidios en Chiapas, señaló que los habitantes del lugar, habían emprendido la búsqueda de la niña, y hace tres días de acuerdo a los testimonios, las autoridades desplegaron un operativo.

Fue el viernes que familiares, conocidos y pobladores de La Victoria, San José y Pantaleón Domínguez, se reunieron, cuando informaron que el cuerpo de la niña había sido hallado en la carretera que va de Simón Bolívar y Ruiz Cortínez, en un punto conocido como Malpaso.

Más tarde dieron a conocer que fueron detenidos una mujer y dos hombres, implicados en el secuestro y feminicidio de la niña, pero la Fiscalía no ha confirmado la información hasta ahora.

50 más 1 al expresar su pésame a la familia de Perla Alison, que sufre una pérdida irreparable, a sus amistades, al personal docente y estudiantil de su escuela, subrayó la importancia de que los gobiernos municipales emprendan campañas para visibilizar la violencia de género.

En Mapastepec, dijo la colectiva Mapachtépec Fem, “se respira el incremento terrible de la violencia e inseguridad, resultado de los malos gobiernos; donde antes se respiraba tranquilidad, ahora nuestras hijas ya no pueden salir tranquilas de casa, sin tener miedo a que algo les pueda suceder”.

Dijo que en la localidad solo en el mes de marzo se han presentado dos feminicidios con el de la niña. Las feministas demandaron al presidente municipal, Amando Espinosa de la Cruz a hacer el acompañamiento a las familias de víctimas de feminicidio para que se les haga justicia, “que sea un canal de comunicación y exigencia ante la fiscalía para que se dé con los responsables”.

50 más 1 pidió a las autoridades competentes investigar el caso con perspectiva de género y solicitar en los tribunales todo el peso de la ley contra los presuntos responsables. ?“Con el feminicidio de Perla Alison son seis los casos que se han presentado en lo que va del año. Solo en el mes de marzo se han registrado cuatro feminicidios”, manifestó.

El TDJ, junto con el órgano de administración judicial, será uno de los que sustituirá al CJF a partir de septiembre próximo, conforme a la implementación de la reforma judicial.

Por primera vez, dicho órgano tendrá facultades para investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes actualmente sólo pueden ser sancionados por algunas causales por la Contraloría del Máximo Tribunal.

La denuncia contra Esquivel Mossa se encuentra empantanada en una consulta sometida por la ministra presidenta Norma Piña a sus compañeros en la SCJN debido a que nunca había sucedido que un integrante del Pleno fuera denunciado por hechos ocurridos más de 30 años antes de ser designado ministro.

En dicho expediente también se encuentra la denuncia presentada contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y sus excolaboradores acusados de presionar a juzgadores para emitir sentencias “a modo” y otra denuncia presentada contra Norma Piña por reunirse con magistrados electorales y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en diciembre de 2023.

Jaime Santana Turral detalló que en el CJF la Comisión que encabezó recibió diversas denuncias contra la administración del ahora ministro en retiro, Luis María Aguilar Morales, en el Poder Judicial, muy parecidas a la que fueron presentadas contra Zaldívar y sus excolaboradores.

“De manera irregular no se señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar de las múltiples conductas que se señalaron, ponía a todos en ciertos cajones como que todos extorsionaron, presionaron, se aliaron a cierto bufete o a algún personaje político, de tal manera que en cada uno de esos cajones hacían imputaciones de carácter genérico”.

El magistrado fue señalado por “hacerle la vida imposible” a la magistrada Isabel Porras, quien supuestamente se habría negado a resolver conforme a las exigencias de Carlos Alpízar, excolaborador de Zaldívar, un amparo tramitado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, procesado penalmente en la administración de López Obrador por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Sin embargo, Santana Turral afirma que esto nunca ocurrió e incluso se dijo amigo de la magistrada Porras.

“En el área en la cual yo me encontraba ella tenía algunos temas de procedimientos de responsabilidad, sin embargo, aunque en la normativa del Consejo no existe la figura del impedimento de los secretarios ejecutivos, yo solicité al entonces presidente que en todos los temas relacionados con la magistrada Porras se me excusara derivado de la amistad que tengo con ella. El presidente estuvo de acuerdo y lo sometió al Pleno del Consejo y me excusaron”, relató.

“Yo no tenía bajo ninguna circunstancia la posibilidad ni de favorecer, pero menos aún, de coaccionar, de presionar a mi amiga la magistrada Porras”.

Reconoció que al llegar a la Comisión de Disciplina advirtió a Zaldívar que dentro del PJF existían conductas graves que debían ser atendidas de manera urgente, como el acoso sexual, abusos, violaciones, sentencias irregulares, que permanecían ocultos en la institución o cuyos procedimientos disciplinarios llevaban años estancados.

Mal cálculo político

Para Santana Turral, la filtración de la denuncia contra Zaldívar a medios de comunicación pudo venir directamente de la ministra presidenta, Norma Piña.

“Si vemos el resultado de las cosas y cómo fue evolucionando este tema, pues yo tampoco podría dudar que ella (la ministra Piña) fue la que estuvo detrás de esta situación. Yo considero que eso pudo haber sido un tema de un mal cálculo político de la señora ministra de poder utilizar esta denuncia para tratar de perjudicar a Arturo Zaldívar quien ya estaba colaborando con Claudia Sheinbaum”, refirió.

“Yo creo que esto estaba más orientado a tratar de desprestigiar la campaña de la presidenta, ésa fue la lectura que yo le di en ese momento porque no encontraba justificación de por qué, esa denuncia refiere hechos de 2019 a 2022, cuatro años de conductas irregulares, donde nadie dijo nada”.

Recordó que en diciembre de 2023 la ministra Piña se reunió con los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, así como con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno.

El 16 de mayo de 2024, Proceso informó que dicha reunión tenía como objetivo realizar una transición tranquila en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de la renuncia de su presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la elección exprés de Mónica Soto en su lugar, pero que la presencia de Alito Moreno no fue requerida por Piña Hernández.

Sin embargo, para Santana Turral la presencia del priista en dicha reunión confirma la teoría de que Piña filtró la denuncia contra Zaldívar para evitar que Claudia Sheinbaum llegara a la Presidencia de la República.

“Yo no veo otra finalidad distinta. En diciembre previo a este año se realizaron reuniones entre la ministra presidenta y otros actores políticos que no eran acordes al partido de la presidenta Sheinbaum”, apuntó.

La denuncia contra Zaldívar y sus excolaboradores fue desechada el pasado 4 de diciembre de 2024 por mayoría de votos de los consejeros de la Judicatura afines al gobierno federal: Celia Maya, Bernardo Bátiz, Sergio Javier Molina Martínez y Eva Verónica de Gyvés Zárate.

Esto, al resolver un recurso presentado por Carlos Alpízar, exsecretario técnico del CJF, en el que consideraron que la ministra Piña no debió admitir a trámite la denuncia por ser anónima y no traer pruebas.

Simpatizante de la 4T

El candidato a magistrado del TDJ se considera partidario de la 4T, aunque no está afiliado a ningún partido político, pero reconoció que comparte muchos de los ideales morenistas.

“El tema de los excesos, el tema de la prepotencia del servidor público, me parece que es inconcebible, es inaceptable”, indicó.

“Toda mi mi vida ha estado dedicada a que el servicio público se transforme y sea un servicio público cercano a la gente. No es un discurso, es la vida que yo he desarrollado durante ya 30 años en el Poder Judicial”.

Por ello, aunque él viene de la carrera judicial y reconoce que tiene beneficios, afirma que este mecanismo de designación de juzgadores no resolvió los problemas internos del PJF que lo tienen hoy en plena implementación de la reforma judicial impulsada por Morena.

“La soberbia que manejó al Poder Judicial durante décadas fue lo que nos puso un estado de desventaja donde la sociedad no estaba empatizada con nosotros. En cuanto se propuso a esta reforma al Poder Judicial de la Federación pues no había sociedad que pudiera respaldarnos, porque el Poder Judicial siempre estuvo alejado de la gente”, sentenció.

“Soy de carrera judicial, pero la carrera judicial no lo resolvió todo. La carrera judicial sí nos dotó de ciertas capacidades técnicas, pero no nos dotó de ninguna capacidad operativa ni ninguna capacidad de acercamiento con la sociedad. Nos deslegitimamos y por eso creo que el tema de la elección a través del voto popular nos puede dar la posibilidad de poder recuperar esa legitimación”.

La Fiscalía del Estado de Jalisco comunicó que un expolicía de la Comisaría de Tala fue acusado de la desaparición forzada de un hombre, que fue entregado a quienes poseían el rancho Izaguirre, y fue detenido el sábado 22 de marzo en el municipio de Acatic, Jalisco.

La detención de Gabriel J., de 22 años, fue ejecutada por policías de investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco. 

Las investigaciones indican que Gabriel J., junto a otros agentes a bordo de un vehículo oficial de la Comisaría de Seguridad Pública, interceptaron a la víctima mientras circulaba en una motocicleta. Los agentes municipales privaron de la libertad al hombre y posteriormente lo entregaron a civiles. La víctima reportó haber escuchado que sería entregado a "la gente".

Este suceso ocurrió antes del enfrentamiento y operativo de la Guardia Nacional contra civiles armados, registrado en el rancho Izaguirre el 18 de septiembre de 2024. Durante ese enfrentamiento armado, la víctima de la privación ilegal de la libertad y otra persona fueron liberadas.

La Fiscalía del Estado señaló que, a raíz de estos eventos, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas inició una investigación que identificó la participación de Gabriel J. en el acto ilícito.

Gabriel J. fue puesto a disposición del Juez de Control con cargos de desaparición forzada de personas. La dependencia estatal subrayó que durante el procedimiento se le informaron sus derechos legales. Las autoridades locales recordaron que, conforme a la ley, se le considera inocente hasta que un tribunal emita una sentencia en su contra.

Por separado, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este domingo en Colima a otro expolicía de Tala que tenía una orden de aprehensión en su contra por la desaparición forzada de la misma víctima entregada en el rancho Izaguirre.

En la conferencia de prensa que encabezó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el pasado miércoles 19 de marzo, manifestó que “obviamente, evidente y por supuesto” había colusión de los expolicías de Tala con quienes controlaban el rancho Izaguirre.

“Una de las víctimas señaló que esos policías de Tala cooptaron a esta persona y lo llevaron al lugar donde ocurrió el caso. Eso lo dicen los propios testigos, no soy yo quien lo dice, lo dicen los testigos”, declaró.

Ese mismo miércoles, el fiscal señaló: “De esos tres policías, uno está detenido, el jefe de la policía, y los otros dos tienen órdenes de aprehensión; no sé por qué no los han detenido”.

El cuerpo sin vida de otro hombre de entre 45 y 50 años, el cual tenía visibles huellas de violencia, fue encontrado a las 11:37 horas de la mañana en un camino vecinal en el área de un cerro, en la colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas

Dos horas después del hallazgo anterior, a las 13:47 horas de la tarde del viernes, se encontró sin vida a hombre de 31 años al interior de su departamento, ubicado en el tercer piso de un edificio instalado en la calle Guadalupe Victoria esquina con Avenida Presidente Miguel Alemán Valdez, de la colonia Infonavit Presidentes. El cadáver se hallaba en posición de cubito dorsal y presentaba lesiones, pero no se especificó de qué tipo.

Sobre la calle Nogal de la colonia La Joya, a las 19:11 horas, fue hallado sin vida un hombre de identidad desconocida de aproximadamente 47 años, el cual estaba tirado de costado sobre la vía pública y tenía una mancha pardo rojiza.

El cadáver calcinado de otro hombre con huellas de violencia fue localizado sobre un camino vecinal, en un cerro ubicado en la colonia Cuero de Venados, a las 20:59 horas del viernes.

Casi a la medianoche del 21 de marzo, a las 23:06 horas, se encontraron restos humanos al interior de unas bolsas de basura abandonadas sobre la banqueta de la calle Bosques de México, a un costado de la antena repetidora, en el fraccionamiento Natura.

El último hallazgo se realizó la madrugada de este sábado 22 de marzo a la 01:12 horas, en un camino vecinal del Ejido Lázaro Cárdenas, cuando fue hallado en posición de cubito dorsal, con huellas de violencia, el cuerpo sin vida de un hombre de 41 años.

La detención se da en el marco de las investigaciones en Teuchitlán, Jalisco, por el caso del Rancho Izaguirre, un presunto centro de adiestramiento en el que diversos grupos de buscadores de desaparecidos afirman se realizó la cremación de cientos de personas.

Por su parte, en un comunicado conjunto, la SSPC, proporcionó más detalles de la detención del líder responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas, junto a una mujer quien lo acompañaba, como resultado de la colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

A dicho sujeto se le dio seguimiento mediante vigilancias fijas, móviles y discretas, en el estado de Jalisco, donde se tuvo conocimiento que se desplazaría a la Ciudad de México, por lo que se implementó un dispositivo de seguridad en la alcaldía Cuajimalpa, donde fue detenido en compañía de una mujer.

Por lo anterior, José Gregorio “N” de 51 años y la mujer de 43 años de edad, fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.