Familiares que buscan a personas desaparecidas en Veracruz se enfrentan al acoso, intimidación y golpes por parte de policías y de agentes de la fiscalía estatal; exigen a las autoridades condiciones necesarias para continuar con su labor de búsqueda.
Norma viajó durante tres horas para liberar a su hijo de los separos de la Policía Municipal de Poza Rica. Estaba golpeado y lastimado, bajo la acusación de que cometió una infracción de tránsito. La corporación se justificó así tras entrar a su casa, robar su moto y las cámaras de seguridad, causar destrozos y llevarse al buscador.
Actos como este, en el que elementos de seguridad golpean, acosan y dañan a las y los buscadores en Veracruz, se han convertido en una situación constante según denuncian las integrantes de colectivos de búsqueda.
“Si el gobierno, las autoridades, van a empezar, para que no se den a conocer este tipo de noticias, a atacarnos a los colectivos o a las familias, pues estamos fregados, porque entonces nos van a desaparecer también a nosotros como hicieron con nuestros familiares para que esto no se sepa”, opina Olga Lidia Salazar Hernández, representante del Colectivo Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos, quien considera que la violencia contra ellas es una forma de buscar silenciarlas.
“Porque todo el trabajo lo hemos hecho nosotros. Todos los trabajos que se han hecho en el estado de Veracruz y fuera de él, lo han hecho los colectivos”, remata.
El acoso y la violencia por parte de elementos del Estado se ha convertido en un problema más que enfrentan las integrantes de colectivos de búsqueda, en una entidad que reporta 7 mil 46 personas desaparecidas y no localizadas al 22 de marzo de 2025. Esto la ubica como la cuarta entidad con mayor cantidad de casos, detrás de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.
La misma policía que golpeó al hijo de Norma, quien pidió resguardar su identidad y no usar su verdadero nombre por temor a represalias, es la que está acusada de asesinar a golpes al buscador Magdaleno Pérez Santes el pasado 12 de marzo.
Él fue detenido y golpeado en los separos municipales. Tras ser liberado y llegar a su casa falleció por los golpes. Por este caso hay dos elementos vinculados a proceso en prisión preventiva, pero el Colectivo al que pertenecía, María Herrera Poza Rica, pidió la disolución de la Policía Municipal. Aunque hasta el momento sus peticiones no han sido atendidas.
“Hoy nos damos cuenta, que el chico (el hijo de Norma) aguantó porque es un muchacho joven, 22-23 años, tendrá por ahí el muchacho, pero pues no corrió la misma suerte nuestro compañero (Magdaleno), que ya era una persona adulta”, dice Salazar Hernández.
El joven reconoció a algunos de los agentes cuando irrumpieron en su casa, ya que habían participado juntos en una búsqueda en campo semanas atrás. A pesar de decirles que los conocía, la golpiza no se detuvo.
Cuando estaban en los separos, la policía revisó el teléfono del joven, quien guardaba fotografías de unas fosas clandestinas recién encontradas por el colectivo. Eso le costó más golpes, lo que incrementó la sospecha de que esa era la verdadera razón del abuso policial.
El joven fue liberado y trasladado a un hospital gracias a la intervención de Norma y otras autoridades. Sin embargo, dos meses después, el acoso continúa. Las patrullas policiales rondan constantemente su hogar, en lo que parece ser un claro acto de intimidación.
No es solo la Policía Municipal de Poza Rica la que lleva a cabo estos actos. Colectivos de Tierra Blanca, Coatzacoalcos, Córdoba y otras zonas de la entidad han reportado situaciones similares.
Aracely Salcedo, fundadora y representante del Colectivo de Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba, relata que recientemente vivió una situación de acoso. La Policía Municipal de Orizaba y la Policía Estatal la detuvieron bajo el pretexto de que la camioneta en la que viajaba era robada. Aunque logró aclararlo, unas cuadras más adelante volvió a ocurrir lo mismo, esta vez con seis patrullas rodeándola en un claro acto de intimidación.
Eso sucedió cuando estaba a bordo de una camioneta que siempre utiliza para trasladarse a las búsquedas y que está registrada ante las corporaciones que la detuvieron. Además, al detenerla le exigieron identificaciones y datos exactos de donde se encontraba y a dónde se dirigía, para dejarla ir.
“Hay compañeras que han sido asesinadas por buscar verdad, hay compañeros que de igual manera han sido acosados, han sido detenidos y pues ni hablemos del tema de lo que están viviendo las compañeras en Poza Rica, es algo terrible tener un compañero desaparecido, otro asesinado y ahora una más desaparecida”, indica.
Además de Magdaleno, las personas a las que se refiere Salcedo son Héctor Aparicio quien buscaba a su hijo José Alfredo y que fue desaparecido el 5 de febrero pasado en Poza Rica, y Alin Isaday Salas, cuya familia es parte de un colectivo porque buscan a su hermano Osiel Virgilio, y desapareció el 16 de marzo.
Aunque solo en uno de esos tres casos hay un señalamiento directo hacia policías, las integrantes de los colectivos cuentan con numerosos hechos de violencia perpetrados por corporaciones de seguridad.
“Esa autoridad que está para darnos seguridad no nos la brinda (…) son ellos los que acosan nuestro trabajo, los que nos persiguen y que a veces termina en una fatalidad”, cuenta.
Salazar Hernández señala que en el caso de Poza Rica se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, aunque fue hace un par de meses, no han tenido ningún avance y eso las expone a seguir viviendo violencia.
Familias buscadoras en Veracruz temen por su seguridad
Cuando las buscadoras, como Norma, recurren a la Fiscalía General del Estado lo hacen buscando justicia y que pare la violencia, pero esa institución ha sido señalada por hacer muy poco en materia de desapariciones, lo que también las pone en riesgo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado la forma en que la falta de justicia en temas de desaparición expone a las víctimas a volver a vivir violencia, en muchas ocasiones por parte del mismo Estado.
Por ejemplo, en la recomendación 122/2024 da cuenta de cómo un elemento de la propia Fiscalía acosó sexualmente a la hermana de una persona desaparecida durante las búsquedas. Ella tenía miedo, pues el policía ministerial contaba con todos sus datos personales.
En la 65/2024 cuenta cómo patrullas de la policía rodearon y cortaron cartucho contra unas víctimas cuando iban a una búsqueda en fosas clandestinas, aunque llevaban escolta de la propia policía. Situaciones como estas son contadas constantemente por las buscadoras, donde a pesar de tener escolta, otros policías las intimidan.
En la recomendación 38/2024, una víctima relata que forma parte del mecanismo de protección (aunque no explica si estatal o federal) y por ello se le asignó vigilancia policial, sin embargo, los policías no realizan los rondines, pero sí recibe amenazas que sospecha son de las mismas autoridades.
Aunque está documentado, muchas recomendaciones han sido rechazadas junto a la petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de brindarles seguridad a las víctimas.
La Fiscalía General del Estado ha recibido ya 7 recomendaciones de la Comisión Estatal este año (de las 17 emitidas en total), varias de ellas relacionadas con desapariciones de personas. Una fue rechazada y el resto está en proceso.
Distintos actores políticos han señalado que estos rechazos son sistemáticos. Al negar las recomendaciones, las víctimas recurren a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha emitido tres recomendaciones en 2025 y cinco en 2024 a la FGE, instándole a aceptar las emitidas por la Comisión Estatal en años anteriores.
“La no aceptación por parte de esa autoridad evidencia una actitud de indiferencia y falta de compromiso en el cumplimiento de las leyes y una falta de colaboración en la tarea de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”, señala la recomendación 229/2024.
Esta recomendación documenta las amenazas recibidas por las víctimas indirectas para que dejen de buscar, y la sospecha de que provienen de personal de la Fiscalía, pues usaron datos que solo tenía esa dependencia. Lo mismo sucede con otra de las recomendaciones, donde se les pide que ahora sí acepten y donde se señala las amenazas por parte de personal de esta y otras dependencias.
El integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, Pedro Lobato, asegura que se requiere que las recomendaciones de derechos humanos donde se solicitan garantías de no repetición se cumplan, que existan capacitaciones al personal y altos mandos de las corporaciones y existan sanciones no solo administrativas sino punitivas contra quienes cometan esos actos.
Dijo que el Mecanismo de Búsqueda, conformado por la Secretaría de Gobierno, FGE, SSP, Comisión de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y demás, ya tenía reportes desde la administración pasada del acoso y violencia que realizan los elementos de policías en diferentes partes del estado contra las buscadoras. Pero éste no ha cesado y ya cobró una vida.
Salcedo asegura que los colectivos llevan bitácoras de las persecuciones y actos de intimidación como una forma de protección; también han interpuesto quejas ante los organismos de control interno de las corporaciones, pero no han tenido resultados.
Salazar Hernández afirma que han documentado otros casos, como el de otro joven, hijo de una buscadora, que fue detenido y golpeado en la playa de Tecolutla. No les permitieron pagar la multa y, al identificarse como víctima indirecta de desaparición, los golpes se intensificaron.
Ahora, plantean presentar esos casos a la gobernadora Rocío Nahle, en las mesas de trabajo que esperan tener en unos meses con las autoridades. Ahí, pedirán celeridad a las investigaciones, pues no hacerlo las sigue poniendo en riesgo.
Explica que, aunque estos casos son frecuentes, en los últimos meses las situaciones de violencia se han intensificado, incrementando el temor por su seguridad.
Familias buscadoras piden mayor seguridad en Veracruz
Salazar asegura que su mayor temor es que los desaparezcan o asesinen, y ya no puedan continuar buscando a sus seres queridos, que en muchos casos los desaparecieron las propias corporaciones.
“Muchas de las compañeras a las que justo estaban viviendo estas situaciones habían sido víctimas de desaparición forzada (es decir, a manos de agentes del Estado) que es uno de los graves hechos que tenemos dentro del estado”, dice Lobato.
En el 44 % de las desapariciones suscitadas entre 2007 y 2018 en Veracruz, existen indicios de participación de agentes del Estado, y en un 1 % son de estas corporaciones junto a delincuencia organizada, según el informe especial sobre la situación de seguridad y desaparición de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El informe señala a instituciones del Estado que cometieron las desapariciones, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza Civil (que ya no existe), Fiscalía del Estado y policías de 10 municipios.
Salazar señaló que apenas en diciembre fueron detenidos 13 elementos de la policía por casos de desaparición forzada, que seguían trabajando en la corporación, aunque ya contaban con órdenes de aprehensión. Ellos tienen procesos judiciales abiertos por tres casos distintos.
Debido a los agresores identificados, que trabajan en dependencias de seguridad, y las constantes violencias, es que las buscadoras aseguran no poder confiar en las corporaciones de seguridad que las deberían proteger y en realidad las violentan.
“Ya ni siquiera en la autoridad podemos confiar (…) enojados porque el gobierno nos quiere quitar de en medio para que no sigamos marcándole los errores, porque solamente nos quieren quitar de en medio para que no sigamos haciendo el trabajo que ellos deberían de hacer y no lo hacen”, sentencia Salazar.
Por su parte, Salcedo afirma que lo único que buscan es poder seguir trabajando para encontrar a sus seres queridos y que las autoridades les brinden las condiciones para poder hacerlo.
“Nosotros trabajamos en grupos, en colectivos, trabajamos porque hubiese una ley, nos esforzamos porque fuese implementada, porque fuese homologada, porque de ahí se desprendieran comisiones, protocolos, se activaran a incluso alertas y todo, y ni siquiera nos dejan operar eso (…) ahí estamos las madres exigiendo una y otra, y otra vez exactamente lo mismo, que nos den la seguridad para poder realizar ese gran trabajo y esa gran labor que hacemos desde el corazón”, dice Salcedo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANA ALICIA OSORIO.
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