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CURP con datos biométricos representa riesgo para la protección de datos personales: especialistas

Especialistas advirtieron que la creación de una cédula de identidad única con datos biométricos ha sido una propuesta constante en diversos gobiernos y que representa un riesgo por la posible vulneración de estos datos.

Crear una plataforma que concentre los datos personales, fotografías y huellas dactilares de toda la población representa un riesgo para la protección de datos personales, además de que no atiende de forma inmediata la crisis de desaparición de personas en México, de acuerdo con especialistas consultados por El Sabueso.

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso incorporar datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y que esta sea reconocida como identificación oficial para toda la población, así como sea obligatoria para realizar trámites y permita nutrir la Plataforma Única de Identidad.

Esta plataforma, según su propuesta, se conectará con los sistemas informáticos de cualquier institución pública que tenga datos identitarios de las personas. Además, la iniciativa contempla utilizar la información relacionada con la CURP para la búsqueda en tiempo real, generar alertas de búsqueda de personas y labores de seguridad. 

Desde el sexenio de Felipe Calderón, distintos gobiernos han propuesto la creación de una base que concentre datos biométricos de la población. Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum la incluye en una serie de medidas para atender la crisis de desaparición en México luego del hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco. 

Sin embargo, colectivos de familiares de personas desaparecidas han señalado que esta medida no soluciona la crisis de desapariciones del país, y que algunas medidas anunciadas por el gobierno federal ya están consideradas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. 

Vulneraciones de seguridad y mal uso de datos

Durante la conferencia de prensa matutina del 24 de marzo, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, informó que la CURP busca instaurarse como un mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares. Esta cédula de identidad será obligatoria para todas las personas desde su nacimiento y también la obtendrán personas extranjeras con estancia regular en el país. 

“Todas las personas en México desde su nacimiento tendrán esta identidad, la CURP: Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital, esto cuando termine de integrarse la base de datos con fotografía y huellas dactilares”, mencionó Godoy. 

Esta iniciativa menciona que todos los trámites y registros administrativos realizados por personas físicas deberán requerir la CURP con datos biométricos en los tres niveles de gobierno, así como entes públicos y privados deberán reconocer este documento como identificación oficial. 

Para el director de la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, la obligatoriedad de presentar la CURP con datos biométricos para distintas actividades y conectar distintas bases de datos permitiría dibujar patrones de comportamiento de las personas, lo cual afectaría la privacidad de la población. 

“En primer lugar, el gobierno ha demostrado no ser capaz de proteger los datos de las personas. Las consecuencias de poner en riesgo datos biométricos pueden ser irreversibles, dado que es muy difícil su sustitución. Además, están los riesgos de un mal uso de esa información por parte de autoridades”, explicó.

Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de la organización Fundar, explicó que esta propuesta representa un riesgo a la protección de datos personales debido al historial de hackeos de bases de datos gubernamentales y por el posible uso de estos datos para fines distintos a la búsqueda de personas. Por lo que subrayó que son necesarias medidas para proteger estos datos en el contexto del debilitamiento del sistema de datos personales con la desaparición del INAI.  

Apenas en noviembre de 2024, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, la Consejería Jurídica sufrió un ciberataque por parte del grupo RansomHub, el cual sustrajo cerca de 313 gigabytes (GB) de información que tenían contratos, documentos financieros, correos electrónicos y datos personales de funcionarios.

Igualmente, el año pasado, la base de datos de periodistas que cubrían la conferencia de prensa matutina del expresidente López Obrador  fue hackeada. Esta base contenía los datos de alrededor de 300 periodistas. 

Y en febrero del mismo año, el portal del gobierno federal empleo.gob.mx fue hackeado y la información personal de aproximadamente 12 millones de mexicanos fue puesta a la venta en BreachForums, un sitio donde se venden bases de datos hackeadas. Posteriormente, se reportó una vulneración a un subdominio de la Sedena. 

“Esta información puede ser utilizada para cometer otro tipo de delitos, como suplantación de identidad o se podría llegar a ocupar esta información para otros fines. Entonces, puede ser una medida que suena bien en la coyuntura, pero creo que no hay que tomarse a la ligera el riesgo que se abre en función de la protección de datos personales. No está muy claro si las instituciones que van a estar a cargo de ahora de este tema van a realmente tener las capacidades técnicas de proteger la información de posibles ataques, y de investigación en caso de que hubiera ataques y una vulneración”, señaló Guerrero. 

CURP con datos biométricos no atiende de forma inmediata crisis por desaparición

La propuesta de la presidenta busca que la Plataforma Única de Identidad se nutra con la CURP de las personas y con la información asociada a ella, incluida la que está en poder del INE, y se permita realizar consultas de información que necesiten las labores de investigación del gabinete de seguridad.

Además se conectará con otros sistemas de información de los registros de distintas dependencias, como el Banco Nacional de Datos Forenses, Fiscalías, las Comisiones de Búsqueda, institutos de ciencias forenses (Incifos), Servicios Médicos Forenses (Semefos), cementerios y crematorios, así como de cualquier autoridad o institución que integre datos biométricos o identificativos de las personas.

Con esta plataforma, se contempla generar alertas de búsqueda en tiempo real y registrar la localización de personas desaparecidas.

También se busca crear un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas que emitirá fichas de búsqueda de personas desaparecidas, buscará coincidencias de información relativa a la CURP de las personas y notificará el uso de la CURP asociada a “personas desaparecidas y no localizadas”. 

“Tenemos que juntar todas las bases de datos, el objetivo es que las bases de datos que tenemos se construyan en el Registro Nacional de Población. Esta información va a poder ser utilizada por el gabinete de seguridad y fiscalías”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa del 25 de marzo. 

Ante ello, Luis Fernando García aseguró que no hay evidencia de que la ausencia de una base de datos con datos biométricos de la población impida la localización de personas desaparecidas, además de que esta medida no previene ni atiende la crisis de desaparición de personas. 

“No queda clara ni está justificada la necesidad de esta medida y nos parece desproporcionada. (…) Crear esta infraestructura de vigilancia tan riesgosa para la población, sobre todo cuando el gobierno ha demostrado no ser capaz de proteger los datos de las personas, cuando existe un problema de colusión frecuente de la autoridad con la propia delincuencia y cuando acabas de desaparecer la autoridad de protección de datos”, comentó. 

Por otra parte, el coordinador de Fundar apuntó que esta base de datos no aportaría información para localizar a las personas que ya se encuentran desaparecidas. 

“Casos como el de Rancho Izaguirre no se resuelven solamente con alertas o con contar con bases de datos interconectadas, sino que se resuelven con trabajo de investigación desde las fiscalías”, afirmó Guerrero.

En ese sentido, Colectivos de familiares de personas desaparecidas mencionaron que la propuesta de una cédula única de identidad no resuelve de forma inmediata la crisis de desapariciones en el país, además destacaron que el Banco Nacional de Datos Forenses ya se encuentra en la actual Ley General; sin embargo, destacaron la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) para implementarlo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (EL SABUESO)
AUTOR: OSCAR NOGUEDA ROMERO.

FGR contrata estudiantes de antropología como peritos para caso Teuchitlán por falta de personal

La Fiscalía General de la República ofrece “contratación inmediata y urgente” a egresados de la licenciatura en Antropología Física para atender el hallazgo de restos óseos en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán; a nivel nacional sólo hay 52 especialistas de esta disciplina.

La Fiscalía General de la República (FGR) está recurriendo a la contratación inmediata de estudiantes egresados de Antropología Física para trabajar en la identificación de los restos óseos hallados en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Con una breve publicación, el reclutamiento se hace mediante grupos como “Antropología FCPyS” y “Coordinación Antropología de CUCSH”, en la cual prometen a los egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara “contratación inmediata y urgente en la FGR para ir a Jalisco”.

A los interesados se les pide enviar un correo con su currículum vitae a Ismael Iván Mosqueira García, titular de la Unidad de Especialidades Médico Forenses adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.


Los anuncios de contratación datan del 19 y 20 de marzo, casi tres semanas después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entrara al rancho e identificara restos óseos, así como ropa, cientos de zapatos y mochilas que consideraron pudieron pertenecer a personas desaparecidas.

Animal Político solicitó a la FGR una postura o entrevista sobre la falta de peritos en la institución, y la contratación de estudiantes egresados, pero no obtuvo respuesta al momento de esta publicación.


FGR tiene sólo mil 565 peritos a nivel nacional

A a nivel nacional, la FGR cuenta con 31 coordinaciones de servicios periciales y una de servicios periciales y servicio médico forense. Entre todas ellas, al 2023 reportó un total de mil 565 personas peritas de distintas disciplinas y 45 auxiliares periciales, de acuerdo con el Informe de Servicios Periciales del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a la crisis de desapariciones en el país, con más de 125 mil personas desaparecidas, según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a nivel nacional la FGR sólo reportó 52 peritos especializados en antropología física y 32 en antropología forense, la disciplina que se encarga de la identificación de restos óseos humanos para determinar, por ejemplo: identidad, forma y causas de muerte.


Asimismo, señaló contar con 73 especialistas en genética forense, disciplina que trabaja con restos orgánicos humanos como sangre, pelo, saliva, esperma o piel, o bien restos óseos, para hacer una identificación.

La mayoría de los peritos de la FGR correspondían a la especialidad de química forense, con un total de 155 trabajadores; seguido por medicina forense y criminalística de campo, cada una con 132 especialistas.

FGR reconoce falta de infraestructura y peritos

En enero de 2023, se produjo un programa de fortalecimiento para las áreas de investigación forense y pericial por parte de la FGR, ya que la misma institución detectó que “algunos Servicios Periciales у Médico Forenses de las entidades carecen de instalaciones adecuadas que permitan, por ejemplo, la práctica de necropsias medicolegales” o no había infraestructura adecuada o suficiente “para la conservación de cadáveres, segmentos o restos óseos”.

En el diagnóstico hecho por la Fiscalía, apuntó que a nivel nacional –incluyendo trabajadores adscritos a instituciones locales– hay un total aproximado de 6 mil 081 especialistas que intervienen en el tratamiento, identificación y disposición de cadáveres, segmentos y restos óseos.


“Se advierte un importante déficit en el número de especialistas necesarios para las labores de búsqueda y en su caso exhumación de cadáveres, tales como arqueólogos, de los que únicamente se cuenta con 13, así como los antropólogos físicos, que solo suman 52 (de los cuales nueve pertenecen al Estado de México y 12 son de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República)”, detalló en el documento.

El Centro Federal Pericial Forense de la FGR recibió en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 un total de mil 398 millones 556 mil 998 pesos para su operación, de los cuales el 98 % corresponde al pago de personal, incluyendo trabajadores administrativos y operativos.

La Unidad de Especialidades Médico Forenses, en cambio, cuenta tan solo con un presupuesto de 11 millones 668 mil 681 pesos.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Trump impone aranceles de 25 por ciento a autos importados

“Esto seguirá impulsando un crecimiento como nunca antes se ha visto”, afirmó el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que impondrá aranceles del 25 por ciento a los automóviles importados a Estados Unidos.

“Lo que vamos a hacer es un arancel del 25 por ciento a todos los autos que no se fabriquen en Estados Unidos”, anunció el magnate desde la Casa Blanca.

“Empezamos con una base del 2.5 por ciento, que es donde estamos, y llegamos al 25 por ciento", detalló.

Los aranceles entrarán en vigor el 2 de abril y se aplicarán desde el dia siguiente a automóviles y camiones terminados que se exporten a la Unión Americana, incluidas las marcas estadunidenses cuyos automóviles se ensamblan en el extranjero.

Uno de los objetivos de las tarifas es incentivar a las empresas a establecer más fábricas en Estados Unidos.

"Esto va a llevar a la construcción de muchas plantas, en este caso, muchas plantas automotrices", declaró Trump durante la conferencia de prensa en la Oficina Oval.

“Las empresas están regresando a Estados Unidos para no tener que pagar aranceles... Esto seguirá impulsando un crecimiento como nunca antes se ha visto”, afirmó el republicano.
De acuerdo con The New York Times, casi la mitad de los vehículos vendidos en Estados Unidos son importados.

“Creo que nuestro sector automotriz florecerá como nunca antes”, declaró el magnate, quien añadió que una vigilancia policial “muy estricta” acompañaría a las tarifas. “Esto es permanente, ciento por ciento”, insistió Trump.

Trump también anunció que Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de productos farmacéuticos y madera.

Autos bajo el T-MEC

“El arancel del 25 por ciento se aplicará a las importaciones de vehículos de pasajeros (sedán, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camionetas ligeras, así como a autopartes clave (motores, transmisiones, piezas del sistema de propulsión y componentes eléctricos). Se implementarán procesos para ampliar los aranceles a otras piezas si es necesario.

“Los importadores de automóviles bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense, y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadunidense”, dice el comunicado de la Casa Blanca.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juez da 90 días para determinar si van por pena de muerte para Caro Quintero

En la audiencia que duró 30 minutos Caro Quintero, alías "R1", fue resguardado por cinco marshalls, entró caminando vestido con una camisola color naranja y el overol color caqui de los reos federales.

El juez Frederic Block de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York le dio un plazo de 90 días al Departamento de Justicia para que defina si la pena de muerte está como sentencia máxima para el narcotráficante mexicano Rafael Caro Quintero, acusado de trasiego de drogas, del secuestro, tortura y asesinato en 1885 del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena. 

En la audiencia que duró 30 minutos Caro Quintero, alías "R1", fue resguardado por cinco marshalls, entró caminando vestido con una camisola color naranja y el overol color caqui de los reos federales.

La fiscal Sarita Komatireddy a pregunta del juez sobre si en este acaso se solicitará la pena de muerte, dijo que "es una posibilidad que estamos discutiendo y aún no se ha decidido".

En la audiencia, la abogada de oficio Elizabeth Macedonio, especialista en casos de pena de muerte fue asignada como abogada del caso del narcotraficante mexicano. 

"Este es un caso complejo que necesitamos saber si se lleva a cabo de manera rápida, pero en cumplimiento con la ley", dijo el juez Block tras darle el plazo de 90 días al Departamento de Justicia, para que en la audiencia del próximo 25 de junio le notifiquen si pedirán como castigo la pena capital para Caro Quintero en caso de ser declarado culpable de los delitos. 

En esta audiencia celebrada en Brooklyn, Nueva York, también fue presentado para otra sesión de procedimiento Ismael Quintero Arellano, sobrino del "R1". 

Durante la comparecencia, Caro Quintero, que estuvo observando todo el tiempo al juez y a la mesa de los fiscales por debajo de la mesa, no dejaba de tamborilear sus dedos sobre la silla, físicamente se veía mejor que en la audiencia anterior en la que se presentaron más de 100 agentes de la DEA. 

En la audiencia de este miércoles, en la sala del juez Block estuvieron presentes unos 40 agentes de la DEA y unos 10 marshalls federales, todos para un momento mediático de enviar una señal de que a Caro Quintero se le debe castigar con todo el peso de la ley por haber estado involucrado en el asesinato de uno de ellos. 

A la salida y frente a la Corte los agentes de la DEA se colocaron en hilera para posar a las cámaras de los medios de comunicación, un acto inusual para los procedimientos judiciales tradiciones en Estados Unidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Monreal pausa discusión sobre reforma de seguridad

El diputado morenista afirmó que el PAN, el PT y el PVEM lo han buscado para realizar modificaciones a la reforma sobre leyes de seguridad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la discusión de la iniciativa de reforma de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación se llevará a cabo la siguiente semana ya que algunos partidos han plateado modificar el dictamen. 

El diputado morenista afirmó que los partidos que lo han buscado para la modificación han sido el PAN, el PT y el PVEM, por lo que espera que está tarde lleguen a un acuerdo, de no hacerlo subirán de todos modos la iniciativa el próximo martes.

“He estado hablando con los coordinadores de grupos parlamentarios, no con todos, me falta hablar con algunos, pero en el caso de los coordinadores me han planteado modificar. Han hecho algunas propuestas de modificación al dictamen que ya está en la mesa directiva y que bastaría con que el presidente ahorita proceda a instalar la sesión para la discusión inmediata. 

“Sin embargo, me han pedido hacer un último esfuerzo con estas propuestas que provienen del PT y del PAN, también del Verde. Entonces estoy tratando de estas propuestas trasladarlas y en una mesa de consenso tratar de buscar el mejor proyecto posible, porque a mí me gustaría en lo personal que fuera con una amplia mayoría”, detalló. 

Ricardo Monreal apuntó que son cuatro las modificaciones que se quiere realizar al dictamen, sin embrago, no detalló que artículos o normas secundarias buscan modificar. 

“Son tres modificaciones que no quiero platicárselas porque si no hecho a perder la negociación. Son tres aspectos, bueno dos en una ley y en otra ley hay otras dos modificaciones, son cuatro aspectos. Hay propuestas, pero repito, no quiero adelantar qué propuestas son porque si no descalifico a los autores”, resaltó. 

El dictamen de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece, en uno de sus apartados, que con el objeto de robustecer las investigaciones a cargo de las Instituciones de Seguridad Pública y, de ser necesario, obtener datos de prueba para las investigaciones que lleven a cabo, la referida agencia pondrá en operación una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil. 

Por su parte, el dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Investigación busca ser una herramienta tecnológica de interconexión de los sistemas de inteligencia en materia de seguridad pública del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

“Fue decisión del Congreso”, dice Sheinbaum sobre rechazo a desafuero de Cuauhtémoc Blanco y pide que fiscalía de Morelos revise

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó el tema sobre Cuauhtémoc Blanco para criticar al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, al que señaló como un "encubridor de feminicidios" y casos de corrupción.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció durante su conferencia sobre el rechazo de los diputados para retirarle el fuero al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunta tentativa de violación. La mandataria aprovechó el caso para criticar al ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y consideró también que podría haber una revisión de la nueva fiscalía.

“No conozco las pruebas, lo que hubieran tenido, es una decisión del Congreso, sí es importante más allá de revisar en todo caso cuáles eran las pruebas, el contexto, es importante repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este”, señaló este martes durante su conferencia matutina.

“¿Quién la hizo (la denuncia)?, ¿qué fiscalía?, ¿ese fiscal de Morelos qué característica tenía? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción, fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local, solamente para que se ponga en contexto y es una decisión de la Cámara, pero la Fiscalía hoy tiene un nuevo fiscal, entonces que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer”.

El Pleno de la Cámara de Diputados desechó ayer de forma definitiva la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, por lo que la Fiscalía de Morelos no tendrá vía libre para investigarlo por el delito de violación en grado de tentativa.

La solicitud de desafuero contra el exgobernador de Morelos fue rechazada con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, luego de un debate que duró unas dos horas.

Sheinbaum Pardo abrió un frente en contra del exfiscal Carmona, al que señaló de obstruir la justicia, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.

Niega alianza con el PRI

Cuestionada durante su conferencia matutina sobre una posible acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la votación de los diputados de ese partido para rechazar el desafuero del morenista Cuauhtémoc Blanco no representa una alianza electoral.

“Cómo creen que hay una alianza con el PRI, imagínense, lo que diría el pueblo. Una cosa es que un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, imagínense, con Alito, no”, consideró la mandataria.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La de 2024 fue la elección con menos participación en 18 años; jóvenes de 20 a 29, los que menos votaron

Aunque las mujeres votaron más que los hombres en 2024, su participación fue menor que la de las elecciones presidenciales de 2018, y la oferta política no convenció a jóvenes de 20 a 29 años.

Las de 2024 fueron las elecciones presidenciales con más baja participación desde 2006, al alcanzar apenas el 59.6 % de la Lista Nominal de Electores, según el Estudio Muestral sobre la Participación Ciudadana elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

A pesar de que en estos comicios México eligió por primera vez a una mujer presidenta, las mujeres no votaron más que en 2018, y tampoco lo hicieron las y los jóvenes de 20 a 29 años de edad, que se convirtieron en el grupo etario con más bajos niveles de participación.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo casi 36 millones de votos, lo que la convierte en la candidata presidencial más votada de la historia reciente en México, su elección fue la de más baja participación ciudadana en los últimos 18 años.

De acuerdo con los datos del INE, de las últimas seis elecciones presidenciales, la de 2024 fue la segunda con menor participación, superando apenas por 1.2 puntos las de 2006, cuando votó el 58.6 % del Listado Nominal de Electores.

En los comicios de 1994 hubo una participación extraordinaria del 77.2 %, mientras que en el año 2000 se llegó al 64 %.

Después de la caída de las elecciones de 2006 (caracterizadas por la polarización entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador), la participación volvió a crecer en 2012 y en 2018, con niveles superiores al 63 %. Pero el año pasado nuevamente la participación se situó por abajo del 60 %.


Jóvenes de 20 a 29, los que menos votaron en elección de 2024

El estudio muestral, que este miércoles será discutido en una mesa de análisis en el INE, deja ver que las mujeres participaron más que los hombres en los comicios del año pasado: un 64.3 % de las mujeres con credencial para votar fueron a las urnas, frente a un 54.8 % de los hombres registrados.

Sin embargo, ambos grupos votaron en menor proporción que en los comicios de 2018. En el caso de las mujeres, hace seis años votó el 66.2 % de las registradas en la Lista Nominal, y en el caso de los hombres el 58.1%.


En cuanto a grupos de edad, el estudio muestral del INE revela que las candidatas y los partidos políticos no lograron motivar a las personas jóvenes de 20 a 29 años de edad, que no llegaron ni al 50 % de los posibles votantes.

De 20 a 24 años, votó apenas el 48.5 % de los registrados en Lista Nominal, y de 25 a 29, el 47.4 %; en cambio, entre aquellos jóvenes que por primera vez tuvieron una credencial de elector la participación fue más amplia: del 61.6 % entre los de 18 años, y del 53.5 %.

Los niveles más altos de votación se presentaron entre los adultos mayores de 60 y hasta 80 años, con participación de más del 70 %.

De 60 a 64 años votó el 73.1 %; de 65 a 69 años, el 76.5 % (siendo éste el grupo etario más participativo); de 70 a 74 años, el 75.5 %; de 75 a 79 años, del 71.6 %; mientras que de 80 a 84 años votó el 63.7 % y de más de 85 disminuye considerablemente, a 44.6 %.


Aunque en general hubo una disminución de la participación en toda la población, el estudio señala que los jóvenes votaron en proporción menor que en 2018, mientras que las personas de más de 60 aumentaron considerablemente sus niveles de participación.

Las caídas más drásticas ocurrieron entre las personas de 20 a 29 años de edad: mientras que en 2018 participó el 53 % del padrón de estas edades, en 2024 apenas participó el 48 %.

En cuanto a participación por entidad federativa, el INE encontró que ésta superó el promedio nacional en entidades como Yucatán (71.4 % del padrón del estado), Tlaxcala (70.7 %) y Ciudad de México (69.4 %); mientras que los estados con más bajos niveles de participación fueron Baja California (47 %), Sonora (49.4 %), Chihuahua (52 %), Baja California Sur (53 %) y Durango (53.8 %).

Entre sus conclusiones, el INE destaca tres:
  • Se debe reconocer el alto compromiso mostrado por las mujeres al ejercer su voto, ya que, predominantemente, han votado más que los hombres en los últimos procesos electorales.
  • Continúa siendo un reto elevar los niveles de participación en los segmentos de 19 a 39 años y de 85 o más. Asimismo, es importante señalar que se dio un cambio en el patrón de comportamiento a partir de los 60 años, dado el mayor porcentaje de participación con respecto a procesos electorales anteriores.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

No habrá carpetazo a investigaciones contra funcionarios omisos en caso Teuchitlán: Lemus

El gobernador de Jalisco abordó la crisis de las desapariciones de personas en el Estado e insistió en que combatirá esta tragedia que ha marcado a México.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, prometió que no habrá carpetazo a las investigaciones que se abrieron a funcionarios públicos por omisiones y responsabilidades en el caso de las investigaciones fallidas en torno al caso del rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. 

Al acudir al informe de actividades del Consejo Ciudadano de Seguridad, efectuado en el salón del Ex Recinto Legislativo en Palacio de Gobierno, el mandatario dijo que las investigaciones contra estos funcionarios seguirán abiertas aún con la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Las carpetas seguirán abiertas para deslindar responsabilidades. En Jalisco no hay y no habrá carpetazos. Aquí vamos a seguir investigando y vamos a seguir colaborando con la Fiscalía General de la República, con el Gobierno federal, con los colectivos, con los familiares víctimas de desaparición hasta que se conozca la verdad”, manifestó. 

En el mensaje que pronunció en el acto efectuado a puertas cerradas, del que no se notificó que asistiría en su agenda pública, el gobernador de Jalisco abordó la crisis de las desapariciones de personas en el Estado e insistió en que combatirá esta tragedia que ha marcado a México.  

Recordó que durante su toma de protesta, el pasado 6 de diciembre, manifestó que la desaparición de personas es “sin duda la principal tragedia que vive el país”. 

El gobernador subrayó las acciones tomadas desde el inicio de su administración para enfrentar esta crisis, comenzando por la creación de la primera secretaría dedicada a la búsqueda de desaparecidos. Esta nueva dependencia, según Lemus, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio que implica asignar mayores recursos a la Fiscalía del Estado y a la Fiscalía especializada en desapariciones, así como a la Comisión de Búsqueda de Personas. 

Lemus resaltó que las autoridades actúen de manera oportuna, indicando que “las primeras horas de la desaparición de una persona son fundamentales para su localización”. En este sentido, indicó que la estrategia de inversión en el nuevo sistema C-5, está orientada específicamente hacia la erradicación de las desapariciones en Jalisco. 

Asimismo, Lemus hizo un llamado a los ciudadanos y a diversas instituciones para trabajar juntos en la concientización sobre las ofertas laborales engañosas que afectan a los jóvenes. Subrayó la necesidad de colaboración con universidades, colegios y asociaciones civiles para prevenir que más personas caigan víctimas de estas falsas ofertas de trabajo. 

“Hoy es un gran momento para tocar fondo y decir de aquí en adelante, unidos todos… Necesitamos ser empáticos”, concluyó Lemus.  

Destacó que, aunque el camino hacia la erradicación de la desaparición no será fácil, es a través de la unión entre la sociedad, el gobierno y las familias afectadas que se podrá avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia para los desaparecidos en Jalisco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

El Congreso de Zacatecas aprueba acceso al aborto gratuito en instituciones de salud

El Congreso de Zacatecas reiteró que la penalización del aborto constituye una práctica discriminatoria e impide que las mujeres y personas con capacidad de gestar ejerzan sus derechos reproductivos de manera libre.

El Congreso del Estado de Zacatecas aprobó ayer, con 17 votos a favor, ocho en contra y una abstención, una reforma a la Ley General de Salud para que las instituciones públicas de salud garanticen la interrupción legal del embarazo de forma gratuita.

En medio de la presión de grupos antiaborto, los partidos de Morena, del Trabajo (PT) y de la Revolución Institucional (PRI) alcanzaron la mayoría para dar salida a la reforma que establece que las instituciones públicas estatales deben brindar el servicio de la interrupción del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad y salubridad.

El derecho al aborto en Zacatecas se logró tras su despenalización el 20 de noviembre de 2024 y está establecido dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, seguía pendiente la modificación secundaria a la Ley de Salud, pues organizaciones como el Colegio de Médicos de Zacatecas se negaban a realizar los abortos porque excusaban la objeción de conciencia.
Con el cambio, se regula el uso de la “objeción de conciencia” para personal médico o de enfermería que les corresponda realizar el procedimiento y sus obligaciones.
"Los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada o persona con capacidad  de gestar, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada o persona con capacidad de gestar pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable", indica la reforma probada.
El dictamen reiteró que la penalización del aborto constituye una práctica discriminatoria e impide que las mujeres y personas con capacidad de gestar ejerzan sus derechos reproductivos de manera libre.

El Congreso de Zacatecas recordó que la Organización Mundial de la Salud estima que, en el mundo, 13 por ciento de las muertes maternas son derivadas de la práctica insegura del aborto, y calcula que se practican cerca de 19 millones de abortos inseguros o peligrosos, de los cuales 97 por ciento se realizan en países en vías de desarrollo.
"Los derechos reproductivos los visualizamos como un componente importante del derecho a la salud, ya que están basados en el reconocimiento del derecho básico de todas las personas a decidir en forma libre y responsable el número de hijos, a contar con toda la información necesaria para lograrlo, y alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva", remarcó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Líder de un grupo ligado a "Los Chapitos" cae en Sonora; era buscado en EU por el CBP

El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos, tiene considerado a Salu Francisco "N" dentro de los 10 objetivos asociados al tráfico de personas,

Fuerzas Armadas detuvieron este miércoles a Salu Francisco "N", alias "Ponchis", en Hermosillo, Sonora, principal generador de violencia en el estado y líder del grupo delictivo "Los Cazadores" afín a la facción "Los Chapitos" del Cártel del Pacífico.

La Presidenta niega que el voto priista a favor de Blanco amarre a Morena con “Alito”

A raíz de la votación que realizaron las bancadas de Morena y el PRI en contra de que se retirara el fuero al exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una alianza entre ambos partidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esta mañana que ella no ve una alianza de su movimiento, Morena, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ayer, el voto priista permitió que el exjugador Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación por su prima, conservara el fuero. Con esta ventaja constitucional puede enfrentar denuncias y presentarse ante jueces o fiscales sin riesgo de ir a prisión. Al menos mientras sea Diputado federal.

Morena, la organización política de izquierda que promueve la lucha feminista y contra el patriarcado, defendió en la Cámara a un Diputado que es acusado de violar a una mujer. Blanco es además señalado de corrupto. El exgobernador de Morelos ganó la jugada con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. Hubo voto en contra de mujeres de Morena y del Partido del Trabajo, su socio electoral. Pero la alianza con el Partido Verde y con el PRI de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas lo salvó también de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
"¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? Imagínense lo que diría el pueblo. Una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no, y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI", comentó la mandataria federal durante su conferencia matutina de este 26 de marzo al ser cuestionada sobre el tema.
Respecto a la acusación de la que es señalado Cuauhtémoc Blanco, Sheinbaum señaló que se trata de un tema concerniente al Congreso, además de que debe considerarse el contexto del caso y, en especial, del origen de la denuncia: el exfiscal Uriel Carmona, alguien señalado por encubrir feminicidios, apuntó la Presidenta.


"¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador?", preguntó la titular del Ejecutivo federal a las reporteras y los reporteros presentes en la conferencia, quienes mencionaron el nombre de Uriel Carmona.
"¿Ese Fiscal de Morelos qué características tenía? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. Fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local", añadió la Presidenta.
Sobre el mismo tema, la mandataria federal fue cuestionada sobre si veía una posible ruptura al interior de Morena a raíz de las diferencias que se generaron entre integrantes del partido, en especial de mujeres, quienes expresaron ampliamente su descontento con el voto en contra de desaforar a Cuauhtémoc Blanco.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Activistas acusan al Congreso de mantener pacto de impunidad a favor de Cuauhtémoc Blanco

"Hoy, el 3 de 3 quedó pisoteado. La lucha por la visibilidad de las mujeres y el reconocimiento de las víctimas no ha sido escuchada", señaló la activista Yndira Sandoval, vocera de Todas MX, tras darse a conocer que Blanco seguirá protegido por el fuero.

“Hoy, el patriarcado ganó y la protección al diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de tentativa de violación, es un mensaje claro de impunidad, de protección a los poderosos sobre la justicia a las víctimas”, señaló Yndira Sandoval, vocera de Todas MX, tras la votación a favor del dictamen emitido por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que consideró improcedente la solicitud de desafuero en contra del legislador. 

La conferencia de prensa, realizada en un ambiente de consternación, reflejó el rechazo de las activistas a la decisión del Congreso. Sandoval enfatizó que, aunque la Cámara de Diputados debería ser un espacio plural y representativo de todas las voces, en este caso quedó claro que prevaleció el pacto de impunidad, donde la protección a los poderosos se impuso sobre la escucha a las mujeres y las víctimas.

"Hoy, el 3 de 3 quedó pisoteado. La lucha por la visibilidad de las mujeres y el reconocimiento de las víctimas no ha sido escuchada", señaló la activista. 

Sandoval, quien participó en el acto junto a otras mujeres activistas de diversas partes del país, subrayó la incongruencia en la postura de la Cámara al permitir que un agresor, como Blanco, permanezca protegido por el fuero.  

"Es vergonzoso que, en lugar de buscar justicia, se justifique la impunidad con tecnicismos jurídicos. Hoy, más que nunca, queda claro que las estructuras patriarcales dentro de los partidos políticos y otros sectores continúan blindando a los agresores", dijo. 

Acompañada de mujeres que han luchado por la reforma constitucional conocida como 3 de 3 contra la violencia, Sandoval recordó que este tipo de decisiones refuerzan la impunidad en un país donde las denuncias por agresiones sexuales son sistemáticamente desestimadas.  

Según la activista, solo una pequeña fracción de los casos se denuncia, y aún menos reciben una respuesta adecuada de las autoridades. "Hoy, nos queda claro que el fuero es una herramienta para proteger a los agresores, mientras las víctimas siguen siendo desoídas", lamentó. 

En un llamado a la congruencia y resistencia, Sandoval insistió en que no se puede permitir que figuras políticas sigan amparándose en su poder para evadir la justicia. "Le decimos al vicecoordinador de la bancada de Morena que queremos ver esa iniciativa para quitarle el fuero a los diputados y gobernadores, pero que no se trate solo de Cuauhtémoc Blanco", subrayó, señalando que la lucha es por la eliminación del fuero para todos los funcionarios públicos. 

Por último, Sandoval extendió su apoyo a todas las víctimas que han sufrido violencia y a las diputadas que, aún con temor a represalias, votaron en contra del dictamen de improcedencia. "A las víctimas les decimos que no están solas y que seguiremos luchando hasta que haya justicia para todas", concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Convocan a marcha en CDMX para exigir desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Después de que en la Cámara de Diputados desecharon la solicitud de desafuero en contra del legislador morenista, activistas convocaron una marcha para exigir justicia por Nadia Fabiola, quien acusa de presunto abuso sexual al exfutbolista.

Colectivos sociales y feministas, así como diversos personajes políticos, convocaron este sábado a una marcha para exigir el desafuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco. 

La solicitud de desafuero fue promovida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, bajo una acusación por el delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana.

Por su parte, la Sección Instructora determinó que la petición presentaba inconsistencias y deficiencias. 

Ayer, la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero en contra el exgobernador de Morelos, con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. 

Tras la votación se convocó a una marcha en la Ciudad de México para exigir justicia por Nadia Fabiola, quien acusa de presunto abuso sexual al exfutbolista.

¿Cuándo y a qué hora será la marcha? 

La convocatoria difundida en redes sociales, indica que la movilización se llevará a cabo el sábado 29 de marzo de 2025, a las 11:00 horas, partiendo de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en el Paseo de la Reforma. 

“¡Basta! Cuauhtémoc Blanco está acusado de violación y lo protegieron. Llegar todas significa romper el pacto para que todos los partidos y las mujeres que ocupen cargos públicos los ejerzan con perspectiva de género, protegiendo los derechos de las mujeres. Queremos que le quiten el fuero a Cuauhtémoc Blanco y que sea juzgado”, se lee en la convocatoria a la marcha.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Teuchitlán: Buscan más "campos de adiestramiento" de cárteles cerca al rancho Izaguirre

La Fiscalía General de la República amplió su investigación al Rancho La Vega, también en Teuchitlán.

Las autoridades mexicanas investigan si cerca del Rancho Izaguirre, presuntamente propiedad del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco, hay otros “campos de adiestramiento” del narcotráfico, como los denomina el Gobierno, reveló este miércoles la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Reportan otro feminicidio en Nayarit: asesinan a una mujer en Xalisco; suman cuatro en marzo

Con estos hechos, suman cuatro feminicidios en Nayarit en lo que va de marzo. Los primeros dos ocurrieron el 17 de marzo en Tepic, con pocas horas de diferencia.

Yamileth “N”, de 26 años, fue asesinada por su pareja en un domicilio de la colonia Ejidal, en Xalisco, Nayarit, de acuerdo con reportes preliminares, la víctima perdió la vida en el hospital.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes cuando Yamileth y su pareja, identificado como Pablo “N”, discutían en el departamento donde vivían.

Durante el altercado, el agresor tomó un cuchillo y la joven bajó a pedir auxilio a sus familiares, quienes llamaron al 911.

Paramédicos de Protección Civil trasladaron a la víctima al Hospital IMSS Bienestar, donde falleció poco después de su ingreso.

Mientras tanto, al intentar ser detenido, Pablo “N” se autolesionó con una botella rota, aunque sus heridas no pusieron en riesgo su vida.

Fue trasladado al hospital bajo custodia policial y se espera que quede a disposición del Ministerio Público.

Este caso se suma a otro feminicidio registrado horas antes en Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas, donde Miranda “N” fue asesinada presuntamente por su pareja, Ezequiel “N”, tras una discusión.

El agresor le disparó y huyó del lugar.

Con estos hechos, suman cuatro feminicidios en Nayarit en lo que va de marzo. Los primeros dos ocurrieron el 17 de marzo en Tepic, con pocas horas de diferencia.

En lo que va del año, suman cinco feminicidios en Nayarit

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los casos y proceder con las detenciones correspondientes.

Las estadísticas, actualizadas hasta enero de 2025, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) respecto a violencia contra las mujeres y llamadas de emergencia al 911 refieren que en Nayarit se registró el feminicidio de una mujer adulta en el municipio de Huajicori.

Por este caso, Nayarit ocupa el lugar número 7 a nivel nacional en el Mapa de feminicidios por cada 100 mil mujeres.

También se registró el homicidio doloso de dos mujeres y 43 denuncias por lesiones dolosas; 123 denuncias por delitos de violencia familiar, 21 por violación simple y equiparada.

Asimismo, 6 por incidentes de violencia sexual contra mujeres; 17 por acoso u hostigamiento sexual; una por incidente de violación; y 175 por violencia de la pareja

También se registraron 641 llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar.

Cabe recordar que Nayarit desde agosto de 2017 mantiene una Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Córdova advierte que el INE no puede entregar datos del padrón electoral al gobierno para CURP

'Tener una base de datos de identidad que se mezcle con una base de datos de apoyos sociales puede provocar, digamos, o ha generado siempre esta sospecha de una intencionalidad política', señaló el exconsejero presidente del INE.

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello expresó su preocupación por la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para incluir la foto y la huella digital a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y utilizarla como identificación oficial con el fin de ayudar a la búsqueda de los desaparecidos.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que si estos datos se le pidieran al INE, el instituto no tiene autorización para entregarlos al Gobierno federal, además de que consideró que ello no representaría una solución inmediata para atender el problema de los desaparecidos.

Consideró “lamentable que tuviera que estallar un escándalo como el del rancho de Teuchitlán para que se planteara una política que parece más una reacción a la coyuntura específica, que algo que haya sido suficientemente construido y pensado”.

En ese sentido, señaló que sobre la identidad debe existir una discusión pública “sumamente seria”, al tratarse de un derecho humano fundamental.

Córdova planteó que en la discusión en México, el tema de la identidad siempre ha estado vinculado o subordinado a los temas de seguridad, “cuando debería ser al revés”. “Evidentemente, la identidad es fundamental para poder propiciar condiciones efectivas de seguridad, para poder investigar debidamente los delitos y demás, pero cuando lo ponemos al revés, entonces podemos acabar yéndonos por soluciones que no son las más convenientes”, advirtió.

Lamentó que el Estado mexicano no haya sido proactivo para garantizar un mecanismo efectivo para acreditar la identidad, dado que ha existido la tentación de utilizarlo con fines político electorales. “Más en un país donde el uso de programas sociales es extenso y existen evidentes hechos de clientelismo político”.

“Así que tener una base de datos de identidad que se mezcle con una base de datos de apoyos sociales puede provocar, digamos, o ha generado siempre esta sospecha de una intencionalidad política”, apuntó el exconsejero presidente del INE.

“Esta es una discusión que ha llevado, no pocas veces, al Gobierno federal a tener discusiones o incluso roces con el Instituto Federal Electoral y luego el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano que posee la base de datos personales más grande y más segura del país, y que tiene evidentemente una finalidad estrictamente electoral, pero que con el paso del tiempo se le ha dado una utilidad social sumamente importante”, dijo.

Aseguró que la base de datos del INE, que incluye datos biométricos, huellas dactilares y la fotografía del rostro, ha sido utilizada con éxito para poder identificar a muchos de los cuerpos desconocidos que aparecen en fosas comunes a lo largo y ancho del país.

“Si no se ha logrado avanzar más en esta materia ha sido porque los gobiernos no han invertido lo suficiente en los equipos forenses”, apuntó.

“El INE tiene convenios con las instancias de desaparecidos. Cuando aparece un cadáver, se toma la huella, se remite al INE la huella y el INE la compulsa con su base de datos y, en caso de ocurrir una coincidencia, notifica a la instancia que solicitó la identificación, ya sea una fiscalía o una oficina de búsqueda de personas desaparecidas, para que se realice un dictamen forense y se pueda entregar la identificación de la persona. El INE no puede entregar los datos de las personas debido a la protección de datos, a menos que haya un dictamen forense o una orden de un juez”, dijo.

Córdova Vianello señaló que hace un año y medio se habían encontrado 19,000 coincidencias de huellas en la base de datos del INE, pero cuyos datos personales no podían ser entregados a las instancias investigadoras porque no se había realizado el dictamen forense.

Criticó la forma en la que se instrumentó la CURP en un primer momento y manifestó su preocupación sobre el costo que implicará para el Estado mexicano construir una base de datos de identidad desde cero, incluyendo datos biométricos.

“En su momento el INE había calculado al menos 60 a 70 mil millones de pesos”, dijo, al tiempo que propuso que las bases de datos que hoy existen, como la del INE, la de Hacienda, la del Seguro Social, la del ISSSTE o la de Relaciones Exteriores puedan interconectarse sin necesidad de concentrarse, para disipar las sospechas de un uso político o electoral de la misma.

“El INE en su momento le ofreció a la secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero firmar un convenio para que el INE, a nombre de la Secretaría de Gobernación, registrara a los menores de edad. Nunca se aceptó eso. Lo que querían es que el INE les entregara la base de datos de los electores, levantando las peores sospechas”, consideró.

Córdova plantea que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y su consejera jurídica, Ernestina Godoy, implica una tarea titánica.

“A mí lo que más me preocupa es que hoy se está planteando la construcción de esta base de datos biométricos, que habría que ver de dónde pretenden sacarlos, a ver si no se los piden al INE, porque el INE no tiene autorización de los ciudadanos para entregarlos a otra dependencia, ni siquiera al Gobierno federal”, dijo, al tiempo que manifestó su preocupación por el hecho de que se pretenda construir la base de datos justamente tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que era la autoridad encargada de garantizar el resguardo de esa clase de datos.

“Es decir, hoy no va a haber ningún órgano autónomo que pueda vigilar cómo se maneja esta enorme base de datos que se pretende construir, que implica el respeto de los derechos y su uso para los fines legales, no para fines político-electorales”, manifestó.

“Ahora será el propio Gobierno el que será el constructor y depositario de esta base de datos. Pero además, ¿quién va a vigilar que, con el manejo de la misma, se respeten la protección de los datos personales? Esa es mi principal preocupación. Se trata de una tarea que llevaría tantísimo tiempo que no es la solución para un problema inmediato que nos está estallando en la cara, que es justamente, y todos los días se agrava, el problema de los desaparecidos”, dijo.

Condena a Graue y Macedo por caso Esquivel es una “venganza política”

Córdova Vianello también se refirió a la carta que firmaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -él entre ellos- , en la que señalaron la “manipulación de la justicia” con fines políticos tras la condena impuesta al exrector de la UNAM Enrique Graue y al exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo, por el caso del supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel.

La jueza Flor de María Hernández Mijangos condenó a ambos a indemnizar con 15 millones de pesos a Martha Rodríguez Ortiz, la asesora de tesis de la ministra, por el supuesto daño moral ocasionado por el manejo del caso, y les prohibió volver a pronunciarse sobre el tema.

Córdova consideró que es evidente “el uso del aparato de justicia para una venganza política en contra de dos funcionarios que no son responsables de ninguna de las decisiones que la universidad, como ente a través de sus cuerpos colegiados y de los órganos competentes, resolvieron” sobre el caso de la ministra Esquivel.

“En este caso, se trata de una de sus asesoras de tesis [Martha Rodríguez Ortiz], una profesora que presumía de que en sus 40 años de docencia había dirigido 500 tesis. Eso ya te habla de alguien que más bien construyó una industria de tesis, muchas de las cuales se evidenció que habían sido resultado de plagios”, mencionó.

Apuntó que los órganos competentes de la UNAM tomaron cartas en el asunto y resolvieron rescindirle el contrato a la profesora, al considerar que transgredió una de las reglas fundamentales del trabajo académico: la pulcritud y la no comisión de plagios, que pueden equipararse al robo de ideas.

En ese sentido, dijo que la resolución de la jueza de la Ciudad de México que afecta al patrimonio personal de los dos funcionarios “es ridícula” y evidencia casos de justicia selectiva, por lo que manifestó su preocupación por las consecuencias de la reciente reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Venganzas, en este caso políticas, en contra de los funcionarios que fueron, como se sabe, presionados de muy distintas maneras por parte de los allegados de la ministra Esquivel para cerrar ese caso. Creo que son dos ejemplos de cómo la justicia ameritaba una reforma, pero lamentablemente la reforma que se hizo me parece que va a hacer de estos dos casos justamente la normalidad de cómo va a funcionar la justicia en adelante”, dijo, al tiempo que recordó que la ministra Esquivel busca presidir la SCJN, cargo para el que contiende en la próxima elección judicial del 1 de junio.

“Si uno ve la sentencia emitida por esta jueza, que ya circula en internet, se lee que una de las pruebas para definir que hubo un daño moral fue un correo electrónico en donde el director [Macedo] emplaza a esta ex profesora a comparecer ante el Comité de Ética, señalando que hay una acusación de presunto plagio […] El daño moral requiere, por su propia definición, de una publicidad, y la jueza considera que ese correo electrónico es la prueba del daño moral infligido a esta profesora”, mencionó.

Señaló que la ministra Esquivel fue una alta funcionaria de la Judicatura en la Ciudad de México y construyó “se sabe, redes de apoyo y de respaldo”. En ese sentido, aseguró que se ven las “redes de complicidad en la propia justicia capitalina”.

“Mucho temo que esto es a lo que vamos a tener que acostumbrarnos ahora que los jueces sean electos y respondan a intereses políticos, porque van a responder a los intereses de las mayorías que los eligen, y más todavía si una persona como esta señora encabeza el Poder Judicial, cosa que es muy probable, o al menos está presentándose”, señaló.

Consideró que la sentencia también es una advertencia para quienes pretendan hacer público el expediente del caso, y dijo que éste debería hacerse público en atención al principio de máxima publicidad.

Córdova aprecia en la sentencia de la jueza un propósito de generar un efecto inhibitorio en el contexto actual, en el que a su juicio el país vive “tiempos de regresión”. “Este es un caso que no debe ser considerado como aislado, sino como parte de este lamentable proceso regresivo y antidemocrático”, apuntó.

Reprobó la elección de jueces, magistrados y ministros, que “lejos de fortalecer, va a mermar la democracia”.

ENTREVISTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno de Zapopan continúa obras ilegales en el bosque El Nixticuil

El gobierno de Zapopan, Jalisco, continúa con la construcción ilegal de un “supuesto Centro Educativo Ambiental” en el área protegida de El Bosque El Nixticuil, a pesar de que el 5 de marzo fue emitida una suspensión definitiva de las obras, denunció el Comité en Defensa del Bosque Nixticuil.

Los defensores del bosque señalaron que la suspensión otorgada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa “hasta el día de hoy no ha sido respetada; por el contrario, el alcalde Juan José Frangie ha declarado públicamente que, pese a la orden del juzgado federal, no va a parar la obra”.

El Comité explicó que el gobierno aceleró los trabajos de construcción para fragmentar el corredor biológico del Bosque Nixticuil-San Sebastián-El Diente (Bensedi) y así “garantizar los intereses empresariales de las inmobiliarias Tierra y Armonía y GIG, que por más de 15 años han estado destruyendo el bosque, con la complicidad del gobierno municipal”.

Frente a la continuación de los trabajos, los defensores solicitaron al juzgado que garantizara el cumplimiento de la suspensión, por lo que el 18 de marzo se requirió al gobierno municipal la presentación de un informe en la materia. Sin embargo, “el municipio ha permanecido en silencio dentro del juicio mientras sus trabajos avanzan de manera impune sobre el bosque”, por lo que el Comité llamó nuevamente a la Juez Octavo de Distrito a requerir un procedimiento por la violación a la suspensión con una inspección judicial que lo constate.

En diciembre de 2024, los defensores denunciaron el inicio de la construcción del presunto centro de educación ambiental en el área protegida del bosque. Desde entonces, han exigido al gobierno municipal detener la obra de forma inmediata y que transparenten el proyecto y los recursos invertidos.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Teuchitlán, el cruel montaje del ‘circo del horror’

La visita al rancho Izaguirre provocó el reclamo de las madres buscadoras, que se sintieron, una vez más, burladas por las autoridades. Ni la fiscalía federal ni la estatal se hicieron responsables del caos y el dolor que provocó la falta de coordinación y la ausencia de explicaciones sobre lo ocurrido en el lugar. Por eso, cada visitante inventó su propia narrativa. Aunque quienes descubrieron ese predio insisten (con fotografías) en que las excavaciones donde se encontraron los restos fueron alteradas.

Cuando regresa al rancho Izaguirre en Teuchitlán, ya no en secreto sino con autorización oficial, a Virginia Ponce se le estruja el corazón al ver que este sitio no está como lo recordaba: lo ve “limpio”, como desmantelado. No apesta a humedad, tampoco está polvoso ni abandonado; cientos de personas lo recorren, lo pisan y manosean ahora mismo —por invitación de las fiscalías federal y de Jalisco—, aunque ella, que rastrea sitios de exterminio, sabe que es la escena de muchos crímenes y seguramente conservaba evidencias forenses.

No puede reconciliar este sitio “maquillado” con el que se le metió en las pesadillas nocturnas tras una de las visitas furtivas que hizo con otras madres buscadoras en enero y febrero de 2025, cuando aún estaban crecidas las cañas en los terrenos colindantes. Esos días lo revisaron a escondidas y con miedo; momentos antes de irse, escucharon un grito: “¡Mamááá!”.

“Pensé que solo yo había escuchado, pensé que era mi mismo miedo que yo tenía, y no, mis compañeros escucharon ese lamento pidiendo ayuda. Y cuando escucho el video se oye ese ‘mamá’. ¿A cuál de las mamás de nosotras le estaba hablando? Fue muy triste y doloroso”, dice, y del puro recordar se le llenan los ojos de lágrimas a esta mujer que lleva 4 años y 9 meses en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Meza y que lidera el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.

“Encontramos prendas tiradas por toda esa parte de ahí, era un olor insoportable, un alteronón de zapatos por donde quiera. Todo tirado”, dice mostrando todo alrededor, donde ya no existe nada. Se queja de que esta visita a la que fue invitada por las autoridades a participar es una burla. “Nos trajeron como a un museo, pero siquiera en un museo tú ves o puedes preguntar, y aquí nadie te dijo a qué venías o qué trabajos habían realizado. Es una burla”. 

Los reclamos son generalizados. “Nada que ver [de lo que había], ya limpiaron. Estaba tapada la ropa con una lona, y olía muy feo. De hecho, había una bata colgada con sangre, muchas cobijas aquí y en la parte de afuera. Ahora ya está muy pisado todo aquí”, asegura Adriana Ornelas, integrante también del colectivo —ella busca a su hijo veinteañero Paul Gabriel Sánchez—, y quien siente que desde enero a este rancho le han ido sacando cosas. 

No están las gallinas y los gatos, la comida enlatada (sopas instantáneas, latas de sardinas, harina de hot cakes), la enorme pila de platos (más de 100), los tenis y botas que había en cajas nuevas, las dos bases de cama, los colchones, una estatua enorme de la Santa Muerte y más objetos que tampoco vio en las transmisiones que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ingresó el 5 de marzo acompañado del fotógrafo Ulises Ruiz, de AFP, cuyas imágenes de los cientos de zapatos y prendas de ropa abandonados y más de mil objetos sin dueño lucían como vestigios de una catástrofe de la que pocos sobreviven. La catástrofe del reclutamiento forzado, y de la desaparición de personas que azota a México. 

A partir del 8 de marzo, cuando La Jornada llevó en portada la noticia del crematorio clandestino, la información comenzó a tomarse en serio y a publicarse en la prensa nacional.

Esos zapatos huérfanos y la noticia de que, desde septiembre de 2024, el rancho estaba bajo resguardo de la fiscalía estatal y, a pesar de que encontraron tres personas con reporte de desaparición (una muerta envuelta en un plástico) y detuvieron a 10 supuestos integrantes del cártel, abandonaron las evidencias, lograron que el país entero volviera los ojos a Jalisco, que se hicieran homenajes luctuosos a las víctimas en las plazas de 40 ciudades, y que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional.

Entre los dimes y diretes sobre en quién recaía la responsabilidad, si en el gobierno estatal porque desde septiembre se quedó a cargo de este narcorrancho, o en el federal porque lo descubrió la Guardia Nacional y el predio pertenecía a la delincuencia organizada, el miércoles 19 de marzo, un sonriente Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó en rueda de prensa de todas las irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al procesar la escena del crimen e invitó a los medios a que vieran con sus propios ojos ese rancho de la localidad La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán. 

Tras aventar el paquete a la fiscalía estatal para que, en menos de 24 horas, organizara el recorrido, esta extendió la invitación a colectivos de familias buscadoras de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, y a todas las que hubieran identificado, entre las fotografías de objetos hallados exhibidas en internet, alguna prenda de las personas que buscan.

Así, la visita a este campo de entrenamiento que en la prensa se llamó “la escuelita del terror” se convirtió en un “tour del horror” del que fueron víctimas Virginia, Adriana y tantas otras familiares que buscan.

Las primeras denuncias de la estafa comienzan a las 13:59 horas. Cuando los periodistas están esperando que los dejen ingresar al rancho, dos mujeres salen corriendo, como traumatizadas. Una de ellas —camisa de manga larga a cuadros y el rostro cubierto con un pasamontañas porque a todas les advirtieron que podía ser peligroso dar entrevistas con la cara descubierta—, a quien no le dejan de temblar las manos con las que quiere ocultar las lágrimas, grita que las engañaron porque ya no hay nada, no está la fajina que ella pensaba que era de su esposo Juan José Ramos —desaparecido de su casa “hace 6 años y 20 días”—, y llora con la impotencia de quien siente que se lo volvieron a ocultar.

“No hay nada. No hay prendas, no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron. No se vale. Compañeras de otro colectivo vinieron cuando se abrió y hay fotos de todo lo que hay, ahora no hay nada. Dicen que están en Semefo, pero nunca lo han publicado, pero hay muchos lugares donde hay montones de tierra. Que nos dejen entrar, escarbar, y verán que íbamos a sacar muchos indicios de nuestros desaparecidos. No se vale. Somos una burla. No hay nadie que te diga qué ha pasado con todo esto. Según que iba a venir de México una persona [de la FGR] y no llegó. Como siempre, somos burla de esta sociedad, de este pinche gobierno. Todo está bien manipulado, todo lo que hay adentro está manipulado. Esto nada más lo hacen para hacer un teatro. Había muchos zapatos, mucha ropa, muchas mochilas. Había de todo. Y ahora no hay nada”. 

En la finca de 11,000 metros cuadrados es difícil seguir todo lo que pasa porque simultáneamente ocurren muchas cosas: un papá saca de entre la tierra un maletín azul y unos calcetines del bodegón donde supuestamente entrenaban a los sicarios, un sitio que ya había sido procesado por los peritos de la fiscalía; durante el recorrido irán surgiendo cepillos de dientes, peines, cosas que pertenecieron a alguien. Una mujer de Colima coloca sobre la pared un altar con la foto de su hijo desaparecido y unas veladoras para despedirlo (“si aquí estuvo”). Un empleado de Protección Civil trata de desalojar a la gente a gritos porque la pared del galerón principal está a punto de caerse por el peso de la multitud.

Por la ausencia de prendas, desde el principio del recorrido mujeres fuertes como las buscadoras, que cavan fosas, comenzaron a colapsar. En distintos rincones —rodeadas de decenas de cámaras que enfocan cada llanto, cada grito, cada maldición— se les ve desoladas porque sienten que, al llevarse las evidencias, les desaparecieron para siempre a sus familiares. Esas prendas que habían visto eran como señales que les mandaban los hijos, las hijas, los esposos, los padres, que buscan. Presienten que si los quemaron ahí, ya nunca los van a encontrar. 

Uno de los momentos más duros lo protagoniza una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que aparecía en alguna de las transmisiones en vivo donde encuentran los 300 zapatos, la carta de despedida de un joven desaparecido, los fragmentos de huesos, y demás imágenes que revelaron lo que la sociedad y el gobierno no habían querido ver: que el cártel local traía a jóvenes retenidos a la fuerza para convertirlos en sicarios y los sometía a un brutal entrenamiento en el que quienes no matan, mueren. Cuando nota que bajo el adoquín que pisa se siente hueco, y sabiendo que la fiscalía estatal no hizo un buen trabajo pericial, se tira al piso y, como en trance, comienza a excavar con las uñas, mientras grita llorando:

—Tócale aquí, cómo suena, ¡está hueca!… ¡Miraaaaaaa!…  ¡Mira cómo suena aquí!… 

—¡Traigan un pico y pala! —pide otra mujer que también lleva una gorra para el sol y viste una camiseta gruesa de manga larga como las que usan los exploradores, y que, aunque intenta calmarla, luego grita exasperada—: Si ellos [los peritos] no van a trabajar, que no nos den un tour como si fuera museo, como si fuera película de terror, es una burla para nosotras las víctimas…

Nada auguraba que las cosas iban a salir tan mal. Únicamente se notaba la descoordinación federal y estatal, dado que las instrucciones a la prensa eran contradictorias. La FGR citaba el jueves 20, a las 12:00 horas, a las afueras de la fiscalía estatal, y la FGE indicaba que saldrían a las 11:00 de la delegación de la fiscalía general. Como si cada una hubiera querido adjudicar la responsabilidad a la otra.

“[Un día antes] por ahí de la tarde, de las 4, 5 de la tarde, empieza a circular la versión de que iban a salir de dos puntos porque no podían ponerse de acuerdo sobre el recorrido. Eso dura hasta las 10 de la noche, que finalmente deciden lanzar dos convocatorias. Pero, evidentemente, allá se notó que no había una logística y me parece que tampoco había una razón de fondo para acudir: si se les iban a presentar las evidencias o iba a haber una explicación”, explicó el periodista y columnista jalisciense Jonathan Lomelí López.

Por la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como la Glorieta de las y los Desaparecidos porque está tapiada con imágenes de las personas buscadas por sus familias (en Jalisco hay al menos 15,000 registradas), pasaron los camiones —unos reportes mencionan 10, otros 12—, con lugar para 40 invitados cada uno. 

Una hora después, los autobuses tipo maquileros que contrató el estado fueron los primeros que aparcaron en el sitio asignado como estacionamiento, a un kilómetro del portón negro con el dibujo de dos caballos encabritados, donde se lee: Izaguirre Ranch. 

Se propuso una logística a los recién llegados: esperar a unas camionetas que subirían grupos de 10 personas, y hacer recorridos de 20 minutos para permitir el acceso a los siguientes visitantes.

A las 13:15 horas ya se escuchaba el grito de guerra de las familias, que, desesperadas por estar bajo el sol y entre el terregal, ansiosas por entrar al rancho donde estaban las prendas de quienes buscan, se saltaron a los funcionarios que les impedían el paso y comenzaron una caravana con el grito:

“Queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar”.

El grito de guerra que no ocultaba la furia de los primeros reclamos:

“Como le digo, señora, somos seres humanos, somos madres que buscamos a nuestros hijos nomás. ¿Cree que esto sea justo? ¿Eh? Aparte de que cuando andamos con la pala y el pico escarbando, ¿quién se arrima? ¡Nadie!, nadie se arrima. Y ahorita sí que es política, que es gobierno, que nos den trato digno. Que se pongan a pensar: tenemos a nuestros hijos desaparecidos. ¿Y que nos den este trato cuando nos están invitando y [dicen] que nos van a dar un trato digno? No se vale. No se vale, señora. Somos seres humanos, no somos animales”.

Se alcanza a escuchar a un papá buscador que en su celular toma la llamada de un noticiero: “No puedo decir que fueron 100, fueron 200 [cuerpos], no tengo la cantidad exacta. No te puedo dar una cantidad porque no eran cuerpos completos los que sacamos, quedaron una nada”.

La furibunda procesión se topó con el portón negro; la entrada parecía un hormiguero. La gente discutía para entrar. 

Dentro de la finca esperaba el funcionariado estatal, cada quien con sus logos en los uniformes, pero nadie entendía qué hacían: no explicaban nada ni daban el recorrido como en los museos, solo cuidaban que no se traspasaran los sellos de seguridad. Los tres tristes psicólogos enviados por la fiscalía estatal tampoco estaban ahí cuando con más urgencia se necesitaban.

Desde las 13:30 horas ya eran televisadas por canales como el 44 las furiosas críticas de las madres que salían del rancho, como Patricia Sotelo, del colectivo Huellas de Amor, quien —rodeada de sus compañeras, todas reclamantes— dice a cámara: “Solo pisar el lugar es un dolor y se siente. Es una burla al dolor. Esperábamos caminar por nuestro pie cada rincón. […] Lo que hemos visto por la televisión, no nos dejan pasar, te formas como niño de primaria, tienes que seguir las indicaciones, seguir una hilera, nos dan 15, 20 minutos. […] Ya no hay nada, no nos dejaron entrar donde supuestamente era el dormitorio. Sabíamos que iba a venir Gertz Manero y el fiscal de Guadalajara, que nunca llegaron. Que Gertz tome su puesto, que no nada más cobre”. 

A las 14:36, cuando la visita ya era un desastre, la fiscalía de Jalisco tuitea la foto de un oficio y un mensaje: “Hemos puesto a disposición de la @FGRMexico la totalidad de la información del caso del rancho Izaguirre para efectos de que puedan ejercer su facultad de atraer y encabezar la investigación”.

Mientras a las madres que dedican el día entero a buscar con pico, pala y varillas a sus parientes desaparecidos solo les daban 20 minutos de acceso, otros contaban con privilegios, como Jorge Manuel Suárez Azcargota (@SUAREZDEJALISCO), el influencer VIP a quien el gobierno del estado coló antes del recorrido. En su transmisión se jactaba de haber sido resguardado por la fiscalía para ser el primero en echar una mirada a la bodega. Mostró la que creía que era “casa de una familia”. Enseñó lo que “una vez fue un estanque”. La cocina rudimentaria. Un baño. Las excavaciones. Los drones que sobrevolaban el espacio. Se sentía, dijo, una “vibra no cool”, muy pesada, fea, con una “carga muy cabrona”. 

En su video en vivo le dio su llegue al fiscal general: “Se esperaba la visita de Gertz Manero, obviamente no está aquí, quizás se pueda tomar como una falta de cuidado, porque aquí están los colectivos, los medios, aquí en el punto cero tendría que darse la información”, dice en el mensaje que subió después.

No sería el único influencer en la “zona cero”. Al narcorrancho estaban por arribar otros desde la Ciudad de México, deseosos de entrar a verificar si en realidad ese sitio era un “campo de exterminio” y buscar los “hornos crematorios” que las madres habían difundido en sus transmisiones dos semanas antes, en imágenes en las que se ve a un hombre sumido medio cuerpo en un hoyo y a ellas cerniendo la tierra, depositando fragmentos de huesos en una bandeja de plástico. 

En la Mañanera del 18 de marzo se informó que el tema de Teuchitlán formaba parte de una “guerra sucia”, que estaba siendo manipulado por 87,000 bots de la oposición con el fin de atacar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente López Obrador.

Algunos de los influencers y periodistas fueron a constatar en vivo si esas fotos de prendas abandonadas, y los hoyos con restos humanos que hicieron del rancho Izaguirre “el Auschwitz mexicano”, eran el montaje que la presidenta y diversos medios afines denunciaban como una campaña orquestada desde la derecha o con fines injerencistas para propiciar una invasión de Estados Unidos.

El recorrido era autodidacta. En el caminito a lo largo del predio había banderines amarillos, rojos y verdes en donde se encontró alguna posible evidencia. En el bodegón principal pusieron un cordón amarillo, pero entre el tumulto no se respetaba, ni siquiera se notaba. Otro sitio estaba clausurado con una tela.

En la visita solo se veía tierra aplanada. Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que hizo público el hallazgo, repetía que la fiscalía había rellenado los hoyos de los que sacaron fragmentos de huesos. “Yo lo vi cuando lo taparon. Todo lo alteraron”.

De las decenas de uniformados presentes (soldados, guardias nacionales, personal de derechos humanos, atención a víctimas, protección civil, fiscalía de desapariciones, FGE, comisión de búsqueda y un largo etcétera), ninguno daba razón de lo ocurrido en ese rancho, de los hallazgos, de las conclusiones. En las transmisiones en vivo de periodistas, y de feizbuqueros, yutuberos, tuiteros, tiktokeros e instagrameros llegados al rancho, se notaba esa torre de Babel, donde cada quien hablaba un lenguaje distinto. Donde unos vieron un comedor, otros vieron un sitio de desollamiento. 

Periodistas internacionales que pisaban por primera vez el campo de entrenamiento de un cártel detallaban en inglés, ante las cámaras, los métodos de ejecución que se utilizaban en el predio, y hasta los lugares exactos donde se hacía cada cosa. A pesar de que lo ocurrido aún está bajo investigación. Aderezaban sus reportes con rumores, noticias, deducciones y entrevistas a sobrevivientes anónimos que dan sus testimonios en los noticieros. 

No faltaban los morbosos que —ante las familias convertidas en un manojo de nervios mientras buscaban las prendas que reconocieron— parecían competir por quién hacía las preguntas más crueles, las más terribles o las más sangrientas para ganar más vistas.

“¿Usted cree que su hijo está aquí enterrado? Si fuera así, si él le pudiera escuchar, ¿qué mensaje le daría?”.

Solo las familias que en el primer trimestre de este año ingresaron al perímetro y encontraron las evidencias atinaban a esbozar explicaciones de lo que vieron. El señor Raúl Servín, que desde hace una década busca a su hijo Raúl, ofrece el recorrido que los medios necesitan. Habla de las dentaduras que hallaron (“piezas molares”), de la placa metálica del brazo de una persona que busca su colectivo, de los restos que sacó. Critica lo mal que excavaron los peritos de la fiscalía, que sus exploraciones no se comparan con la profundidad bajo tierra que él alcanza.

Una periodista se detiene para grabar una construcción donde se encontraron señalizaciones de carreteras contra las que se practicaba tiro al blanco, y muchos bidones, y dice ante las cámaras que los delincuentes tenían ahí “una barra” para descuartizar a sus víctimas.

Don Raúl Servín, vestido con su paliacate y su camiseta negra de manga larga que lleva a los rastreos, no quiere continuar, explica que a él no le tocó inspeccionar más adelante. Que solo recuerda que en un cuarto había bidones vacíos.

—¿Aquí se usaron combustibles?

—Sí. Las muestras están en que los que se llevaron no fueron cuerpos completos. Eso porque se llevaron las evidencias a México, no fueron cuerpos completos.

—¿Cómo se veía eso que quedó? 

—Como esta piedrita que está ahí, así quedaban reducidas las partes de los cuerpos humanos que fueron quemados.

Los camarógrafos le piden que diga más, que siga adelante. Y él continúa. Personal de la fiscalía les limita el paso porque la visita ya ha durado más de la cuenta: son las 15:30 horas.

Entonces le lanzan la pregunta del millón, por la que existe un debate público y las familias buscadoras han sido acusadas de exagerar:

—¿Este es un centro de exterminio o solo un campo de adiestramiento, como dijo en su conferencia el fiscal (Gertz)?

—No sé cómo le llaman ellos. Como cuando estaba niño yo veía en las caricaturas que usaban esas pistolas como tipo láser que los exterminaban. Yo creo que ellos [el gobierno] pensaban verlo así. Entonces, cuando vine, dije: “No, lógico, pues, si estás quitando la vida a una persona y la estás quemando, pues es un castigo de exterminio”. Claro. Están aprendiendo [a matar] con otros cuerpos, entonces a lo mejor para ellos [el gobierno] no es de esa manera, pero desgraciadamente esa es la realidad para nosotros.

A la mitad del recorrido, la hija de Adriana Ornelas —hermana de Paulo Gabriel, de 21 años, quien el año pasado fue sacado junto con sus patrones del negocio de instalación de estéreos donde trabajaba— notó el mensaje distorsionado que desde ese momento un supuesto periodista ya transmitía. Y le entró la desconfianza.

“Mi hija vio un influencer que decía que ahí no había nada. Que todo era actuado, que nos habían pagado, que somos de un partido… Da mucho coraje. Me pasaron el enlace del en vivo, ahí dicen eso”, señala su madre, quien no se dio cuenta; ese día daba contención a compañeras conmocionadas por tantas emociones vividas.  

A partir de ese tour Montessori donde cada quien hizo lo que quiso, se hicieron notar periodistas e influencers que dictaminaron al instante, como si tuvieran vista de rayos X y fueran expertos en Ciencias Forenses: aquí no hay crematorios, no hay hornos, no hay nada quemado, no hay centro de exterminio. Y hasta fueron a informarlo en la Mañanera de la presidenta los días siguientes.

El fotógrafo Ulises Ruíz, quien acompañó a Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo, cuando hicieron los hallazgos de los zapatos, la ropa, los restos óseos, volvió al rancho para la visita a medios, y contradice a quienes aseguran que nunca hubo nada: “[En el recorrido] yo vi [los hoyos] tapados”. Menciona que una de las excavaciones del colectivo que acompañó era como de un metro de profundidad. Pero el jueves del recorrido alcanzó a notar a lo lejos —porque el paso estaba cerrado— que ese pozo lucía rellenado.

“[Si en la Mañanera] declararon que no vieron hornos es porque nadie les dijo que los hornos de aquí no son como de pan o de pizza, que podrían ser bajo tierra. Yo he ido a otros dos o tres [sitios] de los que llaman hornos crematorios, con las madres de Buscando Corazones y con Guerreros [Buscadores], e indudablemente no tienen las características de un horno de pan ni horno de ninguna otra circunstancia que uno conoce de barbacoa; tiene diferentes especificaciones”, dijo en entrevista.

Para explicar las variaciones que no se entendieron en el recorrido compartió tres fotografías aéreas que tomó para la agencia AFP en el rancho Izaguirre usando un dron, en las que se puede observar la evolución de los sitios excavados —donde él vio que los buscadores extrajeron fragmentos de huesos— para compararlas con las del día del recorrido. Y una cuarta donde se aprecia la profundidad de las excavaciones.

¿Para qué se organizó la visita? Aún no hay respuestas. Si lo que se buscaba era controlar la narrativa para bajarle la intensidad al momento —y no dar a Estados Unidos la excusa para invadir México en busca de terroristas, como planteaban algunas mesas de análisis—, y desvincular los campamentos de entrenamiento del sicariato con los campos de exterminio —como han sido denominados en México muchos sitios con fosas clandestinas—, algo salió terriblemente mal. 

Después de la visita, el tema de Teuchitlán pasó a las portadas de los informativos internacionales.

The Guardian: “Hornos secretos y restos humanos: un macabro lugar de exterminio en México saca a la luz las desapariciones forzadas”.

El País: “El horror de Teuchitlán abre sus puertas: ‘La única verdad es que no les importan los desaparecidos’”.

New York Times: “En un ‘campo de exterminio’, los rastros de los amados desaparecidos”.

CNN: “Los secretos del Rancho Izaguirre: entre el horror y la búsqueda de los desaparecidos”.

En los comentarios de medios estadounidenses no pocas personas escribían que México necesitaba “ayuda” para combatir a sus propios terroristas.

Si de algo sirvió el recorrido fue para dotar de imágenes de terror a los medios de comunicación que se alimentan también con los testimonios anónimos que surgen como hongos de quienes dicen haber estado en ese mismo rancho y haber salido con vida. Son tantos que llegan a ser dudosos, pero la crisis humanitaria ha durado tanto, y las denuncias de estos hechos han sido tan ignoradas en Jalisco (la primera fue en 2011), que tampoco es posible descartarlos.

Si para algunas madres la visita fue “una burla”, “un circo”, “un teatro”, “un museo de nuestro dolor” o un “montaje”, conforme pasan los días sienten que pudo haber sido una trampa. Ni Adriana, ni Virginia, ni las madres buscadoras presentían la campaña de insultos en su contra que desataría. 

“Qué bueno que el rancho se dio a conocer. Lo que no es bueno es que nos estén atacando a todos los colectivos, a todas las mamás, está muy feo. Nos están atacando a todas de vendidas, que porque [a nuestros hijos] no los cuidamos antes, que si estaban en malos pasos. Y eso es lo que más lastima —se le quiebra la voz—, que la gente no sea empática, que no saben que de nuestra propia bolsa pagamos para buscar a nuestros hijos. Yo, la verdad, ni veo noticias, pero me metí a Yutú a ver lo que sacaron, y dije: ‘Ojalá no les pase a ellos, que sufran lo que una anda sufriendo’. Anden bien o anden mal [nuestros desaparecidos], lo que queremos es regresarlos a casa”, dice Adriana desde su casa en Guadalajara, donde aún asimila lo ocurrido.

Aunque su colectivo mantuvo las visitas en secreto —porque los elementos de la Guardia Nacional que las escoltaban en las dos ocasiones que entraron solo les permitieron tomar imágenes, pero no las dejaron excavar ni hacerlo público en los medios, y aunque Virginia dice que avisaron de sus hallazgos a una MP de nombre Berenice, de la que no recuerdan el apellido, que no les hizo caso y les prohibió volver—, Adriana siente gratitud hacia Guerreros Buscadores de Jalisco porque rompió el silencio, dio a conocer el hallazgo y generó que voltearan a verlas a todas.

Aunque hoy las atacan. “[Le dicen a Ale] que ese drama debería de haberlo hecho para que no se lo llevaran”, dice dolida por los insultos contra la madre que acudió a la visita a Teuchitlán buscando la gorra, la mochila y una placa metálica que llevaba su hijo, y que en un ataque de histeria, de llanto, de dolor, cuando no encontró las evidencias que había visto, se tiró al piso a excavar con sus uñas. 

Esta semana, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció que “enfrenta una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes”. También ha recibido amenazas.

El viernes 21 de marzo, en la Mañanera la presidenta Sheinbaum defendió la visita al rancho como un acto de libertad de expresión (no dijo nada de la alteración o destrucción de evidencias) para que cada quien se hiciera una opinión. 

Ese mismo día en algunos medios ya comenzaba a criticarse el “invento del centro de exterminio” y de los hornos crematorios. Pero difundían también otra noticia: al rancho seguían llegando grupos de madres que pedían entrar, pero no les autorizaron el ingreso. En la televisión se veía a una madre y su hija, ambas del grupo Buscando Corazones en Jalisco, cargando los picos, palas y varillas cotidianas, vestidas con sus camisetas largas y los sombreros para el sol, auscultando las parcelas colindantes al predio Izaguirre; después anunciaban nuevos hallazgos: una sudadera, una gorra, un huarache y —lo más sospechoso— un calcetín quemado. También un plano decolorado del rancho del terror, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses marcó los sitios de interés que luego no inspeccionó. 

Las madres, imparables, siguieron excavando verdades.

FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: MARCELA TURATI.